La intervención humanitaria
En la primera parte de "La construcción de una crisis alimentaria en Venezuela" se delineó cómo las opciones militares comenzaron a ser utilizadas por la ONU para hacer llegar alimentos a principios de los años 90 a Somalia y Etiopía, evolucionando a la utilización formal del uso de la fuerza para justificar intervenciones por motivos supuestamente humanitarios, como en Libia en el año 2011, hasta la manipulación de la situación alimentaria venezolana en medio de la imposición de las medidas coercitivas impuestas unilateralmente por Estados Unidos, amparado por la Unión Europea, la OEA, el Grupo de Lima, USAID, grandes empresarios, y a lo interno por la Asamblea Nacional 2016-2020, para insertar en el imaginario mundial la necesidad urgente de una intervención militar bajo la "responsabilidad de proteger" (R2P).
En esta segunda parte se mostrará la utilización de los organismos multilaterales de la ONU como instrumentos para validar crisis humanitarias, promovidas por los Estados de mayor poder, movidos por sus propios intereses y en nombre de la comunidad internacional, mediante actores no estatales como agencias, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la llamada sociedad civil, actores privados y hasta grandes empresas, advirtiendo y admitiendo a su vez la posibilidad de intervenciones militares en la cual no se ponderan las injerencias externas como la de Estados Unidos contra Venezuela, y donde solo se revelan resultados de ciertas situaciones aislando u ocultando la causa, que generalmente se esconde detrás de guerras convencionales, no convencionales o difusas, y métodos como el bloqueo y el asedio generalizado a Venezuela desde el año 2014.
La alimentación como derecho humano
En este caso, el derecho a la alimentación es arrastrado en este entramado de manipulación de los derechos humanos, los cuales forman parte del proceso de securitización que se llevó adelante con el concepto de la seguridad humana, utilizado formalmente entre los años 1993-1994 y promovido finalmente en la Cumbre del milenio del año 2000, donde cualquier deterioro de las categorías generales de este en los entornos económico, alimentario, de salud, ambiente, comunitario, político, personal y otros que con el tiempo se han ido incorporando, vienen a dar un contenido preventivo mediante el monitoreo de indicadores, planteándose entre su doctrina de prevención e intervenciones humanitarias, también, la colaboración de grandes corporaciones transnacionales en la resolución de los conflictos.
En este sentido, la segunda parte de "La construcción de una crisis alimentaria en Venezuela" está basada en el análisis a cuatro tipos de indicadores de diferentes organismos, donde se llevan a cabo discusiones multilaterales de alto nivel sobre la alimentación mundial, y se decantan los reportes y publicaciones especializadas de los registros en bruto que, como han afirmado miembros de delegaciones oficiales de algunos países, y que luego académicos, políticos y periodistas solo reproducen como datos de primera mano, cuyos temas y posiciones pueden cambiar radicalmente de un año a otro, buscando pasar desapercibidas, aclarando con anticipación, sin el ánimo de desvalorizar la situación del incremento de la inseguridad alimentaria en Venezuela, en medio del asedio que sufre el país desde 2014 donde la población ha sido objetivo para vulnerar el poder nacional.
Entre los indicadores, se tomó el Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS) así como la Prevalencia de la Inseguridad Alimentaria que se mide a través de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), ambos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); la encuesta CARI o ECRI del Programa Mundial de Alimentos (PMA); y el Sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF o IPC) de la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (SFIN), a la cual pertenecen FAO, PMA y otras 14 organizaciones, agencias, ONG, sociedad civil e individuos.
Para ello, es preciso diferenciar que, cuando se habla de IPS o PoU, Índice de Prevalencia de Subalimentación de la FAO, se refiere a las estimaciones nacionales de disponibilidad y consumo de alimentos, así como de necesidades calóricas, la cual considera el consumo insuficiente de energía alimentaria en una población, siendo crónico cuando no se consumen suficientes calorías, convirtiéndose este caso en subalimentación relacionada al hambre y que, en el mundo actualmente, según el último informe (2021) de la FAO, alcanza a 768 millones de personas, el 9,9% de la población mundial. Su escala: <5% es muy baja; de 5% a 14,9% es moderadamente baja; de 15% a 24,9% es moderadamente alta; de 25% a 34,9 % es alta; y de 35% o más es muy alta.
