Las elecciones de noviembre de 2020 exhibieron las fallas que presenta el sistema electoral estadounidense. Mientras que en muchos países ("desarrollados" o no) se conoce el resultado de los comicios el mismo día que sufragan los electores, en Estados Unidos el anuncio del resultado se retrasó sobre todo en los estados más disputados.
Para Occidente, las elecciones son el eje de una democracia "sana y exitosa". Esto ya deja en una grave posición al sistema electoral de Estados Unidos, basado en el colegio electoral, una antigua disposición constitucional que no ha sido modificada y que le niega a los electores el derecho al voto directo.
Los ciudadanos estadounidenses no votan para elegir al presidente de su país, al menos no directamente. Aunque los sistemas de cada estado son distintos, ya sea marcando una papeleta o tocando una pantalla táctil, ninguna persona que asistió a los centros electorales el 3 de noviembre eligió entre Donald Trump y Joe Biden.
La lucha de los candidatos está en los 270 votos electorales distribuidos irregularmente en los 51 estados de la unión, con especial centralidad en aquellos que son determinantes (los llamados estados-péndulo o swing states).
Este sistema arcaico fue diseñado en el siglo XVIII, cuando el territorio norteamericano estaba conformado por 13 colonias controladas por blancos supremacistas que decidieron confederarse para establecerse como nación, hacerle frente a las imposiciones económicas de Inglaterra y expandir las propias.
El mecanismo que hallaron para garantizar el federalismo y no permitir que el presidente fuera controlado por el poder legislativo fue el colegio electoral, una institución que asigna un grupo de electores (votos electorales) a cada estado, los cuales son quienes finalmente eligen al presidente de Estados Unidos.
En aquella época, finales de 1700, en un país donde regía la esclavitud de los negros y la masacre de los indígenas, la mayoría de la población no era candidata a emitir un voto.
La constitución del país permite que cada estado seleccione los electores en "la forma que la Legislatura de los mismos indique". Desde la guerra civil hasta la actualidad, los estados seleccionan a los electores a través del voto popular directo. Ya sea por correo, envío anticipado o el día de las elecciones, cada estadounidense vota por un grupo de electores que están comprometidos con los candidatos presidenciales y que la mayoría de veces permanecen en el anonimato.
Al terminar las votaciones, las autoridades electorales de cada estado certifican los resultados y acreditan a los electores. Generalmente son personas fieles a los partidos que no suelen desviarse del voto al que representan, aunque esa irregularidad se ha hecho más frecuente.
Los electores se congregan unas semanas después del día de las elecciones para votar oficialmente al próximo presidente.
Aunque los funcionarios electorales estatales son los que certifican los resultados, no existe una institución centralizada que regule el proceso a nivel nacional. Por lo tanto, son las organizaciones de medios de comunicación corporativos quienes tienen equipos de empleados que examinan los recuentos de los votos y revisan los datos demográficos para "convocar" a los estados (anunciar a un ganador), antes de que el conteo oficial termine, pues esto último se extiende por varios días, como lo hemos presenciado desde noviembre de 2020.
Ahí confluyen los intereses de los multimillonarios que dirigen esos medios. En el caso de Biden y Trump, la gran mayoría de los conglomerados de comunicación respaldó y financió la opción del Partido Demócrata, por lo que informaron apresuradamente resultados que favorecían a Biden.
La desconfianza hacia un sistema electoral obsoleto
A pesar de que ya parece segura la victoria del retador Joe Biden, el magnate presidente Donald Trump no ha desistido en denunciar que las elecciones están siendo robadas, una campaña que inició mucho antes de que ocurrieran las mismas. Alega que hubo votos falsos, que se invalidaron papeletas legales y que no se permitió el acceso al escrutinio a los observadores del Partido Demócrata.
Los juzgados han desestimado la mayoría de las acusaciones de Trump, sin embargo, no se ha podido impedir que la estrategia del presidente erosione la confianza que la población tiene del sistema electoral, ni los llamados de atención de otras democracias occidentales.
Según una encuesta de la compañía Rasmussen Report, antes de la cita electoral, el 47% de los electores consultados creían que era probable que los demócratas "robaran o destruyeran votos de Trump en varios estados".
El 27 de octubre, el 73% de los consultados afirmaban que era muy probable que su voto fuese registrado y contabilizado correctamente. Después de las elecciones, esa percepción cayó al 71%.
Cuando se les preguntó si Trump debía concederle la victoria a Biden, el 57% de los republicanos contestó que no, pero es más notable que el 16% del lado demócrata también considera lo mismo.
El estudio empleó las preguntas indirectas con el fin de obtener una "respuesta más relajada" y conocer mejor la intención del encuestado. Así se pudo saber que solamente el 51% de todos los electores consultados consideran "que sus amigos y vecinos piensan que Trump debería ceder. El 30% opina que estarían en desacuerdo y el 18% no está seguro".
Los aliados europeos revelaron su "preocupación" por la situación en Estados Unidos, la mayoría achacándole la culpa al comportamiento de Trump y evadiendo que la crisis política y las distorsiones electorales tienen raíces más profundas.
"Deberíamos esperar y ver que todos los votos sean escrutados", dijo el primer ministro británico Boris Johnson.
"Es momento de mantener la cabeza fría hasta que los resultados independientemente determinados estén disponibles. Cualquiera que continúe echando gasolina al fuego en una situación como esta está actuando irresponsablemente", declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas.
"Alegaciones sin base de deficiencias sistemáticas, especialmente por el presidente en el cargo y en la noche electoral, dañan la confianza pública en las instituciones democráticas", expresó Michael Georg Link, líder de la misión de observadores electorales de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).
