El Panel de Expertos Electorales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), presente como acompañante en los comicios presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio, ha revelado al público un documento sobre ese proceso que ha pasado a formar parte del arsenal de señalamientos contra las instituciones venezolanas. La maniobra, evidentemente, ha respondido a un cálculo político dirigido a devolverle el timing perdido a la agenda golpista encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

El informe preliminar señala que la gestión de los resultados electorales en Venezuela "no cumplió con los estándares de transparencia necesarios para ser creíbles". El mismo es producto del trabajo de una comisión de cuatro expertos que componen el Panel, quienes expusieron sus primeras observaciones del proceso durante su estancia en Venezuela, desde finales de junio hasta su retiro del país el 2 de agosto de 2024, según señala el texto publicado. 

Dicho material ha sido instrumentalizado políticamente para cuestionar la reelección del presidente Nicolás Maduro y está siendo empleado por diversas vocerías y gobiernos con vistas a incrementar la presión diplomática sobre Venezuela.

El análisis a detalle del documento, su divulgación y, además, el propio desenvolvimiento de los expertos en Venezuela indican una operación orquestada y uso deliberado de este Panel para sostener el impulso de la agenda de cambio de régimen, que ha perdido capacidad de incidencia en la calle y a lo interno de la sociedad venezolana. 

Divulgación del documento

Tal como refirió la propia ONU en su sitio oficial, hay una diferencia significativa entre un Panel de Expertos Electorales y una Misión de Observación. Estas últimas son encomendadas por el Consejo de Seguridad de la ONU o la Asamblea General, mientras que los primeros son "mecanismos de asistencia electoral" que brinda la ONU a solicitud de los Estados miembros.

En el caso de las elecciones presidenciales de Venezuela, la asistencia del Panel obedeció a una solicitud del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante una opción en la que, según refiere la ONU, se generaría un informe que sería "de carácter confidencial", dirigido al Secretario General de la organización y a autoridades comiciales venezolanas. El mismo incluiría "recomendaciones sobre mejoras que se podrían realizar en futuros procesos electorales en Venezuela".

Al ser anunciada su presencia en el país, se indicó desde la ONU que "sin un mandato legislativo, la ONU no puede observar o evaluar públicamente los procesos electorales de un Estado Miembro y, por lo tanto, el Panel de Expertos no emitirá ninguna declaración pública". Esto lo informó la organización a través del portavoz del secretario general António Guterres, Farhan Haq.

Aunque la declaración era contundente, ahora es evidente que la propia ONU se ha extralimitado en las atribuciones de este mecanismo. A falta de un mandato legislativo, el Panel ha violentando principios que lo rigen, pero además está contribuyendo a la sistemática vulneración de la soberanía de las instituciones nacionales al hacerse parte activa de una controversia postelectoral, tomando partido por la narrativa del ala extremista de la oposición.

Incongruencias

El informe entra en colisión con los señalamientos que ha hecho el Centro Carter.

Para la fundación estadoundiense no hubo evidencia de un ataque cibernético a las elecciones venezolanas, mientras que, según el Panel, la transmisión de datos desde las máquinas al centro de totalización de actas y resultados se vio interrumpida.

El documento expresa que si bien la transmisión de resultados electrónica funcionó bien al principio, después "se detuvo bruscamente en las horas posteriores al cierre de las mesas sin que se diera ninguna explicación a los candidatos".

Esta declaración es tendenciosa dado que no está estipulado en ningún reglamento que el CNE deba informar directamente a los candidatos sobre algún problema técnico sobrevenido.

Por otro lado, se indica que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, advirtió que la transmisión había sido afectada por un ciberataque que retrasó el desarrollo del conteo.

Curiosamente, el propio Panel, que reconoce los problemas en la transmisión de datos haciendo alusión al hackeo señalado por el CNE, no destaca en su informe la interrupción de los lapsos y la consolidación global del sistema de información por centros y mesas electorales.

De esta forma, minimiza y omite las razones del proceso de interrupción de datos, causa del no cumplimiento del cronograma electoral en los tiempos previstos.