Adicional al IPS, la FAO aplica desde 2014 la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), en la cual, mediante entrevistas de forma presencial basadas en las experiencias de individuos y hogares, destaca las dificultades para acceder a los alimentos por falta de disponibilidad o por falta de recursos económicos para obtenerlos. De la cual se desprenden tres niveles: inseguridad alimentaria leve, moderada (se saltó una comida o se quedó sin alimentos ocasionalmente) y grave (se queda sin comer alimentos varios días, varias veces al año). Esta última es el extremo de la escala, donde se encuentran los denominados "hambrientos" o población con hambre, que complementa al IPS o PoU.
Mientras que el PMA aplica la encuesta del Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de la seguridad alimentaria (CARI o ECRI), mediante una tabulación matemática de datos recolectados en los hogares sobre el consumo, déficit, nivel de pobreza, proporción de gastos en alimentos y estrategias aplicadas para sobrevivir, construyendo finalmente una consola cuyos resultados también basados en la experiencia son cuatro niveles de inseguridad alimentaria que analiza y notifica sobre una población: segura, marginal, moderada y grave.
Y, finalmente, el IPC o CIF, Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, que se desarrolló originalmente en 2004 para ser utilizada en Somalia por la Unidad de Análisis de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO, mide junto al indicador Cadre Harmonisé (CH) la inseguridad alimentaria 'aguda', teniendo cinco fases que van desde acceso adecuado y estable a los alimentos o Fase 1 y Fase 2 de estrés, hasta las fases basadas en los parámetros de hambre extrema o Fase 3 (Crisis); 4 (Emergencia); y 5 (Hambruna o Catástrofe).
La Fase 3 o IPC/CH Crisis o superior (Fase 4 y Fase 5) se caracteriza por la falta crítica y acentuada de acceso a los alimentos, niveles de malnutrición elevados, y agotamiento acelerado de los activos que conforman los medios de subsistencia. Si se prolonga en el tiempo conduce a la emergencia humanitaria por exceso de mortalidad.
Con la CIF o IPC se utiliza la creación del consenso técnico de múltiples actores y agencias para determinar la severidad de la inseguridad alimentaria, según expertos de diferentes disciplinas que debaten evidencias 'confiables' mediante la utilización de datos secundarios, por lo tanto, se ha considerado accesorio de los sistemas de información existentes, cuyo fin es identificar la fase humanitaria que permita dar respuestas de emergencia, una herramienta para analizar situaciones e implicaciones de futuras intervenciones, según la gravedad de la situación alimentaria, así como las posibilidades de financiación entre los donantes.
En resumen, con este indicador mediante el consenso se identifica la necesidad de intervención humanitaria, avalada por múltiples actores, clasificando la inseguridad alimentaria 'aguda' y crónica, y desde 2019 la 'probable hambruna' o desnutrición aguda en un país.
Desde 2017, el CIF o IPC está relacionado a la creación de la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIN), como una iniciativa de la denominada Red Mundial contra Crisis Alimentarias conformada por 16 agencias de la ONU, ONG, sociedad civil, donantes y hasta individuos agrupados en la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambrunas de la USAID (Fews Net), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Comité Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS), el Grupo de Seguridad Alimentaria (FSC), el Clúster Global de Nutrición (GNC), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) en el cuerno de África, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) del Consorcio de Centros de Investigación (CGIAR), la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (CIF o IPC), la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Comisión Europea, para publicar un informe anual sobre Crisis Alimentarias en el mundo.
Además, participa a través de la Plataforma Global de IPC: UK Aid (Ayuda Directa del Reino Unido) de la Foreign & Commonwealth Office como agencia de financiamiento, CARE, Salvemos a los Niños y OXFAM (19 ONG).
Reportes Globales sobre Crisis Alimentarias que son posibles gracias al 'generoso' financiamiento de la Comisión Europea y la USAID, como se reconoce en cada publicación de estos, aparte de constituirse como agencias de financiamiento del IPC o CIF junto a UK Aid.
Sobre el Reporte Global de Crisis Alimentarias en el mundo y el caso Venezuela
En el año 2015 el Centro Común de Investigaciones de la Comisión Europea elaboró un informe de crisis alimentarias a nivel mundial e invitó a la FAO y al PMA a contribuir con datos adicionales, y a partir de 2016 comenzaron a incorporar más socios con el objetivo de producir un informe basado en el consenso, promocionado por la FAO, el PMA y el IFPRI.
Desde el primer informe publicado en 2017, se intentó incorporar a Venezuela, Cuba y Bolivia como países en crisis alimentarias, sin embargo "la falta de evidencias y datos insuficientes impidió al equipo estimar poblaciones en situación de inseguridad alimentaria".
