Tras la emisión de los resultados del referendo consultivo por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, comienza una nueva etapa en el reclamo por la Guayana Esequiba con efectos políticos sumamente importantes.

• 10 millones 431 mil 907 venezolanas y venezolanos participaron en el referendo consultivo, con una enorme mayoría a favor del Sí en todas las preguntas (+95%).

La participación fue auspiciosa, tomando en cuenta que la mayoría de los electores opositores tienen una tendencia en el último lustro a la abstención electoral producto de las convocatorias y decisiones de sus dirigentes más alineados a la ultra insurreccional.

Esta vez, hubo algunos líderes de las oposiciones que llamaron al voto este 3 de diciembre a pesar de que no hicieron campañas, y ello pudo haber impulsado a muchos de sus votantes habituales a sufragar.

También, el hecho de que se trataba de un referendo consultivo y no otro tipo de elección, pudo haber convocado a algunos sectores partidistas y no partidistas a participar, lo que confirma el carácter de unión nacional que buscaban los principales líderes políticos sobre un tema trascendental para Venezuela.

Efectos y previsiones

Antes de celebrarse la jornada electoral, ya había dado ciertos resultados desde el lado guyanés. El gobierno de Irfaan Ali había pedido ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se suspendiera la votación de este 3 de diciembre, preocupado de que la población venezolana se incorporara activamente en la controversia territorial.

A pesar del sesgo de la CIJ a favor de Guyana, se pronunció poco antes de la jornada electoral desestimando la demanda de Georgetown. Iba a quedar en evidencia si hacía lo contrario, teniendo en cuenta que el referendo tenía un carácter netamente interno.

El referendo sucedió, millones de venezolanos dieron su opinión sobre las cinco preguntas de la consulta y, ahora, la estrategia política venezolana en torno al Esequibo puede construirse con base a la legitimidad que el soberano constitucional endilga.

Los más altos funcionarios guyaneses ya han declarado sobre el referendo. Sus palabras son contradictorias y dan cuenta de que no existe una estrategia clara por su parte para resolver la controversia territorial, más allá de la CIJ.

Ali reconoce que existe una controversia y que la reclamación venezolana está viva, pero aduce que el diferendo solo puede resolverse a través de la Corte, violando el Acuerdo de Ginebra, ya que es una disposición unilateral.

El vicepresidente Bharrat Jagdeo anunció que "hemos estado trabajando con nuestros socios para impulsar la cooperación en defensa" en aras de su "integridad territorial". Cuando Guyana habla de "socios", se refiere sobre todo a la comunidad anglosajona, principalmente a Estados Unidos y específicamente al Comando Sur.

De ahí las contradicciones: si existe una controversia territorial entre dos países, cómo los dirigentes guyaneses declaran que están dispuestos a defender su integridad territorial. Sobre todo si dicha integridad está basada en un fraude arbitral que sus gobernantes intentan validar a través de la CIJ, una vez más ignorando todas las letras de lo firmado en Ginebra en 1966.

El Estado venezolano, en la Cuarta y la Quinta República, ha sido coherente con su posición dialogante y diplomática según lo dictado por el Acuerdo de Ginebra, y ha invitado a Guyana a apegarse a lo allí escrito y refrendado. La respuesta de la población venezolana a la pregunta 2 del referendo consultivo ratifica que el único instrumento jurídico para resolver la controversia es este y no una decisión unilateral de la CIJ, como lo desea Guyana.

Asimismo, la votación a favor del Sí a la pregunta 4 dio una carta de navegación al Gobierno Bolivariano para que, "conforme a derecho", tome acciones relacionadas a la violación del territorio marítimo venezolano (Delta Amacuro) y en aguas por delimitar (proyección atlántica del Esequibo). Tanto Guyana como ExxonMobil han infringido las leyes internacionales referidas a la integridad territorial (de Venezuela en este caso).

Lo más previsible es que el gobierno de Ali continúe con la expansión del esquema de concesiones a empresas transnacionales en clara violación del derecho internacional y celebre de antemano cualquier fallo que la CIJ emita sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899. El sesgo de dicha Corte ha sido más que demostrado: sus jueces se deben a los intereses anglosajones y todos sus pasos han ratificado la posición de Guyana sobre el Esequibo.

Pero los resultados del referendo consultivo le dan al Estado venezolano la carta con la cual puede navegar para resolver la controversia, y que, contrario de lo que proclaman los dirigentes guyaneses, tiene a la carta diplomática como única opción.

Más bien, ha sido Guyana la que ha profundizado su relación con el Comando Sur, auspiciando ejercicios militares con Estados Unidos en territorio guyanés y en el Esequibo, en la misma línea de amenaza bélica que el Pentágono ha desarrollado poco más allá de las fronteras venezolanas. Las respuestas del gobierno de Nicolás Maduro a estos escenarios han ido en la línea histórica y coherente del Estado, es decir, con la diplomacia en mano, sin discursos de doble vara.

Sin embargo, la tensión entre Guyana y Venezuela continuará sobre el Esequibo. Por ello, algunas opiniones en el campo guyanés asoman la posibilidad de que la Comunidad del Caribe (Caricom) facilite una negociación directa entre los presidentes Maduro y Ali para resolver la controversia, organización de la que Venezuela ha fungido como país observador.

El presidente Maduro ha reiterado varias veces su disposición al diálogo, llamado que ha sido rechazado e ignorado sistemáticamente por la otra parte. En esta tribuna presentamos el modelo de buena vecindad y campos compartidos implementado entre Venezuela y Trinidad y Tobago como una opción a tomar en cuenta para resolver el diferendo, que debe ser satisfactorio para ambos países y de acuerdo a lo establecido por el Acuerdo de Ginebra.

Esta alternativa podría valerse por sí misma si Guyana toma la decisión soberana de llevar a cabo la negociación directa con Venezuela. Este escenario aún está en el horizonte si tomamos en cuenta las declaraciones de John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Administración Biden, el pasado viernes 1º de diciembre: "El laudo arbitral de 1899 que determinó la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela debe respetarse a menos que las partes lleguen a un nuevo acuerdo o la Corte Internacional de Justicia decida lo contrario" (las negritas son nuestras).

Hasta los momentos, la opción diplomática pudiera ejercerse, teniendo como precedente los acuerdos de Barbados que tuvieron un visto bueno de la Casa Blanca, interesada en que Venezuela mejore su capacidad energética por consideraciones geopolíticas, en específico a favor del propio mercado estadounidense y del europeo (ambos en crisis en ese sector).

En el ínterin, existe una piedra de tranca muy poderosa que está acompañada por el Comando Sur y el Departamento de Estado: ExxonMobil, corporación que ha tenido una relación negativa con Venezuela en la historia reciente, entre saqueo de recursos nacionales, demandas arbitrales en el exterior y la influencia de la empresa petrolera en la política exterior estadounidense contra Venezuela, sobre todo durante la era Trump cuando su exdirector ejecutivo Rex Tillerson formaba parte del gobierno en Washington, D.C.

Los efectos del referendo consultivo pasan por el rechazo político a la influencia de ExxonMobil en los gobernantes guyaneses y llamar al diálogo diplomático entre las partes, estrategia refrendada este domingo 3 de diciembre por una votación abrumadora a favor del Sí en todas las preguntas.