Es por eso que en esta ocasión la República Popular China ha decidido responder con una acción determinante, ejerciendo su derecho soberano de salvaguardar su soberanía y seguridad nacional.
La ley de Salvaguarda de la Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) fue votada en la 20ª sesión del Comité Permanente del 13º Congreso Nacional del Pueblo (CNP), el martes 30 de junio. Los parlamentarios chinos aprobaron por unanimidad la adopción de la legislatura, que entró en vigencia el día de su promulgación.
Carrie Lam, jefe ejecutivo de la RAEHK, sostuvo que restituirá la estabilidad, “lo que permitirá a Hong Kong empezar de nuevo, centrarse en el desarrollo económico y mejorar los medios de vida de la población”.
Con 66 artículos, la nueva ley de seguridad nacional se centra en cuatro categorías de delitos y las correspondientes sanciones para los que lo cometan, cuya pena máxima es la cadena perpetua. Se trata de actos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras o externas que pongan en peligro la seguridad nacional.
No solamente se juzgará a los que organicen o participen directamente en estos actos, sino a quienes los promuevan y presten asistencia.
También se podrá procesar a personas que cometan agresiones contra la RAEHK estando fuera de China. Apenas los acusados ingresen al territorio chino, que incluye la región de Hong Kong, pueden ser detenidos y puestos a las órdenes de los órganos gubernamentales.
Hace recordar que la agenda del Congreso de los Estados Unidos ha estado plagada de medidas anti-China e instigación de la violencia callejera.
La aplicación de leyes de seguridad nacional está normalizada en muchos países occidentales en lo que respecta a enfrentar disturbios sociales. De hecho, al compararse con organismos de seguridad de EEUU o el Reino Unido, la forma en que se desempeñan las autoridades en Hong Kong es mucho menos drástica.
Basta decir que en una semana de protestas por la muerte de George Floyd, la policía estadounidense detuvo a más personas que las que se arrestaron en Hong Kong durante todo un año.
¿La ley atenta contra la democracia y las libertades de los hongkoneses?
Lógicamente, desde los medios occidentales se desató una campaña para satanizar la ley de seguridad nacional, argumentando que era una medida autoritaria, que socava los derechos civiles de los hongkoneses y que pone en riesgo el principio de “un país, dos sistemas” que rige la relación político-institucional de China con Hong Kong.
Para refutar aquello, Lawrence Ma, abogado y presidente de la Fundación de Intercambio Jurídico de Hong Kong, citado por Global Times, señaló que la ley se ajusta al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“No afectará la libertad de expresión u otros derechos individuales de la mayoría de Hong Kong, siempre y cuando no estén involucrados en esos cuatro tipos de actos ilegales”, dijo Ma.
Sin embargo, la realidad nacional e internacional sobre la decisión tomada por el parlamento chino dista mucho de la interpretación parcializada de la prensa hegemónica y algunos políticos occidentales.
Durante una campaña que inició el 24 de mayo y duró ocho días, se recolectaron aproximadamente 2,93 millones de firmas de residentes en Hong Kong que apoyaban la creación de una ley de seguridad nacional.
El mismo 30 de junio, día que fue promulgada la legislatura, Cuba hizo una declaración conjunta en nombre de 53 países para apoyar su adopción y reprobar la injerencia en los asuntos internos de China, durante la 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Más adelante, 20 países se adhirieron al comunicado.
Hongkong y Shanghai Banking Corp, Standard Chartered Bank y Swire Pacific Group, conglomerados financieros británicos con sede en Hong Kong, mostraron su respaldo a Beijing antes de que la ley fuera emitida, pues “puede ayudar a mantener la estabilidad económica y social de Hong Kong a largo plazo”, como refirió un comunicado de Standard Chartered.
Estos actores resaltan del resto si tenemos en cuenta la postura oficial del gobierno del Reino Unido en contra de la soberanía de la ex colonia británica. La respuesta de Boris Johnson fue ofrecer facilidades para optar a la ciudadanía británica a más de 3 millones de hongkoneses que nacieron antes de que la ciudad fuese liberada del dominio de Reino Unido, haciendo crecer las tensiones diplomáticas.
Una legislación para evitar la fragmentación del estado
A consideración de Ferrán Pérez Mena, doctorando en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex, los eventos en Hong Kong revelan contradicciones del estado chino para mantener la gobernanza entre el territorio continental y la periferia (Sinkiang, Tibet y Hong Kong, territorios que dispone de cierta autonomía del resto del país), azuzadas por las presiones del mundo liberal y sus aparatos mediáticos.
“Lo que algunos describen como una simple batalla entre ‘democracia y tiranía’, es en realidad una batalla más profunda entre un estado contendiente que busca su supervivencia y un mundo liberal que ha abandonado toda idea de integrar a China en la economía capitalista desde una posición de subalternidad”, escribe Pérez Mena.
En ese sentido, la ley de seguridad nacional está teniendo resultados positivos para preservar la estabilidad de la nación. Horas antes de que fuera promulgada, algunos líderes extremistas en Hong Kong, incluyendo al pupilo del Congreso estadounidense, Joshua Wong, anunciaron su retirada de las protestas gubernamentales, o tomaron posturas más moderadas.
Un elemento disuasorio introducido por vías distintas a la confrontación directa para desescalar el caos en Hong Kong y retomar la senda del desarrollo social y económico dispuesto en el proyecto de país de la República Popular China.