En 2018, nuevamente en el informe se podía leer que había "países de interés" donde "la seguridad alimentaria también era motivo de preocupación como Corea y Venezuela, (también Cuba) pero no pudo hacerse estimación del número de personas en inseguridad alimentaria en estos, debido a la falta de datos".
Sin embargo, se adelantaba que en Venezuela la crisis alimentaria se podía inferir por la "inestabilidad política agravada por crisis económica", y además habían "6,7 millones de personas dependiendo del programa gubernamental de distribución de alimentos, y según reportes venezolanos, más de un millón de personas había abandonado el país por la escasez de productos básicos". En este caso, se recomendaba "invertir en la recopilación de datos y evaluaciones, para garantizar que no pasarán por alto".
Pasado el tiempo, a esta Red aún no le preocupa que en Argentina existan 11 millones de personas comiendo en comedores populares, o sea, dependiendo de programas gubernamentales.
Uno de los detalles más interesantes del informe del año 2018 sobre Venezuela es la afirmación con relación a "las dificultades para pagar la deuda, que podía dar lugar a sanciones económicas más estrictas por su incumplimiento, lo que provocaría el colapso de la economía", y en este caso, "el gobierno tenía limitada la capacidad de proporcionar los servicios básicos". O sea, las "sanciones" no eran medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela, no avaladas por la ONU, sino que eran justificadas por incumplir el pago de deuda.
En el año 2019, se volvió a incorporar a Venezuela, afirmando que estaba entre los países no declarados con crisis alimentaria en el informe, por falta de datos validados, por lo tanto, se subrayaba nuevamente la necesidad de hacer campaña a favor de las inversiones en sistema de medición de seguridad alimentaria a nivel nacional y regional.
Sin embargo, en este se identificó a Venezuela como uno de los países del mundo con "mayor número y proporción de población en situación de inseguridad alimentaria en 2018" en Fase 3 de Crisis IPC/CH o superior por tres poblaciones de migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú que alcanzaban "los 0,4 millones en Suramérica", o sea, 400 mil personas (0,3 en Colombia, 0,02 en Ecuador y 0,04 en Perú según base de datos).
Particularmente, se consideraba que el 'choque económico', categoría utilizada por primera vez en 2018 para definir el impulsor de la inseguridad alimentaria en Burundi, entre otras cosas, por "las restricciones comerciales impuestas por los países vecinos, Estados Unidos y la UE con implicaciones para todos los burundeses", fue justamente la seleccionada para considerar el principal impulsor de la inseguridad alimentaria en Fase 3 (IPC/CH crisis o superior) en Venezuela, aunque sin mención a la imposición de las medidas coercitivas unilaterales o "sanciones" contra el país como impulsor del shock económico, y justificada porque los migrantes en Colombia, Ecuador y Perú "habían agotado sus medios para comprar alimentos".
Además, basándose en las organizaciones locales que realizaban encuestas en el país, principalmente ENCOVI, apuntaban a una situación humanitaria cada vez más grave, sin embargo se reafirmaba que "el número de personas que necesitaban asistencia humanitaria urgente, no estaban claros debido a la ausencia de datos fiables hasta ese momento", aunque se insistía que era "evidente la profundización de la crisis por el aumento de la migración a otros países, principalmente hacia Colombia".
Y finalmente, resumían que los impulsores y riesgos del número de personas en Crisis o peor (IPC/CH Fase 3 o superior) en Venezuela eran un 'choque económico' y otro 'climático', relacionado al desplazamiento de personas con altas probabilidades que siguiera empeorando en los siguientes 14 meses, coronado por "el estancamiento político" generado en medio de la declaración de Juan Guaidó como "lider interino" reconocido por varios países, quienes "aumentaban la presión para respaldar al autoproclamado presidente".
Evidencias de un año para otro: la cuarta crisis alimentaria más grave del mundo
En abril de 2020, y como de costumbre, a Venezuela nuevamente se le incorporó en el Informe Global sobre las Crisis Alimentarias (GRFC), encontrando las evidencias de un año para otro y ubicando finalmente al país "como la cuarta crisis alimentaria más grande del mundo con 9,3 millones de personas en situación 'aguda' de inseguridad alimentaria", esto sería con el 32% de la población en Crisis o peor (Fase 3 de IPC/CH o superior), en un informe con inconsistencias porque, en otro lado, se puede leer que son 9,4 millones. Y es que hasta para la construcción de estas publicaciones cuesta ponerse de acuerdo, o mejor dicho cuesta el consenso.
