Vie. 17 Septiembre 2021 Actualizado 9:11 am

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José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (Foto: HRW)

HRW ataca de nuevo a Venezuela: falacias e injerencia en el caso Apure

El informe que la ONG Human Rights Watch (HRW) ha emitido respecto a los últimos sucesos ocurridos en el estado Apure no sorprende, es ampliamente conocida su animadversión contra el gobierno venezolano, producto de su origen en la Guerra Fría y su alineamiento con el entramado corporativo que domina el metabolismo socioeconómico mundial y, con ello, la política.

Su expediente contra Venezuela es extenso y sus supuestas investigaciones sobre el país no sorprenden; sin embargo, es importante rescatar elementos de interés para analizar la verdadera guerra en proceso.

El método como problema, el sujeto como espejismo

Aun cuando la mayoría de las fuentes noticiosas utilizadas son oficiales, tanto el discurso como la narrativa son tendenciosas, de allí que para HRW la Operación Escudo Bolivariano no sea un despliegue realizado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros cuerpos de seguridad para el ejercicio y defensa de la soberanía nacional, sino una "ofensiva en el estado Apure el 21 de marzo de 2021 con el supuesto propósito de combatir a grupos armados que operan en Venezuela".

La narrativa del Estado agresor y de la defensa de la soberanía como un ejercicio de intencionalidad difusa dan paso en el texto a la ausencia de un elemento necesario en cualquier informe de derechos humanos: la documentación firme de los casos. Con la repetida presencia de frases como "hay indicios…" o "hay elementos…" trata de convertir en informe riguroso un artículo de opinión con historias que carecen de elementos de contraste, lo que pone en duda la veracidad de cualquier evento en el que se haya violado el Estado de Derecho y perjudica a las eventuales víctimas.

Por otra parte, el sujeto "residentes de Apure" hace ver que no se tiene (o no es la intención del informe mostrar) claridad sobre las localidades donde pudieron ocurrir los eventuales hechos e induce la visión de "estado de sitio" a toda una entidad federal. Al referirse a los pobladores de la parroquia Urdaneta que se movilizaron hasta Colombia como "desplazados" omite la condición de "refugiados" o "personas de interés", que es como deberían ser reconocidos según el derecho internacional y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

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Muchos habitantes de la frontera colombo-venezolana son refugiados, pero del conflicto armado interno en Colombia, todo punto de contacto ha sido zona de recepción de pueblos huyendo de la violencia (Foto: Cablenoticias)

Llama la atención que, siendo Colombia un país en guerra, el informe de HRW afirma que "en el departamento de Arauca, Colombia, (...) el acceso a asistencia humanitaria es limitado y muchas veces nulo", en el discurso hasta pareciera que es responsabilidad del Estado venezolano la poca infraestructura de Colombia para manejar las consecuencias de la guerra permanente impuesta por su oligarquía. En todo caso, la responsabilidad colombiana en el foco fronterizo es invisibilizada en detrimento del expediente Venezuela.

Continúa describiendo su método, quizás lo más controversial del texto, explicando que entrevistó a 68 personas en forma presencial en el departamento de Arauca y por teléfono sin distinguir cuántos de cada modalidad; el método hace recordar al informe de la Misión Internacional "Independiente" de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU realizado en 2020 y a control remoto desde Panamá.

La maraña de acusaciones sin fundamento

El informe no termina de decir, pero pareciera sugerir, que los cuerpos de seguridad venezolanos realizaron ataques aéreos a la población civil: "Los venezolanos desplazados manifestaron que huyeron debido a los frecuentes ataques aéreos y combates entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados", haciendo uso discrecional de la palabra "abuso". Alude a la no utilización de órdenes de allanamiento en la búsqueda de los actores armados cuando es obligación del Estado garantizar un bien colectivo mayor como la vida de efectivos y pobladores en plenos enfrentamientos, lo que ya le otorga carácter de excepcionalidad al proceder.

Otra duda que deja el método es si, cuando HRW entrevistó a pobladores y estos declararon que "los detenidos" no eran miembros de grupos armados, llegaron a determinar quiénes eran guerrilleros.

La vinculación con acusaciones anteriores funge como pivote para relacionar los hechos con otros mecanismos de criminalización puestos en marcha  como el informe "independiente" ya mencionado y la acusación ante la Corte Penal Internacional (o caso Venezuela I) sobre el cual nada se ha sentenciado. El puente automático lo establece HRW obviando que el gobierno venezolano ha pedido apoyo a la ONU debido al uso de minas antipersonales por parte de los grupos irregulares de origen colombiano, lo cual es violatorio de numerosos acuerdos internacionales.

