La crisis, que no es solo coyuntural ni regional sino sistémica y global, ha sido catalizada por la pandemia que se ramifica desde lo geopolítico hasta lo cotidiano, pasando por lo nacional; de allí que Venezuela se ve afectada, pero también impulsada, por tensiones de todo tipo, reivindicando el derecho a ser y existir como referente político.

El frente interno

La aparición de Trump en la presidencia de Estados Unidos ha expuesto algunas fracturas en la élite globalista; una de ellas es la crisis de consenso entre Washington y la Unión Europea (UE). Este último polo se ha visto vapuleado por la Administración Trump en distintas decisiones y declaraciones donde el magnate ha dejado claro el rol subalterno del viejo continente ante el concierto global que Estados Unidos pretende dirigir.

Distintos actores del conglomerado europeo han manifestado que el liderazgo global de Estados Unidos está llegando a su fin; la última fue la canciller alemana Angela Merkel. Esto ocurrió la misma semana en la que la UE se unió a la política de Trump contra Venezuela y decidió sancionar a 11 venezolanos de distintas actividades y tendencias políticas.

Como respuesta a la decisión injerencista, el gobierno venezolano decidió expulsar del territorio nacional a la embajadora de la UE, Isabel Brilhante Pedrosa. “Qué vergüenza que 27 países que son un poderío económico estén de rodillas a Donald Trump y sus políticas de agresión y erráticas sobre Venezuela”, expresó el presidente Nicolás Maduro ante la subordinación de la UE.

Ello generó reacciones del Alto Representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el mismo que en abril pasado destacó el fin del liderazgo de Estados Unidos en el mundo y señaló que ya el equilibrio del poder se inclina hacia Asia, sobre todo luego de la pésima gestión norteamericana ante el brote de coronavirus.

En el frente interno, sectores antichavistas del llamado G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo) tienen el dilema entre participar de la vida política o seguir la senda antipolítica, por lo que sectores de Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ) interpusieran sendas acciones de amparo constitucional que fueron declaradas competentes y admitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En ambos casos el Poder Judicial designó mesas directivas ad hoc de los partidos políticos, lo que les permite legitimarse vía procesos internos e ir a las elecciones legislativas del 6 de diciembre próximo, convocadas por el flamante Consejo Nacional Electoral (CNE).

El mismo TSJ designó, como lo ha hecho otras veces, a la directiva del CNE que anteriormente anunció las normas especiales para las elecciones parlamentarias del período 2021–2026 a través de su nueva presidenta Indira Alfonzo Izaguirre.

A este respecto, el sector del antichavismo tutelado por Estados Unidos y sus satélites, que no reconoce al TSJ ni al CNE, queda al margen del metabolismo político venezolano en el que las elecciones, el diálogo y la participación política en la vida cotidiana son maneras de dirimir diferencias en democracia.

El frente judicial internacional

El bloqueo a Venezuela, encabezado por Estados Unidos, ha hecho más evidente las fisuras entre los bloques hegemónicos que han pretendido aplicar tabula rasa al mundo a través de instituciones como la Corte Penal Internacional (CPI).

Venezuela, que tiene bloqueados casi 10 mil millones de dólares en Estados Unidos y en Europa, además de 31 toneladas de oro en el Reino Unido, acudió en febrero pasado a la CPI para denunciar al gobierno de Estados Unidos por las sanciones contra su economía y reclamó a la fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda, que abra una investigación contra Washington por crímenes de lesa humanidad ocasionadas por las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, contra el pueblo venezolano.

Dichas medidas de Estados Unidos tienen como víctima fundamental a la “población civil venezolana que ha muerto, que ha sufrido enfermedad y obstáculos para su alimentación”, así lo explicó el canciller venezolano Jorge Arreaza. En junio pasado el mismo canciller Arreaza firmó un alcance para denunciar las medidas coercitivas unilaterales en medio de la pandemia.

Más que tabula rasa, Estados Unidos ha querido imponer la ley del embudo al no reconocer esta instancia global criticando el rol de la CPI, constituida en 1998 e instalada en 2002. Incluso el ex presidente George W. Bush (2001–2009) alentó a los países a evitarla y amenazó con sanciones a quienes la apoyaran.

Barack Obama, sucesor de Bush hijo, aunque menos determinante, tampoco adhirió a Estados Unidos al Estatuto de Roma. Trump ha penalizado con sanciones y prohibición de ingreso al país para cualquier funcionario de la CPI que investigue a tropas estadounidenses con el fin de frenar un caso de crímenes de guerra en Afganistán.

Borrel ha defendido a la CPI calificando de “inaceptables” las medidas instando a Estados Unidos “a revertir su posición”. Causa alta expectativa cuál sería la posición de la UE si la CPI decide abrir una investigación penal contra quienes bloquean y retienen los activos que la población venezolana requiere para enfrentar la amenaza sanitaria del coronavirus.

El frente colombiano

Las amenazas y oportunidades han permitido que la ofensiva chavista sea constante y que, no sin debilidades, se ponga en marcha una transformación que neutralice la guerra declarada por parte de las élites transnacionales.

En coordinación con Estados Unidos, Colombia ha servido como plataforma para asediar a Venezuela, lo cual ha requerido acciones contundentes en el plano militar y social, aun en medio de la pandemia.

Decretado el estado de alarma nacional, cuando la ONU exhortaba a un alto al fuego en el mundo a causa de la pandemia, desde marzo pasado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha desactivado células paramilitares de la banda narcoparamilitar Los Rastrojos a las que se le ha incautado en varios operativos cientos de kilos de explosivos, armamento y evidencias de planos y procedimientos para atacar unidades militares, un aeropuerto, un terminal de pasajeros e instalaciones hospitalarias.

Asimismo se ha detenido personas provenientes de Colombia que evaden los controles sanitarios y a la larga se convierten en vectores del Covid-19, aumentando los contagios domésticos. Distintas autoridades han denunciado que esto es estimulado por cuerpos de seguridad y grupos paramilitares colombianos.

El gobierno venezolano fortalece el desarrollo del Plan de la Patria sosteniendo la inversión social y sorteando los ataques y problemas que ocasionan el angloimperio en general y la pandemia como coyuntura. Aun cuando las medidas coercitivas han buscado perjudicar la lucha contra la pobreza estructural, producto bien acabado del capitalismo, el chavismo avanza en la instrumentación y profundización de políticas sociales eficaces.

En lo concreto se ha buscado proteger a la población en el combate al Covid-19 mediante el despistaje casa por casa y la gratuidad del tratamiento de los pacientes infectados con el apoyo humanitario de China, Cuba y Rusia.

Asimismo se busca la seguridad alimentaria mediante el despliegue de los Consejos Locales de Alimentación y Producción (CLAP) y la distribución de combos de alimentos a 7 millones de familias.

También se ha mantenido la asignación de bonos que buscan proteger a trabajadores a través de la Plataforma Patria. El miércoles 1º de julio pasado Maduro aprobó la entrega de 33 mil 682 nuevas pensiones para mantener el 100% de atención a adultos mayores.

El estado de alarma global no ha detenido la arremetida de la corporatocracia que gobierna Estados Unidos y sus países-satélite contra Venezuela. Ante el empuje enemigo, el gobierno venezolano ha tomado la iniciativa definiendo nuevos marcos de acción que le permiten al chavismo llevar el pulso de los últimos tiempos.