En este informe de 2020, con datos recabados de julio a septiembre de 2019, se afirma que "alrededor de 9,3 millones de personas padecían inseguridad alimentaria 'aguda'", y transcribo textualmente: "de estos, 2,4 millones se consideraron en situación de inseguridad alimentaria grave y 7 millones en inseguridad alimentaria moderada". Cifras que al sumarlas no arrojan el dato total reportado.
Este número, resultado de la encuesta CARI llevada adelante por el PMA, publicada en febrero de 2020, donde estimó "que el 7,9 % de la población de Venezuela (2,3 millones) estaba en inseguridad alimentaria 'grave' y un 24,4% adicional (7 millones) en inseguridad alimentaria moderada". Un total de 32,3% de la población "necesitando ayuda".
Y aunque la inseguridad alimentaria 'aguda' y crónica es la que se verifica a través del consenso de la Red Global para clasificar crisis alimentarias, en este caso a Venezuela se le tomó el total de población identificada en la encuesta, tanto en inseguridad moderada como grave (aguda) para Crisis o peor (Fase 3 de IPC/CH o superior), y de esta forma convirtiéndola automáticamente en una de las crisis alimentarias del mundo y, al mismo tiempo, en una de las peores; ambas por primera y única vez.
Además, se sumaron 1,2 millones de migrantes venezolanos entre Colombia y Ecuador, estando en la misma situación en estos países. Efectivamente puede interpretarse en la no mejoría de la calidad de vida de las personas que emigran del país y, por esto, como en efecto está sucediendo, existe una migración a la inversa, desde el inicio de la pandemia mundial por la covid-19.
Sin embargo, el relato sobre la crisis alimentaria en Venezuela viene imponiéndose política, diplomática y mediáticamente, como se delineó en "La construcción de una crisis alimentaria en Venezuela (I)", desde el año 2015 y sin datos verificables, hasta llegar finalmente a los organismos multilaterales, especialmente de la ONU, donde se buscan validar las intervenciones humanitarias, y en este caso particular bajo la R2P y ocultando los intereses geopolíticos en juego.
Además, en el Informe Global de Crisis Alimentarias (GRFC) 2020 se construye que en Venezuela hay adicionalmente 17 millones de personas, que representarían el 60% de la población, en inseguridad alimentaria marginal (IPC/CH Fase 2), imponiendo en total al 92% de la población venezolana dentro del país con insuficiencia alimentaria. Esto sería solo un 8% no alcanzado por esta situación, alrededor de 2 millones, según sus "cálculos", donde asumen que Venezuela tiene 28,5 millones de personas.
Resaltado como hecho extraordinario porque se dibuja a una Venezuela, y así lo reflejan en sus "cálculos", con el mayor porcentaje de población en inseguridad alimentaria en el mundo, superando incluso a las poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad de Sudán del Sur (89%), Yemen (83%), Afganistán (68%), Haití (66%), República Árabe Siria (50%) o Sudán (42%), posicionando al país en una proporción que sugería la más alta en el planeta.
Todo para justificar la ubicación de Venezuela como la "cuarta crisis alimentaria más grande", generada nada más y nada menos que por un 'choque económico' casualmente, al tono de Elliott Abrams, "provocada por el hombre". Y solo en un pie de página se puede leer: "las sanciones económicas impuestas a Venezuela limitaron aún más los ingresos por exportaciones y el acceso a financiamiento externo".
Sin embargo, en el panorama general de desnutrición "en términos de Prevalencia de Subalimentación eran siete países: Sudán del Sur, Yemen, República Centroafricana, Zimbabwe, Afganistán, República Árabe Siria y Haití, las principales crisis alimentarias del mundo, cada uno con más del 35% de su población analizada en Crisis o peor (Fase 3 de IPC/CH o superior)".
Y si no parece exagerado afirmar que el 92% de la población venezolana sufre de inseguridad alimentaria, por encima de otras naciones realmente afectadas por el hambre, y en condiciones extremas de conflictos armados y abiertos de tipo convencional y desastres naturales desde hace décadas, esta Red Global contra Crisis Alimentarias "espera que las dificultades económicas se intensifiquen sobre los venezolanos que quedan en el país", y con la pandemia en el año 2020 el hambre se extendiera al 100% de la población.
