Los daños presentados en el balance general tras los sucesos catastróficos del 24 de junio sugieren que las denominaciones y dimensiones de los costos ocasionados por el desastre son cuantiosos, inéditos en la historia venezolana.

De hecho, no hay precisión hasta la fecha sobre el impacto económico total que tendrían los terremotos. Sin embargo, las estimaciones no se han hecho esperar. Veamos.

PRIMERAS ESTIMACIONES

Una evaluación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante análisis de imágenes satelitales de alta resolución, sitúa el rango total de los daños estructurales y activos económicos esenciales entre los 4.700 y 8.700 millones de dólares.

Según esa estimación, el rango de daños es equivalente a entre un 5-8% del PIB.

Centenares de edificaciones residenciales se derrumbaron por completo o sufrieron daños severos tras el doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5. El impacto habitacional constituye el mayor porcentaje del costo económico total.

Por otra parte, los mayores daños se concentran en el norte del país, afectando fuertemente a localidades de La Guaira y distritos de la capital de Caracas, principalmente Los Palos Grandes y Altamira en el municipio Chacao. También se registraron edificaciones perdidas en Tucacas (estado Falcón), en Valencia (estado Carabobo) y en Maracay (estado Aragua).

Los sistemas hospitalarios y los servicios públicos esenciales en la zona de influencia de los terremotos se encuentran bajo máxima presión, lidiando con afectaciones de infraestructura.

Las estimaciones iniciales incluyen la existencia de riesgos geológicos secundarios. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) advierte que fenómenos como los deslizamientos de tierra y la licuefacción del suelo continúan agravando la destrucción de los activos económicos superficiales y las vías de transporte.

El USGS, mediante un tabulador construido sobre un modelo matemático preliminar basado en la intensidad y vulnerabilidad estructural, establece un rango de daños y costos muy amplio: no menor de 10.000 millones de dólares y hasta los 100.000 millones de dólares. Es, hasta ahora, la estimación más amplia y ambigua que se haya divulgado.

El economista venezolano Asdrúbal Oliveros ha estimado pérdidas directas que escalan al 8,5% del PIB al incluir comercio y logística, por un monto de 9.000 millones de dólares.

Es importante destacar que, para hacer una estimación de costos con perspectiva de largo aliento, deben separarse los costos concretos en pérdidas directas registradas con el desastre de los costos adicionales que se registrarán en los próximos meses y años por diversas razones.

Debe incluirse no solamente el valor neto de las infraestructuras y bienes materiales perdidos. En realidad, la crisis acarrea lidiar con costos incrementales en la atenuación de las secuelas en la economía venezolana, de considerable inflación.

Además, formarán parte de la estructura de gastos la atención humanitaria a los afectados durante un periodo prolongado y otras consecuencias derivadas de los daños estructurales, riesgos geológicos, reordenamiento urbano e infraestructuras públicas y privadas que presentarán secuelas derivadas de los eventos sísmicos.

Un elemento a incorporar en el balance es el lucro cesante, las actividades económicas que se han visto paralizadas, interrumpidas, y que seguirán así por tiempo indefinido y lo que ella implica en costos económicos o ganancias no devengadas. Solo en La Guaira, el Puerto de La Guaira, el Aeropuerto de Maiquetía, centros comerciales y servicios turísticos han sufrido daños muy serios; hay incertidumbre sobre la reapertura de estas actividades y esto se va a colateralizar en el desempeño económico del país de este año.

Suponiendo que las pérdidas netas se registren en 8.000 o 9.000 millones de dólares, los datos sugieren un coste total a largo plazo de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares, considerando los gastos actuales que genera la coyuntura, la atención de secuelas derivadas, la atención de las víctimas y damnificados y la inversión requerida en los próximos meses y años para levantar la infraestructura habitacional, de infraestructura y económica afectada.

