En el seriado que titulamos "Historia crónica de un asedio económico y financiero" hemos sistematizado todas las agresiones que han tenido efectos dañinos en la economía nacional. Registramos las motivaciones políticas de quienes impulsaron la guerra con miras a provocar el colapso del Estado, así como la incompatibilidad de modelos entre la oposición históricamente entreguista y los objetivos que se propuso el chavismo cuando llegó al poder en 1999: cumplir con la premisa de darle protagonismo a los sectores populares que habían sido ignorados.
Asimismo, reseñamos las agresiones de agentes externos, estatales o corporativos, así como los métodos para asfixiar económicamente a Venezuela; factores perturbadores de la economía como el caso de Dólar Today; y el rol de la agenda antipolítica de la oposición cuando tomó el poder legislativo en 2015.
Si bien en los trabajos anteriores nos hemos referido a las sanciones como un elemento trasversal del asedio económico y sus devastadores efectos, no le hemos dedicado un espacio exclusivo que organice todas las medidas coercitivas, los actores que las impulsaron y las consecuencias para la sociedad venezolana. Es por ello que en esta entrega nos centraremos en sistematizarlas para entender cómo se fue construyendo el cerco financiero que devino en el bloqueo total de los ingresos al país.
Ley de Defensa de los Derechos
El 18 de diciembre de 2014 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, también conocida como la Ley Pública 113-278, cuyo objetivo fue sancionar a quienes estuvieran vinculadas a supuestas violaciones a los derechos humanos a personas que protestaban contra el Gobierno venezolano y fortalecer a la sociedad civil del país y otros propósitos.
En ese año se profundizó la crisis sistémica relacionada con los bajos precios del petróleo a nivel mundial, así como la implementación del fracking como política energética de Estados Unidos, lo que redujo los ingresos al país. Para Washington fue un momento oportuno para atacar a Venezuela en el marco de las vulnerabilidades como consecuencia de la poca captación internacional de la renta petrolera, pero también por el clima de inestabilidad política y conflictividad social que dejó las guarimbas, el ataque insurreccional conocido como "La Salida" que llegó a niveles de violencia sin precedentes.
La Ley Pública 113-278 significó el punto de partida formal y el marco jurídico inicial para la aplicación de sanciones individuales y medidas de presión política de Washington contra funcionarios y el Gobierno y su principal fuente de ingresos.
Antes de la promulgación de este instrumento hubo movimientos que indicaban una clara intención de debilitar geopolítica y económicamente a Venezuela. A continuación, presentamos tres hechos que lo confirman:
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En 2008 John McCain, candidato republicano, declaró: "La continua dependencia de Estados Unidos de las importaciones de petróleo extranjero de países como Venezuela demuestra la necesidad de ampliar la perforación para nuestras propias fuentes internas de energía".
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En 2011 el congresista Connie Mack pidió a la Casa Blanca que incluyera a Venezuela en la lista de patrocinadores del terrorismo y propuso un embargo total contra el país.
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Se impusieron sanciones secundarias a PDVSA en 2011. En aquella oportunidad la secretaria de Estado, Hillary Clinton, anunció nuevas sanciones a Irán, cuya lista sancionatoria estuvo conformada por siete empresas, incluyendo a PDVSA. Las sanciones impedían a la estatal venezolana acceder a contratos del gobierno de Estados Unidos, financiamiento a través del Export-Import Bank de Estados Unidos y licencias de exportación.
PDVSA históricamente ha sido la columna vertebral de la economía de Venezuela y genera más del 90% de los ingresos totales en divisas. Que el país dependa estructuralmente de la actividad petrolera volvió la empresa un blanco de ataque con miras a provocar una crisis económica de gran impacto en la sociedad.
Decreto Obama
El 8 de marzo de 2015 el presidente Barack Obama declara a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos". Impuso sanciones a funcionarios del área de seguridad y orden público por contener las guarimbas de 2014. La Orden Ejecutiva 13692 sentó las bases jurídicas para las posteriores medidas coercitivas en el campo ecónómico.
La fachada inicial de las sanciones indicaba inicialmente que estaban dirigidas a funcionarios de alto rango del gobierno venezolano. Sin embargo, ese régimen inicial podía ser extendido a "toda persona" que el secretario del Tesoro, en consulta con el secretario de Estado, determinara como "responsable o cómplice" de acciones que Estados Unidos definiese unilateralmente como "ilícitas".
Lo trascendente en el caso de esta Orden Ejecutiva fue que significó la columna vertebral para las seis órdenes ejecutivas posteriores, así como para todas las agresiones contra la economía nacional. Fue emitida durante la segunda presidencia de Barack Obama. Desde entonces, se renovó durante las dos administraciones de Donald Trump y la de Joe Biden.
Orden ejecutiva 13808: primer ataque directo contra PDVSA
El 24 de agosto de 2027 el presidente Trump dictó medidas contra la industria petrolera nacional. Por medio de la Orden Ejecutiva 13808 se formalizó el cuadro de asedio que ya sufría la economía venezolana y las finanzas públicas desde los años 2015 y 2016, cuando el cierre de cuentas del Estado en el extranjero dejaba entrever una estrategia orientada a restringir las importaciones y aislar al país del comercio mundial.