Como HRW parte de una certeza autocrática sobre la violación sistemática de derechos humanos por parte del gobierno venezolano (así como de cualquier gobierno "adversario" de Estados Unidos), recomienda a la fiscalía de la CPI y a la Misión "Independiente" analizar la "posible" responsabilidad de las autoridades venezolanas de unos supuestos hechos cuyas pruebas son llamadas telefónicas y fotos de origen aún no esclarecido.

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Numerosas aeronaves y pistas del narcotráfico al año son inhabilitadas por la FANB, sin embargo el informe de HRW no hace mención al respecto, mucho menos sobre la excesiva producción de drogas en Colombia (Foto: AFP)

Como dato curioso la palabra "narcotráfico" no es utilizada en el informe, tampoco se especifica sobre rutas o carteles. Aunque no precisa la naturaleza de su permanencia en territorio venezolano ni de su existencia en Colombia, nombra a grupos armados para reportar versiones como que "las fuerzas de seguridad venezolanas y otras autoridades han tolerado a grupos armados que operan en Apure y, en ocasiones, han actuado en connivencia con ellos", posicionando la peligrosa línea discursiva del Estado que aloja a narcoterroristas.

Además, establece abiertamente una supuesta relación entre el gobierno venezolano y los grupos irregulares dando crédito a versiones de "organizaciones humanitarias y de derechos humanos en Arauca, así como entrevistados de localidades y zonas rurales de Apure" que saben quiénes no pertenecen a los mencionados grupos.

HRW denuncia detenciones supuestamente arbitrarias a partir de declaraciones de familiares y prensa sin tomar en cuenta la situación de confrontación armada y establece criterios semitécnicos a partir de peritaje evidentemente interesado sobre fotos de origen desconocido.

Otro detalle curioso es la discordancia numérica respecto a la cantidad de personas (ni desplazados ni refugiados) que reportan: 4 mil 500 personas habían huido y autoridades de Arauquita "dijeron a Human Rights Watch" y que aproximadamente otras 3 mil más estaban quedándose en casas de amigos y familiares, un total de 7 mil venezolanos y colombianos. Sin embargo, al 19 de abril las autoridades colombianas reportaban 5 mil 800 personas a las que el mismo informe no atribuye, en el párrafo donde reporta cifras, ninguna categoría ni determina qué sucedió con las 1 mil 700 de diferencia.

El informe concluye recomendando el análisis de ejecuciones y responsabilidades dando por ciertas sus conjeturas, informaciones no contrastadas ni confirmadas al punto de llamar "investigaciones" a ejercicios similares realizados en el pasado.

No es el primer ataque contra Venezuela

La obsesión serial de HRW contra la verdad en Venezuela tiene su más reciente manifestación en mayo de 2020 cuando su director para las Américas, José Miguel Vivanco, afirmó que "las estadísticas que salen de Venezuela son absurdas y no son creíbles", agregando que "no es posible que haya un poco más de mil casos confirmados de covid-19 y 10 muertes" al tiempo que compartió un informe supuestamente conjunto sobre Venezuela entre esa ONG y Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins (JHU, por sus siglas en inglés).

El citado informe, que por venir de tan prestigiosa institución, se esperaría que estuviese dotado de estadísticas y datos rigurosos sobre las afirmaciones que hace, en realidad está plagado de frases como "una doctora dijo" o "un enfermero relató", sin hacer precisiones en la mayoría de los casos, de lugares, nombres, fechas o cualquier otra información que se pueda verificar.

Sin embargo, el mismo ha sido citado por múltiples medios de comunicación en todo el mundo y en todos ellos se repite que la escuela de medicina de Johns Hopkins entrevistó a numerosos médicos y enfermeros venezolanos para el informe (también por vía telefónica), y ésta aseguró que una estimación conservadora situaría la cantidad de muertos por el virus en Venezuela "por lo menos en 30 mil".

Llegó a afirmar que Venezuela se convertiría en un riesgo para los países vecinos por la cantidad de venezolanos que estarían saliendo en este momento del país, agregando que "la imposibilidad de Venezuela para hacer frente a la pandemia de covid-19 podría provocar que más personas intenten irse del país. Esto desbordaría aún más los sistemas de salud de los países vecinos, poniendo en peligro más ampliamente la salud en la región".

Hoy en día Venezuela es víctima de una segunda ola causada por el manejo deficiente de sus vecinos países Brasil y Colombia que están entre los primeros 15 países con fallecidos por millones de habitantes (11,44 y 8,59 respectivamente al 27 de abril). La primera ola se originó en el retorno de más de 100 mil venezolanos huyendo de la xenofobia y desatención que han padecido en los países donde residían.

