Los titulares de los grandes medios privados de comunicación de Colombia, durante estos dos últimos meses, se ocupan de los reiterados señalamientos de Iván Duque contra el gobierno venezolano así como de las respuestas del presidente Nicolás Maduro y, en especial, de sus recientes declaraciones sobre la responsabilidad de Duque y Uribe Vélez en el ataque contra el Complejo Refinador de Amuay, ubicado en la costa Caribe venezolana.
Vale la pena recordar que, a pesar de que el sector de la burguesía colombiana que representa el uribismo tiene sus propios intereses políticos y económicos en derrotar al gobierno venezolano, todas sus acciones obedecen a órdenes emanadas desde los Estados Unidos y contravienen los intereses del pueblo colombiano, aunque haya una gran campaña mediática para hacerle creer lo contrario.
Por eso, es tras la visita de Mike Pompeo a Bogotá el 29 de septiembre de este año, que la retórica de la Casa de Nariño ha vuelto a aumentar centrándose básicamente en dos temas. Primero, Duque "denuncia" que en Venezuela se violan derechos fundamentales y convoca a la comunidad internacional a intervenir; y en segundo lugar, "acusa" al presidente Maduro de adquirir armas rusas, bielorrusas o iraníes.
Más allá de un fenómeno de proyección psicológica convertida en técnica publicitaria, ambos argumentos diseñados por Washington procuran esconder sus verdaderos intereses y a la vez distorsionar la percepción de la opinión pública sobre la realidad de Venezuela, Colombia y Estados Unidos, presentando al primero como un Estado violador de derechos humanos y guerrerista, mientras que los dos últimos serían supuestos garantes de esos derechos y pacifistas.
Miremos el dedo que nos apunta.
La violación de derechos humanos como línea política
Este año las instituciones de Estado y los gobiernos de Estados Unidos y Colombia están siendo duramente cuestionados internacionalmente por las graves violaciones a los DDHH de su propia población, y por eso necesitan distraer la mirada de sus crímenes.
El video del asesinato de George Floyd en mayo de 2020 desató grandes protestas en apoyo a la población negra estadounidense, que es víctima de una violencia policial sistemática en todo su territorio nacional. La campaña "Las vidas negras importan" y "No puedo respirar" suscitaron este año manifestaciones muy importantes en distintas ciudades de Norteamérica, América Latina, Europa, Asia e incluso Oceanía, sin precedentes.
Por su parte, el Estado colombiano enfrenta también demandas y protestas internacionales por las masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales. Solo este año, entre el 1º de enero y el 20 de octubre, han asesinado 246 defensores y defensoras de DDHH, líderes y lideresas sociales; 10 personas por ser sus familiares y 51 firmantes del acuerdo de Paz de 2016.
En ese mismo período se han cometido 68 masacres en las que han muerto 270 personas. La sistematicidad, el mismo modus operandi, objetivos políticos y económicos coincidentes, y la impunidad de la que gozan quienes ejecutan estos crímenes, configuran un genocidio que cuenta con la complicidad del Estado colombiano.
Así, seriamente cuestionados, insisten en apuntar a Venezuela como una maniobra mediática para esconder su propia realidad y justificar, además, su injerencia y demás violaciones al Derecho Internacional.
El miedo a la competencia comercial en el negocio de las armas
En cuanto a su oposición a la posibilidad de que Venezuela adquiera armas de Irán, Rusia, Bielorrusia, China o cualquier otro país, las razones son aún más pragmáticas, pues lo que pretenden presentar como un argumento moral se trata de simple competencia comercial.
El crecimiento del comercio de armas en los últimos años ha sido sostenido y según el último informe del Instituto de Investigación de Paz de Estocolmo, Estados Unidos continúa en el primer lugar en ventas de armas en el mundo entero y su primer cliente es Arabia Saudita, mientras que en segundo lugar, 15 puntos por debajo, se encuentra Rusia, cuyo primer cliente es la India.
Tal como referimos en un artículo anterior, las cinco compañías militares privadas (CMP) más grandes del mundo son estadounidenses y están encabezadas por Lockheed Martin, la más poderosa CMP del mundo a la que el gobierno chino decidió sancionar por su interferencia en los conflictos internos del gigante asiático.
Mientras, Colombia es un país en guerra, y en esas condiciones es un epicentro del mercado internacional de armas.
Se venden armas al Estado colombiano como parte de los planes estadounidenses y convenios OTAN y muchas CMP tienen sucursales y empresas filiales en este país, por ejemplo, las principales oficinas de Lockheed Martin en América Latina se encuentran en Colombia, Brasil y México.