De acuerdo con la orden, se limitaba a restringir las operaciones financieras de la estatal petrolera, bloqueaba la compra y venta de bonos y las posibilidades de nuevo endeudamiento en el futuro. En medio de un ciclo de precios bajos del petróleo, esta restricción significaba que PDVSA no podía recurrir a fuentes de capital extranjero para la mejora de su infraestructura, incluyendo sus refinerías.
Esta estrategia de bloqueo a la principal fuente de ingresos del país tiene responsabilidad compartida porque fueron promovidas desde un sector de la oposición venezolana. Recordemos que el antichavismo, aprovechando su posición de poder desde el Poder Legislativo, sobre todo cuando fue dirigido por Julio Borges, impulsó la imposición de sanciones.
Así, Washington fue construyendo el marco jurídico para una guerra económica prolongada y que fue escalando. El año siguiente la ruta hacia el colapso energético de Venezuela tomó forma de estrategia general y abarcó la importación de alimentos y medicinas, las transacciones comerciales y financieras del Estado y a los proveedores de aditivos y químicos para la refinación de gasolina.
El despliegue de sanciones contra funcionarios y las principales empresas, bancos e instituciones políticas del país forzaron, por un lado, el aislamiento comercial y financiero de Venezuela y, por otro, un daño reputacional que ahuyentó las relaciones comerciales con empresas y países. Eran pocos los que se atrevían a desafiar a Estados Unidos por temor a ser sancionados.
Otras órdenes ejecutivas emitidas en 2018
- Orden Ejecutiva 13827: sanciona la emisión de la criptomoneda Petro por parte del Gobierno de Venezuela y de cualquier otra moneda o instrumento de economía digital que se usó para enfrentar el boqueo económico.
- Orden Ejecutiva 13835: significó otra escalada de sanciones contra PDVSA y las finanzas públicas. Prohibió cualquier operación financiera o jurídica legítima que permita a Venezuela obtener financiamiento internacional, realizar compras o pago de deudas, la venta, transferencia, cesión o hipoteca de activos de Venezuela o cualquier otra operación.
- Orden Ejecutiva 13850: impidió las operaciones en el sector oro de la economía venezolana o en cualquier otro que determine el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El objetivo de la medida fue paralizar todos los proyectos de inversiones y asociaciones estratégicas de Venezuela para desarrollar su inmenso potencial minero y restringir aún más los ingresos del país.
El escenario se volvió más complejo cuando Juan Guaidó se autoproclamó como presidente de Venezuela. Días después Trump dictó la Orden Ejecutiva 13857, cuyo objetivo fue adaptar los textos de todas las sanciones (OE) y legitimar el reconocimiento político realizado por EE.UU. Esta medida permitió el robo de Citgo y otros activos de Venezuela en territorio estadounidense y en el mundo. Asimismo, bloqueó a PDVSA en el mercado energético e interfirió negativamente en su red de compradores y proveedores a escala mundial.
A partir de ese momento comprar gasolina o aditivos para producirla en las refinerías venezolanas se convirtió en una operación extremadamente complicada. Washington utilizó sus instrumentos de poder geopolítico para transformar las importaciones vitales del país en una suerte de delito en el que incurrían los países y empresas vinculadas.
Entre abril y septiembre de 2019 el Departamento del Tesoro optó por un escalamiento y agregó a la lista OFAC a más de 30 buques y tanqueros de PDVSA u operados por la estatal encargados del transporte de petróleo, gasolina y derivados para su refinación.
Las medidas de la OFAC, ahora aplicadas sobra la flota de transporte de la industria petrolera, prohibieron en principio la vinculación comercial o financiera de empresas y ciudadanos estadounidenses. Las medidas rebasaron su ámbito territorial y presionando a terceros, sean gobiernos o empresas, para quebrar toda relación con Venezuela.
Esta globalización del bloqueo a Venezuela se oficializó el 5 de agosto con la Orden Ejecutiva 13884, que embargaba todos los activos venezolanos en Estados Unidos. Este instrumento facilitó las "sanciones secundarias" aplicadas a empresas fuera de la jurisdicción estadounidense y terceros países.
A la imposibilidad de contactar con navieras y contratar los seguros correspondientes para la exportación petrolera se sumaban las complejidades operativas para conseguir gasolina.
El 20 de diciembre de 2019, incluso cuando el interinato ya había perdido credibilidad, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo de Venezuela 2019 (Ley Pública 116-94), cuyo objetivo fue apoyar a Guaidó y reconocer la Asamblea Nacional (2015), Asimismo, exhortó al Departamento de Estado a invitar a los Gobiernos de América Latina y Europa a implementar sanciones contra Venezuela.
Bajo este escenario llegó la pandemia por covid-19. La orden de confinamiento para aplanar la curva de contagio coincidió con la escasez de gasolina a raíz de las sanciones destructivas de Estados Unidos.
