Lun. 15 Agosto 2022 Actualizado Viernes, 12. Agosto 2022 - 13:58

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El Helicoide (Caracas) desde el noreste (Foto: Nelson Garrido)
¿Traslado de "presos políticos" a cárceles comunes?

La verdad sobre el Decreto 4.610

El día jueves 20 de mayo, la exdiputada Delsa Solórzano lanzó vía Twitter el bulo mediático de que el presidente Nicolás Maduro había ordenado, a través de un decreto, "el traslado de 'presos políticos' a cárceles comunes".

No hubo noticia ni fuente alguna diferente a la vocería de Solórzano que confirmara esta versión.

Sí trascendió el hecho como una "denuncia" en portales mediáticos internacionales (France24/AFP, agencia acusada de sesgo contra la República Bolivariana por la Cancillería); sin embargo, no ha habido otra fuente que contraste lo que la exdiputada declaró.

Lo que el clan Guaidó, mediante la vocería de Delsa Solórzano y la ficticia Comisión de Justicia y Paz que preside, intentaba hacer era volver a agitar la bandera de las "violaciones a los derechos humanos" en Venezuela en un contexto poco propicio para su agenda fracasada de cambio de régimen.

En un momento en el que comienza de una nueva era política en Venezuela, contando con la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional mientras el Poder Electoral convoca una nueva tanda de elecciones a finales de este año, los restos de la anterior administración pretenden volcar la narrativa hacia el expediente Venezuela ante los organismos internacionales.

Pero sus "denuncias" encallaron en una respuesta de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dirigida por Michele Bachelet, alabando las últimas medidas en la materia ejecutadas por la jefatura del Estado venezolano.

El decreto

La única parte confirmable del bulo de ese sector del antichavismo tiene que ver con el decreto emitido por la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Se trata del decreto 4.610, publicado en Gaceta Oficial N° 42.125 del 12 de mayo de 2021, que instruye a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Servicio de Inteligencia (SEBIN) a "transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia de este Decreto".

Con el bulo mediático se pretendió desfigurar lo que emite a través de la fragmentación de la información, dando por hecho el traslado de los políticos presos (mal llamados "presos políticos" por la oposición y sus ONG) a las cárceles de presos comunes cuando el decreto afirma otra cosa.

Los centros de detención antes regidos por la DGCIM y el SEBIN cambian de adscripción, como bien lo dice el decreto; no se relaciona con el traslado de recintos de los políticos presos o encarcelados por crímenes políticos (como el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde y El Helicoide, ambos en la Gran Caracas) a centros de detención como Yare II y Rodeo II y III.

La denuncia incluso contiene una contradicción intrínseca, pues el antichavismo junto con medios y ONG han repetido durante dos décadas que Ramo Verde y El Helicoide son los "centros de tortura" de la "dictadura castrochavista". ¿Por qué entonces la queja, si se trataría de un traslado? Estos son los baches de la versión de Solórzano que, por supuesto, nunca llenará.

Reestructuración institucional

Pero el trasfondo del caso tiene que ver con la estabilidad de las instituciones venezolanas. El decreto 4.610 es una de entre tantas acciones que lleva a cabo el Poder Ciudadano en su papel preventivo, investigador y sancionador de los hechos que atenten contra la buena gestión de la administración pública, en cumplimiento de los principios constitucionales de los que el Estado es el principal promotor.

El 18 de mayo, el fiscal general Tarek W. Saab dio una conferencia de prensa donde explicaba el envío a la Corte Penal Internacional (CPI) de un cuarto informe relativo a los avances realizados "en materia legislativa y en la renovación de instituciones" para cumplir con "el compromiso adquirido en el primer informe", dando respuesta sobre la actuación de algunos funcionarios venezolanos que estarían involucrados en presuntas violaciones de derechos humanos contra personas privadas de libertad.

Entre esas acciones se encuentra la explicación del Decreto 4.610 y su razón de ser: "En esta ocasión se documentan dos importantes cambios que afectan al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), relativos a la nueva adscripción de dichos servicios y su reestructuración", reza el documento.

Del mismo modo, la Fiscalía venezolana se compromete a seguir proporcionando a la CPI "todos los datos y pruebas que demuestran la voluntad de procurar una tutela efectiva" para la ciudadanía.

En 2018, los gobiernos de Argentina (cuando Macri), Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la fiscalía de la CPI que investigase supuestos "crímenes de lesa humanidad" y "abusos a los derechos humanos". Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI, abrió un examen preliminar a Venezuela.

Ante ello, el máximo tribunal solicitó al Estado venezolano información sobre "los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma", la carta fundacional de la corte internacional.

Bensouda dijo que prevé concluir el examen preliminar sobre Venezuela en el primer semestre de 2021, momento en el cual espera determinar si existe una base razonable para solicitar a los jueces la apertura de una investigación o, por el contrario, da carpetazo al asunto.

Las acciones de reestructuración institucional dan cuenta de que todas las solicitudes de la CPI están siendo respondidas, en beneficio de un clima político mucho más a tono con los tiempos de recomposición interna que atraviesa el país y que proveen una estabilidad reclamada por las mesas de diálogo y negociación instaladas por el Gobierno Bolivariano y la oposición moderada y democrática en Venezuela.

En específico, el cambio de adscripción y de responsabilidades institucionales en relación a los políticos presos y criminales políticos no solo es un "acto de buena fe" estatal, sino también un paso más a la estabilidad institucional que necesita el Estado y, por ende, la población, blanco permanente de la guerra multidimensional que el antichavismo sedicioso, nacional e internacional, impulsa a la medida de sus intereses.

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