La Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines, cuyo fin es supervisar el funcionamiento de este tipo de entidades que hacen vida en Venezuela.

Al respecto, el diputado Diosdado Cabello exclamó durante la presentación del informe del proyecto en la plenaria que esta ley busca revisar y hacerles seguimiento a las ONG que reciben financiamiento y no son supervisadas.

Cabello agregó que desde la AN se han auscultado concretamente 62 organizaciones que no cumplen con estándares mínimos de transparencia, y que su función ha sido fundamentalmente política, en varios casos mediante acciones desestabilizadoras basadas en directrices y recursos entregados por el gobierno estadounidense y sus similares.

Las instituciones venezolanas han hecho hincapié en regular las actividades de las ONG para ejercer de manera soberana una política de seguridad integral nacional. Los registros de autoridades venezolanas y otros análisis fuera del espectro gubernamental refieren que gobiernos extranjeros han ejecutado el financiamiento de partidos y organizaciones antichavistas por vía indirecta a través de estas instancias de la llamada "sociedad civil".

Instituciones como la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Freedom House, adscritas al gobierno estadounidense, han sido punto focal para el desembolso de recursos dirigidos a partidos y organizaciones en Venezuela, lo que al ser constatado arroja datos abrumadores.

Solo la USAID destinó en 2008 unos 10 millones de dólares a beneficio de la "defensa de la democracia" en Venezuela. En 2017, realizaron un desembolso por 5 millones de dólares, en una clara congruencia con la revolución de color y ciclo violento orquestado en el país durante ese año.

El esquema tradicional de financiamiento desde Estados Unidos a estas instancias tercerizadas de la política del Departamento de Estado tuvo una mutación en Venezuela, cuando comenzaron a usar los recursos congelados y robados del Estado venezolano en el extranjero a beneficio del "gobierno interino" de Juan Guaidó.

Por medio de esta modalidad se conoce la entrega de al menos 150 millones de dólares para el sostenimiento del "gobierno interino" y la "defensa de la democracia". Ante la carencia de personalidad jurídica que tenía el "interinato" en Venezuela, estos recursos habrían ingresado al país vía triangulación, con algunas ONG como mampara.

Durante la presentación de este proyecto de ley, Cabello indicó que el gobierno estadounidense también aplicaba regulaciones al financiamiento extranjero a las ONG en ese país y ello deja en relieve el tratamiento hipócrita y discrecional hacia Venezuela.

Estados Unidos como primer referente

La Foreign Agents Registration Act (FARA) estadounidense fue promulgada en 1938 y se utilizó para contrarrestar la propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ello convirtió al país norteamericano en el pionero de la regulación de las ONG a nivel mundial.

Hacia la década de 1960, FARA empezó a aplicarse a grupos de poder y empresas que promocionaban intereses de gobiernos extranjeros. De acuerdo a DW, tras la elección presidencial de 2016, la FARA "se convirtió en una herramienta para responder a la influencia extranjera en la política estadounidense", como la desinformación y el intento de influir en las elecciones.

El medio alemán alude, sin mencionarlo explícitamente, a las diversas tesis de que el ascenso de Donald Trump fue posible debido a la injerencia de otros países en las elecciones estadounidenses.

Según la Federación Internacional de Derechos Humanos, que agrupa a otras ONG en la materia, el instrumento FARA propició un "aumento de la propaganda ideológica que paralizó durante mucho tiempo a muchas ONG estadounidenses", que quedaron relegadas al estatus de "agentes extranjeros". Agregan que con ello el gobierno reguló abiertamente las "actividades políticas" de las organizaciones.

FARA obliga el registro de las ONG, la divulgación de sus finanzas y establece prohibiciones concretas a toda actividad ejecutada por alguna ONG que sea considerada al servicio de un gobierno extranjero. Da con ello un marco de aplicación sumamente amplio y endeble, dado que las instancias reguladoras deciden a discreción qué es y qué no es una actividad al servicio de un poder foráneo.

El marco de aplicación de esta ley ha sido múltiple y tiene ejemplos muy llamativos.

En 1998, cinco ciudadanos cubanos fueron condenados por actuar como agentes de un gobierno extranjero bajo FARA. A los llamados "cinco héroes" de Cuba se les imputaron varios cargos de conspiración después de ingresar a Estados Unidos para, según se afirmó en el momento, espiar al Comando Sur estadounidense y a varios cubanoestadounidenses, organizados en grupos para cometer actos terroristas en Cuba.

