Lun. 15 Agosto 2022 Actualizado Viernes, 12. Agosto 2022 - 13:58

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El ex pseudoprocurador de Guaidó ha intentado lavar su cara de manera infructuosa (Foto: Vicepresidencia de Venezuela)

José Ignacio Hernández y un control de daños infructuoso

Se recuerda el nombre de José Ignacio Hernández de manera oprobiosa. Fue nombrado por Juan Guaidó como "procurador especial" del gobierno fake en febrero 2019 con el objetivo de continuar con los planes de saqueo masivo de los activos del país desde el extranjero, usando una pretendida e ilegal fachada institucional como escudo.

En junio de este año, Hernández renunció a ese cargo artificial, después de la publicación de un polémico audio por parte del Gobierno Bolivariano que demuestra sus mezquinas e irresponsables acciones en contra de Venezuela: entre sus planes estaba la decisión de entregar Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos y secuestrado por el gobierno de Donald Trump, a la empresa estadounidense ConocoPhillips.

Luego de su alejamiento del Team Guaidó, se mantuvo bajo perfil por unos meses, concentrado en la promoción de un libro de su autoría, pero hace pocos días reaparece en una entrevista para el portal La Gran Aldea, cuyo contexto rebosa en la decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York sobre los bonos PDVSA 2020, y que pasaremos a comentar como un intento frustrado por hacer un control de daños a su imagen dañada por las lesiones perpetradas contra la República Bolivariana.

Más que un pseudoprocurador, la función de José Ignacio Hernández consistió en hacer de ficha de las transnacionales para arrebatar los activos de Venezuela.

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José I. Hernández ha estado intentando crear un control de daños insuficiente de su figura (Foto: Archivo)

Claves de la entrevista al ex pseudoprocurador

En resumen, Hernández centra su discurso y consideraciones en la entrevista con el característico estilo descarado del equipo de Guaidó. Además, critica la decisión de la referida corte estadounidense y al final alega que él cumplió "exitosamente" con sus funciones.

A continuación algunos comentarios hechos por Hernández.

  1. "La Corte de Nueva York usurpó la voz de la Asamblea Nacional para reinterpretar el acuerdo del 27 de septiembre de 2016, que de manera clara cuestionó el uso de Citgo como colateral del bono 2020; y ningún tribunal norteamericano puede interpretar la voluntad de gobiernos extranjeros, con lo cual, aquí se cometió una clara extralimitación".

Esta opinión es confusa, tomando en cuenta que a lo largo de las últimas décadas estos ahora pseudofuncionarios ligadas al establishment norteamericano han defendido a capa y espada la intromisión de Estados Unidos en los asuntos de Venezuela, y más aún poniendo en bandeja de plata los activos de Citgo para su robo y desmantelamiento.

Guaidó designó ilegalmente una junta ad hoc de PDVSA y la administración de Donald Trump reconoció a ese grupo: en ello se ha basado el autoproclamado y su equipo al momento de ejecutar cualquier acción en contra del país.

¿Una clara extralimitación? La "crítica" de Hernández se basa en que la decisión del tribunal estadounidense no ha sido conveniente para el plan de robo transnacional de los activos venezolanos.

Así, cabe destacar que ese acuerdo de 2016 al que se refiere Hernández tiene un precedente, que se enmarca en la estrategia de canje de bonos de PDVSA que para ese momento resultó exitosa. Esta operación fue contraria a los intereses del aparato financiero internacional, y de allí también viene la queja de Hernández.

  1. "La Junta Administradora ad hoc de PDVSA no disponía de fondos para honrar los bonos 2020"

No conocemos a ciencia cierta, con datos duros, la cantidad de los múltiples fondos que realmente ha adquirido Guaidó y su séquito. En repetidas ocasiones, hasta los voceros de oposición han denunciado la malversación de fondos cortesía de este grupúsculo.

Se supone que deberían tener los bolsillos llenos producto de los millones de dólares en activos venezolanos que se encuentran congelados en el extranjero, procedentes en gran medida, de lo producido por Citgo, que obtuvo ganancias en el primer trimestre de 2019 de unos 600 millones de dólares. Sin embargo, los reportes indican que la filial de PDVSA dio pérdidas por encima de los 300 millones de dólares en diciembre de 2019, después de ser tomada ilegalmente por Estados Unidos.

De hecho, Carlos Vecchio, embajador fake de Guaidó en Washington, había explicado en una oportunidad que el dinero que ellos usan para sus acciones es controlado directamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) ya que esta entidad es la que debe autorizar la partida presupuestaria que la Asamblea Nacional saliente, dirigida por Voluntad Popular, dirige al Departamento del Tesoro estadounidense.

Por lo que Guaidó sí cuenta con fondos para cubrir los gastos necesarios a su criminal gestión, y en todo caso, de no tenerlos, siempre puede acudiar a Washington y Nueva York.