El fin último de este informe 2020 es sentar las bases sobre Venezuela como una de las peores crisis alimentarias del mundo, donde es requerida la asistencia humanitaria urgente, insertando en el imaginario mundial la necesidad de la intervención militar "humanitaria" o R2P.
De un año para otro: no hay evidencias
Y como el informe GRFC se publica cada año, en 2021 volvió su quinta edición con la cual sigue apareciendo Venezuela como país de interés de esta Red Global contra Crisis Alimentarias, aun cuando se explica que "aunque la República Bolivariana de Venezuela se encontraba entre las 10 peores crisis alimentarias en 2019, no hubo evidencia suficiente para incluirlo en 2020".
Pero se sigue insinuando que "aunque las estimaciones de inseguridad alimentaria 'aguda' para Venezuela no están incluidas en el GRFC 2021 debido a evidencia insuficiente (…) los datos sugieren que esta importante crisis alimentaria de 2019 'probablemente' empeoró en 2020", aun cuando se puede leer explícitamente en el mismo que, "se refleja la existencia de lagunas de datos/evidencia insuficiente para producir estimaciones de personas en Crisis o peor (IPC/CH Fase 3 o superior)". Y no solo en Venezuela: desaparecieron las evidencias en la población migrante de Colombia, Ecuador y Perú de un año para otro.
O sea, no tienen, quizás porque no existen, las evidencias que sugieran que en Venezuela existió la cuarta crisis alimentaria más grave del mundo en 2019, y que de un año para otro dejó de serlo. Una extraordinaria suerte con la que no han contado otros países, como se mostrará más adelante.
Y aunque se reporte en el GRFC 2021 que Venezuela fue incluida por una sola vez de 2017 a 2021 como crisis alimentaria mundial, y además considerada una de las peores del mundo, puesto compartido supuestamente por 'única vez' con la República Democrática Popular de Corea y Sierra Leona, la realidad es que ninguna fue mostrada como una de las peores crisis alimentarias (aún estimándole a la primera 10,1 millones de personas y a la segunda 3,3 millones en inseguridad alimentaria aguda, en el mismo informe 2020), como sí sucedió con Venezuela después de haber sido seleccionada regularmente y año a año para su inclusión.
Sin embargo, el que existan "lagunas de datos" y "falta de evidencias" para seguir promoviendo a Venezuela como una de las peores crisis alimentarias del mundo no impide insistir en que el "colapso económico, restricciones por la covid-19, inseguridad y los extremos climáticos alimentaron una ya severa crisis humanitaria", siendo ese el fin último: la construcción de un relato que facilite la intervención militar como último medio para alcanzar el cambio de régimen propuesto por Estados Unidos, avalado por la Unión Europea y Reino Unido, llámese como se llame, e intenten disfrazarla con diferentes atuendos.
Y por supuesto, en el informe 2021 no puede dejar de hacerse referencia a la perspectiva de la USAID con respecto a Venezuela y el empeoramiento de la escasez de combustibles, además de la covid-19 que "probablemente" limitarán la distribución de alimentos y el acceso a los mercados, así como expresa la preocupación por las grandes afluencias de migrantes que regresan a la supuesta crisis humanitaria durante la pandemia que, en todo caso, significa menos necesitados para justificar a los donantes interesados en aportar ayuda humanitaria para estos en el exterior.
Agencia de los Estados Unidos que, aparte de financiar los informes de crisis alimentarias año a año junto a la Unión Europea, donó 507 millones de dólares para atender la "crisis humanitaria" en Venezuela de 2017 a 2019, y tal cual ha reportado "alineó su adjudicación y decisiones encaminadas a reforzar la credibilidad del gobierno provisional de Juan Guaidó", minimizando la entrega de fondos a las agencias de la ONU con infraestructura en el país para entregar productos humanitarios, porque al "interino" le preocupaba el apoyo de la Naciones Unidas al gobierno de Nicolás Maduro.
Llegando a financiar solamente solicitudes de ONG venezolanas que apoyaban a los intereses de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela, desembocando en la manipulación y el uso de la ayuda humanitaria para fines políticos, de cuyas donaciones solo 2 millones de dólares fueron utilizados para comprar y transportar 368 millones de toneladas de productos humanitarios, de las cuales únicamente 8 toneladas métricas fueron entregadas al país a agosto de 2019.
¿Por qué Venezuela y no otros países de América Latina y el Caribe?