En 2017, RT America, filial del servicio ruso de noticias Russia Today (RT) en Estados Unidos, fue obligado a registrarse oficialmente como agente extranjero y, desde allí, acorde a la Ley FARA, debe divulgar su información financiera, incluyendo los aportes que reciben del gobierno ruso. Aunque en teoría los medios de comunicación gozan de exenciones de acuerdo a FARA, la divulgación de RT en Estados Unidos ha sido bloqueada dado el marco de discrecionalidad que concierne a FARA y las sanciones ilegales estadounidenses contra Rusia.

En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a la Red de Televisión Global China, dirigida por el Estado chino, que se registrara como agente extranjero.

Si bien Rusia, China y Cuba han sido declarados en momentos determinados como enemigos de Estados Unidos, la paranoia norteamericana se ha extendido hacia otros actores internacionales, especialmente desde que han ascendido como actores geopolíticos. Tal es el caso de India.

La ONG llamada "Amigos en el Extranjero del BJP" (OFBJP, por sus siglas en inglés) es una instancia adscrita al tradicional Partido Bharatiya Janata (BJP) de India. Después de 29 años en funcionamiento en Estados Unidos, se registraron formalmente como "agentes extranjeros" en 2020. Aunque sus integrantes son fundamentalmente estadounidenses de origen indio, se volvieron objeto de interés por parte de las autoridades.

El monitoreo del gobierno estadounidense a sus ONG y sus organizaciones es muy riguroso, de manera que por la poca ocurrencia de aplicaciones de la ley es evidente que los llamados Estados rivales no suelen usar la vía de financiamiento a ONG en ese país, tal como sí suele ocurrir desde Washington al extranjero de manera formalizada y evidente.

En era reciente, se recuerda como relevante el caso de Elliott Broidy, exrecaudador de fondos para la campaña de Donald Trump y lobbysta, quien se declaró culpable en 2020 de actuar supuestamente como un agente extranjero no registrado, admitiendo que presionó secretamente a la administración del expresidente republicano con 9 millones de dólares en nombre de los intereses del gobierno de Malasia y China. Aunque el caso Broidy está en el ojo del huracán por formar parte de las bases de una supuesta judicialización política contra aquel.

Pero vale la pena destacar que la Ley FARA no funciona aisladamente, de hecho se aplica de modo vinculante con la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés), implementada desde 1971, la cual prohibe cualquier tipo de inserción por vías directas o indirectas de dinero extranjero, a favor de los partidos políticos en Estados Unidos. Broidy en teoría fue sentenciado por violar ambas normas.

Estados Unidos es un país con tradición en este tipo de regulaciones. Ello incluye la Lobbying Disclosure Act de 1995 (o, en español, Ley de Divulgación de Cabildeo), que fue una legislación destinada a aumentar la responsabilidad de las prácticas federales de cabildeo. La ley fue cambiada por la Honest Leadership and Open Government Act (Ley de Liderazgo Honesto y Gobierno Abierto) de 2007, la cual incluye apartados que refieren a la prohibición de las organizaciones de actuar a favor de intereses extranjeros.

En 2012, el Departamento de Estado de ese país también publicó el documento "Operación y gestión de ONG en Estados Unidos", el cual es un manual que establece claros límites a las actividades de las ONG.

Otros puntos de referencia

Una investigación del Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA, por sus siglas en inglés) del año 2013, realizada en 94 países, concluyó que 85% de estos prohíbe taxativamente las donaciones extranjeras a las organizaciones con fines políticos.

No hay que dar por sentada una diferencia abismal entre los fines políticos (proselitistas) de las organizaciones y las actividades (no proselitistas), pero sí de activismo político y social de algunas organizaciones. Ahí yace una frontera muy angosta que ha sido abordada por los países con sumo cuidado para crear las respectivas líneas rojas.

En Israel, se promulgó en 2016 una ley que obliga a los organismos que reciben más de la mitad de su financiación de gobiernos extranjeros a incluir esta información en sus comunicaciones. Según el Ministerio de Justicia de aquel momento, la ley se aplicaría a 25 grupos, la mayoría de los cuales eran críticos con el gobierno. El entonces ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, argumentó que la medida era una "traslación directa" de la FARA, refiere DW.

En Australia el gobierno estuvo en contacto con el Departamento de Justicia estadounidense a la hora de redactar su ley. El primer ministro australiano se refirió a ella como una "versión mejorada" de la FARA. Varias ONG, universidades y profesionales del ámbito legal se opusieron a la medida, argumentando que era una amenaza directa para la sociedad civil y la libertad de expresión y que coartaría la acción de este sector más allá de las fronteras.

En Hungría se redactó una ley que regulaba la actividad de las ONG, la cual obligaba a las organizaciones a etiquetarse públicamente como entes que recibían dinero desde el extranjero a modo de advertir a la ciudadanía. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró la norma como "restrictiva, de carácter discriminatorio" y estimaron que podría "crear un clima de desconfianza hacia estas asociaciones y fundaciones", y que sus disposiciones violan la normativa sobre la libre circulación de capitales. Bajo presiones, Hungría derogó el instrumento.

