Desde marzo pasado, la administración de Donald Trump impulsó una nueva arquitectura de seguridad regional denominada Escudo de las Américas. Presentada formalmente como una coalición continental contra el narcotráfico y el crimen transnacional, esta iniciativa ha sido otro paso en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 que busca adherir el mapa geopolítico de América Latina a las disposiciones de Washington.

Lejos de constituir una cooperación bilateral equilibrada, el despliegue ha operado bajo un esquema netamente militarista, prioriza la fuerza letal, la vigilancia tecnológica y la intervención directa por encima de la soberanía jurídica de los Estados parte.

UN ESCUDO DE militarización, DISCRECIONALIDAD Y DEPENDENCIA

La firma de la Carta de Doral en Miami dio paso a lo que se presenta oficialmente como una coalición multinacional liderada por Estados Unidos para combatir el "narcoterrorismo". Su enfoque netamente militar prescinde del consenso de organismos como la OEA o la CELAC y le configura, según analistas, como una estructura selectiva y operativamente dependiente del mando estadounidense.

El despliegue de este enfoque se consolidó mediante una serie de cumbres de alto nivel y visitas de funcionarios estadounidenses, como la participación del secretario de Guerra Pete Hegseth en una cumbre en Panamá en abril de 2026, donde se delinearon los ejes de la llamada coalición anticarteles. La estrategia abandonó la retórica de la cooperación policial para centrarse en operaciones cinéticas directas. Sin embargo, en 2023, las exportaciones de armas de fuego desde Estados Unidos hacia América Latina aumentaron un 74% al ritmo que se incrementaba la violencia criminal organizada.

El componente militar ha sido el eje rector. Desde septiembre de 2025, antes incluso de la formalización del Escudo, Estados Unidos lanzó la operación Lanza del Sur (Southern Spear) contra supuestas "narcolanchas" en el Caribe y el Pacífico. Hasta mayo pasado se contabilizaban al menos 61 ataques y 199 muertes, sin que la Casa Blanca haya presentado pruebas de que las embarcaciones transportaran drogas.

Para septiembre, la cifra de fallecidos superaba los 220, y Ben Saul, un relator de la ONU, calificó las acciones como "ejecuciones extrajudiciales graves". La eficacia de estos bombardeos es, cuando menos, dudosa porque los decomisos de drogas aumentaron un 33% respecto a los niveles previos a los ataques, lo que sugiere que el flujo no se ha reducido.

Washington no ha presentado pruebas públicas detalladas sobre los vínculos de las víctimas con el crimen organizado. Al contrario, estos ataques aparecen como injustificables bajo la ley humanitaria internacional, las leyes marítimas o las convenciones sobre combate al narcotráfico.

A esto se suma el despliegue material: en octubre pasado se confirmó el envío de al menos 600 militares estadounidenses como asesores a Panamá, Colombia y Honduras, junto con el redireccionamiento de drones MQ-9 Reaper desde África hacia Ecuador y Colombia para tareas de vigilancia y ataque letal.

DEBATES E IMPLEMENTACIÓN DE AMÉRICA LATINA

La implementación del Escudo ha generado dinámicas dispares, marcadas por la cesión de soberanía operativa a cambio de respaldo político, económico y armamentístico.

En Honduras, la adhesión ha venido acompañada de reformas legales que amplían la definición de terrorismo, alineándose con la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 (NSS 2025) de EE.UU. Analistas advierten que esto reedita prácticas contrainsurgentes de la Guerra Fría, evocando los crímenes del Batallón de Inteligencia 3-16 y recordando antecedentes letales, como el ametrallamiento de civiles por parte de la DEA y la policía hondureña en la Mosquitía en 2012.

En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz defendió en octubre de 2026 la alianza con el Escudo como un mecanismo necesario para "salvar a la patria con la colaboración del orden internacional", rechazando las críticas que atribuyen a esta cooperación intereses geopolíticos externos, en medio de presiones sobre la gobernanza de sus recursos.

El caso Cerimedo derivó en lo que algunos consideran un golpe institucional, debido a que el Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, fue destituido y detenido mientras investigaba a este operador político por un caso de femicidio y por presunto tráfico de influencias en beneficio de narcotraficantes. Cerimedo, que acompañó a Paz a la cumbre en Doral, estuvo vinculado a redes de la derecha latinoamericana y a círculos cercanos al trumpismo.

Colombia se sumó formalmente a la coalición en agosto de 2026, durante una reunión en Panamá entre el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora. Esta adhesión consolida una mayor cercanía con Washington, facilitando el despliegue de tecnología de vigilancia y la coordinación de inteligencia bajo la etiqueta de "narcoterrorismo".