En Colombia, en la Base de la Policía en Guaymaral, la Base Militar del Ejército de Tolemaida y la Base de la Fuerza Aérea en Melgar, tiene las instalaciones más importantes de su subsidiaria Sikorsky en la región, que es la fabricante de los helicópteros Black Hawk, entre otros.
Pero incluso crece cada vez más el mercado ilegal de armas. Algunos estudios como el realizado por la Fundación Ideas para la Paz en julio de 2020 señalan que en Colombia hay más de 10 mil armas por cada 100 mil habitantes, y que aproximadamente el 84% de las armas que están en manos de personas no pertenecientes a la Fuerza Pública son ilegales.
Los F16 que aún posee Venezuela son parte de los productos comercializados por Lockheed Martin, adquiridos en 1982, sin embargo, la prohibición de venta de armas a Venezuela que dictaminó el gobierno de Bush en el año 2006 rompió incluso con la venta de repuestos para dichos aviones que por contrato le correspondían.
Lo que les molesta es que, a pesar de tener un enclave de negocios de su complejo industrial-militar legal e ilegal en Colombia, sus medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y el pésimo estado de las relaciones de la Casa Blanca con Miraflores, acabaron por obligar al país a buscar proveedores alternativos a sus propios productos y abriendo las puertas a sus competidores, lo que ha desatado la rabia del país norteamericano y, por supuesto, de sus corporaciones.
También habría que mencionar que el octavo vendedor de armas del mundo es Israel, cuyo odio hacia la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela es de conocimiento público.
En un acuerdo firmado entre el partido político de María Corina Machado, Vente Venezuela, y el partido Likud de Benjamin Netanyahu, en el que se plantean temas bastante sugerentes de actividades desestabilizadoras contra el gobierno venezolano, se incluye además la cooperación en materia de seguridad, por lo que este sector de la oposición venezolana parece también disponerse a entrar en el lucrativo negocio de las armas de la mano del sionismo internacional, pero su estrepitoso fracaso sigue siendo un freno para las ambiciones de su proveedor.
Otro detalle importante es su reiterada crítica pública al hecho de que Venezuela se pueda atrever a realizar esas compras con su oro, su petróleo o con cualquier divisa distinta al dólar, ya que cada vez que un país, por más pequeño que sea, evade el uso del dólar en el comercio internacional, el imperio capitalista pierde poder.
Más allá de los discursos
Desde el primer período presidencial de Álvaro Uribe Vélez, las acciones contra la Revolución Bolivariana han sido constantes pero siempre solapadas, al mejor estilo de la guerra irregular en la que las Fuerzas Militares colombianas se han vuelto expertas, contando para ella con grupos paramilitares y CMP.
Por lo que para quienes tratamos de mantener una investigación permanente sobre el tema, cuando el presidente Maduro afirmó esta semana que "Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez están detrás de este ataque, junto a los organismos de inteligencia de Estados Unidos", nos resultó absolutamente probable, más aún cuando se había detenido un mes antes a un ciudadano estadounidense, Matthew John Heath, que provenía de la Guajira colombiana y contaba con el apoyo de conspiradores venezolanos, la información y las armas necesarias para ejecutar un sabotaje a las instalaciones de Amuay.
Las instrucciones de Pompeo en su última visita a Bogotá fueron claras: Venezuela sigue siendo una prioridad para su gobierno y Colombia continúa siendo la cabeza de playa desde la que realizan sus operaciones. Los pocos días que nos quedan antes de las elecciones estadounidenses seguirán intentando torcer a su favor la historia que no han logrado cambiar en 20 años.
Sin embargo, el ataque a la Revolución Bolivariana es uno de los consensos de la política bipartidista estadounidense, así que gane quien gane, continuarán intentando sabotear las elecciones del próximo 6 de diciembre, persistirán en sus medidas coercitivas para generar una asfixia económica y sostendrán la penetración de fuerzas paramilitares colombianas y grupos mercenarios al territorio venezolano.
Por todo esto, Venezuela debe seguir fortaleciendo su política exterior con la soberanía que se ha atrevido a hacerlo hasta ahora, sin ceder a chantajes ni presiones, consolidando los espacios para el multilateralismo, promoviendo la unión regional para avanzar hacia la construcción del Bloque Histórico.
El mayor reto ahora es la política interna, continuar avanzando en la construcción del Estado comunal, impulsando la producción nacional, recuperando la industria petrolera, profundizando la inclusión, luchando para amortiguar el impacto social del saqueo auspiciado por la derecha venezolana y las medidas coercitivas unilaterales, recuperando la economía y sosteniendo el proyecto histórico legado por Chávez.
Ciertamente son demasiadas fichas en un solo tablero, pero esa es la complejidad que implica levantar las banderas de la soberanía en contra de los intereses de un imperio en decadencia.