El segundo acuerdo parcial firmado entre el Gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria en noviembre de 2022 en México —país donde se celebra la Mesa de Diálogo Nacional (MDN)— tuvo en la devolución de parte de los activos patrimoniales de la república—confiscados ilegalmente desde la operación golpista de 2019 que presentó a Juan Guaidó a la cabeza— uno de sus pilares.

Washington, usando su poder de arbitraje global sobre el sistema financiero y empleando una estrategia de captura de activos mediante "sanciones" secundarias, ejecutó la apropiación ilegal de fondos y empresas del Estado venezolano en el extranjero.

Pese a que Citgo, Monómeros y las 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra —equivalentes a más de 1 mil millones de dólares— son los símbolos más conspicuos de esta ofensiva de saqueo organizada contra el país, también deben considerarse otros activos como fondos de reserva, garantías de títulos de valor y cuentas por cobrar de facturas petroleras en bancos e instituciones europeas que fueron embargadas.

Se estima que la cifra global de activos retenidos supera los 20 mil millones de dólares, según lo expresado por el presidente de la Asamblea Nacional y representante de la delegación del Gobierno Bolivariano ante la MDN, Jorge Rodríguez, cuando se firmó el segundo acuerdo parcial.

En tal sentido, devolver al país más de 3 mil millones de dólares de ese monto global no sólo representaba una reinvindicación parcial ante el daño económico y patrimonial ocasionado por la campaña de "máxima presión" de Donald Trump, sino que era la condición básica para que el proceso de negociación avanzara y pudiera seguir dando resultados en el corto y mediano plazo.

Para el país, los fondos implican un horizonte de posibilidad en el intento de reactivar, recuperar y robustecer la economía en ámbitos cruciales para el bienestar social afectados por el bloqueo prolongado, como la educación y la infraestructura de salud y de servicios básicos —ejes del malestar social— y, recientemente, en el caso del gremio magisterial cooptado por la oposición mediante una campaña promovida para configurar una agenda de conflictividad y presión desde abajo y dentro del propio Estado.

En resumen, no cumplir con la repatriación de una parte de los fondos congelados, tal como se había concertado, se traduce en un estancamiento de la dinámica de diálogo y en el quiebre de la zona de confianza en el proceso construida desde agosto de 2021. A medida en que el tiempo avanza queda claro que la oposición representada en la Plataforma Unitaria no tiene voluntad para cumplir los acuerdos, lo que la ha llevado a perder credibilidad ante sus seguidores y frente a los acompañantes internacionales de la MDN.

La Plataforma Unitaria ha intentado esquivar su responsabilidad al respecto. Stalin González, dirigente opositor del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y miembro de la delegación correspondiente en la MDN, aseveró que los activos de Venezuela "no se encuentran en una cuenta de banco al que se pueda acceder de manera sencilla". Además, González afirmó que ambas fracciones "son responsables de identificar los activos e invertirlos".

La premisa del dirigente de la tolda azul parte de una base errada. Primero porque Washington, en concreto el Departamento del Estado, ente ejecutor de las "sanciones" contra el país, tiene todo el mapeo de los activos venezolanos debido a que fue la institución que encabezó la cacería y produjo el marco pseudo-legal para hacerla realidad.

La supuesta imposibilidad de acceder de manera sencilla a los fondos de la república, a la que hace referencia González, es claramente una maniobra de control de daños sustentada en una planificada imprecisión técnica.

En segundo lugar, el Estado y la población venezolanas son las partes afectadas, por lo que pedirles que colaboren a rastrear activos y proveer información —que no hace falta— con vistas a concretar la repatriación es un nueva muestra de agravio que contribuye con la evasión de las responsabilidades contraídas en noviembre del año pasado frente al país.

Pero lo manifestado por González también implica la confirmación de que el diálogo con la oposición tiene una carga de ficción política importante. Si bien se proyectan como sujetos con poder de negociación propio, la influencia de Washington siempre resulta determinante sobre ellos y quedan inutilizados como un ente delegado que, en definitiva, se mueve en función de intereses tácticos y estratégicos ajenos. No es la primera vez que ocurre. El patrón de tutelaje que desempeña Estados Unidos ya se ha evidenciado en procesos anteriores, y ha sido la razón principal del fracaso en el que han terminado esos intentos.

El retraso en la repatriación de tales activos venezolanos confirma la tesis ampliamente extendida de que, en realidad, el proceso de diálogo es una forma indirecta y burocrática, expuesta al estancamiento, de llevar adelante las negociaciones con Estados Unidos.

