"Pasaremos de la guerra fracasada contra las drogas a un proceso integral de sustitución de economías y tierras a favor de una economía productiva que dignifique a las poblaciones rurales y proteja la naturaleza", reza el programa de gobierno de la Coalición Pacto Histórico con la que el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, ganó las pasadas elecciones de junio.
El economista a cargo del país vecino ha sido crítico con la política de "guerra contra las drogas" implementada en las últimas décadas con el aval de Estados Unidos, ya que no logró reducir el mercado de la cocaína en el país ni atenuar sus impactos en la criminalidad. Ha planteado que la lucha contra las drogas será uno de los puntos en que Bogotá y Washington deberán ponerse de acuerdo y se ha puesto en marcha por ello.
Los funcionarios estadounidenses, en voz de Rahul Gupta, director de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), consideran que pueden abrir un diálogo con Petro en pos de "un enfoque holístico que tenga en cuenta el sustento de vida en el campo y las actividades ilícitas", mientras Petro, por ejemplo, se ha mostrado favorable a dar pasos hacia la legalización del cannabis, como forma de reducir el mercado ilegal y aprovechar sus potencialidades medicinales e industriales.
Además, el mandatario colombiano quiere poner sobre la mesa las condiciones en que los colombianos son extraditados a jurisdicción estadounidense a causa del narcotráfico. Según la prensa, su intención es que los criminales colombianos solo sean extraditados en caso de incumplimiento o reincidencia en Colombia, ya que su intención primera es que los delincuentes paguen sus crímenes en territorio nacional.
Según Sputnik Mundo, esa "filosofía" cobró más fuerza en Petro tras la extradición de alias 'Otoniel', líder del Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas de Colombia) quien fuera enviado a una Corte de Nueva York para responder por crímenes, aun cuando se había mostrado afín a colaborar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
¿Guerra o tierras?
Otro pasaje del plan de gobierno del mandatario colombiano dice:
"Articularemos los instrumentos más efectivos del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos y del ISDA (Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo) a la nueva política de economía productiva en la que Colombia transite de la economía fósil e ilegal de la cocaína a una economía basada en el trabajo y la producción de alimentos en la que el pequeño productor rural no será judicializado, fumigado o desplazado sino al contrario, en el marco de sustitución de tierras y económica encuentre un lugar digno y las condiciones de capital, asociatividad y conocimiento para contribuir a la regulación de las drogas".
Esto se ha comenzado a evidenciar. La Policía Nacional de Colombia suspendió las labores de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito para modificarla por la erradicación voluntaria y la sustitución. En esto contrasta con el expresidente Iván Duque, quien insistió en la idea del fumigar los cultivos ilícitos con glifosato incluso hasta después de que el Consejo de Estado frenara las aspersiones aéreas con ese químico.
De esta manera, y como lo comenta la prensa, Petro viene buscando la despenalización de las drogas, una tarea en la que no puede trabajar solo y, por el contrario, necesita llegar a consensos con la Casa Blanca. Dichos pasos comenzaron el pasado martes 23 cuando él y sus ministros de Defensa, Agricultura y Exteriores se reunieron con enviados de la Casa Blanca para hablar de los cambios que habrá en la política antidrogas.
Gupta, enviado por Biden, aseguró desde la Casa de Nariño que "Estados Unidos y Colombia hemos tenido 200 años de historia compartida para forjar una trayectoria en la política antidrogas. El presidente Biden es consciente que muchas de las políticas del pasado han marginalizado a algunas personas, no han trabajado para muchas poblaciones y lo podemos hacer mejor".
La presencia de la titular de Agricultura, Cecilia López, no es fortuita, pues la administración Petro quiere lanzar una reforma agraria que recupere terrenos improductivos y los redistribuya entre campesinos sin tierras. La alternativa son más operaciones militares donde crezcan la coca y la violencia. En su reciente informe final de 900 páginas y en el que recoge los testimonios de 30 mil víctimas de la violencia, la Comisión de la Verdad señala que en 52 años el conflicto interno se cobró 450 mil vidas, 121 mil 700 desapariciones, 50 mil secuestros, 8 millones de desplazados y 16 mil 200 reclutamientos de niños y adolescentes en las guerrillas.
