El gobierno venezolano emitió un comunicado el pasado domingo 23 de marzo en el que anunció un ajuste de la jornada laboral para la administración pública por seis semanas debido a los efectos de la crisis climática sobre los embalses y, por ende, sobre la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
A través de la medida los ministerios, alcaldías, gobernaciones y los poderes del Estado trabajarán entre las 8:00 de la mañana y las 12:30 de la tarde tres días a la semana —o en el formato 1x1— para reducir la demanda energética desde el sector público.
Como indicó el gobierno, la decisión tiene como elemento central la crisis climática que azota el mundo, un fenómeno que es necesario desentrañar para entender correctamente sus impactos, efectos e implicaciones, y cómo se relaciona con la acción del Ejecutivo nacional.
El país se ha visto afectado por los efectos meteorológicos de los fenómenos El Niño y La Niña en años recientes. Se trata de las fases cálida y fría de un patrón climático natural en el Pacífico tropical, conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), cuyo impacto es sobre el clima global.
La oscilación se ha visto alterada debido al cambio climático y ha aumentado la cantidad y severidad de lluvias y sequías. Además, el 2024 fue considerado el año más cálido jamás registrado, una tendencia que se mantiene en ascenso.
En la actualidad Venezuela atraviesa un periodo de sequía acorde con la estacionalidad que le atribuye su ubicación geográfica intertropical. Las bajas precipitaciones durarían hasta entrado el mes de abril. Sin embargo, uno de los atributos del cambio climático es la alteración del equilibrio de las estaciones, con olas de calor extendidas y lapsos de transición reducidos que afectan ecosistemas, agricultura y salud a distintas escalas.
Según los pronósticos, El Niño ha entrado en fase neutral luego de que La Niña se debilitara en febrero pasado, pero existe una gran incertidumbre en los pronósticos a largo plazo porque algunas variables climáticas se han tornado impredecibles.
Una crisis que va más allá del clima
La crisis climática, a la que se refiere la decisión gubernamental y que justifica la medida reseñada con anterioridad, forma parte de la denominada crisis ambiental global (CAG) que, además de manifestaciones ecológicas, también ha derivado en otras en los ámbitos social, económico y hasta geopolítico.
Aunque las causas de esta crisis se atribuyen a "las actividades humanas" debido a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), es claro que estas se asocian a un ordenamiento de la naturaleza en función de los intereses de la reducida élite más rica del planeta.
El 10% de los habitantes más ricos del planeta consume 50% de los combustibles y accede a los bienes y servicios que ese consumo genera, mientras que el 50% más empobrecido apenas emite 10% de los GEI. La concentración de estos gases también alcanzó un récord el año pasado.
La temperatura de la superficie del planeta ha registrado incrementos que se esperaba sucedieran décadas más adelante: 1,5 °C por encima del promedio desde 1850 a 1900. El aumento de la temperatura de la superficie de los océanos y de los continentes ha derivado en el derretimiento de glaciares y casquetes polares, la elevación del nivel del mar y la alteración de las corrientes oceánicas. También en la dinámica de los ríos, cuyo caudal es fundamental para la vida de las comunidades bióticas ribereñas —humanas y no humanas— que se han adaptado a los procesos asociados con estos cuerpos de agua.
Las crisis de fondo reside en el patrón de desarrollo capitalista vigente, basado en el rebasamiento de la capacidad de carga del planeta. Debido a su interconexión, se han visto superados otros procesos vitales para la humanidad, como la diversidad biológica y los ciclos de nitrógeno y fósforo, entre otros.
Lo ambiental como amenaza social, económica Y geopolítica
Este entramado de cambios ha entrado en una fase crítica en la que sus manifestaciones son inocultables. Algunos eventos recientes dan cuenta de las implicaciones multifactoriales de las sequías extremas.
Los megaincendios descontrolados en California, Estados Unidos, y la crisis progresiva del agua en Barcelona, España, son manifestaciones ambientales de la crisis climática que han afectado la habitabilidad y la producción agrícola.
En el caso estadounidense, la sequía prolongada se sumó a la desinversión y la desregulación por parte del Estado para generar pérdidas económicas que podrían alcanzar los 50 mil millones de dólares. Mientras que no han bastado 15 años de inversiones millonarias en plantas desalinizadoras, acceso a acuíferos subterráneos, ni la ampliación del puerto para la recepción de agua por barcos, para resolver la crisis hídrica en la segunda ciudad española más importante, con un modelo agrícola altamente tecnificado que consume 80% del agua disponible.
Algunos impactos sociales están en proceso. En 2023 Uruguay experimentó una disminución gradual y anómala de las precipitaciones hasta 43% en el primer semestre. Ya en los tres años previos había llovido 25% menos del promedio histórico, lo cual obligó a "mezclar" aguas de los embalses mermados con tomas salobres provenientes del Río de La Plata para abastecer a más de la mitad de sus 3,5 millones de habitantes, decisión que generó riesgos sobre mujeres embarazadas y enfermos renales crónicos.
Se avizoran, también, consecuencias en la geopolítica. En el caso del canal de Panamá, el comercio transoceánico ya se vio afectado por la sequía de 2023. Esto confirmó lo vulnerable que ha podido llegar a ser la ingeniería que sustenta el traslado de barcos. En agosto de ese año al menos 200 buques demoraron hasta 21 días para transitar este punto neurálgico del comercio mundial, impactando en las 180 rutas marítimas, que llegan a 1 920 puertos en 170 países.
Afganistán e Irán experimentaron tensiones en 2023 por la disminución de precipitaciones de 40% en las últimas tres décadas. Esto condujo al incumplimiento de un acuerdo que garantiza a este último una cuota fija de acceso al agua del río Helmand —que se extiende mayormente en Afganistán—, para riego y consumo humano.
Escenarios y medidas en Venezuela
Respecto a Venezuela, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció el pasado domingo 23 de marzo el inicio de la declinación solar, un fenómeno estacional que provocará un aumento significativo en las temperaturas en todo el territorio venezolano hasta el 2 de mayo. Esto, sumado a la alteración estacional producto del cambio climático, aumenta el riesgo de sequía y amerita vigilancia por parte de las autoridades.
Una eventual merma de las precipitaciones afectaría la recarga de embalses, y las altas temperaturas apuntan a una sobreutilización del SEN que incrementaría la demanda de agua en las centrales hidroeléctricas.
La medida adopatada por el gobierno venezolano tiene como objetivo central prevenir los impactos socioeconómicos de la crisis climática, que es global, en un contexto de presión creciente contra el país por parte de Estados Unidos, mediante "araceneles secundarios" y cercos contra la actividad petrolera nacional. Es una acción previsiva, ajustada a la evolución del cambio climático, que busca mitigar los efectos de esta situación mundial, en defensa y protección del desarrollo regular de la vida económica y social de la nación.