En tal sentido, la única razón que explica que los más de 3 mil millones de dólares propiedad de Venezuela sigan retenidos es que Estados Unidos se resiste a liberarlos efectivamente, aunque tiene toda la información y las palancas de poder a la mano para hacer efectiva la retribución en un estrecho margen de tiempo.

Como reveló el diario El País de España en enero de este año, Estados Unidos está boicoteando directamente la entrega de dichos fondos. El "embajador" estadounidense no reconocido por Venezuela, James Story, envió una carta no pública a Naciones Unidas para atemorizarla y advertirle que gestionar la recepción del dinero, como se había concebido inicialmente en el segundo acuerdo parcial, podría traer como consecuencia que acreedores de la deuda externa aparecieran para reclamar pagos.

Es decir, en dos platos: A través de Story Washington confirmaba que no estaba dispuesto a otorgarle condiciones de seguridad a la devolución de los fondos sino que, por el contrario, facilitaría que pudieran ser objeto de captura por acreedores, vale decir, mayoritariamente estadounidenses.

Es factible pensar que Estados Unidos ha continuado en esta línea de presión y condicionamiento en el primer trimestre de 2023, y busca inhabilitar al ente mediador y facilitador: Naciones Unidas, sin el cual el acuerdo de repatriación no puede ser posible ya que la intrincada arquitectura de "sanciones" unilaterales aún vigente impide que el dinero sea liberado por canales regulares.

De facto, apuntando directamente hacia la ONU, buscando inhabilitar la función que tenía establecida, Estados Unidos ha mutilado la garantía de continuidad más importante de la MDN, y así ha fracturado el marco operativo e institucional dentro del cual se realizaría la devolución de los fondos al país.

Las consideraciones de por qué Washington realiza esta apuesta son múltiples y se expresan en diversos planos de la coyuntura política, económica y social que experimenta la nación venezolana en la actualidad. Por un lado, mantener retenidos los fondos es una forma de perturbar la recuperación económica emprendida por el presidente Nicolás Maduro, base material de su afianzamiento político en los últimos años y, en consecuencia, de la estabilidad del país.

El cálculo pareciera estar orientado a limitar el horizonte de crecimiento y reactivación económica y, con ello, promover un aumento del malestar e incertidumbre en la población con el objetivo de apuntalar un clima de descontento que pudiera instrumentalizarse en una nueva agenda de conflicto y presión, ya dibujada en sus aspectos generales por el influyente think-tank Wilson Center en tiempo reciente.

El destino de la Plataforma Unitaria no pareciera ser una prioridad en este punto, a pesar de que ha terminado como la entidad más afectada por el estancamiento de la MDN. En definitiva, la urgencia por ampliar el suministro de hidrocarburos es el factor que vertebra ahora mismo su política exterior, y la continuidad de la actividad petrolera de Chevron puede negociarse por vías directas, prescindiendo de la Plataforma Unitaria.

Pero una nueva escalada de desconfianza y escepticismo hacia la oposición también pareciera ser producto de una planificación. Ante el revuelvo fabricado por figuras extremistas de derecha como María Corina Machado en el contexto de primarias, hundir la plataforma opositora se traduciría en afianzar dicho auge y movilización de apoyo perceptivo hacia figuras representativas del cambio de régimen y el golpismo criollo.

Mientras la Plataforma Unitaria queda encadenada a dar respuestas sobre la interrupción del diálogo al tiempo que observa su escaso capital político deteriorarse aún más, figuras como María Corina Machado aprovecharían dicho escenario para ampliar su narrativa dirigida a explotar los fracasos del G3, lo que la hará mostrarse como una opción outsider, al margen, supuestamente, del mapa político tradicional del que ella y otros nunca han dejado de ser parte constitutiva desde el principio. Un mecanismo para alimentar el cambio de régimen toda vez que se contribuye a intensificar la presión económica y el malestar social.

También en el entendido de que buena parte de esos fondos iban dirigidos a la infraestructura educativa, Washington busca extender el conflicto reinvindicativo por el incremeno de los salarios planteado desde algunos gremios del magisterio: Han sido en cierta medida cooptados o empujados bajo el paraguas de influencia de los partidos opositores. Así, en la medida en que Washington retiene los más de 3 mil millones de dólares promueve las condiciones materiales para que esa agenda de presión se mantenga con el propósito de disminuir la aceptación social y el consenso narrativo en torno al plan de recuperación económica del presidente Maduro.

Es muy probable que la perspectiva estadounidense no esté puesta en las presidenciales del año 2024 sino, más bien, en agudizar los flancos débiles de la recuperación económica de cara al relanzamiento este mismo año del conflicto mediante tecnologías ya ampliamente probadas, como la revolución de colores.