El presidente Abelardo De La Espriella anunció en julio que Medellín sería la sede nacional del Escudo de las Américas.

Argentina, bajo la administración de Javier Milei, fue uno de los promotores iniciales de la iniciativa, alineando su doctrina de seguridad con Washington desde el primer momento y aceptando las condiciones de coordinación militar que plantea el bloque.

Chile, tras meses como observador, formalizó su ingreso en septiembre de 2026. Esta decisión ha desatado un intenso debate doméstico, dado que distintos sectores advierten sobre los riesgos de asociarse con las operaciones del Comando Sur en el Caribe, las cuales han sido cuestionadas por potenciales crímenes y violaciones al derecho internacional.

En Paraguay, la renuncia del presidente Santiago Peña debilita la imagen de estabilidad de uno de los socios de Trump y muestra el límite de las alianzas basadas en afinidades presidenciales. El ahora exmandatario quedó envuelto en la crisis que estalló ante la intervención de Ueno Bank, una entidad privada de la que es accionista y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas, entre ellas del Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país.

Por su parte, Ecuador ha transitado de un enfoque policial interno, denominado Plan Fénix, a la cooperación hemisférica. En febrero pasado firmó con Estados Unidos un acuerdo marco para el suministro de minerales estratégicos —oro, cobre, tierras raras— y controla de manera ilegal la base militar de Taura, desde donde coordina la alianza bilateral de seguridad para combatir a los grupos narcocriminales en la región. Dicha base está a una hora de Guayaquil, el principal puerto de salida de cocaína hacia Estados Unidos mientras, paradójicamente, Ecuador es el socio más dócil de la alianza.

LA SEGURIDAD COMO INSTRUMENTO DE REORGANIZACIÓN GEOPOLÍTICA

El Escudo de las Américas no puede analizarse aislado de su contexto histórico. La Doctrina Monroe (ahora Donroe), la Estrategia de Seguridad Nacional y el Plan Cóndor conforman una genealogía de intervención que se reedita bajo nuevas etiquetas.

La diferencia es que, mientras el Cóndor combatía al "enemigo interno" comunista, el Escudo combate al "narcoterrorista", una categoría lo suficientemente elástica como para incluir a comunidades indígenas que defiendan sus territorios, sindicatos agrarios o cualquier actor que obstaculice la extracción de recursos en una región que concentra el 40% de las reservas mundiales de cobre, el Triángulo del Litio entre Argentina, Bolivia y Chile, y reservas significativas de petróleo.

La declaración conjunta del Departamento de Estado del 22 de septiembre de 2026 es explícita en sus tres pilares: seguridad, economía y coordinación multilateral. El componente económico establece el control de inversiones y la salvaguarda de "cadenas de suministro de minerales críticos" mediante "proveedores de confianza".

Es decir, la exclusión de China de la infraestructura digital y de los contratos de litio, cobre y tierras raras, y la consolidación de un régimen de proveedor único para las empresas estadounidenses.

La arquitectura legal del Escudo incluye cláusulas de inmunidad operativa para el personal militar estadounidense, protocolos de "daño colateral mitigado" que eximen de responsabilidad penal los ataques con drones y, además, otorga acceso irrestricto a puertos, aeropuertos y espectro radioeléctrico.

La fragmentación regional es parte del diseño. Al excluir a México y Brasil del núcleo fundacional —países que representan más del 60% del PIB regional—, Washington optó por una coalición de afinidad ideológica antes que el multilateralismo. Los adherentes obtienen líneas de crédito preferencial y respaldo armamentístico mientras los neutrales enfrentan el riesgo de quedar fuera de las cadenas de suministro y de la cooperación en seguridad.

Esta dinámica reedita la Doctrina Monroe, adaptada a un orden multipolar. El analista internacional Jaime Gómez Alcaraz destaca que el cambio en la retórica hacia el "narcoterrorismo" no implica una transformación sustancial de las relaciones de poder, sino una adaptación que abre la puerta a la utilización de instrumentos militares de alta intensidad en territorio de Estados soberanos, lo que plantea desafíos profundos a la soberanía nacional, la cohesión territorial y los derechos humanos en la región.

A ocho meses de su lanzamiento, el Escudo de las Américas ha demostrado ser más eficaz en la subordinación de voluntades que en la reducción del narcotráfico. Los bombardeos no han disminuido el flujo de drogas, pero sí han normalizado la muerte sin juicio en el Caribe y el Pacífico.

La militarización no ha debilitado a los cárteles, pero ha puesto a las fuerzas armadas latinoamericanas al servicio de una agenda de control de recursos y contención de China. El nombre evoca protección pero la práctica revela subordinación.