A medida que las medidas de bloqueo financiero, económico y comercial estadounidense arreciaban sobre Venezuela en los últimos años, las denuncias sobre sus consecuencias también emergieron. Tanto el gobierno como diferentes organizaciones e instituciones públicas y privadas mostraron desagravio por el impacto que la estrategia de Washington para el "cambio de régimen" tenía sobre la población, y no precisamente sobre los supuestos receptores de "sanciones".

En mayo de 2019, la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin) advirtió en rueda de prensa que habían casos de pacientes venezolanos que se encontraban en Italia y Argentina cuyas vidas peligraban por falta de tratamiento, debido a la negación de pagos venezolanos en bancos internacionales y la confiscación de recursos.

Los pacientes eran beneficiarios de un programa de la Fundación Simón Bolívar, institución con fines sociales y humanitarios de Citgo Petroleum, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Luego del secuestro de Citgo vía Orden Ejecutiva firmada por el entonces presidente Donald Trump, los pacientes no habían podido recibir un trasplante de médula ósea que ya tenían previsto con los fondos y el apoyo de la fundación.

Fundalatin pedía en su momento que cesaran las medidas de bloqueo para continuar con sus tratamientos médicos y evitar el fallecimiento de más niños, niñas, adolescentes y adultos que aún esperan por tratamiento.

En el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) también se oyeron estas denuncias. La misma fundación declaró en diciembre de 2019 que 12 niñas y niños, pacientes con leucemia, esperaban por trasplante de médula ósea, recibiendo el impacto directo de las "sanciones" por la negativa de los bancos a hacer transacciones venezolanas por temor a represalias del Departamento del Tesoro estadounidense.

Desde hace meses, luego de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, la Casa Blanca había dicho que revisarían el esquema de medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana con el fin de aliviar sus impactos sobre la población en territorio nacional y a escala internacional. Pero nada de esto se ha podido evidenciar, aun cuando se generen licencias para el comercio de algunos productos esenciales para la vida doméstica y económica de Venezuela.

No hay alivio

De hecho, el gobierno estadounidense ha dicho que la prioridad consiste en moderar el programa sancionatorio a favor de las medidas humanitarias. Tal afirmación no ha tenido asidero en la realidad, tomando en cuenta las últimas denuncias que hicieron un grupo de expertos independientes de la ONU, entre ellos los relatores especiales Alena Douhan, Nils Melzer, Obiora Okafor, Livingstone Sewanyana, Saad Alfarargi y Tlaleng Mofokeng.

La ONU asegura que los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, encargados de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el sistema de la ONU para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo.

Habría que insistir con el hecho de que los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria, no reciben salario ni son personal de la ONU. Para formar parte de esta organización los expertos deben ser realmente independientes de cualquier gobierno y organización, y actúan a título individual.

En un comunicado publicado el 21 de julio en el sitio web de Noticias ONU, los expertos afirmaron que la "aplicación excesivamente estricta de las sanciones estadounidenses dirigidas a Venezuela y a la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)" amenazan la vida de cientos de pacientes con cáncer.

"La vida de los pacientes venezolanos que han tenido trasplantes y se encuentran varados en países extranjeros está amenazada, al igual que la de aquellos que esperan viajar al extranjero para someterse a operaciones sin las cuales no sobrevivirían".

Producto del bloqueo, la crisis sanitaria en Venezuela ha empeorado en los últimos y con ello, la única manera que tienen algunos pacientes que siguen en el país de recibir los tratamientos oportunos para sus enfermedades oncológicas consiste viajando al extranjero.

De esta manera, se confirma que no ha habido alivio en el esquema de guerra financiera, económica y comercial contra el país todo.

Las llamadas "sanciones secundarias" conllevan amenazas de bloqueo para aquellos que también se atrevan a hacer algún tipo de negocios, sea de tipo humanitario o comercial, hecho clave para que los pacientes oncológicos venezolanos no puedan obtener tratamientos, al igual que el Estado venezolano no puede tener libre acceso al mercado internacional. Dicen los expertos:

"Terceros países, bancos y empresas privadas han sido excesivamente cautelosos en su trato con Venezuela porque temen violar involuntariamente las sanciones de Estados Unidos. Como consecuencia, no se puede transferir dinero fuera de Venezuela, y algunos pacientes han quedado varados, en la indigencia, en los países a los que acudieron para recibir tratamiento".

La nota de prensa de la ONU informa que, según los datos aportados por el grupo de relatores especiales, unos 190 pacientes con cáncer están en lista de espera para recibir tratamiento en el extranjero.

Como fatal consecuencia del bloqueo de transferencias y fondos venezolanos, unos 14 niños, tres de ellos bebés, murieron entre 2017 y 2020, esperando un tratamiento en el marco del programa de la Fundación Simón Bolívar.

Con fines de lucro y contra el país

Las conclusiones del comunicado van al corazón de la ofensiva estadounidense sobre la economía venezolana, con el secuestro estadounidense de Citgo y los ataques sobre PDVSA en el centro.

"Tener PDVSA como objetivo ha sido una forma de controlar la agenda política de Venezuela que ha tenido consecuencias devastadoras para cientos de personas que estaban en tratamiento por rechazo de trasplante, tanto en Venezuela como en el extranjero".

No se equivocan los investigadores independientes cuando nombra a la industria petrolera como uno de los factores que más inciden en el problema que se plantea. La empresa estatal venezolana era el principal productor de divisas del país, y con su merma tanto a lo interno como en el mercado internacional ha degradado la calidad de vida de la población venezolana, en el país y en el extranjero.

Desde que Estados Unidos y el "proyecto Guaidó" tienen a Citgo entre sus manos, hecho consumado en febrero de 2019, la Fundación Simón Bolívar dice haber donado cientos de miles de dólares a Venezuela "para mejorar los programas de salud", sin embargo no ha habido signos de ello o reporte que sustente el financiamiento. Más bien, como lo demuestran documentos obtenidos por el Estado venezolano, millones de dólares provenientes de la fundación han parado en los bolsillos de los principales partidos del antichavismo extremista.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció a finales de 2020 que operadores de Voluntad Popular han recibido dinero de la fundación sin fines de lucro de Citgo para invertirlo en iniciativas privadas y desestabilización del país, de acuerdo a una confesión del experiodista y militante antichavista Roland Carreño.

"Utilizó el dinero de la Fundación Simón Bolívar para comprar un spa en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes (Caracas). También uso el dinero de los niños con cáncer para comprar una camioneta último modelo a su pareja", denunció el diputado.

"Utilizaron la fachada de construcción de hospitales, de la ayuda a niños, pero realmente utilizan el dinero para proselitismo político. (…) Ese dinero hubiese servido para el tratamiento de niños con leucemia y trasplantes de pulmón. (…) En cambio, se traspasó a la fundación Futuro Presente de Yon Goicochea en Colombia, para planificar acciones contra Venezuela", agregó.

Por lo que el esquema sancionatorio de Estados Unidos sirve tanto para cortarle el oxígeno económico a Venezuela como para financiar agendas de "cambio de régimen", enriquecer a operadores directamente conectados con Washington y al mismo tiempo hacer sufrir y asesinar a la población venezolana que comportan crímenes de lesa humanidad ya denunciados anteriormente por diversos actores en el plano internacional.