Incluso tras los acuerdos de paz, Colombia mantiene 500 mil efectivos policiales y militares, dos veces más que Brasil con una población cuatro veces mayor. El Pentágono, por su parte, no tiene el menor interés en perder sus siete bases en un país con extensas costas en el Pacífico y el Caribe. Para el actual gobierno, la clave está en una mejor redistribución de las tierras acompañada de enfoques integrales.
Algunos datos-opiniones:
- El Estado se está quedando "sin herramientas convencionales" porque tradicionalmente la lucha se ha enfocado en la erradicación forzada -manual o con aspersiones- y la erradicación voluntaria y sustitución de cultivos, pero todas enfrentan problemas: Luis Felipe Cruz, investigador de la ONG Dejusticia.
- Al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) se vincularon 99 mil 97 familias, pero al 31 de diciembre de 2020, pasado el plazo de 29 meses establecido por el gobierno para ejecutar el PNIS en su totalidad, solo 5 mil 516 familias (5,57% del total) habían completado las etapas del programa: Informe de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
- Fortalecer el PNIS implicaría hacerlo más integral y conectarlo con otra estrategia del acuerdo de paz, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lo que ayudaría a enfocar estos esfuerzos al desarrollo rural: María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes.
- La lucha contra el narcotráfico es una lucha multilateral "y debe comprender esfuerzos de todos los países. Colombia tiene que coordinar adecuadamente con otros actores relevantes en esa materia dentro de la cadena de producción o distribución": Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).
La guerra del fracaso
María Alejandra Vélez ha agregado que el reto será el enfoque en desarrollo rural y comenzar una conversación a mediano plazo "sobre el fracaso de la guerra contra las drogas y cómo estamos asumiendo los costos como país productor". En realidad, la mayoría de los análisis coinciden en el fracaso de la llamada "Guerra contra las Drogas" y esto no es nuevo.
Se trata de un fracaso sin paliativos y para la que Petro ha propuesto un "cambio de paradigma" que incluye, además de la erradicación, créditos subvencionados y reconocimiento de títulos de propiedad de la tierra a los campesinos cocaleros.
El mismo día del encuentro en la Casa de Nariño, el ministro colombiano de justicia, Néstor Osuna, negaba a El País que su administración tuviera planes de despenalizar la cocaína.
"No se va a legalizar la cocaína en este gobierno", afirmó. "Se tiene la intención de no perseguir militar ni policialmente a los campesinos que viven de la siembra de cannabis o de hoja de coca. La política es de sustitución de cultivos y tierras donde puedan cultivar otros productos", explicó. "Frente al consumo, la política será de salud pública, no de prohibicionismo", agregó.
El gobierno actual se ha propuesto ayudar a los campesinos a sacar sus productos al mercado, algo especialmente difícil en un país tan accidentado como Colombia, sin vías férreas y pocas carreteras de penetración. Por su parte, las narcoestructuras pagan in situ y en dólares por la coca, sus aeronaves llevan después la cocaína a sitios como Los Ángeles o Nueva York, donde un kilo puede costar 60 veces más que en los lugares de origen, sean estos en Colombia, Perú o Bolivia, donde se queda un 5% del negocio, según la ONU.
Antes que derrotar al narcocapitalismo, la guerra lo ha potenciado, su producción se ha duplicado hasta las 2 mil 400 toneladas anuales debido, entre otras causas, al aumento de su productividad y mejor irrigación de las zonas de cultivo ilegales, que tiene lugar en zonas montañosas donde abunda el agua, como parques nacionales y otras áreas protegidas.
En cuatro años de mandato, el gobierno de Iván Duque solo redujo un 5% de los cultivos ilegales, según la UNDOC, la agencia de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, que no aprecia diferencias entre las zonas donde hubo erradicaciones forzosas, a mano o con herbicidas, y en las que no.
Otros datos:
- Cifras oficiales señalan que entre 2005 y 2015 el costo de erradicar cultivos ilícitos con glifosato fue de 8,8 billones de pesos, "es decir, que en los diez años fueron 88 billones de pesos, que equivalen al presupuesto del Ministerio de Agricultura en 50 años".
