Vie. 12 Julio 2024 Actualizado 12:43 pm

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El apoyo explícito de la oposición venezolana a los planes de la administración Trump en Venezuela se ha vuelto un tema incómodo para ese sector (Foto: EFE)

La red venezolana de cómplices de la "máxima presión"

La política exterior de Donald Trump hacia Venezuela durante su presidencia de Estados Unidos vuelve a ser objeto de debate debido a las declaraciones en las que afirmó su intención de apropiarse del petróleo del país.

Su exposición sin filtros desenmascara también a la oposición venezolana, ahora dividida en varias facciones, que tuvo un papel clave en la implementación de estrategias diseñadas por la Casa Blanca para alcanzar el objetivo del entonces mandatario.

A pesar de que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) intentó distanciarse de los comentarios del exmandatario con un comunicado, la evidencia es clara: la oposición venezolana colaboró activamente en apoyo a las políticas intervencionistas de Estados Unidos, incluyendo sanciones económicas y el robo de bienes venezolanos, y se convirtió en comparsa en la fabricación de un gobierno ficticio liderado por Juan Guaidó.

Recopilamos los datos que demuestran la complicidad de la oposición venezolana con la política exterior destructiva estadounidense, que no pasan desapercibidos en medio de la controversia que ha causado Trump.

¿Qué significa apoyar a Donald Trump?

El magnate y político resume esto de manera concisa: "Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella, nos habríamos quedado con todo ese petróleo". Sin embargo, es crucial destacar los detalles.

Durante el tiempo en que Donald Trump lideró la política estadounidense, se intensificaron los mecanismos de asfixia económica, financiera y comercial contra Venezuela, lo que afectó gravemente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre 2017 y 2018, aproximadamente 40 mil venezolanos perdieron la vida como consecuencia de las sanciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense de turno.

Además, la opción militar siempre estuvo sobre la mesa, buscando aumentar la escalada del conflicto y poner en peligro la institucionalidad venezolana e incluso la vida del presidente Nicolás Maduro. Hubo amenazas y también intentos vía mercenarios para llevar a cabo dicha opción.

No solo se trataba de apoderarse de los recursos, sino de evitar el fortalecimiento de los lazos con actores emergentes del nuevo orden multipolar, como China, Rusia e Irán, que también experimentaron un aumento en la presión estadounidense.

El plan que englobaba todos estos elementos (medidas coercitivas unilaterales, apropiación de recursos, amenazas de intervención y guerra multidimensional) se basó en el reconocimiento de Juan Guaidó como "presidente interino". Aunque fue errático y no logró resultados políticos en su objetivo, es importante resaltar este evento porque el simple reconocimiento de esta estructura fabricada implica aceptar los ataques que la administración Trump ejecutó contra Venezuela a través de ella.

Sin embargo, la Plataforma Unitaria (antes conocida como G4, y previamente como Mesa de la Unidad Democrática -MUD-) hizo más que simplemente reconocer a Guaidó.

En 2019, la Asamblea Nacional, controlada por los partidos de oposición, aprobó un Estatuto de Transición que respaldaba la estrategia de Estados Unidos de establecer un gobierno paralelo en Venezuela. Este estatuto proponía tres áreas para socavar al Estado venezolano, fomentar un conflicto generalizado y amplificar el cerco económico que afectaba al país. Además, el documento contemplaba la creación de un "Consejo Nacional para la Transición Democrática" con el objetivo de desplazar al alto mando político nacional.

Lo inocultable: retratos para la posteridad

Para desmentir la idea de que la oposición venezolana no estuvo involucrada en la política exterior de la administración de Donald Trump hacia Venezuela, primero es necesario destacar las múltiples reuniones que se llevaron a cabo entre actores políticos de la oposición y la Casa Blanca. Si bien la mayoría de los representantes opositores en estas reuniones pertenecían a Voluntad Popular, que asumió el liderazgo en la formación de un gobierno ficticio, cabe señalar que estas reuniones se realizaron en nombre de todo el bloque de actores políticos aliados para derrotar al presidente Maduro.

En febrero de 2017, Trump se reunió con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien estaba preso en ese momento, y el senador Marco Rubio, además del vicepresidente Mike Pence, en preludio de los movimientos insurreccionales de calle que hubo ese año.

En mayo de 2017, ya en marcha la violencia callejera, Julio Borges se reunió en la Casa Blanca con el exvicepresidente Mike Pence y el Consejero Nacional de Seguridad, general H.R. McMaster, y planteó la "grave situación en Venezuela debido a la ruptura del hilo constitucional y la violación de los derechos humanos".

