Jue. 25 Abril 2024 Actualizado 10:10 am

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Un miembro del equipo de élite de la Policía Nacional de Haití observa desde un vehículo blindado en Cité Soleil, uno de los barrios más pobres del país (Foto: The New York Times)

Haití ante la sombra de la intervención extranjera

La Comunidad del Caribe (Caricom) anunció el 11 de marzo que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, ha acordado renunciar una vez que se establezca un consejo presidencial de transición en el país. Esta decisión fue tomada luego de las negociaciones en Jamaica para abordar la crisis haitiana, con la presencia del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

La inestabilidad en el país se ha prolongado durante varios años, agravada por la crisis desencadenada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse a manos de mercenarios colombianos y estadounidenses en julio de 2021.

Antes de su muerte, el presidente logró nombrar a Henry primer ministro, quien posteriormente asumió el poder con el respaldo de potencias occidentales como Estados Unidos, y de esta manera fue pospuesta la celebración de elecciones presidenciales.

El apogeo de la crisis actual ocurrió a finales de febrero, cuando el primer ministro ignoró la promesa de poner fin a su mandato el 7 de febrero e iniciar un proceso de transición democrática, lo que provocó la ira de los ciudadanos y desencadenó protestas en las calles.

Desde principios de marzo, Haití se encuentra bajo estado de emergencia y toque de queda. Estas medidas fueron tomadas por el gobierno luego de un ataque armado a la prisión principal de Puerto Príncipe el 2 de marzo, que resultó en la fuga de alrededor de 4 mil presos, según diversas fuentes. En el momento del ataque, Ariel Henry se encontraba en Kenia, donde intentaba negociar los detalles del despliegue de un contingente armado extranjero en Haití. Actualmente no puede regresar al país y se encuentra en Puerto Rico.

Si bien es cierto que Haití ha experimentado altos niveles de violencia debido a bandas criminales, esto se debe en gran parte a la debilidad institucional de los gobiernos, resultado de la constante intervención occidental en los procesos políticos nacionales. Sin embargo, se está utilizando esta situación para promover una narrativa mediática que hace parecer que la única y urgente solución para restablecer el orden es la intervención de fuerzas extranjeras. Para ello, los medios han enfocado su atención en Jimmy Cherizier, expolicía al que se le atribuye liderar las bandas criminales. El periodista estadounidense Dan Cohen sostiene que este relato es falso y que Cherizier en realidad ha unido a movimientos armados en el FRG9 para protegerse tanto de la criminalidad como de la violencia estatal.

Ha habido intentos recientes por concretar la intervención. En octubre de 2023 Ariel Henry pidió el despliegue de tropas, y en 2022, cuando el país experimentó una crisis de combustible y energía y el gobierno aumentó los precios de la gasolina, Washington también presionó por el envío de tropas. Ahora, con la dimisión de Henry a instancias de Estados Unidos, la situación podría llevar hacia una intervención extranjera bajo una "Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad" que permitiría la celebración de elecciones y un supuesto restablecimiento del orden.

La rentable operación criminal de los Clinton

La historia de la interferencia externa en Haití hasta ahora ha tenido un contexto predominantemente negativo, de ahí que las voces contra esta opción se escuchan con fuerza en la sociedad haitiana, además de países de la región como Venezuela que se suman a esta denuncia.

No se puede ignorar lo que ha resultado de intervenciones como la de la ONU en 2004, tras el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), con fuerzas de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, tenía como objetivo principal restablecer el orden, capacitar la policía y modernizar las instituciones políticas del país, pero un informe conjunto de la Facultad de Derecho de Harvard y Justiça Global reveló que durante sus operaciones en barrios pobres de Puerto Príncipe, la Minustah no cumplió con su rol, sino que permitió e incluso participó en actos de represión y abusos.

En 2010 Haití se vio devastado por una epidemia de cólera que dejó un saldo trágico: casi 10 mil personas perdieron la vida y más de 800 mil se vieron afectadas por la enfermedad. Fue en diciembre de 2016 cuando la ONU admitió su responsabilidad en la propagación de esta enfermedad. La llegada de un batallón nepalés de fuerzas de mantenimiento de la paz desencadenó el brote ya que los médicos de la delegación de la ONU no tomaron las medidas preventivas necesarias. Los desechos de la base militar, que incluían heces y orina, eran arrojados en pozos cercanos al río Artibonite, un recurso vital para más de un millón y medio de haitianos que lo utilizan para beber y cocinar.

Ese mismo año, el terremoto de 7 grados que acabó con la vida de más de 200 mil personas y arrasó con infraestructura crítica como viviendas e instalaciones de salud y educativas, dio pie a otra intervención extranjera que sacaría cuantiosas ganancias a partir del negocio de la ayuda humanitaria. 

Antes del suceso, Bill Clinton había sido nombrado enviado especial de la ONU para Haití con el objetivo de conseguir recursos para actuar por la recuperación del país, afectado por tormentas y huracanes. Su esposa, Hillary, era secretaria de Estado de la Administración Obama en ese momento. Tras el terremoto, la comunidad internacional anunció que estaba recaudando 13 mil millones de dólares para suministrar ayuda humanitaria a los haitianos. La distribución del dinero estaba controlada por el Departamento de Estado de EE.UU., a través de Usaid, y supervisada personalmente por Cheryl Mills, quien también fue jefa de gabinete de Hillary Clinton durante su mandato como secretaria de Estado. Bill Clintom, junto con el entonces primer ministro haitiano Jean-Max Bellerive, fueron nombrados copresidentes de la Comisión Provisional para la Recuperación de Haití (IHRC).

