En el año 2019 cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la mal llamada "sanción" individual contra el empresario y diplomático venezolano Alex Saab, dicha "sanción" se "justificaba", según Washington, porque Saab estaba involucrado en gestiones y contratos de importación y distribución de alimentos en Venezuela.
Esta medida iba directo a generar un golpe a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), cuya organización ha sido crucial para contener las consecuencias del asedio estadounidense en el plano alimentario.
Luego, como polizontes globales, la administración estadounidense procedió a impulsar presiones para consumar la detención de Saab en Cabo Verde el año 2020, en un proceso con un sinfín de irregularidades, dejando en evidencia que el objetivo es político.
A pesar de un escenario de abusos y sin garantías, múltiples gestiones se han llevado a cabo para lograr la liberación de Saab. Incluso el diplomático ofreció una entrevista a RT, denunciando que su detención es una extralimitación judicial sin precedentes.
Durante los primeros días de junio, el grupo de apoyo a las luchas contra las políticas injerencistas estadounidenses, Alianza por la Justicia Global, desplegó una campaña informativa y de recolección de firmas con el fin de respaldar la solicitud hecha al presidente Joe Biden y al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia, para frenar el proceso ilegal de extradición a Saab hacia Estados Unidos, como lo demanda Washington, y lograr así su liberación.
A esa campaña se sumaron, a través de las plataformas digitales, diferentes organizaciones y usuarios que exigen su liberación y rechazan este desafuero en contra de Venezuela.
Más allá de la detención: la extradición
En estos tiempos de injerencia y coerción estadounidense por medio de medidas coercitivas unilaterales existen una serie de eventualidades que demuestran el mal manejo del gobierno de Cabo Verde sobre este caso.
- Alex Saab cuenta con inmunidad diplomática, que lo exonera de la jurisdicción civil y criminal. Esta condición fue ignorada en el proceso de detención en Cabo Verde, generando una especie de legitimidad ficticia a las "sanciones" de una instancia estadounidense.
- El gobierno de Cabo Verde, para justificar la acción, alega contar con una alerta roja de la Interpol, siendo un parapeto legal por parte de Estados Unidos, pues solicitaron la circular roja al día siguiente de la detención de Saab.
- Tal notificación fue anulada, no se encuentra en el motor de búsqueda online de la Interpol. Esos pasos en falso hay que catalogarlos como vergonzosos en el récord de esa organización internacional, debido a que el reglamento de la Interpol prohíbe específicamente que la organización se involucre en hechos políticos.
- Ante la tortura y deterioro de salud de Saab, se solicitó medida humanitaria de arresto domiciliario, la cual fue negada.
En medio de este intríngulis internacional, Estados Unidos solicita formalmente a Cabo Verde la extradición de Saab, bajo la justificación de enfrentar cargos por lavado de dinero en su jurisdicción.
Ante el presente contexto, la Asociación Estadounidense de Juristas (AAJ) advirtió que la extradición causaría graves consecuencias estructurales y diplomáticas duraderas para Cabo Verde, ya que el Comité de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas ha ordenado que se abstengan de extraditar a Saab a los Estados Unidos, reconociendo que el secuestro del diplomático venezolano representa una grave violación del derecho internacional.
Aunado a la postura del CDH, es pertinente señalar que Cabo Verde forma parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), instancia que cuenta con un Tribunal de Justicia que ordenó la liberación inmediata de Saab y la terminación del proceso de extradición el 15 de marzo, entendiendo tanto el trasfondo político de este inédito caso como las implicaciones internacionales que de allí pueden derivarse después.
No obstante, las presiones y amenazas de Estados Unidos hacia Cabo Verde han frenado el debido proceso.
El presidente caboverdiano Jorge Carlos Fonseca expresó su postura sobre el asunto en cuestión en un periódico local de Cabo Verde. A saber:
- Expresó que sólo existe un organismo en Cabo Verde capaz de hacer cumplir, o no, las recomendaciones del CDH de Naciones Unidas sobre el proceso Alex Saab: el Poder Judicial de Cabo Verde.
- Hace días el presidente Fonseca se reunió con la Procuraduría General de la República (PGR) para tratar el estatus de ese expediente.
- Afirmó que posee la información de que ya ha habido seis solicitudes de habeas corpus (derecho que proporciona la garantía de poder comparecer de forma inmediata y pública ante un Juez para que este determine si el arresto fue o no conforme a la legalidad y si debe mantenerse o interrumpirse).
- Aseguró que su postura de no involucrarse en ese asunto se mantiene, ya que los actos de arresto o detención y liberación son materialmente jurisdiccionales al Poder Judicial.
Esta postura choca con la esencia de todo el episodio de secuestro de Saab, ya que desde un inicio cada movimiento en contra ha sido político, siguiendo la directrices de los polizontes. De hecho, el abogado nigeriano Femi Falana expresó al presidente Fonseca que "siga lo que predica sobre la integración de África Occidental", haciendo alusión a que debe respetarse la sentencia de la Corte de la CEDEAO que ordena la liberación de Saab.
El caso de Alex Saab es otra arbitrariedad dentro del umbral de agresiones extraterritoriales que impone Estados Unidos contra Venezuela. Ordenar su detención en Cabo Verde no sólo es una violación más a la soberanía tanto de ese país como de la República Bolivariana, poniendo bajo secuestro a un diplomático, sino también un mensaje de presión a cualquier empresario u operador político que quiera sumarse a las dinámicas de cooperación y comercio con el Estado venezolano.