En enero de 2019, el senador republicano Ted Cruz se reunió con representantes de la recién constituida "presidencia interina de Guaidó", entre ellos Carlos Vecchio, Gustavo Tarre y Julio Borges, junto con otros senadores, como James Risch, Marco Rubio, Rick Scott y Ben Cardin. El mes siguiente, Mike Pence se reunió con Juan Guaidó en Bogotá, Colombia, después del intento fallido de ingresar por la fuerza a Venezuela bajo el pretexto de la entrega de "ayuda humanitaria".

En marzo de 2019, Pence se reunió con Fabiana Rosales, esposa Juan Guaidó, en la Casa Blanca, y luego ella fue recibida por Trump.

En septiembre, Trump se reunió con los presidentes de América Latina, que representaban al Grupo de Lima, para abordar la situación en Venezuela, con la presencia de Julio Borges y Carlos Vecchio, en un encuentro que se dio en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ese mismo día, el administrador de la USAID, Mark Green, entregó 52 millones de dólares en ayuda a la oposición venezolana liderada por Guaidó en su "búsqueda por restablecer un gobierno democrático y responsable frente a los ciudadanos de su país". Durante el evento, se tomó una foto con Vecchio para conmemorar la entrega de los recursos destinados a programas de apoyo a "la Asamblea Nacional de Venezuela, la prensa independiente, la sociedad civil y el restablecimiento del sector salud", bajo el supuesto de que servirían de "ayuda humanitaria".

En octubre de 2019, Borges y Vecchio sostuvieron encuentros bipartidistas con representantes del Congreso estadounidense, para formular más sanciones ilegales contra el gobierno venezolano.

En enero de 2020, Juan Guaidó se reunión en Bogotá con Mike Pompeo, exsecretario de Estado, y otros líderes de la región, mientras que en febrero Trump recibió por primera y única vez a Guaidó en la Casa Blanca para una reunión a puerta cerrada, en la que también estuvo presente Julio Borges. Guaidó también fue invitado al Congreso para estar presente en el discurso del Estado de la Unión del expresidente.

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Donald Trump recibe a Juan Guaidó en la Casa Blanca, 5 de febrero de 2020 (Foto: AP)

"Hay que seguir el camino de Trump" y otras declaraciones comprometedoras

Si de comunicados se trata, la oposición venezolana emitió uno cuando estaba agrupada en la MUD que contradice al reciente comunicado donde afirma no tener nada que ver con las políticas de Trump.

En agosto de 2017, la MUD publicó un documento en el que dice que respalda las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno del presidente Maduro y solicita el apoyo diplomático mundial para "restaurar el orden constitucional y democrático en Venezuela". Además, pide a la comunidad internacional que advierta a sus ciudadanos y empresas que se abstengan de hacer negocios con el gobierno de Maduro, amenazando con el poder conferido por la Asamblea Nacional.

Es importante mencionar que este anuncio se produjo semanas después de que el gobierno nacional lograra desarticular, a través de la Asamblea Nacional Constituyente y movilizaciones nacionales, un intento de revolución de colores que había estado presente durante meses en las principales ciudades del país y que resultó en numerosos crímenes de odio, como asaltos a instalaciones públicas, asesinatos, paralización de las actividades económicas, etc.

Henrique Capriles, dirigente de Primero Justicia, fue uno de los primeros en condenar las declaraciones recientes de Donald Trump. Si bien se ha encargado de mostrarse con una postura crítica hacia las decisiones tomadas por los funcionarios de la administración anterior de Estados Unidos y el grupo de Guaidó, sus diferencias en realidad son metodológicas y no porque dejen de compartir los mismos objetivos.

Por ejemplo, Francisco Monaldi, asesor del exgobernador del estado Miranda, recomendó a Donald Trump bloquear financieramente a PDVSA en 2017.

En declaraciones realizadas el 7 de agosto de 2019, Capriles aconsejaba al autoproclamado Guaidó sobre las opciones estratégicas para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Allí expresó que las "sanciones" eran un mecanismo para presionar al gobierno venezolano y que no estaban relacionadas con la crisis económica del país. Además, aseguró que Guaidó contaba con el respaldo de las fuerzas políticas de oposición, incluyéndose a sí mismo.

Elliott Abrams, quien ocupó el cargo de "emisario especial" de la Administración Trump para Venezuela, mencionó las diferencias de Capriles con el resto de los integrantes de la "operación Guaidó" y señaló el aparente momento de la ruptura. Según Abrams, la oposición venezolana se mantuvo "completamente unida" frente a las directrices de Washington durante todo 2019 y parte de 2020, hasta que Capriles rompió con esa unidad.