Un artículo de la publicación digital Atlanta Black Star dice:

"Desde enero de 2010 hasta junio de 2012, se recaudaron 9 040 millones de dólares en financiación internacional: 3 040 millones de dólares de particulares y empresas, y 6 040 millones de dólares de donantes bilaterales y multilaterales. De los 6 040 millones de dólares, 9,6%, o 580 millones de dólares, se destinó al gobierno haitiano, mientras que 0,6%, o 36,2 millones de dólares, se destinó a organizaciones haitianas locales. La mayor parte, 89,8% de los 5 400 millones de dólares, se destinó a organizaciones no haitianas, incluidos contratistas privados, ONG internacionales y agencias militares y civiles de países donantes, incluido el Pentágono, que cobró al Departamento de Estado cientos de millones de dólares".

Con estos fondos, Hillary Clinton habría financiado su campaña presidencial en 2016, en la que resultó derrotada por Donald Trump.

La Fundación Clinton tenía control sobre los miles de millones de dólares en fondos para Haití. Se iniciaron proyectos que poco tenían que ver con ayudar las zonas más afectadas. En cambio, incluía una inversión en una empresa minera de oro en la que el hermano de Hillary Clinton, Tony Rodham, había sido nombrado miembro de la junta directiva. Se trata de la primera empresa minera a la que se le concede permiso para buscar oro y lejos de la zona afectada por la catástrofe. 

Luego está la construcción del parque industrial Caracol, que se hizo en un area de 246 hectáreas, hecho que despló a agricultores de la zona. El proyecto se presentó al público como una forma de crear 65 mil puestos de trabajo en las zonas afectadas. Entre quienes promovieron esta idea se encontraban Sean Penn, Ben Stiller y, por supuesto, Bill y Hillary Clinton. La realidad es que apenas llegó a crear 5 mil puestos de trabajo, ninguno de los cuales fue para refugiados afectados por el terremoto.

Otro de los tantos proyectos turbios en Haití incluyen a Denis O'Brien, propietario de Digicel. Esta empresa de telecomunicaciones recibió millones de dólares en subvenciones de Usaid para implementar un sistema móvil de transferencia de dinero en Haití. Además, la empresa fue seleccionada para administrar a través de su red móvil las transferencias de dinero al programa Alimentos para la Paz de Usaid. Digicel logró un incremento de 80% en su participación en el mercado de telefonía móvil haitiano, con lo que superó incluso a Jamaica como su mercado más rentable.

Durante el período entre 2010 y 2013, O'Brien se encargó de financiar conferencias para Bill Clinton. Incluso Clinton pronunció un discurso en Dublín, patrocinado por O'Brien, tan solo unas semanas después de que Digicel solicitara las subvenciones de Usaid. La Fundación Clinton recibió una generosa donación personal de O'Brien, estimada entre 5 y 10 millones de dólares en algún momento entre 2010 y 2011. Posteriormente, Clinton recibió 225 mil dólares por otro discurso en Jamaica, también patrocinado por Digicel, antes de que la empresa recibiera la subvención de Usaid.

El control político de Estados Unidos en Haití asimismo se ve expresado en las acciones de los Clinton. El artículo de Atlanta Black Star detalla la participación de Hillary en el respaldo a la presidencia de Michel Martelly en Haití. En 2011, ella viajó a la Antilla con el objetivo de presionar al entonces presidente René Préval para permitir que Martelly participara en una segunda vuelta electoral. Como resultado de esta intervención, Martelly salió victorioso en las elecciones.

Una vez en el poder, el susodicho seleccionó al jefe de gabinete del enviado especial Bill Clinton como primer ministro, y otorgó roles destacados a individuos con antecedentes criminales. Su gobierno fue marcado por la corrupción y una violenta represión gubernamental, además de sus intentos por establecer a su sucesor en el cargo presidencial. 

La dependencia de alimentos en Haití tampoco es casualidad sino el resultado de políticas estadounidenses que han socavado la producción local. En 2010, Bill Clinton se vio en la necesidad de disculparse públicamente por la influencia que tuvo en la obligación de Haití de reducir los aranceles al arroz subsidiado de Estados Unidos. Esta política, en lugar de fomentar la autosuficiencia, perjudicó gravemente la producción local de arroz, lo cual generó una situación de dependencia a la ayuda extranjera que mantiene a Haití en una posición de vulnerabilidad.

Son prácticas nocivas como las descritas las que han contribuido a la actual crisis multifactorial que afecta el Estado insular. Los medios de comunicación apenas mencionan los graves crímenes producidos en el marco de la intervención extranjera, al mismo tiempo que promueven la necesidad de una fuerza multinacional para abordar la situación.

Haití no necesita repetir esta política de injerencia que resulta en violaciones de los derechos humanos, corrupción, criminalidad, debilidad institucional y pérdida de soberanía. Cualquier asistencia internacional debe basarse en la cooperación, no en la intervención, y debe enfocarse en una solución política que responda a las necesidades del pueblo haitiano, tal como lo proponen los Estados miembros de ALBA-TCP.

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