La ruta asumida por Estados Unidos luego de la elección presidencial del pasado 28 de julio es la de la presión internacional. Como ha sido habitual en otros contextos, la Unión Europea (UE), en voz de su Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, se ha sumado al intento de un nuevo episodio destructivo en los asuntos internos de Venezuela.

Ya se cumplió un mes de la huida del excandidato Edmundo González Urrutia a España, cuyo gobierno está alineado a los intereses geopolíticos generales de Washington. Aunque el exembajador salió del país previa solicitud de asilo al gobierno encabezado por Pedro Sánchez, llegó a suelo europeo para desarrollar actividades de carácter proselitista.

Mediante una carta fechada el 7 de septiembre, González Urrutia informó a las autoridades venezolanas su decisión de solicitar asilo en España y afirmó que acataba el fallo judicial que ratifica la reelección del presidente Nicolás Maduro. Además, expresó su intención de abandonar Venezuela "en aras de que se consolide la pacificación y el diálogo político", y además se comprometió a mantener una actividad pública "limitada".

Ninguno de estos compromisos ha sido cumplido por el excandidato opositor.

La semana pasada declaró que volvería a Venezuela lo antes posible con el objetivo de tomar posesión de la presidencia, pautada constitucionalmente para el 10 de enero, en un intento por inflar nuevamente las expectativas en torno a la agenda de cambio de régimen y desestabilización.

Pese a los intentos de Washington, Bruselas y el propio Edmundo González, la presión internacional contra Venezuela ha demostrado ser poco eficiente a la hora de catalizar el derrocamiento del gobierno venezolano.

Las "distintas herramientas" de Estados Unidos

Ante la debacle de las últimas convocatorias de María Corina Machado y frente a la pérdida de credibilidad de González Urrutia tras su fuga del país, Washington y Bruselas han salido al rescate para apuntalar la agenda de conflicto, respondiendo a diversas urgencias, intereses y momentos específicos de sus respectivos tableros políticos locales.

El subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en septiembre pasado que su país evalúa la aplicación de distintas herramientas, "no solamente sanciones sectoriales", contra Venezuela. 

Nichols especificó que esas estrategias incluirían "sanciones adicionales" a las ya impuestas de forma personal contra 16 funcionarios de los poderes electoral y judicial, así como a jefes militares.

En esos mismos días, durante la 79ª Asamblea General de la ONU, el secretario de Estado del país norteamericano, Anthony Blinken, reunió a cancilleres y representantes de 40 países, repartidos entre América Latina y Europa, desde donde afirmó que ha estado "ejerciendo presión" por medio de esfuerzos regionales e internacionales.

A poco menos de un mes para las elecciones presidenciales en EE.UU., la administración Biden pareciera no contemplar una escalada significativa contra Venezuela, al menos mediante sus mecanismos oficiales. 

Hasta ahora, el planteamiento de la Casa Blanca ha ido dirigido hacia el uso de sanciones con poco poder de daño, acciones simbólicas —como el robo del avión propiedad del país en República Dominicana a principios de septiembre— y narrativas —comunicados y declaraciones contra la legitimidad de Maduro— con un impacto limitado sobre la realidad política y económica del país. 

Con estas medidas, Estados Unidos estaría buscando equilibrar el costo político que implica no involucrarse de una forma más decisiva, como lo exige María Corina Machado. 

Ante factores como la migración —tema que tiene un lugar no menor en la campaña electoral— y el equilibrio del mercado petrolero, donde Venezuela ejerce un condicionamiento importante, la administración Biden estaría prefiriendo no enfrentarse a situaciones adversas que golpeen a Kamala Harris, abanderada del Partido Demócrata. 

Pero evitar referirse a Venezuela tampoco es una opción. Muy probablemente el cálculo inmediato del gobierno estadounidense orbita entre hacer lo mínimo para simular compromiso y evitar arriesgarse. 

En definitiva: apoyar a Edmundo González pero sin sangrar en el trayecto.

Pero esto, obviamente, es solo una cara de la realidad. Aunque Washington piense oficialmente en términos de precios del petróleo, costos internos de la energía y su transferencia a la inflación, flujos migratorios y su impacto electoral, en el Deep State las consideraciones son diametralmente opuestas, donde los servicios de inteligencia y agencias actúan bajo el umbral de las operaciones encubiertas.