Además obvia elementos claves de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), la cual apunta que el ente rector cuenta con 30 días para el anuncio de los resultados a detalle mediante el mecanismo de Gaceta Electoral, período que no se ha vencido al día de hoy. 

Omisiones sobre el peritaje del TSJ

El Panel afirmó que "da cuenta del recurso contencioso electoral presentado por el presidente Nicolás Maduro, que busca revisar el proceso y verificar los resultados. Por ahora no hay información detallada sobre la forma en que se llevará a cabo la evaluación".

De esta manera alude muy superficialmente el contencioso electoral solicitado por el presidente reelecto ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En las circunstancias actuales, la publicación del informe, con información incompleta, tiene como objetivo agravar la controversia postelectoral en beneficio de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

El documento no ha sido actualizado, se remite únicamente a los hechos hasta el 2 de agosto y, en consecuencia, no refiere elementos claves posteriores a esa fecha.

El Panel se retiró del país sin extender su acompañamiento, con lo cual desconoce los mecanismos institucionales que se activaron desde entonces y los hechos de gran relevancia que se han desarrollado, como por ejemplo:

• El mismo presidente Maduro fue quien solicitó someter a peritaje la elección presidencial.
• Edmundo González —autoproclamado como ganador— no ha cumplido con los pasos legales de impugnarla.
• Tampoco ha presentado pruebas —actas de su supuesta victoria— y, de hecho, está en desacato frente al TSJ por no comparecer ante esta instancia.

Además de desconocer los eventos relacionados al contencioso, en el informe no se hace referencia a las competencias de la Sala Electoral, relevantes para aclarar la controversia, con lo cual ignora el rol de las instituciones venezolanas.

Esto último es relevante ya que es obligatorio para la labor de los funcionarios de Naciones Unidas someterse a los principios de la organización.

Que el documento haya sido revelado en el punto actual de la coyuntura postelectoral, haciendo omisiones relevantes, pero además violentando los principios de diálogo, resolución pacífica de controversias y la preservación de la integridad de las instituciones de los Estados miembros, expresa la voluntad de promover el conflicto y agravar la crisis desde la órbita de poder occidental. 

El largo brazo de EE.UU.

Ante la publicación, el Gobierno venezolano ha expresado su absoluto rechazo, alegando el incumplimiento de los acuerdos entre la ONU y el CNE, y la transgresión de los propios principios del mecanismo del Panel de Expertos.

El canciller venezolano Yván Gil señaló en un comunicado que el informe de la ONU difunde "una serie de mentiras y viola en contenido y método los principios que rigen el funcionamiento de los grupos de expertos".

Asimismo considera que esta acción "representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica". Gil destacó que los expertos de la ONU tuvieron acceso a todas las fases del evento electoral y comprobaron de primera mano el funcionamiento del sistema venezolano, por lo que "la opinión emitida en su irresponsable escrito no es más que un acto de propaganda que sirve a los intereses golpistas de la ultraderecha venezolana".

El canciller, además, denunció que durante su estadía en Venezuela los integrantes del Panel de Expertos de la ONU tuvieron frecuentes contactos con funcionarios del Departamento de Estado estadounidense. Ante esta situación, el canciller venezolano sostuvo que las declaraciones de los expertos de la ONU son producto de las instrucciones emanadas del país norteamericano.

Estos elementos son de alta relevancia en virtud de que el Gobierno venezolano, en el marco de sus atribuciones como garante de la seguridad integral de la nación, está refiriendo la posible injerencia de funcionarios estadounidenses en las elecciones venezolanas, mediante el Panel de Expertos como caballo de Troya.

Esto reafirma el planteamiento de que la divulgación del informe y su contenido son parte de una operación política para deslegitimar los comicios del 28 de julio. Sin embargo, en un sentido táctico debería comprenderse como un recurso de urgencia para lograr que la agenda golpista vuelva al centro de la escena, en vísperas de una movilización convocada por María Corina Machado para este sábado 17 de agosto, necesitada de nuevos componentes de movilización.