Más allá de la pugna entre élites por tomar el poder en Washington, los comicios dejaron en evidencia, una vez más, que el dinero, los medios de comunicación y funcionarios con puestos claves en las instituciones tienen mucho más peso político que la voluntad de los electores.
Esta nueva decepción de los estadounidenses se suma a una serie de frustraciones anteriores recientes (declive económico, crisis sanitaria, protestas raciales), y es drenada en disturbios civiles que también son utilizados en las agendas de los que se disputan el poder.
Contraste con Venezuela
Irónicamente, los principios de "elecciones libres y justas" que Occidente pregona se cumplen de manera cabal en el sistema electoral venezolano, al contrario de las fallas que tiene la peculiar democracia norteamericana.
Las elecciones deberían funcionar como instrumentos que sean confiables para los votantes y emitan resultados visibles, escrutables y que sean lo más inmediato posible.
En apenas unos días se celebrarán en Venezuela las elecciones parlamentarias. Allí los venezolanos están convocados a votar directamente por los 14 mil candidatos que están optando a los 277 escaños que conformarán la nueva Asamblea Nacional, bajo un nuevo esquema que amplía el número de legisladores para hacer al parlamento más representativo.
A pesar de la renuencia de la Unión Europea por enviar una misión de observación internacional (decisión que sigue las directrices golpistas de Washington) y los ataques que vienen de la OEA (organismo arcaico y cuestionable en el ámbito de la democracia, del que Venezuela ya no forma parte), más de 300 veedores expertos confirmaron su asistencia a las elecciones del 6 de diciembre.
Durante una reunión televisada, el presidente venezolano Nicolás Maduro informó que los observadores vienen "de los más importantes institutos de desarrollo de técnica electoral de América Latina y el Caribe. Vienen observadores internacionales de Europa, Asia, África, América Latina, el Caribe y de Estados Unidos inclusive".
Los representantes internacionales están llegando desde distintos países. Al ingresar por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, son sometidos a rigurosos protocolos sanitarios, todos gratuitos, para descartar contagios por covid-19. Luego, el Consejo Nacional Electoral (CNE) les proporciona un kit de bioseguridad para su protección personal.
Ante las nuevas tecnologías incorporadas al software y hardware del sistema electoral, las autoridades han realizado auditorías para certificar todas las etapas del proceso electoral, con la participación presencial y virtual de organizaciones con fines políticos, técnicos y observadores internacionales.
"Cada etapa la hemos hecho a puertas abiertas", señaló la presidenta del CNE, Indira Alfonso, en una entrevista para Telesur. Con hechos, se ha demostrado el "consenso nacional, la pluralidad y la diversidad" del sistema, agregó.
105 organizaciones políticas están habilitadas para participar en los comicios; 28 de ellas son organizaciones con fines políticos nacionales y 53 son regionales; además, hay 6 organizaciones indígenas nacionales y 18 regionales.
Del espectro opositor están participando partidos que se desligaron de los planes de boicot a las instituciones del Estado alentados por el grupo de Juan Guaidó. Al involucrarse, estas organizaciones envían un mensaje de confianza hacia el instrumento electoral del país, ante un sector de los votantes que ha estado expuesto a la narrativa antipolítica del antichavismo subordinado a las órdenes del gobierno estadounidense.
"Las máquinas que se van a utilizar son absolutamente confiables. No sigamos oyendo chismes y dejándonos influenciar de manera negativa por los grupos abstencionistas", dijo el candidato opositor de Alianza Democrática, Javier Bertucci, en una rueda de prensa realizada el 28 de octubre.
No está de más recordar que la oposición venezolana, aunque insiste en los canales golpistas, también se ha adjudicado victorias en cargos a niveles estatales, municipales y de parlamento cuando ha participado en las elecciones, justamente por el respeto del Estado a los principios democráticos.
El chavismo organizado
Hay que destacar un sistema de organización popular que está debutando en los comicios del 6 de diciembre. Se trata de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), una organización de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La RAAS fue concebida como "un sistema territorial de unidad y organización superior para la Defensa Integral de la Nación" que tiene como objetivo coordinar a nivel local "las acciones entre el Estado y las organizaciones del Poder Popular en procura de la mayor suma de felicidad posible de sus pobladores".
En estas elecciones, los que componen ese sistema en las comunidades, es decir, las Unidades Bolívar-Chávez (UBCH), los Consejos Comunales y los CLAP, han organizado la campaña electoral del chavismo.
Con la RAAS, las organizaciones comunitarias llegan directamente al elector, permitiendo al chavismo mirarse a los ojos con la población y convocarla para las elecciones, enseñarle cómo es el proceso de votación, las medidas de bioseguridad que se estarán implementando, y mantenerla alerta ante cualquier irregularidad que pueda presentarse el día del evento.
Pero su aplicación ha permitido profundizar más allá del hecho coyuntural del 6 de diciembre. En ese nuevo plano organizativo, el chavismo ha podido también detectar y solucionar problemas de las comunidades, muchas veces valiéndose de recursos locales o articulando con instituciones del Estado.
Se supone que las elecciones, dentro de la mirada occidental, fueron concebidas para garantizar a los ciudadanos el control de decidir sobre quiénes los representarán en los gobiernos, promoviendo de ese modo la integración social en vez de la fragmentación. Ya vimos que los comicios presidenciales de Estados Unidos fracasaron en ese espíritu.
En cambio, en Venezuela, la llegada del chavismo no solo ha reforzado las instituciones para que verdaderamente representen la voluntad de la población, sino que además le han entregado nuevos instrumentos para que participen activamente en la gobernanza del país.