A pesar de estas divergencias, el líder de Primero Justicia mostró entusiasmo en las redes sociales por los eventos que tuvieron lugar el 30 de abril de 2019.

Ese día, Juan Guaidó y Leopoldo López intentaron llevar a cabo un golpe militar en Venezuela con un reducido grupo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y escaso poder de fuego, centrándose más en operaciones comunicacionales y simbólicas, la "Operación Libertad" confeccionada por altos funcionarios estadounidenses. Sin embargo, la acción fue desarticulada por el Estado venezolano y no obtuvo respaldo popular ni militar. A partir de este evento, surgieron otras operaciones paramilitares y mercenarias, pero la figura de Guaidó fue perdiendo relevancia y al final solo sirvió para justificar el saqueo de los recursos en el exterior.

Stalin González, en aquel entonces miembro de Un Nuevo Tiempo y representante de la Asamblea Nacional de 2015, que en ese momento estaba en desacato, también se expresó a favor de la "Operación Libertad" a través de su cuenta de Twitter. En su mensaje, declaró: "Ha llegado la fase final de la Operación Libertad. Nos hemos preparado, nos hemos organizado y estamos listos para conquistar la libertad de Venezuela".

González ahora llama a Donald Trump "matraca e' loco" por su sinceramiento respecto a Venezuela.

María Corina Machado, quien actualmente encabeza el partido Vente Venezuela, también se pronunció aquel día, adjuntando una foto con Guaidó durante la concentración que hubo en el desarrollo de los acontecimientos.

Desde esta tribuna relatamos el plan de María Corina Machado para presentarse como una candidata outsider, en el marco de las primarias opositoras. Así como no puede ocultar su extremismo histórico, tampoco podría ocultar que fue de las que mostró más señales de apoyo a la Administración Trump, y en muchos casos exigió medidas aún más radicales por parte de Guaidó y Washington.

En ese sentido, el 3 de mayo de 2019, María Corina Machado dio unas declaraciones a Voz de América evaluando lo que había pasado el 30 de abril de 2019. Machado dijo que el gobierno venezolano no iba a ceder si no existía una amenaza creíble, que es la del uso de la fuerza internacional, en una supuesta "coalición humanitaria". También dijo que Venezuela representaba una amenaza real para el gobierno de Estados Unidos y calificó como un error político de la Asamblea Nacional (la ya inexistente de 2015) el no demandar y coordinar el principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P).

Machado elogió a la administración Trump por su postura firme contra el régimen venezolano y su compromiso en enfrentarlo. En septiembre de 2020, destacó que ninguna otra administración de Estados Unidos había hecho tanto para demostrar la naturaleza criminal del régimen, y en noviembre de 2020 expresó su respaldo a la reelección de Trump, afirmando que su administración había comprendido la amenaza que representaba Venezuela y la región, y que el camino marcado por Trump debía ser continuado para lograr los objetivos deseados.

Junto a Diego Arria y Antonio Ledezma envió el 8 de agosto de 2019 una carta pública a Juan Guaidó y a Donald Trump. Ahí agradecen las decisiones tomadas por el gobierno estadounidense para "proteger los activos de Venezuela" y bloquear el apoyo financiero y comercial al gobierno de Maduro. La carta también pide la activación del TIAR y la exigencia de la activación del R2P para la comunidad internacional.

Además, tiene vínculos estrechos con congresistas republicanos de Florida, como Marco Rubio, clave en el desarrollo e implementación de las estrategias de la administración Trump contra Venezuela.

Acciones y comentarios desde la Casa Blanca

Lo que hicieron y comentaron exfuncionarios de la Administración Trump es otro elemento a considerar al momento de establecer el compromiso político de la oposición venezolana con fuerzas extranjeras.

Leopoldo López no fue el único que recibió apoyo de altos funcionarios estadounidenses para fortalecer la falsa narrativa de persecución política por parte del gobierno venezolano.

El 11 de abril de 2017, Rex Tillerson, quien en ese momento lideraba el Departamento de Estado de Estados Unidos, instó al gobierno de Nicolás Maduro a reconsiderar la inhabilitación de Henrique Capriles y a convocar elecciones "libres y justas". Además, el Departamento de Estado exhortó al gobierno a respetar el derecho a la manifestación pacífica y a los opositores que lo ejercieran. Estas declaraciones se produjeron mientras se iniciaba la implementación de las acciones violentas de calle, coordinadas y desplegadas en las principales ciudadades del país.

