El bloqueo unilateral impuesto por Estados Unidos contra Venezuela ha generado pérdidas milmillonarias y sus consecuencias son catastróficas en cuanto al desenvolvimiento de los derechos humanos básicos de la población. 

Lo que empezó con una "ley de derechos humanos y de la sociedad civil" en el Congreso estadounidense en diciembre de 2014, y luego con el Decreto de Obama, que declaró al país suramericano como “una amenaza”, se ha convertido en un arma de guerra que ha perfeccionado los mecanismos para estrangular a la población, siendo el blanco de las sanciones PDVSA, la principal empresa generadora de recursos para la nación.

Con la llegada de la pandemia global causada por el Covid-19, Washington no ha dejado de sofisticar los mecanismos de asfixia contra Venezuela, asumiendo que el bloqueo criminal ha mermado la capacidad de respuesta del Gobierno del presidente Nicolás Maduro para atender la emergencia sanitaria. 

La Revolución Bolivariana en los últimos años ha entrado en una guerra de desgaste en la que a cada medida implementada para sortear las dificultades surge una contraofensiva. Desde la instalación del gobierno fake apoyado por Estados Unidos el despojo de activos fue mayor y las consecuencias también.

¿Por qué la Ley Antibloqueo?

Ante este escenario, el presidente Maduro entregó el pasado martes 29 de septiembre a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el Proyecto de Ley Antibloqueo. El instrumento jurídico y político crea un marco para orientar una salida a la situación económica impuesta por las medidas coercitivas unilateral. 

Como bien se sabe, la guerra multiforme que se aplica a Venezuela no solo apunta al deterioro de la industria petrolera, sino que abarca todos los procesos materiales necesarios para el bienestar de la población, siendo la economía uno de los blancos del ataque. 

Durante la presentación del proyecto de Ley ante el poder plenipotenciario, el Presidente enfatizó que ante el daño económico ―que hasta cierto punto es irreversible, ya que el país ha perdido más de 30 mil millones de dólares―, la respuesta del Estado debe estar a la altura del momento histórico.

Las prioridades

Teniendo en cuenta el bloqueo en su dimensión real, la prioridad es reconstruir los ingresos familiares a través de los métodos que sean necesarios para revertir la coyuntura, garantizar lo que sea necesario para sobrevivir a la vorágine.

Para esto es necesario que se reactiven las capacidades productivas y activar canales para que entre y salgan los recursos de la nación. Las sanciones han impedido que Venezuela tenga relaciones comerciales y financiera con otros países y socios internacionales. Por eso se requiere de otras vías para el ingreso de insumos (en los que aún no podamos independizarnos), y también para la exportación. 

“Impulsar la capacidad productiva nacional, sobretodo de las industrias estratégicas y la sustitución selectiva de importaciones, asumiendo como prioridad el estímulo y la implementación de los 15 motores económicos productivos de la Agenda Económica Bolivariana”, refiere la Ley en su artículo 16.

La voluntad del Gobierno se centra en estos momentos en la producción de alimentos necesarios para abastecer a la población.

Si bien una de las grandes tareas de la Revolución Bolivariana ha sido la activación del aparato productivo, el actual bloqueo y contexto pandémico hace que esto sea una necesidad apremiante.

Reactivación del motor agroalimentario

En enero de 2016, el Gobierno lanzó la Agenda Económica Bolivariana con 15 motores productivos, cuyas líneas estratégicas estaban orientadas a “desmontar los sistemas y subsistemas de la guerra económica a través de todos los niveles de gobierno, superar los mecanismos de dependencia del rentismo petrolero y convertir dichos motores en ejes para impulsar la producción”.

En esa oportunidad este último punto estaba orientado a fijar un nuevo esquema de precios y crear nuevos sistemas de distribución. Recordemos que en ese momento ya se veían los primeros signos de la guerra a través de la fijación del precio del dólar paralelo.

La Ley Antibloqueo viene a darle continuidad al motor agroalimentario, pero en un nuevo contexto y con otras novedades: la confidencialidad y la divulgación limitada de información es parte de estas.

Este año se reactivó la Gran Misión AgroVenezuela, que contempla el Plan de Siembra en todas las regiones del país, incluyendo el sector de agricultura urbana.

En mayo de este año, el Gobierno invirtió más de 400 millones de dólares en los estados llaneros para el ciclo de siembra de invierno, recursos que estarían destinados a la siembra de cereales.

Con este plan macro, señaló el Presidente en julio, los productores del campo y trabajadores de la pesca podrán acceder a financiamiento e insumos a través del Carnet de la Patria, instrumento que se convertirá en el enlace entre la Gran Misión AgroVenezuela y los trabajadores de este sector.

El ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, detalló que 140 hectáreas de semillas de maíz blanco fueron sembradas para producir unas 17 mil 150 hectáreas más, equivalente a 68 millones 600 mil kilos de harina precocida.

En agosto, el Presidente convocó a extitulares del despacho, campesinos, productores del campo y al Estado Mayor Nacional Agrario para debatir estas líneas y políticas de acción del relanzamiento de la Gran Misión, que se centrará en ocho vértices: tierra, semilla, bioinsumos y fertilizantes, implementos, poder popular, financiamiento a través del Petro; plan de producción, procesamiento y distribución; y desarrollo e innovación.

La tarea es garantizar la siembra de 1 millón de hectáreas, este año, a través de otras formas de financiamiento y que incluya a diversos sectores de la sociedad. 

Según el presidente Maduro, la Ley Antibloqueo se apega a la Constitución, pero adaptada a las circunstancias para avanzar en la superación de la guerra total que se aplica unilateralmente por parte de EEUU y sus países satélites.

Este instrumento político, que tiene vigencia hasta que dure la guerra, fue presentado ante el poder plenipotenciario como una forma simbólica de convocar a todos los factores que componen la sociedad venezolana para enfrentar al Imperio.