En esa misma senda, Hernández comenta en la entrevista que de perderse el juicio, y como "la Junta Administradora ad hoc de PDVSA no cuenta con recursos, el monto se pagaría, en el peor de los casos, cediendo la mayoría accionaria de Citgo". Teniendo presente que las negociaciones fueron infructíferas, si realmente las hubo, cosa extraña si tomamos en cuenta que el ex pseudoprocurador parece estar bien engranado en la máquina transnacional energética, su conclusión no repercute en ninguna sorpresa para los planes que han fraguado su persona y el equipo de Guaidó.

Visto así, la junta ad hoc de PDVSA sólo sirvió de montaje para que el Departamento del Tesoro diera tiempo en este proceso con Citgo y los acreedores, tanto para obtener beneficios políticos esperando el derrocamiento del gobierno venezolano, como para que Guaidó y compañía, continuaran adquiriendo grandes sumas de dinero producto del embargo de Citgo.

  1. "Hoy podemos decir que la estrategia legal implementada, en cumplimiento de claros mandatos de la Asamblea Nacional, permitió resguardar a Citgo al menos dos años. Y así más allá de lo que pase con el juicio, los tenedores no pueden tomar control de Citgo, al menos hasta el 19 de enero de 2021".

¿Resguardar Citgo, dice?

Desde el 21 de mayo de 2018, el gobierno estadounidense inició su planes de retención de los activos de la filial de PDVSA en su territorio con la Orden Ejecutiva titulada "Prohibición de ciertas transacciones adicionales con respecto a Venezuela", con el que, desde la autoproclamación presidencial de Guaidó, solo aceleró el intento de despojo de Citgo de forma definitiva.

Hernández no hizo ni lo más mínimo para resguardar Citgo; su larga trayectoria con tramas ligadas a empresas transnacionales habla por sí sola: defendió a la empresa de origen canadiense, Crystallex, en el conocido proceso legal contra Venezuela en 2017.

Para 2018, Crystallex ganó la demanda en el estado norteamericano de Delaware gracias a la intervención de Hernández, logrando así el pago a esa empresa con los activos de Citgo.

Esto se extiende a la reciente decisión del juez Leonard Stark de la Corte del Distrito de Delaware al emitir una orden que autoriza el remate de las refinerías de Citgo, para que Crystallex cobre más de mil millones de dólares.

Ni hablar de las denuncias de soborno y complicidad permanente que inmiscuyen al ex pseudoprocurador, como explica la periodista estadoundiense Anya Parampil en una investigación: "El testimonio de Hernández fue comprado y pagado por gigantes petroleros extranjeros con interés en defraudar a la empresa petrolera estatal de Venezuela".

Con Hernández en escena, la supuesta protección a Citgo siempre fue una farsa. Su misión se orientaba a defender el interés de las transnacionales, vulnerando la defensa judicial del Estado venezolano.

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El valor de Citgo se estima en 8 mil millones de dólares (Foto: Archivo)

A modo de cierre, Hernández señala que "la solución definitiva para Citgo es el cese de la usurpación. Yo diseñé una estrategia que, al menos, ha permitido diferir riesgos por dos años, lo que es sin duda bastante".

La estrategia del abogado especial de Guaidó realmente se basó en el secuestro financiero de los activos de Venezuela, desmanteló e intento entregar Citgo a las garras transnacionales.

También, los riesgos bajo la tutela de Guaidó no han sido diferidos, porque con las medidas coercitivas unilaterales y las acciones desde la autoproclamación en enero de 2019, las consecuencias a la industria petrolera han sido enormes.

En definitiva, han sido innumerables los casos de corruptela por parte del equipo de Guaidó: a este caso de Hernández se le incluye Monómeros en Colombia, los cobros de comisiones con el caso de Caribbean Recovery Assets (CRA), sobornos, extorsión y más.

Incluso, Guaidó y sus secuaces se jactaban sobre los nulos vínculos de Hernández con los partidos políticos, tratando de maquillar el prontuario de este personaje, pues uno de los nexos alarmantes y reales de este abogado era que había sido defensor de múltiples empresas de combustibles involucradas en fraudes contra PDVSA.

Sus mañas continuaron: Hernández fue una ficha contraria a los intereses del país. Las evidencias son claras.

Actualmente, toda la táctica del gobierno de Donald Trump con la figura de Guaidó para intentar mantener el control de Citgo empieza a caer, y más, al acercarse las elecciones presidenciales de Estados Unidos a principios de noviembre.

En paralelo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó la propuesta para los tenedores de bonos venezolanos con el fin de honrar los compromisos asumidos desde 2017 y para que los tenedores no resulten afectados "por el ilegal accionar de quienes detentan el poder en Estados Unidos". Esto en el contexto de la gama de maniobras que el Gobierno Bolivariano ha decantado para contener los efectos reales del bloqueo contra la población de Venezuela.

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