Este lunes 13 de julio la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, anunció un paquete inédito de sanciones contra funcionarios estadounidenses involucrados en actividades de interferencia en los asuntos internos de la nación asiática.
El anuncio fue dado en el marco de la rueda de prensa diaria de la institución a cargo de Chunying.
Según refiere el medio estatal Xinhua sobre las declaraciones de la portavoz, las sanciones se aplicarán contra “la Comisión Ejecutiva del Congreso de los Estados Unidos sobre China, el senador Marco Rubio, el senador Ted Cruz, el congresista Chris Smith y Sam Brownback, embajador general de Estados Unidos para la libertad religiosa internacional”.
Las sanciones contra estos funcionarios estadounidenses son una respuesta diplomática contundente a los ataques de Estados Unidos contra la República Popular China por el supuesto maltrato a la población musulmana uigur en la región de Xinjiang, ubicada al occidente del país asiático.
Desde hace varios meses el gobierno estadounidense, pero también el Congreso, ha intensificado una campaña de propaganda para acusar a China de torturar y recluir en campos de concentración de reeducación y trabajo forzado a la minoría étnica uigur.
En mayo de este año, el Senado de EEUU aprobó un proyecto de ley para viabilizar sanciones contra funcionarios chinos supuestamente vinculados a estos maltratos.
En la cristalización de esta iniciativa legal fueron clave los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz, y por esa razón China ha decidido sancionarlos.
Al momento de la aprobación de la ley, Marco Rubio tuiteó: “Hace unos momentos, aprobamos nuestro proyecto de ley de derechos humanos uigur en el Senado, que responsabiliza al Partido Comunista de China por acciones grotescas”.
Al nivel del ejecutivo estadounidense, el secretario de Estado Mike Pompeo ha convertido el tema en una prioridad de la política exterior estadounidense, usándolo a conveniencia a medida que el gobierno chino avanza para estabilizar la situación en Hong Kong.
La República Popular China ha negado las acusaciones de los funcionarios de EEUU y considera que las declaraciones subidas de tono y las iniciativas legales de EEUU con respecto a la cuestión uigur en realidad encubren el interés de impulsar movimientos separatistas a lo interno de China, tal como ocurre en Hong Kong.
No obstante, no existen pruebas sólidas sobre la supuesta campaña de exterminio contra la minoría étnica en Xinjiang.
La interferencia estadounidense también se alinea a la campaña de agresión comercial contra China, utilizando como excusa la intoxicación sobre el maltrato a los uigures. Así lo hace ver el medio The Independent cuando asegura que:
“Este año, Cruz y Rubio encabezaron la aprobación de un proyecto de ley diseñado para garantizar que los bienes producidos por el trabajo forzoso no sean comprados o importados por compañías estadounidenses, y para ordenar que el gobierno de los Estados Unidos sancione a cualquiera que participe deliberadamente en trabajo forzoso en Xinjiang. Fue promulgada hace un mes”.
Para China, el tratamiento de Washington “constituye una grave interferencia en los asuntos internos de China, una violación grave de las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y un daño grave a las relaciones chino-estadounidenses”, aseveró Chunying a modo de comentario sobre las medidas aplicadas.
Se esperan más detalles sobre los aspectos específicos de estas acciones y cómo afectarán a los funcionarios.
Además, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores instó a “Estados Unidos a que retire de inmediato sus decisiones equivocadas y cese cualquier comentario o intento de entrometerse en los asuntos internos de China y dañe los intereses de China”.
Las sanciones introducidas por China son inéditas y marcan una etapa de contraofensiva de la potencia asiática en el campo internacional en defensa de su integridad territorial.
Washington ha recibido una dosis de su propia medicina.