Los marines de la intervención "blanda" y sus sucursales

Se trata de una de las ONG más diligentes en la tarea de criminalizar objetivos fijados por el 1% más rico del planeta, en este caso arremete contra el chavismo a cargo del Gobierno Bolivariano. Ha fungido como operadora de ablandamiento mediático desde antes del Plan Guaidó, cuando pretendió incriminar a las instituciones venezolanas en 2008 y el entonces presidente, Hugo Chávez, ordenó la expulsión de Vivanco del territorio nacional.

Desde entonces reforzó su andanada de "informes" cuando la anterior Asamblea Nacional instaló la línea de la "crisis humanitaria" con ayuda, justamente, de las mismas ONG locales que tienen como cañones de vociferación reiterada a "medios independientes" (Elliott Abrams dixit).

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, el magnate George Soros y el Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá John McCallum asisten a la Cumbre Concordia 2016 para incubar el "nuevo poder" (Foto: Getty Images)

No es un detalle menor que HRW sea financiada por el Congreso estadounidense y George Soros, quien en 2010 "donó" 100 millones de dólares a la ONG. Además tuvo entre su directiva y dedicó un memorial en su muerte al senador neocon John McCain, quien en 2014 reclamó a Obama por una intervención militar en Venezuela en el marco de las guarimbas del plan La Salida.

El mismo Vivanco escribió una carta a Luis Almagro en la que pidió a la OEA que invocara la Carta Democrática, amparado nuevamente en la supuesta separación de poderes públicos que requiere toda democracia aprobada por Estados Unidos. Argumenta que el poder judicial está "secuestrado por el chavismo", y recuerda que desde 2004 la organización viene observando al Tribunal Supremo de Justicia para alegar que fue ese año en que se bautizó la "falta de independencia". A continuación hace un recuento de la aplicación de la Carta a Ecuador en 2005, casi recordándole a Almagro el paso a paso.

HRW no solo ha atacado en sus declaraciones e informes al poder judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, ha defendido al canal golpista RCTV y la financiación ilegal de la fachada golpista llamada Súmate en 2005, liderada por María Corina Machado. Aunque denunció el golpe de 2002, avaló la breve dictadura de Carmona Estanga.

Si bien la ONG transnacional cubre el frente internacional con propaganda hecha en casa, es decir, en Nueva York, quien le cubre las espaldas a nivel local es Provea y el "periodismo independiente" de El Nacional (llamado "prensa local" en el informe sobre Apure). El mantra de "crisis humanitaria" acompañó al ataque a un operativo que también luchaba contra la inserción paramilitar en el país: la OLP. Los operadores más importantes de esta ONG que viajaron a Washington DC se reunieron con Almagro en 2016-2017, incluido Rafael Uzcátegui en representación de Provea. Absolutamente todas las partes que juegan a la intervención contra Venezuela se encuentran abrazados no solo en sus propósitos e intereses sino por sus financistas e instituciones que los apoyan.

"Dependen de financiamiento exterior para trabajar de manera independiente"

El proceder de Vivanco contra Venezuela concuerda a precisión con lo dicho por Soros en 2010 a través de la National Public Radio PR, sobre la expansión de HRW impulsada por su gran donación: "Las personas que realicen las investigaciones no serán necesariamente estadounidenses... Estados Unidos ha perdido la altura moral y eso ha puesto en peligro la credibilidad, la legitimidad de que los estadounidenses estén al frente de la defensa de los derechos humanos".

Un comunicado de HRW titulado "Venezuela debe revocar decreto de emergencia dictado por Maduro" publicado en 2016, en el que toma partido por la extinta MUD y los intentos golpistas de la entonces Asamblea Nacional de mayoría antichavista, también ataca la medida del Gobierno Bolivariano por la vía que más les duele a los grandes financistas de ONG como la NED, Freedom House y el mismo Soros. Citamos:

"El decreto de emergencia también ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores que suspenda todos los convenios que prevean financiamiento extranjero para personas u organizaciones, cuando 'se presuma' su 'utilización con fines políticos o de desestabilización de la República'. En un país donde las autoridades han acusado sistemáticamente a defensores de derechos humanos de desestabilizar la democracia venezolana, este decreto podría en la práctica obligar a importantes organizaciones no gubernamentales del país, que dependen del financiamiento exterior para trabajar de manera independiente, a cerrar sus puertas o a reducir drásticamente su trabajo" (nótese el relevo de pruebas con las negritas, que son nuestras).

En aquella ocasión hasta 125 ONG a nivel nacional e internacional, incluyendo a las asiduas visitantes de Washington DC como Provea, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Cofavic y Espacio Público se manifestaron, como ahora, en contra de la regulación del financiamiento extranjero a sus actividades políticas. Las alianzas "venezolanas" de HRW son también los amigos de Almagro y el Departamento de Estado, con frecuencia suele confundirse la vocería.