En 2021, también se publicó "Puntos calientes del hambre. Alertas tempranas FAO-PMA sobre la inseguridad alimentaria aguda. Perspectivas de marzo a julio de 2021", donde se plantea que "la situación de la seguridad alimentaria en Venezuela es probable que se deteriore aún más como resultado de la hiperinflación", o sea por el shock económico, y por primera vez se considera al "endurecimiento de las sanciones internacionales", aunque no se refieran a la forma coercitiva unilateral de las mismas, principalmente por Estados Unidos.
Además, en concordancia con la preocupación de la USAID, suman "el impacto de las restricciones relacionadas con la covid-19 y la escasez de combustible, con afectaciones a las actividades logísticas y agrícolas" que, aunque se presenten como variables independientes, en Venezuela su afectación tiene mucha relación con la imposición del bloqueo económico, financiero y comercial contra el país, sobre todo lo concerniente a suministros esenciales como la energía.
Y en este sentido se refleja nuevamente a Venezuela, junto a Siria, dentro de los 23 países con mayor número de personas en situación de inseguridad alimentaria 'aguda' en el mundo, aun cuando la población no está considerada en Crisis o peor (IPC/CH Fase 3 o superior), soportándose en la misma encuesta CARI aplicada por el PMA en el año 2019, con la cual se consideró al país, un año antes, como la cuarta crisis alimentaria peor del mundo.
PMA que en 2021, en acuerdo con el gobierno nacional, centrará atención en las escuelas preescolares y de educación inicial para atender a 185 mil niños y niñas en 2021, estimando alcanzar un total de 1,5 millones de escolares al 2023, y entre otras cosas invertir en rehabilitación de cantinas y capacitación de personal en prácticas de seguridad alimentarias, sumándose este a los 18 programas alimentarios que desarrolla la Revolución Bolivariana, y particularmente a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que atiende en las escuelas a 5 millones 930 mil estudiantes.
Por esto, aparte del análisis a los Reportes Globales de Crisis alimentaria de 2017 a 2021, por su profundo interés en alertar una posible hambruna en Venezuela, también es preciso señalar la falta del mismo y de alarma para poblaciones de otros países en América Latina y el Caribe como Argentina, Brasil o México, los cuales se utilizaran solo como ejemplo por considerarse las principales economías de la región y con mayores poblaciones, tomando en cuenta que las naciones más pequeñas, aunque tengan alto porcentaje de personas en inseguridad alimentaria 'aguda', por la proporción nunca serán tomadas como peores crisis alimentarias, mientras se mida por el número de personas.
Para ello, utilizamos la Prevalencia de Inseguridad Alimentaria de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) que aplica la FAO desde 2014 y, en cierta forma, el CIF o IPC que determina crisis alimentarias también se beneficia de este.
En 2021, la FAO actualizaba "El estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo" que permite comparar algunos datos que llaman poderosamente la atención, en cuanto a alertar posibles crisis alimentarias que no son objeto de seguimiento en cuanto al número de personas, desde 2016, como sucede con Venezuela.
El primer caso es Argentina, que aunque tiene un Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS) de 3,9%, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y grave (FIES) alcanza al 35% de su población ó 16 millones de personas, estando 5,7 millones en condiciones graves.
Incluso Brasil, que su IPS se mantiene en menos del 2,5%, según el FIES, tuvo en 2020 al 23,5% de su población en inseguridad alimentaria moderada y grave, que son 49,6 millones de personas; de éstas, 7,5 millones en condiciones graves. Ambas poblaciones, de los dos mayores productores de alimentos en el mundo que, al mismo tiempo, no pueden alimentar a toda su población por falta de disponibilidad y recursos económicos, o sea por acceso restringido a los alimentos.
México nos sirve como tercer ejemplo, con un IPS al 2020 de 7,2%, indicando a 9,2 millones de personas en subalimentación o hambre, pero si revisamos la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y grave del FIES, alcanza al 26,2% ó 33,2 millones de personas; de éstas, 7,4 millones en condiciones graves.
Entonces, si para Venezuela, según el PMA (2019) fueron 9,3 millones de personas en inseguridad alimentaria moderada y grave, de los cuales 7 millones fueron considerados en inseguridad moderada y 2,3 millones en inseguridad grave, sirvió como evidencia al tomar a la población identificada en la encuesta para Crisis o peor (IPC/CH Fase 3 o superior) por la Red Global de Crisis Alimentarias, y con ello calificar al país como la cuarta crisis alimentaria peor del mundo, tendríamos que preguntarnos:
- ¿Por qué 16 millones de personas en Argentina, o 49,6 millones en Brasil y 33,2 millones en México, no generan destellos de alarma o son considerados países de interés, ni la inseguridad alimentaria es un motivo de preocupación?