SANCIONES Y AYUDA INTERNACIONAL

Aunque insuficiente, para mitigar el impacto humanitario y financiero de los devastadores sismos en Venezuela, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una medida legal clave el 25 de junio de 2026. La Licencia General N.º 60 (LG 60). Se trata de una autorización por tiempo bastante delimitado y vencerá el 23 de octubre de 2026.

Esta orden administrativa flexibiliza de manera temporal el régimen de sanciones vigentes sobre el país para agilizar la asistencia internacional.

El documento autoriza todas las operaciones y transacciones financieras destinadas a las labores de socorro, asistencia humanitaria, evacuación y recuperación derivadas de la emergencia sísmica.

El Departamento del Tesoro aclara en sus notas que se aprueba expresamente el procesamiento o transferencia de fondos de personas o entidades de terceros países hacia o desde Venezuela, abriendo una ruta legal crítica para donaciones de actores sancionados o no regulados previamente. Exime de responsabilidades a las instituciones financieras de Estados Unidos y transmisores de dinero registrados. Estos bancos pueden tramitar remesas y fondos de emergencia confiando en la información del emisor sobre el cumplimiento de la norma.

La licencia también establece ciertos límites claves: queda prohibido expresamente el desbloqueo de cualquier tipo de propiedad congelada de forma previa bajo el Reglamento de Sanciones contra Venezuela.

En el presente, Venezuela tiene retenidos miles de millones de dólares en activos líquidos, oro y bienes (como la empresa Citgo Petroleum, en suelo estadounidense) que superan el valor de 20.000 millones; según algunas estimaciones, el monto arriba hasta los 30.000 millones de dólares.

Estos elementos indican que las sanciones ilegales extranjeras siguen siendo un contrapeso muy grande que afecta las posibilidades de recuperación de Venezuela en todos los plazos.

De hecho, la LG 60 podría considerarse una prueba irrefutable del carácter agresivo y destructivo del régimen de sanciones contra la población venezolana, pues desnuda dos realidades fundamentales: la primera es que Venezuela ha sido tan vetada del sistema internacional que ni siquiera contaba con aval para recibir la ayuda humanitaria extranjera, la misma que líderes opositores venezolanos azuzaron tanto durante años.

En segundo lugar, que el mismo gobierno estadounidense debe crear garantías frente a sus bancos de que no actuarán contra ellos por procesar el flujo de ayuda financiera, demostrando así el problema del "sobrecumplimiento" (overcompliance) en el marco del estricto régimen de sanciones.

Si bien parte de los efectos de los terremotos pudieran mitigarse a partir de la ayuda internacional, los montos que podrían recibirse no pueden estimarse claramente en el presente, ya que la mayoría de la ayuda recibida, hasta el momento, se concentra en bienes humanitarios y recursos humanos para atender la catástrofe, pero ello no sugiere una recuperación efectiva de los bienes perdidos en el corto plazo.

Una de las posibilidades que abre la licencia es que, en el contexto coyuntural, Venezuela pueda recibir donaciones masivas mediante un mecanismo internacional de recaudación, lo cual podría incluir la participación de entes internacionales, como el Sistema de Naciones Unidas, que pudieran destinar ciertos recursos para la recuperación. Pero esto, viniendo de la mano de la ONU, es incierto, dando por sentada la insolvencia financiera que hoy afecta al ente.

Esto sugiere que las oportunidades reales para Venezuela yacen en poder construir mecanismos efectivos de recaudación mediante mecanismos sólidos, que permitan canalizar la ayuda financiera o en bienes, de parte de gobiernos, organizaciones, instituciones y personas particulares venezolanas o extranjeras.

El gran obstáculo de ello sería la discrecionalidad estadounidense bajo el paraguas del régimen de restricciones, esto pese a que hoy exista una ventana abierta en forma de licencia que se cerrará en octubre. De ahí que sea muy probable que el gobierno venezolano continúe mediando su situación frente a Estados Unidos, abogando por un desmantelamiento definitivo de las sanciones ilegales.