Recientemente el diputado Jorge Rodríguez fue reelecto Presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela. Dirigirá el parlamento por un tercer periodo de manera consecutiva, uniéndose a la corta lista de dirigentes chavistas que han liderado esta instancia en tres o más oportunidades, junto a William Lara, Cilia Flores y Diosdado Cabello.

De igual manera, Pedro Infante asumió la Primera Vicepresidencia y la diputada América Pérez ostenta la Segunda Vicepresidencia. Ambos son diputados de la bancada chavista.

Desde inicios de 2021, cuando esta AN inició funciones y hasta el término del año 2022, el parlamento ha sancionado 59 leyes y aprobó 39 proyectos de ley en primera discusión, las cuales se encuentran en consulta pública para ser sometidas a segundo debate en Plenaria.

Entre los hitos legislativos de esta gestión se encuentra la construcción de la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos y la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (Lozee), que son instrumentos de alcance profundo en materia económica. Asimismo, la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a Las Grandes Transacciones Financieras ha sido servil para el apalancamiento de la recuperación de la economía que se ha venido gestando en el último año.

Dichas leyes han tenido un papel importante en la gestión económica del Estado, pues han brindado un marco jurídico al gobierno venezolano para avanzar en distintas medidas que, en épocas excepcionales como la actual, determinan algunos aspectos fundamentales en sectores de la economía y las finanzas venezolanas de suma importancia para el país, como lo son las áreas comerciales, productivas y tributarias. En este sentido, la importancia cardinal de la sanción de las leyes mencionadas está demostrada con el avance en materia económica a favor de la República y su población.

De igual manera, la AN ha previsto un proceso de reforma de las Leyes del Poder Popular y se ha iniciado una discusión en amplia escala nacional, como punto central de la agenda para el año entrante.

Sin embargo, el significado político y trascendencia de este parlamento va mucho más allá del ámbito legislativo y su marco de competencias. En el presente político venezolano, la cuestión institucional parlamentaria ya no se encuentra en disputa mediante la instrumentación de mecanismos de presión orquestados por Washington y sus aliados en Venezuela. Sin embargo, el contexto sigue siendo de desafíos y amenazas.

La cuestión institucional

La elección parlamentaria de 2020, que trajo al ejercicio de funciones al actual parlamento, dio vuelta de hoja a la enorme crisis política e institucional que se desarrolló en Venezuela desde la elección de la AN en 2015.

Desde su ascenso a inicios de 2016, dicho parlamento propició una profunda crisis de poderes y choques institucionales jamás conocidos en la historia republicana. Entonces, se organizaron embestidas fuera de la Constitución para desmantelar las demás instancias públicas, bajo el significado de una estructurada y evidente operación de cambio de régimen mediante una modalidad pseudo-institucional.

El desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2016, la promesa de sacar al presidente Nicolás Maduro "en seis meses" y la pretendida destitución presidencial mediante supuesto "abandono del cargo" en 2018, fueron maniobras fallidas, antesala al adefesio llamado "gobierno interino" protagonizado por Juan Guaidó. Esta debe considerarse la estrategia de quiebre institucional más formidable, por haber sido internacionalmente orquestada contra un país en el Hemisferio Occidental. No hay registros en otro país que puedan compararse.

La estrategia del "interinato" fracasó en sus objetivos. El fin del "interinato" de Juan Guaidó se consolidó en enero de 2023, mediante una estrategia de aborto protagonizada por la autodenominada "AN legítima" electa en 2015; un grupo de más de 100 exdiputados que, hasta el presente, siguen declarándose en "funciones" y aprobando para sí mismos la continuidad de su "existencia". Pero que ahora han transformado a la modalidad de proto-gobierno paralelo desde el extranjero.

Hace días, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó la licencia número 31B para ratificar su reconocimiento a la AN electa en 2015 como "parlamento legítimo de Venezuela", así como a su "comisión delegada" y a "cualquier entidad establecida por, o bajo la dirección de, la IV Asamblea Nacional para ejercer su mandato".

De esta manera, en clara maniobra para relanzar otra modalidad de "interinato", el gobierno de los Estados Unidos indica que reconoce a la mencionada comisión, a la que le brindará apoyo, y se encargará "de la gestión de los activos externos de la República que eran responsabilidad del extinto gobierno interino".

Por su parte, la AN electa y en funciones desde 2020 cuenta con pleno uso de sus facultades y está en plena actividad institucional en Venezuela. De igual manera, han ejercido labor fuera de Venezuela en países amigos que han reconocido al Gobierno Bolivariano.

Pero la dimensión de la disputa institucional es intrincada. El actual parlamento formalizó el nombramiento del nuevo TSJ y también eligió al actual Concejo Nacional Electoral (CNE) en 2021. Este CNE, presidido por Pedro Calzadilla, organizó elecciones en 2021 que fueron ampliamente avaladas por la comunidad internacional. Países como el mismo Estados Unidos calificaron las elecciones de 2021 como "avances" en su endeble y maleable discurso "en favor de la democracia" en Venezuela.

