La imposibilidad de Juan Guaidó para gestionar el retorno de los venezolanos varados en varios países, tras la suspensión de vuelos y aplicación de otras medidas para contener el avance del Covid-19, demuestra la incapacidad operativa de su gobierno ficticio para responder dentro y fuera del país.

Desde que se detectaron los primeros casos de coronavirus en Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro empezó a tomar medidas radicales para evitar su propagación, el presidente encargado ficticio montó una operación cuya función ha sido proyectar que ejerce control sobre la situación.

Amparado en una campaña sustentada en fakes news, sin recursos materiales y humanos, Guaidó se ha convertido en un vocero de efecto retardado del Ejecutivo legítimo al repetir a través de redes sociales las líneas dictadas por el presidente Maduro.

Desde que se autoproclamó como presidente en enero de 2019, se ha repetido hasta el cansancio que su “gestión” cuenta con el reconocimiento de más de 50 países. Y a pesar de que su narrativa tiene una proyección más internacional que local, concretamente su impacto se circunscribe a una realidad virtual.

En la agenda de intereses “comunes” establecida desde el año pasado entre el gobierno de Donald Trump y Juan Guaidó, el menos favorecido fue Venezuela. El nivel de bloqueo y despojo de recursos al país llegó a niveles sin precedentes desde que se “instaló” la presidencia interina. Esto se debe, en primer término, a que hasta el momento Estados Unidos no había contado con el amparo de un supuesto poder Ejecutivo que aprobara sus acciones.

¿Falta de recursos?

Recientemente, desde su podio virtual, emitió un comunicado en el que señala la incapacidad para utilizar el capital venezolano bloqueado en cuentas para atender a los connacionales en el exterior, hecho que contradice el supuesto poder ejecutivo que tenía el año pasado.

Una de las inconsistencias del documento es que no se menciona la cantidad de recursos retenidos, y tampoco se hace un desglose de la cantidad de activos y las causas de su bloqueo.

Venezuela tiene recursos en el exterior que provienen de filiales, empresas mixtas, financiamientos, reservas de oro en el Banco de Inglaterra, entre otros, que se calculan en cerca de 12 mil millones de dólares, y no todos están sujetos a las mismas sanciones.

Ante la excusa de que no se puede disponer de dichos recursos por estar “inmersos en investigaciones criminales”, el economista opositor Francisco Rodríguez expone las ambigüedades y contradicciones de dicho documento.

Uno estos argumentos se basa en demostrar que la cúpula de Guaidó sí ha manejado recursos de las empresas traspasadas a su administración. Según el economista, a través de Citgo, filial de PDVSA secuestra por el gobierno de Donald Trump, se “ha hecho importantes movilizaciones de fondos para pagar obligaciones”. Con esto queda la duda de si el uso del capital está condicionado y las decisiones sobre el mismo son autónomas.

Lo que se plantea en este caso es la transparencia en la “disponibilidad de los fondos y las razones por las que no se han movilizado” para atender una posible emergencia.

Por otra parte, el comunicado de Guaidó señala que las cuentas del Estado fueron “saqueadas” por el gobierno de Maduro, y resalta el esfuerzo de su gestión que ha canalizado 20 millones de dólares para atender la pandemia, cantidad pírrica si se compara el monto bloqueado por Washington.

Por otra parte, no se explica cómo es que a través de organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que reconoce a Guaidó como presidente, no se canalizan recursos disponibles para la actual pandemia, además de los 408 millones de dólares en crédito que corresponden a Venezuela.

Otro capital que se podría gestionar está relacionado con la tenencia de oro en el Banco de Inglaterra. Esta reserva está valorada en más de 1,5 mil millones de dólares y fue bloqueada como parte del cerco financiero contra el Estado liderado por Maduro, al que no reconocen como presidente. La razón del bloqueo de estos fondos tampoco obedece a investigaciones por corrupción.

Se supone que con el reconocimiento de la instancia ejecutiva de Guaidó por parte de Estados Unidos, se completarían los elementos jurídicos necesarios para que asumiera el control de los activos de Venezuela en el exterior.

No obstante, las decisiones sobre la administración de los recursos venezolanos parecen estar más sujetos a la permanencia de Maduro en el poder antes que el reconocimiento de Guaidó como presidente.

Finalmente, la relación “diplomática” que en un principio parecía entre iguales pasó a la subordinación. El que toma las decisiones es Washington y eso quedó demostrado con la disposición final, hasta el momento, de los activos de Venezuela fuera del territorio.

La respuesta del gobierno venezolano

Ante la actual coyuntura generada por el nuevo coronavirus, desde mediados del mes de marzo se reportaron centenares de venezolanos que solicitaban activar vuelos humanitarios para ser repatriados.

Tras la incapacidad de gestionar la salida de más de 800 venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, también desnuda que tampoco tuvo poder para negociar una solución para los connacionales en términos diplomáticos y políticos con el gobierno federal estadounidense.

Ante esta situación, el gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó a Estados Unidos un permiso de vuelo directo, que fue negado. Desde mayo de 2019, la administración Trump prohíbe los vuelos directos desde su país a Venezuela.

Tras agotar distintas vías de negociación, dos semanas después el gobierno venezolano trianguló con México para que un primer grupo de 134 connacionales retornaran al país, haciendo escala en la ciudad de Toluca. Los recién llegados fueron atendidos y puestos en cuarentena como medida de seguridad.

La nulidad de la “presidencia interina” para atender la pandemia es proporcional al apoyo internacional que dice tener Guaidó. Respaldo que, además de lo propagandístico, no tiene incidencias en un marco de cooperación entre naciones.

Más allá de argumentar la falta de recursos, tampoco mostró voluntad política para atender a los venezolanos varados a través de negociaciones por medio del cargo que “detenta”.

De las promesas mesiánicas desde su aparición, al autoproclamado solo le queda la actitud envalentonada que se ha ido caricaturizando con su actuación ante la actual pandemia. Esta imagen se ha ido acentuando con la acción concreta del gobierno de Maduro, medidas que, contra todo pronóstico, han contenido el avance del Covid-19 en Venezuela.