Y esto lo planteamos sencillamente porque cuando en Venezuela comenzó a registrarse un aumento del IPS, alcanzando en 2017, según registros de la FAO, a 3,1 millones de personas con hambre, ya era considerado país de interés y motivo de preocupación por la Red Mundial de Crisis Alimentarias.
¿Existió o no en Venezuela la cuarta crisis alimentaria más grave del mundo?
En el año 2020, el Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional de la FAO estimó el Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS) para Venezuela en 31,4% en el trienio 2017-2019, esto es 9,1 millones de personas con hambre al 2019, 300 mil menos que las consideradas en inseguridad alimentaria 'aguda' en el Informe Global sobre Crisis Alimentarias, con la cual se declaró al país como la cuarta crisis alimentaria peor del mundo.
Igualmente, en el reporte se realizó una proyección para 2030 del 61,7% de la población venezolana con hambre, o sea, 20,1 millones de personas según el IPS, lo que implicaría el total de la población en condiciones catastróficas de hambruna tomando en consideración que se incrementaría también la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave. Y todo por un shock económico.
Por otra parte, la FAO en "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo" (2021), en el trienio siguiente 2018-2020 estimó un IPS de 27,4%, o sea, que 7,8 millones de personas son las que se encuentran en subalimentación en Venezuela, refiriendo esto a una disminución del hambre en 1,3 millones de personas al 2020 en comparación con 2019.
Sin embargo, cuando nos referimos a la publicación en línea de FAOSTAT (2021), el IPS en el trienio 2017-2019 no alcanza al 31,4% de la población sino al 23,4%, o sea, a 6,8 millones de personas y no a 9,1 millones en 2019, nada más y nada menos que 2,3 millones de personas menos, con lo que también se validó a Venezuela como la cuarta crisis alimentaria peor del mundo.
Y al revisar el trienio 2018-2020 en el mismo portal, el IPS asciende al 27,4% ó 7,8 millones de personas en subalimentación, y aunque la FAO constantemente actualiza sus datos, lo que refiere esta última publicación es que en Venezuela, en el año 2019, se le catalogó con una prevalencia de subalimentación 'alta' cuando aún no existía; incluso se puede agregar que el IPS en Venezuela no alcanzó a 9,1 millones de personas.
Esto genera una alerta por el riesgo a la manipulación de indicadores alimentarios mundiales, principalmente por actores no estatales, sumado a la presión de los donantes interesados como la USAID, Comisión Europea, Foreign & Commonwealth Office y otros sobre los organismos multilaterales que requieren de financiación.
Mediciones que, aun proviniendo de fuentes 'confiables', pueden servir la mesa para validar "intervenciones humanitarias" o la R2P con intereses geopolíticos ocultos, o más aún, cuando es evidente la injerencia extranjera, particularmente de Estados Unidos, apoyado por la Unión Europea y el Reino Unido, para ahogar la economía venezolana y generar el sufrimiento en la población que coadyuve a alcanzar un cambio de régimen o gobierno bajo el paraguas y el discurso de la defensa de los derechos humanos.
Supuestas intervenciones humanitarias, de las cuales hay muchas referencias en el mundo, que con el pasar del tiempo generalmente no resuelven las situaciones humanitarias y los territorios intervenidos, se mantienen en condiciones peores o iguales a los encontrados. Para citar un ejemplo: Haití, pero pueden ser casi todos los países considerados peores crisis alimentarias en el mundo de 2017 a 2021.
Por lo tanto, aunque es evidente el incremento de la inseguridad alimentaria en Venezuela, cuyo crecimiento ha sido proporcional a la cantidad de "sanciones" y acciones impuestas por Estados Unidos, por otra parte es lógico poner en tela de juicio la existencia de la peor cuarta crisis alimentaria del mundo en el país durante 2019, sin evidencias antes ni después; una extraordinaria “suerte” con la que no han contado, por ejemplo, países completos o territorios en conflictos armados o shock climáticos como Yemen, Afganistán, Norte o Noreste de Nigeria, República Árabe Siria, Sudán de Sur, Sudán, Etiopía, Malawi, Zimbabwe, Haití, Mozambique, República Democrática del Congo, Somalia o Kenia, en los que cada año se encuentran evidencias suficientes para verificar poblaciones en inseguridad alimentaria 'aguda' o en Crisis o peor (IPC/CH Fase 3 o superior – Fase 4 de emergencia y Fase 5 de hambruna o catástrofe), y no existen lagunas de datos.
