Tras algunas semanas de debate cuando se llevaron a cabo nueve rondas de trabajo y más de 150 reuniones para analizar más de 500 proyectos, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, compartió con el país la propuesta de cronograma para los comicios presidenciales de 2024 que le fue entregada al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Rodríguez enfatizó que el documento es una expresión genuina de la amplitud de la convocatoria y la voluntad de escuchar todas las voces de la sociedad. Se trata, según sus declaraciones, del acuerdo al que llegaron representantes de 97% de los partidos políticos, que a su vez movilizan 85% de los votos del país, lo que demuestra un esfuerzo exhaustivo por garantizar un proceso electoral sólido y consensuado.

Esta convocatoria incluso produjo la reunión con representantes de la Plataforma Unitaria, la cual en principio rechazó y degradó la iniciativa.

Los tres elementos fundamentales abordados en el texto: principios generales de la elección presidencial, cronograma electoral y garantías electorales, evidencian un enfoque integral y detallado para asegurar la legitimidad y la equidad en el proceso.

Entre las bases acordadas destacan el respeto a la soberanía nacional, la independencia y la integridad territorial de Venezuela, incluido el espacio de la Guayana Esequiba, en un claro mensaje de unidad y defensa de los intereses nacionales ante las amenazas externas. Asimismo, se rechaza contundentemente cualquier intento de institucionalidad paralela promovida por sectores desestabilizadores que buscan socavar la democracia venezolana.

En este sentido, se hace un llamado a reivindicar la Asamblea Nacional como el único parlamento legítimo electo por el pueblo venezolano para el período 2021-2025, lo que reafirma la importancia de respetar las decisiones emanadas de los poderes públicos nacionales —con énfasis en el judicial y el electoral— en el marco de la Constitución y las leyes de la República. Del mismo modo, se condenan enérgicamente las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones ilegales impuestas contra Venezuela, así como cualquier amenaza de imponer nuevas medidas que afecten al pueblo venezolano.

Esta sección cierra con la petición de rechazar toda forma de violencia política, golpes de Estado, atentados contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cualquier acción que atente contra la estabilidad institucional y la paz social del país en el marco del cronograma electoral de 2024.

Sobre el calendario, el documento expresa:

"Respetar y reconocer que corresponde al Consejo Nacional Electoral las competencias constitucionales y legales sobre la administración, dirección y vigilancia de los procesos electorales, exhortando respetuosamente a presentar en el primer trimestre del presente año un cronograma que convoque y establezca los lapsos claros para la organización y realización de la elección presidencial correspondiente al 2024".

A continuación, el texto expone 27 propuestas de fechas recibidas de distintos gremios políticos, económicos, sociales, religiosos, entre otros, todos enmarcados en el año vigente, para que el órgano electoral los tenga en consideración y decida con base en sus criterios técnicos.

El compromiso de promover un discurso político y social que fomente la paz y la inclusión en el proceso comicial es uno de los aspectos claves de las garantías electorales acordadas, puesto que no da cabida a ningún actor que, bajo la justificación del derecho a participar en el proceso, ejecute una agenda que aliente escenarios de violencia y desestabilización.

Del mismo modo lo es el haber establecido la obligación de respetar y acatar las decisiones del CNE en todas las etapas del cronograma electoral, así como aceptar y respetar los resultados de los sufragios de 2024. Esta acción representa una salvaguarda crucial para la institucionalidad frente a posibles intentos de sabotaje.

Se acordaron además medidas concretas para garantizar la seguridad y la libertad de circulación y reunión de todos los candidatos en el territorio nacional, en consonancia con los principios constitucionales y legales, y se propuso la presencia de misiones técnicas de acompañamiento nacional e internacional en la elección presidencial de 2024, siempre que respeten escrupulosamente la legalidad vigente.

Otro punto relevante es la realización de auditorías exhaustivas en el sistema antes, durante y después de los comicios, así como la actualización del Registro Electoral en Venezuela y en el Exterior conforme a lo establecido en la normativa vigente, lo que debe garantizar la transparencia y la confiabilidad del proceso.

Por último, se enfatiza el compromiso de promover el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados para todos los partidos políticos y candidatos durante la campaña electoral, lo que asegura una mayor pluralidad y diversidad de opiniones en el debate público.

Jorge Rodríguez desmintió las acusaciones de intentar sustituir el poder electoral, como procuraron hacer ver algunos sectores de oposición y factores extranjeros. Aseguró que el CNE es el único órgano capacitado para convocar elecciones en el país.

“Nosotros hacemos propuestas, pero el CNE es el único que está capacitado para convocar elecciones. Por eso hemos decidido incluir todas las fechas propuestas por todos los factores que participaron en las mesas de diálogo”.

Este documento representa un hito significativo que amplía y consolida el trabajo previo realizado en el Acuerdo de Barbados. Se trata de un nuevo pacto que refleja el consenso alcanzado entre todas las partes políticas, económicas y sociales del país, lo que evidencia un compromiso firme con el respeto y la defensa de la soberanía venezolana, sus instituciones y sus procesos democráticos.

En ese contexto, cualquier intento de socavar este acuerdo, especialmente si proviene de actores externos como Estados Unidos y la Unión Europea, queda completamente marginado por la fuerza del compromiso adquirido entre todas las partes que conforman el acuerdo para las elecciones.