En Alemania se promulgaron la Ley de Sociedades y la Ley de Fundaciones, mientras que Francia y Suiza han contemplado el tratamiento a las ONG en otras legislaciones civiles, como las leyes de Impuesto sobre la Renta, que establecen los parámetros permitidos y no permitidos para el financiamiento de estas entidades.

Canadá promulgó la Ley de Asociaciones Sin Fines de Lucro. Este instrumento ha sido denunciado por sindicatos canadienses ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales han indicado que impone límites a la sindicalización y sus mecanismos de financiamiento.

Existen otros referentes ampliamente justificados en Rusia y China para legislar en estas materias. Los gobiernos de ambos países han alegado que la inserción de capitales extranjeros vía ONG se ha traducido en eventos de desestabilización.

Uno de los ejemplos más notables tuvo lugar en Hong Kong. En 2021, el llamado Frente Civil de Derechos Humanos (CHRF, por sus siglas en inglés) anunció su disolución por "presiones" del gobierno chino. Sin embargo el CHRF, que contaba con financiamiento extranjero, señaló que había logrado durante 2019 movilizar a "millones" de ciudadanos contra las leyes del gobierno de Pekín que autorizaban el procesamiento penal de hongkoneses en China continental.

China de hecho aprobó una ley especial, la Ley de Salvaguarda de la Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK, por sus siglas en inglés), y la abordó como medida integral para dar tratamiento jurídico a la revolución de color que estaba en curso. Este instrumento señalaba el uso de algunas ONG para el desembolso de recursos financieros desde el extranjero y la articulación de acciones violentas.

Por estas razones, China creó el precedente de crear un marco legal proporcional al tipo de agresiones particularizadas en Hong Kong mediante la modalidad de revolución de color. La ley alertaba sobre las amenazas de secesión, subversión, terrorismo y colusión (complicidad) con fuerzas extranjeras o externas que pusieran en peligro la seguridad nacional. El gobierno del presidente Xi Jinping dio por entendido que el flujo de dinero occidental a la región de Hong Kong tenía actores geopolíticos interesados en la agudización de la crisis.

Venezuela profundiza el alcance de la regulación

La nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines, en discusión en Venezuela, prevé llevar a un nuevo nivel de detalle la descripción del tipo de actividades y flujo de dinero a beneficio de las ONG que serán permitidos en el país.

Sin embargo, el tema alude especialmente a algunas ONG que anticipadamente han reaccionado, pues actúan fabricando una tenue y delgada línea de activismo político, pero que han cruzado en diversas etapas como actores partícipes en derivas destituyentes que han socavado la paz nacional y, en otros casos, como actores intermediarios del financiamiento extranjero a partidos políticos de la oposición, lo cual no es permitido en las leyes electorales venezolanas.

Sin embargo, este instrumento no es el único que ha contemplado los riesgos del uso de las ONG para la desestabilización del país. En 2021, fue publicada la Normativa para el Registro Unificado ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, conocida como la Providencia Administrativa ONCDOFT 001-2021.

Este documento, emanado desde el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se apega a los parámetros descritos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la cual crea el Registro Unificado de Sujetos Obligados (RUSO). La providencia convoca a todas las personas naturales y jurídicas denominadas "sujetos obligados" a registrarse para así implementar mecanismos de transparencia, incluyendo a organizaciones sin fines de lucro.

Su aplicación ha tenido mayor alcance en entidades financieras al contener la legitimación de capitales para los fines señalados. Pero la ley en discusión en la AN atañe concretamente a las ONG que funcionan con nula regulación en el país para que estas expliquen la naturaleza de sus actividades y el origen de los fondos con los cuales funcionan.

Lejos de restringir las actividades de las ONG, la mayoría de estas podrían verse beneficiadas al contar con protocolos claros que ayuden a determinar la transparencia de sus actividades. Sin embargo, otras que funcionan con recursos no declarados provenientes de fondos estadounidenses, o de otras entidades extranjeras, o dinero de la corrupción de bienes financieros retenidos al país en suelo foráneo, podrían ser blanco de acciones penales, aún por determinarse, en la mencionada ley en discusión.

El alcance de la nueva legislación impondrá un relieve adicional: Venezuela está en el centro de intereses geopolíticos y geoeconómicos, lo que promueve el despliegue de actores y métodos de diversa naturaleza, incluídos los que se han fabricado en los manuales de poder blando (smart power), de modalidad más sofisticada. Implica un conglomerado de piezas instrumentalizadas, tecnologías de poder donde las ONG son un factor medular.