Mas aún, si utilizamos la Herramienta de Mapeo de la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria de la Plataforma Global del IPC 2019-2021 sobre la inseguridad alimentaria 'aguda' en el mundo, así como la serie del año 2016 al 2021 sobre la inseguridad alimentaria crónica, puede observarse la ausencia de Venezuela en los siguientes mapas.
Planteamientos finales
En 2021, la FAO identificó nuevamente a los conflictos armados y a la variabilidad climática y sus extremos, sumando definitivamente a las desaceleraciones y recesiones económicas, como los principales impulsores del hambre en el mundo.
Este tercer impulsor es el que se ha relacionado en Venezuela, desde 2015, con el incremento de la subalimentación y la inseguridad alimentaria, un 'choque económico' "provocado por el hombre", que finalmente FAO (2021) refiere a "desaceleraciones y recesiones económicas, independientemente de si están impulsadas por los vaivenes del mercado, las guerras comerciales, los disturbios políticos o una pandemia mundial, como la provocada por la covid-19".
Ante esto, la FAO propone acciones de integración de políticas humanitarias, aumentar la resiliencia climática y de los más vulnerables a la adversidad económica, intervenir las cadenas de suministro, abordar la pobreza y desigualdades mediante intervenciones favorables y fortalecer los entornos alimentarios para mejorar patrones de consumo, etc.
Pero, ¿algún día la FAO permitirá denunciar como organismo internacional que unos actores presionan sobre otros para intervenir diplomática, económica, financiera, comercial, política y hasta mediáticamente, vulnerando a poblaciones en el mundo que después el organismo multilateral incluye en sus estadísticas para abogar por ellas humanitariamente?
En el caso venezolano, la crisis sistémica de los precios del petróleo evidentemente fue un medio aprovechado por Estados Unidos para pretender acabar con Venezuela como Estado-nación, a través de la imposición de medidas coercitivas unilaterales no avaladas por la ONU, que con el tiempo han demostrado que violan los derechos humanos a toda la población, mediante las cuales no se le dispara a nadie pero generan un nivel de devastación dependiendo de la severidad y la aplicación de las mismas en tiempo y espacio para lograr el aplastamiento de una economía, tal cual guerra o bombardeo con cada "sanción" o acción impuesta.
"Sanciones" que desde 2015 serían 352 bombas (solo de la OFAC) cayendo sobre el territorio venezolano consecutivamente. Otra alerta para el resto de las naciones que aún cree que en Venezuela solo ocurrió un shock económico, casual y coincidentemente desde que el país fue declarado una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de Estados Unidos.
Shock económico impulsor de la inseguridad alimentaria en el país, propiciado realmente por la severidad de la "sanciones internacionales" unilateralmente impuestas, que pueden seguirse utilizando desproporcionalmente y como medio efectivo contra cualquier nación, cuyo daño puede ser equivalente a la guerra para la destrucción de la infraestructura, aunque no de forma instantánea, causar sufrimiento a la población y violar sus derechos a la alimentación, la salud, medicinas, agua, transporte y otros servicios, que por su carácter sistémico también vulnera el derecho a una alternativa de desarrollo de un país, cuyas acciones para enfrentarlo no son solo las que plantea la FAO, no es ampliar y abogar por más ayuda humanitaria y resiliencia: es levantar la voz para que se eliminen todas las medidas coercitivas unilaterales.
O sea, el bloqueo.
Y como esta forma de guerra no convencional, amparada en el bloqueo económico, financiero y comercial, tiene 60 años impuesto a la República de Cuba, extendiéndose cada vez más a otras naciones e imponiéndose furtivamente en Venezuela desde 2015, y ante semejante pronóstico de la FAO para la población venezolana en el año 2030, en relación a la alimentación no queda otra que superar las condiciones de vulnerabilidad en este tema.
Quiere decir, superar la configuración del sistema agroalimentario venezolano dependiente desde una posición periférica subordinada al poder hegemónico mundial, y por qué no, convertirse en un modelo exitoso de insubordinación económica, política y cultural. También de esto hay ejemplos contados en el mundo.
Este artículo se publicó originalmente en el sitio web de Alimentos y Poder el 4 de agosto de 2021.