El norte de la injerencia es la intervención desde el norte

Las ONG como HRW, en el plano internacional, y sus sucursales locales como Provea son recursos asimétricos de la guerra no convencional y operadores de lujo de las revoluciones de color que reciclan la narrativa de "crisis humanitaria"cada vez que les es posible. HRW es realmente quien pone las cartas sobre la mesa, carteliza los derechos humanos en beneficio de la élite anti-Venezuela y pone el dedo en la llaga mediática buscando la intromisión abierta de poderes extranjeros en los asuntos internos del país.

Nada que esperar de Joe Biden distinto a sus ataques contra Venezuela en 2016, mucho menos de Duque (o Uribe), porque desde hace mucho su línea de flotación ha sido pedir y provocar la intervención a Venezuela a costa de una visión cartelizada por Estados Unidos de los derechos humanos y cuanta "fechoría chavista" se les antoje. HRW simplemente sigue el hilo argumental.

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Mientras yihadistas apoyados por Occidente decapitaban "infieles" en Siria la ONG Amnistía Internacional realizaba gastos onerosos en campañas falsas sobre las prisiones en ese país (Foto: AI)

Anteriormente la ONG había hecho lo propio, a favor de la OTAN, contra Libia y Siria. En 2017 Amnistía Internacional (AI) publicó un informe titulado "Human Slaughterhouse: Ahorcamientos y exterminios masivos en la prisión siria de Saydnaya", en el que afirma que el gobierno sirio ejecutó a entre 5 mil y 13 mil personas en un periodo de cinco años.

El informe, declarado como fake por un ex embajador británico en Siria, se basa en fuentes anónimas de fuera de Siria, en rumores y en el dudoso uso de fotos de satélite que recuerdan la actuación de Colin Powell en las Naciones Unidas en 2003 para justificar las "armas de destrucción masiva" en Irak. Hay mucho lenguaje hiperbólico como "matadero" y "exterminio", pero pocas pruebas de las graves acusaciones que se hacen.

HRW se unió a la campaña afirmando que el gobierno sirio utilizó gas de cloro contra los civiles que huían de Alepo. Una vez más, las afirmaciones tenían pocas pruebas pero luego se supo que fue el Frente Al Nusra el que atacó a los refugiados de Alepo mientras luchaban por entrar en las líneas del ejército sirio. Un día hay un informe sobre la ejecución, otro día armas químicas, bombas de barril al día siguiente y así sucesivamente.

Estas falsas organizaciones nunca mencionan que la catástrofe humanitaria en Siria fue provocada por la intervención occidental y sus aliados yihadistas decapitadores.

Obsolescencia programada (y conveniente) de los derechos humanos

El enfoque de órganos multilaterales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las ONG extranjeras como AI o HRW ha sido excluir las violaciones por parte de actores no estatales, visión que ha quedado obsoleta desde la Convención de Derechos Humanos de la ONU de 1993 en Viena, que reconoció explícitamente el papel de los actores no estatales en las violaciones de los derechos humanos.

Así se reconoció la influencia del gobierno de Estados Unidos y sus aliados sobre fuerzas irregulares como la Contra en Nicaragua, RENAMO en Mozambique y UNITA en Angola para aplicar un terrorismo sistemático contra la población civil.

Carlos Emilio López, activista de los derechos humanos y legislador nicaragüense, ha apuntado que "la reconceptualización de los derechos humanos es que los Estados deben respetar los derechos humanos pero también deben hacerlo las empresas, las iglesias, las organizaciones, las organizaciones sociales, los oligopolios, los medios de comunicación, las personas como individuos. Es decir, todos estamos obligados a respetar los derechos humanos, no solo las instituciones del Estado".

Cada vez que estas instituciones y organizaciones afirman que su competencia excluye a los actores no estatales, exhiben deliberadamente un desfase de 30 años para lavarse las manos ante los abusos de los actores políticos con los que simpatizan.

Muchas de estas ONG, dentro y fuera de las fronteras venezolanas, han sido corrompidas y cooptadas durante muchos años por su vinculación directa con actores clave de la globalización empresarial y operadores neoliberales que buscan socavar y reducir el papel de los Estados-nación soberanos. En los antecedentes de trabajo de sus directivos aparecen empresas multinacionales, financiadores empresariales u otras ONG fuertemente financiadas por empresas.

Sus actividades en materia de derechos humanos están guiadas por una enfática hostilidad neoliberal hacia los gobiernos de los Estados-nación, de manera que sus informes se proponen deliberadamente excluir o desacreditar la información procedente de los gobiernos u otras fuentes oficiales.

Es por ello que las supuestas investigaciones de HRW dejan expuesta su misión como organización al servicio de un proyecto colonial.

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