Pero estas instancias externas siguen sin reconocer que, tanto los funcionarios electos en 2021 como el parlamento en 2020, fueron resultado de elecciones libres y democráticas.

Aunque la llamada "AN 2015" no tiene relevancia y pertinencia en la realidad política del país por no contar con reconocimiento de ninguna instancia formal, para efectos de la política paralela, superpuesta y discrecional de Estados Unidos, esto es irrelevante. El bloqueo y la presión contra Venezuela siguen siendo un denominador clave para maniobrar la imposición de modificaciones en la estructura funcional e institucional de Venezuela y consolidar un cambio de régimen.

Jorge Rodríguez, en su rol de presidente del parlamento, ha sido de igual manera un articulador institucional que ha promovido el derrumbe dentro y fuera de Venezuela de la estrategia del "interinato" en su anterior denominación. La nueva modalidad de gobierno paralelo, ahora llamado "comisión delegada", que tendrá más dependencia del frente externo, demandará a la AN única y legítima nuevas tareas, especialmente fuera del país, en favor de disputar para Venezuela la recuperación de sus activos actualmente secuestrados.

Diálogos, negociaciones y cambios

La AN electa en 2020 ha tenido un rol fundamental en favorecer las condiciones institucionales para hacer efectivos los mecanismos de diálogo con las diversas oposiciones al chavismo.

En 2021, los factores opositores presentes en la AN (provenientes en su mayoría de la coalición Alianza Democrática) canalizaron sus demandas e, incluso, las de otros factores otrora abstencionistas, dando viabilidad a la elección del CNE de ese año, que fue considerada por los opositores en su momento como "más equilibrada" que el anterior.

Adicionalmente, la AN vigente ha dado respaldo a las principales medidas promovidas por el Ejecutivo nacional en materia de reinstalación de la normalidad institucional y jurídica del país, al consolidarse el cierre del nefasto ciclo parlamentario anterior.

El parlamento ha servido de vehículo de respaldo político a las diversas modalidades de diálogo político en el país, como la Mesa de Diálogo Nacional y el Instrumento de Diálogos en México, mediados por el Reino de Noruega.

Sobre el proceso de México, este contó con la intervención puntual de Francia, Colombia y Argentina, mediante sus mandatarios, quienes se reunieron con Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde (en representación de una parte de las oposiciones) en París. En el marco del instrumento de México se han firmado dos memorándums de entendimiento. El segundo de ellos, firmado en noviembre de 2022, incluyó la liberación controlada de 3 mil millones de dólares congelados en el extranjero que serían empleados para apalancar servicios públicos y sociales en Venezuela.

El presidente parlamentario Jorge Rodríguez informó que se evalúa la propuesta, realizada por varios partidos, de nombrar una nueva junta directiva del CNE, de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

"En la ronda de conversaciones que el presidente Maduro emprendió con distintos sectores de la oposición venezolana (…), en algunas de estas conversaciones, no pocas, apareció el planteamiento de la conformación de un nuevo CNE", dijo Rodríguez en rueda de prensa.

En el eventual escenario de que los diálogos se traduzcan en una nueva modificación de las rectorías del CNE, será la AN la que formalizará dicho debate, creando con el TSJ los mecanismos institucionales para allanar las condiciones hacia tales fines. Pero esto es, por ahora, una posibilidad no confirmada.

En todo caso, frente a las circunstancias de disputa e intentos de quiebre institucional que se han orquestado en Venezuela, el parlamento ha sido el punto de inflexión política más importante, siendo en un momento el punto medular de la crisis y, de igual manera, el punto clave de su reversión.

En términos puramente comparativos de los contextos, ningún periodo parlamentario en era chavista anterior a enero de 2016 tuvo la excepcionalidad y relevancia que han tenido los dos años parlamentarios consolidados por la AN electa en 2020, justamente por la singularidad política de lidiar con la presión externa y la existencia de una "AN 2015" superpuesta, fantasmagórica e inexistente en el contexto interno, pero que sigue siendo relevante como instrumento foráneo de perturbación y disputa de la institucionalidad en el país.

El cambio de modalidad impuesto por Estados Unidos para la "AN 2015", mediante una ahora llamada "comisión delegada", seguramente será, como estrategia, más débil que el "interinato". Pero no por ello dejará de ser una instancia lo suficientemente reconocida por países hostiles a Venezuela en su agenda continuada de quiebre político ante el chavismo.

La AN vigente debe entonces promover al máximo sus facultades dentro de la arquitectura institucional del país para contribuir a fortalecer el centro de gravedad política de las instancias formales nacionales.

A fin de cuentas, ese es el núcleo del singular asedio al país y lo ha sido también para la respuesta que el chavismo ha sabido dar.