- La última medición de la ONU sobre cultivos ilícitos muestra que, aunque la cantidad de hectáreas sembradas con coca bajó en 2020, el potencial de producción de cocaína lleva subiendo varios años. Solo en 2020 el aumento fue de 8%, al pasar de 1 mil 137 toneladas métricas en 2019 a 1 mil 228 toneladas en 2020.
- Más coca con menos materia prima implica tecnificación y un mayor uso de químicos que terminan en las fuentes hídricas y los suelos, señalan expertos.
- Un documento publicado por Dejusticia señala que entre 2005 y 2014 la Policía capturó a 2 millones 479 mil 630 personas, de las cuales 29,3% eran por porte, tráfico o fabricación de drogas. Eso deja un promedio de 80 mil 787 capturas por año por conductas de drogas, lo que equivale a nueve capturas cada hora. En el mismo periodo, conductas como el lavado de activos o el concierto para delinquir representaron solo 0,5 y 0,7%, respectivamente, de las capturas.
- Hasta junio de 2021, 18 mil 426 personas estaban recluidas en prisiones colombianas por tráfico, fabricación o porte de droga, según datos del INPEC. Es el cuarto delito que tiene a más gente tras las rejas, representando 11,5% de las conductas delictivas.
¿Cómo influirá hacia y desde Venezuela?
Una lucha contra las drogas que basa su éxito en bajas y toneladas interceptadas se ha convertido en una de las causas estructurales de la violencia en Colombia, también del racismo y la desigualdad. Además de incubarse en donde el Estado colombiano ha mantenido poca presencia, la violencia lo hizo también desde aquella época en el Estado venezolano.
Como efecto natural de una guerra tan intensa, Venezuela se ha visto afectada desde su explosión en los años 80 y 90 y la zona fronteriza se ha visto involucrada en un entramado de problemas sociopolíticos que son difíciles de calibrar. Ello ha derivado en desplazamientos hacia Venezuela con la respectiva exportación de pobreza y exclusión social.
Así lo ha entendido Petro, quien sostuvo en una cumbre con alcaldes y gobernadores del Pacífico, una de las zonas que más se disputan las organizaciones ilegales. "¿Y cuál es la respuesta desde Bogotá, y desde Washington? Pues llenar esto de militares. Y los otros [los grupos ilegales], también se arman y los que van muriendo son negros", dijo en el primer viaje después de su posesión presidencial.
El flujo de cocaína hacia Venezuela creció considerablemente en los primeros diez años luego de que se pusiera en marcha el Plan Colombia y de que desaparecieran los carteles de Medellín, Cali y el Norte del Valle. Sin embargo, algunas cifras satisfactorias comenzaron a evidenciarse al ser expulsada la DEA del territorio nacional.
Fuentes del mismo estamento afincado en Washington han evidenciado que Venezuela es una ruta menor del narcotráfico colombiano, sin embargo, esto no minimiza el impacto de las disputas entre grupos armados organizados en los territorios fronterizos del lado venezolano ni el efecto que tiene para la República Bolivariana ser vecina de un país en guerra y exclusión permanente.
Ante ello, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha estado desarrollando la Operación Escudo Bolivariano con resultados que han minimizado la operatividad de los llamados Tancol, mientras, aun en medio de medidas coercitivas y bloqueo, existe una amplia experiencia de cobertura social en los municipios fronterizos.
La relación con Venezuela no parece influir en la relación de las administraciones de Petro y Biden; ya Bogotá ha nombrado representación en Caracas y viceversa. Entretanto el presidente venezolano Nicolás Maduro y el mismo Petro han diseminado expectativas respecto a la apertura gradual de la frontera.
Washington no ha buscado que Colombia reconozca al antichavista Juan Guaidó como titular del gobierno venezolano; aparentemente, y hasta ahora, aboga por que gobierno y oposición regresen a los diálogos iniciados en México.
Si se llegara a establecer algún tipo de cooperación entre Venezuela y Colombia respecto a la erradicación del narcotráfico en todas sus fases, los beneficios redundarían en las comunidades y economías de ambos lados de la frontera. Sin embargo, la deuda es larga.