Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se acercan, lo que determinará la futura política exterior del país. Si bien sus intereses geopolíticos permanecen generalmente inalterados sin importar la administración, los métodos para alcanzarlos varían según el partido que asume el poder.

El pulso que llevan los asuntos mundiales siempre ha sido un factor clave en las decisiones de Estados Unidos debido a su involucramiento en múltiples frentes internacionales. América Latina, por su proximidad, sigue siendo un área prioritaria para ellos, bajo la influencia histórica de la Doctrina Monroe que aun guía su enfoque hacia la región.

Venezuela, con sus vastas reservas de hidrocarburos distribuidas estratégicamente en su territorio, constituye un asunto central en el Congreso estadounidense.

Recientemente la representante republicana María Elvira Salazar encabezó una audiencia dedicada a Venezuela para impulsar, sin éxito, la ruptura de la relación energética entre Venezuela y las empresas Chevron, Repsol, ENI y Maurel & Prom, acusadas por la congresista de alimentar la supuesta "maquinaria opresiva" del gobierno venezolano.

En adelante, exigió la suspensión de licencias petroleras y planteó, mostrando su poco conocimiento sobre el tema, que se podía contar con Colombia como una fuente alternativa de suministro energético.

Estas presiones desde el Congreso no son nuevas. En 2014 se promovieron las sanciones extraterritoriales contra Venezuela, y los argumentos actuales de Salazar resuenan con aquellos de hace más de una década:

• En 2008, el entonces senador John McCain advirtió sobre la necesidad de reducir la dependencia de Estados Unidos del petróleo extranjero, mencionando a Venezuela como un ejemplo de países que debían ser evitados en favor de ampliar la perforación doméstica.
• En 2011, el congresista Connie Mack sugirió incluir a Venezuela en la lista de patrocinadores del terrorismo y propuso un embargo total, abogando por un mayor suministro de Canadá para disminuir la dependencia del crudo venezolano.

Los legisladores en el Congreso, alineados en el objetivo de la suspensión de las licencias petroleras, no hacen más que reeditar un guion que ya ha sido representado durante un cuarto de siglo. Leopoldo López y María Corina Machado se han sumado a esos llamados, pidiendo una vez más la intervención de la Casa Blanca para que el flujo de ingresos hacia Venezuela se detenga, tal como lo hicieron hace una década.

Calibrar las sanciones

Los hidrocarburos son el eje central de la política bilateral entre Estados Unidos y Venezuela, y luego de la reelección del presidente Nicolás Maduro las negociaciones en torno a las licencias relacionadas con esos recursos adquirieron mayor predominancia.

En una rueda de prensa Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la administración Biden, comentó que aunque no había anuncios concretos sobre sanciones, se seguiría "calibrando" la política de sanciones en función de los intereses de Estados Unidos.

El término "calibrar" en el contexto de presiones se refiere a ajustar su alcance dependiendo de factores políticos y económicos.

Esta estrategia busca utilizar las sanciones como una herramienta para gestionar los requerimientos del mercado energético global y, al mismo tiempo, asegurar estabilidad en los términos de la Casa Blanca.

No obstante, la presión proviene principalmente desde el Congreso.

En septiembre, el senador demócrata Richard Durbin presentó la "Ley 2024 para detener todas las inversiones de EE.UU. en el sector energético de Venezuela". Esta propuesta prohíbe cualquier inversión en el sector energético venezolano hasta que Nicolás Maduro ceda el poder. Además, contempla sanciones para quienes intenten evadir esta prohibición.

Anteriormente Durbin había propuesto reducir la dependencia del petróleo venezolano a cambio de buscar fuentes propias o canadienses.

Asimismo, el senador John Fetterman introdujo en marzo de 2024 la "Ley de prohibición de exportaciones de petróleo y derivados a adversarios extranjeros", que incluye a Venezuela junto con países como China, Rusia e Irán.

La postura de figuras como Carrie Filipetti, exfuncionaria de la administración Trump, añade otra capa al debate. Filipetti subrayó que "la administración Biden debe dejar de priorizar los grandes intereses petroleros sobre la seguridad nacional". En su criterio, el gobierno venezolano está supuestamente desesperado por mantener la licencia de Chevron ya que la empresa "es un salvavidas económico crucial".

Mientras tanto, la Licencia General Nº 41, que permite a Chevron operar en Venezuela, se renueva automáticamente el 26 de cada mes. La próxima revisión está programada para el 26 de noviembre con vistas a validarla por seis meses, cuando ya se sabrá quién será el próximo presidente de Estados Unidos.

La decisión sobre estas licencias está influenciada por varios factores:

• Tensiones geopolíticas en Asia Occidental: las constantes disputas en esta región rica en recursos energéticos y con rutas comerciales estratégicas generan volatilidad en los mercados, lo que convierte a fuentes seguras de crudo como Venezuela en piezas claves para equilibrar la oferta global.
• Capacidad de suministro: aunque Estados Unidos es un gran productor, requiere importar ciertos tipos de crudo, como el venezolano, ideal en muchas refinerías diseñadas para procesar crudo pesado.
• Intereses corporativos: empresas como Chevron, Repsol y Shell tienen intereses a largo plazo en Venezuela. Sus proyectos en el país buscan asegurar un acceso continuo a las vastas reservas de crudo venezolano en momentos de perturbación del mercado mundial.

En consecuencia, el cálculo ya no recae exclusivamente en la imposición unilateral de sanciones sino en la gestión de intereses cruzados, en los que la estabilidad en materia de energía, la geopolítica y la economía global juegan un papel fundamental.

De hecho, el gobierno venezolano, lejos de quedarse inmovilizado, ha desarrollado mecanismos para mitigar las repercusiones de este cerco económico, diversificando sus alianzas y reorientando su comercio energético.

Por otro lado, las posturas en el espectro político de Estados Unidos siguen polarizadas. Algunos miembros del Congreso defienden una mayor producción interna de energía y abogan por cortar los lazos con Venezuela, mientras que otros entienden la importancia estratégica de mantener abiertas las relaciones comerciales con un país que, a pesar de la política sancionatoria, sigue siendo nuclear para el mercado de hidrocarburos.

Es probable que la decisión definitiva sobre las licencias petroleras no se tome hasta después de las elecciones del 5 de noviembre, cuando se establezca una nueva agenda política en Washington.