PDVSA históricamente ha sido la columna vertebral de la economía de Venezuela y genera más del 90% de los ingresos totales en divisas. Que el país dependa estructuralmente de la actividad petrolera volvió la empresa un blanco de ataque con miras a provocar una crisis económica de gran impacto en la sociedad.
Para ello se ejecutó un plan cuyo objetivo fue destruir las capacidades financieras y operacionales de la industria nacional de hidrocarburos por medio de la implementación de diversos instrumentos de presión y coerción indirecta que afectaron su funcionamiento regular.
Antes de la formalización de las sanciones en el año 2014, las principales agencias calificadoras de riesgo del mundo, Moody's Investors Service, Standard & Poor's y Fitch Ratings, se habían alineado bajo la narrativa que buscaba desprestigiar la industria petrolera venezolana.
¿Qué son las calificadoras de riesgo y por qué parecen tener un poder sin límites?
Las calificaciones de riesgo de inversión juegan un rol destacado en la evaluación de la salud financiera de las empresas. En el caso de las industrias petroleras, pudieran proyectar fluctuaciones en los mercados, tensiones geopolíticas, cambios regulatorios, entre otros, que pudieran afectar el desempeño financiero y operacional de las empresas que operan en el sector de hidrocarburos.
Las evaluaciones de las empresas calificadoras actúan como mapa de navegación para los inversores cuando reina la incertidumbre en los mercados globales. Ejercen una influencia importante en la viabilidad financiera de las empresas petroleras porque una calificación crediticia negativa restringe los flujos de capital y envía un mensaje de "riesgo" sobre su factibilidad.
En algunos casos, las evaluaciones de dichas agencias son usadas como filtros obligatorios para tomar decisiones. El poder de influencia es tan enorme porque abarca todo el sistema financiero internacional.
Instituciones crediticias internacionales, bancos globales e inversionistas privados e institucionales usan las calificadoras de riesgo para determinar los términos y condiciones de préstamos y acuerdos.
Para tener una idea del alcance de estas agencias, vale recordar que en el año 2010 Standard & Poor's (S&P) rebajó las calificaciones de deuda de Grecia, Portugal y España, lo que hundió temporalmente los mercados.
En su momento, Christine Lagarde, quien para ese entonces se desempeñaba como ministra de Economía de Francia, dijo que había que "controlarlas más y asegurarse de que respeten las reglas".
"No se puede degradar un país 15 minutos antes del cierre —de los mercados—, para precipitar las compras o las ventas en condiciones apresuradas", agregó.
En aquella oportunidad, el efecto que causó el anuncio fue temor ante una señal de riesgo de que la crisis griega podía propagarse por Europa. Para los países afectados significó que fue más caro pedir prestado en los mercados.
El rol de las calificadoras de riesgo en el bloqueo económico a Venezuela
Las evaluaciones negativas de las calificadoras de riesgo tienen un impacto directo en las empresas. Este fue el caso de PDVSA, a la que, previo a la aplicación de la Ley de Derechos Humanos y Democracia en Venezuela de 2014, estas empresas comenzaron a socavar su prestigio y proyectaron una percepción negativa que condicionó su valoración frente a los inversores.
A finales de 2013 Moody's Investors Service rebajó aun más la calificación crediticia de Venezuela al situarla en territorio de bonos basura, con lo que se convirtió en la segunda gran agencia de calificación en tomar una medida de este tipo durante ese año.
Moody's rebajó la calificación crediticia de Venezuela, tanto en moneda local como extranjera, a Caa1, siete escalones por debajo del grado especulativo. La perspectiva de la calificación fue negativa y sugería que podrían producirse nuevas rebajas.
El comportamiento de la producción petrolera estuvo relacionado con la calificación de alto riesgo sobre PDVSA, lo que generó restricciones a la capacidad de la compañía para financiar sus operaciones y proyectos planificados a mediano plazo.
El gráfico destaca el estancamiento de la producción de crudo venezolano a causa de las calificaciones negativas motivadas políticamente. Asimismo, revela que la producción petrolera no mostraba signos de aumento antes de la imposición de sanciones. Esto indica que, más allá —o detrás— de las sanciones, las calificaciones crediticias también estaban contribuyendo al estancamiento de la industria, lo cual impedía que pudiera incrementar su producción.
Como consecuencia, la confianza del sistema económico internacional respecto a PDVSA resultó afectada y se limitó la inyección de capital necesario para proyectos de exploración, desarrollo y producción a gran escala. Las evaluaciones negativas tuvieron efectos nocivos para la capacidad de PDVSA de acceder a los mercados de capital, asegurar financiamiento y atraer nuevas inversiones para su funcionamiento.
Moody's Investors Service, Standard & Poor's y Fitch Ratings desde el año 2008 fueron estableciendo calificaciones de alto riesgo sobre PDVSA. Esto influyó en que la producción de crudo venezolano no se incrementara. El estancamiento inducido fue el punto de partida para la aplicación de medidas coercitivas más radicales.
El comportamiento de las calificaciones durante ese periodo no guardaba relación con la capacidad de pago de Venezuela, lo que dejó entrever que se trató de una medida política. El país había cumplido con todos sus compromisos financieros de deuda externa.
La estrategia radicó en proyectar la imagen de un país en quiebra en el cual ningún Estado se atrevería a invertir su dinero. La huida de las inversiones foráneas y del crédito internacional se tradujo en arrinconamiento y asfixia a fin de usar la etiqueta default.
¿Cuál es el criterio?
Objetivamente no hay parámetros ni fórmulas que permitan saber las capacidades de un país o de una empresa de pagar o no pagar sus obligaciones financieras. Estas fórmulas/parámetros son de fácil manipulación y dejan entrever que no son objetivos.
Las bajas o altas calificaciones dependen de motivaciones políticas o de interés económico-financiero. Por ejemplo, cuando Estados Unidos cayó en recesión durante 2008, las acciones inmobiliarias de Lehman Brothers tenían calificación AAA. Durante la corrida bancaria se demostró que dichas acciones eran activos basura y no valían nada en la economía real. En cambio, Venezuela había tenido una deuda muy inferior al total de su PIB y cumplía al pie de la letra todos sus compromisos internacionales.
Sin embargo, las calificadoras de riesgo habían proyectado que era posible que incumpliera con sus compromisos de pago.
Consecuencias para la economía
Las calificaciones negativas promovieron que el "riesgo país" se disparara. Si PDVSA invertía en nuevos pozos o reparaba refinerías, se exigían intereses altos para compensar el riesgo.
La industria venezolana se quedó sin financiamiento de capitales extranjeros y, con los ingresos mermados por la caída inicial de la producción, no pudo mantener sus operaciones básicas. Tampoco se pudo financiar proyectos de perforación, inyección de gas y mantenimiento de instalaciones en áreas claves como la Faja Petrolífera del Orinoco y el lago de Maracaibo.
Como el petróleo representa históricamente más del 90% de los ingresos por exportación de Venezuela, el desplome de la producción destruyó el presupuesto nacional. El Estado se quedó sin ingresos para importar bienes básicos, alimentos, medicinas e insumos industriales.
Las calificaciones negativas asimismo sirvieron también como un indicador de alerta temprana para los mercados internacionales antes de que se implementaran las sanciones financieras directas. Cuando estas llegaron, terminaron de bloquear cualquier intento de reestructurar la deuda existente o emitir nuevos papeles, lo que consolidó el aislamiento financiero de la estatal petrolera.