Venezuela enfrenta un panorama de conflicto postelectoral que evidencia la reedición de antiguos esquemas de desestabilización y ataques directos a la soberanía nacional, en los que nuevamente el gobierno de Estados Unidos ha figurado como entidad de conducción y tutelaje.

Desde Washington se ha manifestado una postura sobre los resultados comiciales que desconoce abiertamente la legitimidad del proceso del 28 de julio. 

Dicha postura se enmarca en un contexto de presión creciente sobre el país, donde el hostigamiento económico sigue siendo la principal arma de coerción.

En diversas ruedas de prensa, voceros de la Casa Blanca y del Departamento de Estado mantienen la misma línea discursiva sobre el régimen sancionatorio contra Venezuela. La secretaria de prensa de la administración Biden, Karine Jean-Pierre, dijo recientemente que "si bien no tengo nada que anunciar hoy en relación con las sanciones o el futuro, seguiremos evaluando nuestra política de sanciones calibrada hacia Venezuela a la luz de los intereses generales de Estados Unidos".

Funcionarios de alto nivel también indicaron que las acciones sobre las licencias que autorizan operaciones petroleras en Venezuela no podían adelantarse, pero:

• "Que actualmente no se está considerando la posibilidad de modificar retroactivamente las licencias que se han otorgado con anterioridad".
• Y, "ahora que nos enfrentamos a un posible nuevo escenario, vamos a tenerlo en cuenta a medida en que planificamos hacia dónde podemos dirigirnos con respecto a las sanciones sobre Venezuela".

Las declaraciones han sido formuladas con una carga de ambigüedad estratégica frente a la actualidad venezolana, ya que el programa de sanciones estadounidenses incluye una fase de administración de licencias que permite ajustar el enfoque conforme cambien las circunstancias, manteniendo siempre una carta bajo la manga. Esta gestión se fundamenta, en términos generales, en las necesidades y urgencias del mercado energético global, así como en criterios de conveniencia para Estados Unidos en relación a su seguridad energética.

posibles maniobras

Washington ha dejado entrever que la política sancionatoria contra Venezuela será "calibrada" de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Esto implica que la imposición de nuevas medidas o la opción de revocar licencias no responde únicamente a la situación política de Venezuela sino también a un cálculo geopolítico más amplio, en el que los intereses energéticos y de seguridad nacional del país norteamericano juegan un rol fundamental.

En este contexto, cabe preguntarse cuál es el margen de maniobra de Estados Unidos si decide revocar las exenciones petroleras otorgadas en medio de una escalada de presiones diplomáticas. Para responder es menester recordar que, al imponer las sanciones contra PDVSA, ya EE.UU. había buscado asegurar otras fuentes de suministro de crudo. Canadá, con sus vastas reservas de arenas bituminosas, se convirtió en uno de los principales proveedores alternativos, a pesar de los desafíos técnicos y ambientales que implica el procesamiento de este tipo de crudo.

No sería sorprendente que, en esta nueva fase de agresión contra Venezuela, los estrategas en Washington estén elaborando un plan de contención, una especie de "plan B" dirigido a reforzar fuentes alternativas que cubran las necesidades energéticas del país y evitar las presiones de grandes empresas como Chevron, Eni, Repsol, Shell, BP y otras, con proyectos y operaciones conjuntas con PDVSA. 

Los anuncios de nuevos proyectos de exploración y producción de compañías petroleras internacionales, tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en Guinea Ecuatorial o en el golfo de México, son señales claras de cómo se prepararían si deciden entramparse nuevamente en un ciclo de recrudecimiento de sanciones contra Venezuela. 

No obstante, importantes empresas globales de energía están vinculadas en el desarrollo de proyectos cruciales en Venezuela, claves para la seguridad energética, y operan bajo una lógica a largo plazo con el interés de consolidar una participación permanente en las reservas de uno de los países con mayores depósitos de crudo y gas en el mundo.

El cálculo en torno a las licencias recae en si realmente Estados Unidos cuenta con la capacidad de abarcar todos los requerimientos de los países importadores de hidrocarburos en diferentes regiones, en medio de una intrincada dinámica en la que les toca evaluar los costos y beneficios.

Estas variables sugieren que la gestión de las licencias será compleja. La decisión de revocar las exenciones o no depende de un delicado equilibrio entre objetivos políticos, intereses económicos y alcance geopolítico.

Frente a esto, Estados Unidos puede mantener un comportamiento cauteloso en el corto plazo mientras avanza la carrera electoral, al tiempo que, en simultáneo, podría optar por endurecer las condiciones bajo las que se otorgan estas licencias, en lugar de revocarlas directamente. Y, en paralelo, adoptar el mecanismo de imposición de sanciones individuales como esquema de presión.

De todas maneras, en noviembre se sabrá quién será el nuevo inquilino de la Casa Blanca, cuestión que determinaría una nueva etapa en la relación bilateral entre Venezuela y Estados Unidos, cuyo eje principal seguirá orbitando al rededor del interés por garantizar el suministro de hidrocarburos. Venezuela, en ese escenario, representa un eslabón fundamental en la cadena de suministro global. 

Las sanciones y las exenciones son solo herramientas en un juego de poder más amplio, en el que cada movimiento debe ser cuidadosamente calculado para evitar un desenlace que pudiera tener repercusiones profundas tanto para América Latina como para el equilibrio energético global.

La amalgama de inestabilidad que incluye el conflicto en Ucrania, el genocidio en Gaza y, en general, una crisis energética que ha sacudido los mercados, reduce el margen de acción estadounidense para intensificar sanciones. 

En tal marco, en medio de esta trama de sanciones, licencias y maniobras políticas, Venezuela se mantiene como un baluarte de recursos energéticos y se erige no solo como un jugador regional sino como una pieza clave en el rompecabezas de energía mundial, especialmente por su potencial como futuro exportador de gas. Razón por la cual Washington piensa dos veces la posibilidad de una escalada mediante sanciones petroleras.