Como consecuencia se obstaculizó la movilidad de alimentos, medicinas y bienes básicos del país, se aceleró la inflación y crecieron las expectativas de parálisis económica. Fue evidente que a medida que aumentaba la violencia de las sanciones se profundizaba la crisis económica y social.
Según datos del Observatorio Venezolano Antibloqueo, desde el año 2014 a Venezuela se le han aplicado 1.089 sanciones por parte de Estados Unidos, otros gobiernos y el sistema financiero internacional. De ese total, 918 han sido impuestas por países de manera directa y 171 corresponden a medidas restrictivas o punitivas adoptadas por entes gubernamentales, financieros, judiciales, entre otros.
Las sanciones más recientes
Decreto Políticas de Inversión de America First
El 21 de febrero de 2025 el presidente Donald Trump lanzó el decreto "Políticas de Inversión de America First" en el que cataloga a Venezuela como "adversario extranjero". La medida estableció que el país no podía adquirir tecnologías estadounidenses.
Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (Pub. L. 5-58)
El 15 de marzo de 2025 el presidente estadounidense invocó la "Ley de Enemigos Extranjeros de 1798". De acuerdo con este instrumento, todo venezolano o venezolana mayor de 14 años que no esté naturalizado o, incluso, siendo con residencia permanente en Estados Unidos, puede ser detenido, arrestado y expulsado so pretexto de ser integrante de alguna organización criminal en ese país.
Orden Ejecutiva 14245
El 24 de marzo de 2025 Trump emitó la Orden Ejecutiva 14245. En este instrumento legal sigue afirmando que Venezuela sigue representando "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos". La Orden Ejecutiva impuso aranceles de 25% a todos los productos de cualquier país que importe petróleo venezolano.
Efectos nocivos para la economía
En el año 2019 se ampliaron las sanciones contra la industria petrolera, lo que generó un declive gravísimo en las exportaciones de crudo. La estatal PDVSA quedó vetada y por ello disminuyó comercialización y producción del rubro.
En junio del año 2021 el presidente Nicolás Maduro informó que Venezuela estuvo 14 meses "sin vender una gota de petróleo" en el mercado internacional, lo que explicó la caída en la disponibilidad de divisas. En esa oportunidad también indicó que en 2020 la caída en los números de divisas ofrecidas al BCV por las actividades de hidrocarburos fue de 99% si se comparaba con los ingresos del año 2014.
Si bien desde 2014 el bajo ingreso de divisas por venta de petróleo estuvo relacionado con la caída de los precios del crudo de esos años, el descenso de la producción coincide especialmente con el inicio del ciclo de sanciones contra la economía venezolana.
En 2017 se profundizaron las dificultades para despachar al extranjero debido a los problemas de relacionamiento comercial sobrevenidos por las medidas coercitivas. Ese mismo año el país fue vetado del sistema financiero internacional, una nueva dificultad para PDVSA en el acceso a la inversión con miras a seguir desarrollando sus actividades.
El Observatorio Venezolano Antibloqueo sistematizó algunos efectos efectos graves que enumeramos a continuación:
- El país tiene en promedio unos 22.000 millones de dólares retenidos en la banca internacional y en organismos multilaterales.
- La producción petrolera pasó de 2,8 millones de barriles por día, en promedio durante 2015, a 339 mil barriles por día en julio de 2020, lo que representa una caída de 88%.
- Debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos se suspendieron los programas de asistencia médica para pacientes en el extranjero, como el de trasplante de medula ósea de la Fundación Simón Bolívar (subsidiaria de Citgo), ocasionando el deterioro de la condición de salud de muchas personas e incluso muertes.
- Se estima en 3.995 millones de barriles la pérdida de la producción petrolera entre abril de 2015 y octubre de 2022.
- Producto de estas acciones, PDVSA registró una pérdida de 232 mil millones de dólares durante el período 2015-2022.
- El ingreso en divisas pasó de 39.639 millones de dólares en 2104, a 743 millones de dólares en 2020, lo que representa una caída de 99%.
- Entre enero y diciembre de 2018, Venezuela registró una inflación acumulada de 130.000%, producto de esta agresión.
- Inglaterra confiscó 31 toneladas de oro monetario de las reservas de Venezuela.
- Empresas de EE.UU. han pretendido tomar el control del mayor activo financiero venezolano en territorio norteamericano, la petrolera Citgo, valorada en 13.000 millones de dólares.
- Se ha bloqueado toda emisión de deuda soberana del país.
- Se ha bloqueado los pagos para la adquisición de insumos médicos y vacunas.
Esta historia solo remite a las medidas coercitivas estadounidenses y los efectos que devinieron a modo sistemático y numérico. Pero se debe tomar en cuenta la dimensión social y humana que provocaron las sanciones en Venezuela (así como en otros países), cuya magnitud acumulada equivale las consecuencias dadas por la detonación de armas de destrucción masiva en expansión. Ello tomando en cuenta la estructura económica nacional, dependiente de la industria petrolera, que a pesar de las actuales licencias temporales del Departamento del Tesoro y los acuerdos interestatales entre Washington y Caracas en el presente, no deja de ser una diana sensible y susceptible de desequilibrar letalmente el espectro socioeconómico venezolano.