En este sentido, Venezuela denunció ante la Asamblea General de la ONU "ataques terroristas" contra el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios, con "pleno apoyo" de Estados Unidos. Además, el ministro de Interior, Justicia y Paz ha señalado a la inteligencia estadounidense de formar parte de un plan terrorista desmantelado el mes pasado, con demostradas pruebas y confesiones elocuentes que la vinculan. La inteligencia española también aparece implicada.

De este modo, la postura oficial de Washington puede ir en una dirección, mientras valida o deja hacer a operadores en la sombra, cuya brújula siempre ha sido el magnicidio, la intervención mercenaria o el sabotaje a gran escala. 

Por lo pronto, en el plano de la política formal, Washington parece decantarse por un enfoque que economiza los riesgos.

En el cuadro de preocupaciones estratégicas de la administración Biden no entran las urgencias de apoyo político a Machado, la guerra a muerte en Primero Justicia o los cálculos subterráneos de Manuel Rosales.

España como la caja de resonancia de Edmundo

Por su parte, el gobierno de Pedro Sánchez ha dado amplia vocería a González Urrutia, lo que ha sido rechazado por la Asamblea Nacional (AN).

La ultraderecha española logró que el Parlamento Europeo declarara a González "presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela". Lo mismo hizo en el Congreso español unos días antes. Ambos movimientos no son vinculantes, pero buscan imponer el relato de ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro.

El posicionamiento de Sánchez ha sido apoyar al excandidato opositor en la práctica, al tiempo que se muestra cauteloso en lo narrativo, siempre priorizando la cercanía con el enfoque de la Casa Blanca.

Frente a la subida de tensión, el parlamento venezolano instó al presidente Maduro a romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España. Además su presidente, Jorge Rodríguez, pidió que el acuerdo votado exhortara al Ejecutivo a que "todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato".

Borrell, por su parte, se mostró "poco partidario" de eventuales sanciones sobre Venezuela que puedan afectar a la población, aun cuando mantiene señalamientos injerencistas sobre la vida política venezolana y ha prometido desplegar acciones de reconocimiento ilegal al excandidato opositor. 

Por el lado de Bruselas parece reproducirse el mismo cálculo de Washington, pero con un aspecto diferenciador. En el caso de Europa, y de España en particular, apuntalar a González Urrutia y a Machado pretende mitigar las presiones de la extrema derecha, sin que ello signifique, automáticamente, repetir la experiencia del proyecto Guaidó de 2019.

INTERESES SUPERIORES

Como indicó Misión Verdad en un artículo reciente ampliamente consultado, la tensión con Venezuela responde a una trama geopolítica en la que intentan detener la incorporación del país al orden emergente de la multipolaridad. 

Pese a los factores coyunturales ya comentados, este sigue siendo el gran campo de batalla donde se circunscribe Venezuela.

En el caso de Estados Unidos y España, amplificar la presión contra el país caribeño, en un remake de la "máxima presión" de la etapa Trump, implicaría poner en riesgo sus intereses energéticos, que son geopolíticos por definición.

Desde esta tribuna también se ha analizado cómo desde el Congreso estadounidense hay presiones a favor de la ruptura de la relación energética entre Venezuela y las empresas Chevron, Repsol, ENI y Maurel & Prom. 

No obstante, el lobby de las compañías ha demostrado ser resistente a estos intentos, y continúan operando bajo el paraguas de las licencias específicas.

Por su parte, al romper relaciones con Venezuela, España se expondría a impactos significativos sobre los planes de expansión de Repsol y sobre su seguridad energética en general.

Frente a estos elementos prácticos, los incentivos para una escalada de la presión internacional parecieran ser poco atractivos. 

Por un lado, por los costos asociados a precipitar el colapso de la relación energética y económica con Venezuela. Por otro, por el afianzamiento de una normalidad económica y social en el país que continúa desdibujando a María Corina Machado y a Edmundo González, y fortaleciendo la posición de Maduro.

Ambos factores conminan a Washington y Bruselas a priorizar un enfoque pragmático, en el que la presión internacional podría terminar convirtiéndose en un instrumento para atender objetivos diferentes al golpe en Venezuela (a.k.a "transición democrática).

Pero esto se responderá, finalmente, a mediados de noviembre.