El 10 de mayo de 2019, otra vez el Departamento de Estado, esta vez bajo la dirección de Mike Pompeo, exigió la liberación inmediata del exdiputado Edgar Zambrano, miembro de Acción Democrática (AD), y amenazó con consecuencias si el gobierno de Maduro no cumplía con su petición. Trump se unió al reclamo. Zambrano fue detenido el 8 de mayo de 2019 acusado de traición a la patria después de la activación de los eventos del 30A.

Pompeo reveló en un evento organizado por el American Enterprises Institute, un grupo de pensamiento neoconservador, que la CIA había colaborado en la ejecución de las sanciones económicas contra Venezuela. Esta declaración evidenció que la administración estadounidense y el Congreso estaban adoptando una postura de intervención transnacional y fuerza para abordar la situación en Venezuela, considerando las elecciones y el gobierno en ejercicio como obstáculos. La creación del bloque opositor "Soy Venezuela", liderado por Antonio Ledezma y María Corina Machado, que abogaba por la "intervención humanitaria", estaba en consonancia con esta estrategia.

Por otro lado, John Bolton, exasesor de seguridad nacional de la Administración Trump, expuso en su libro En la habitación donde sucedió la estrecha coordinación y apoyo mutuo entre la oposición venezolana y el gobierno de Estados Unidos. En el libro se destacan varios episodios que evidencian esta relación, como el intento de "ingreso de la ayuda humanitaria" del 23 de febrero de 2019, donde el Pentágono y la USAID jugaron un papel clave. También se mencionó el apoyo directo de Estados Unidos a la "junta ad hoc" de Guaidó sobre Citgo.

Datos no menores de corrupción y complicidad

Aunque lo expuesto hasta ahora puede parecer una muestra clara del apoyo que hubo hacia la administración Trump, existen otras formas de establecer esta relación que no deben pasarse por alto, como negocios y acuerdos fraudulentos hechos bajo cuerda.

Hasta el 24 de agosto de 2020, Ricardo Villasmil ocupó la presidencia de la junta directiva ad hoc designada por Guaidó, que se apropió de la representación del Banco Central de Venezuela (BCV) en momentos claves para el país. Durante su mandato, se encontraba en curso una batalla jurídica para determinar el control del oro retenido por el Banco de Inglaterra. Villasmil previamente había sido jefe del equipo de políticas públicas de Henrique Capriles, además de desempeñarse como economista senior de la MUD desde 2006.

Ricardo Ramos D'Agostino, hijo del líder de AD, Henry Ramos Allup, estuvo involucrado en una trama de corrupción que benefició a 27 empresas petroleras internacionales al proporcionarles información privilegiada confidencial de PDVSA. José Ignacio Hernández, conocido por su participación en actos fraudulentos relacionados con el saqueo de CITGO y por actuar como "procurador" de Guaidó, previamente había defendido a esas mismas empresas en una demanda interpuesta por PDVSA. Posteriormente, desde su posición usurpada, Hernández intentó anular las demandas presentadas por la estatal venezolana.

Otro caso es el de Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), conformado por las empresas LockinCapital y Global Risk Management. Esta empresa fue creada con el propósito de perseguir los activos de Venezuela en el Caribe, centrándose especialmente en las participaciones de PDV Caribe en empresas de la región relacionadas con la plataforma de bienes y servicios de Petrocaribe.

Durante una reunión en Miami, los representantes del consorcio, Jorge Reyes y Pedro Aznar, presentaron su propuesta a Carlos Prosperi (actualmente aspirante a candidato de las primarias por el partido AD), Javier Troconis y Magin Blasi-Blanchard, este último representando a su hermano Fernando Blasi-Blanchard, cercano colaborador de Carlos Vecchio. Los hermanos Blasi-Blanchard exigieron una comisión de 750 mil dólares y el reconocimiento de 50% de los honorarios del consorcio como socios, bajo la amenaza de cancelar el contrato. Fernando y Magin Blasi-Blanchard afirman representar los intereses de Manuel Rosales y del G4, y cuentan con un historial relacionado con el monopolio del suministro de hospitales durante el gobierno de Rosales en Zulia.

Pactos como estos, con implicaciones tanto políticas como económicas, denontan otras formas de apoyar a la administración Trump sin necesidad de declararlo públicamente. El resto es evidencia, así como cuando ante un juzgado se declara el relevo de pruebas luego de una confesión de partes.

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