Según ha reportado la agencia Associated Press (AP), el juez Leonard P. Stark de la Corte del Distrito de Delaware emitió una orden que autoriza el remate de las refinerías de Citgo, empresa filial de PDVSA en EEUU, con el propósito de que la minera canadiense Crystallex pueda cobrarse 1.400 millones de dólares de un laudo arbitral ganado por la compañía en 2016 en el CIADI.
Hace días, la Corte Suprema de EEUU se negó a dirimir las apelaciones sobre el caso, abriendo la puerta para que se avanzara con la autorización de una venta forzada en condiciones de remate de las refinerías de Citgo, el principal activo de la República Bolivariana de Venezuela en el extranjero, valoradas en más de 8 mil millones de dólares.
Ya el año pasado el tribunal federal de apelaciones con sede en Filadelfia había autorizado que Crystallex avanzara en la toma de los activos de Citgo, decisión que se vio diferida por diversas apelaciones y por el embargo contra la filial venezolana.
Pero la desestimación de las apelaciones por parte de la Corte Suprema le ha dado un nuevo impulso al caso y coloca en serio riesgo el principal activo extranjero del país, pues el juez Stark, desde 2018, ya viene autorizando la expropiación de la empresa venezolana.
Como indica AP, “el fallo (judicial) asesta un golpe a la oposición de Venezuela encabezada por Juan Guaidó”.
Desde su autoproclamación, Guaidó y la Asamblea Nacional asumieron la “protección de los activos venezolanos” en el extranjero como una bandera política central del nuevo gobierno imaginario.
Con una narrativa endeble apalancada en la supuesta lucha contra la corrupción de la administración de Maduro, el interinato fake del diputado de Voluntad Popular asumió ilegalmente la directiva de Citgo y su defensa jurídica, apoyándose en el reconocimiento institucional de la Administración Trump.
Guaidó nombró como procurador imaginario del interinato al abogado José Ignacio Hernández, quien se encargaría de la supuesta protección de Citgo y de capitanear la defensa legal de la compañía. A partir de ahí, todo comenzaría a salir mal para los intereses nacionales de Venezuela.
Hernández trabajó para el bufete de abogados Grau, García Hernández & Mónaco que tuvo como cliente a Crystallex en el proceso legal contra la República Bolivariana de Venezuela de 2017. Hernández fue contratado como “testigo experto” para defender los intereses de la extinta minera canadiense contra los intereses venezolanos.
El procurador fake fue clave en el elemento jurídico que vistió de legalidad los reclamos de Crystallex ante las cortes estadounidenses: presentó el argumento de que PDVSA era “un alter ego del gobierno venezolano”, por lo que el laudo ganado por Crystallex podía cobrarse con la venta de los activos venezolanos en el país norteamericano.
Es decir, Hernández contribuyó a la operación judicial contra Citgo y luego fue premiado por Guaidó con su nombramiento ilegal para “defender los activos nacionales”. El trágico chiste se cuenta solo.
El evidente conflicto de intereses entre Hernández y Crystallex ha desembocado en la vulnerabilidad actual de los activos de la República.
En los últimos meses el gobierno imaginario de Guaidó (haciendo un uso ilegal del dinero secuestrado a Venezuela por parte del Departamento del Tesoro de EEUU) ha desembolsado más de 20 millones de dólares para que Hernández coordine la actuación jurídica “a favor” de los bienes venezolanos.
A principios de año la Asamblea Nacional en desacato creó un “fondo especial de litigios” con el que sufragarían los gastos legales.
Pero la decisión del juez Leonard Stark sobre Citgo deja en evidencia que las gestiones jurídicas del procurador fake solo han sido exitosas para Crystallex.
El 5 de agosto 2019, EEUU embargó la filial Citgo mediante la Orden Ejecutiva 13844, evitando que pudiese ser vendida y arrebatando oficialmente su control del gobierno legítimo de Venezuela.
Aunque Guaidó y su entorno cercano celebraron esta medida, en realidad estaba transfiriendo todo el peso de las decisiones sobre Citgo a una instancia como el Departamento del Tesoro de EEUU que ha gestionado la piratería de los recursos y activos venezolanos desde que inició el bloqueo económico a Venezuela en 2015.
La decisión judicial para rematar Citgo deja en manos del Departamento del Tesoro de EEUU la última palabra: con modificar la Orden Ejecutiva 13844 o con la emisión de una licencia especial, Venezuela puede perder su principal activo en el extranjero en una operación de remate.
Independientemente de la decisión final, la orden del juez Stark representa un revés político para Guaidó, para la Administración Trump y para la narrativa del “resguardo” de los activos petroleros del país.
La desnacionalización del interinato fake y el conflicto de intereses que rodea a la figura de José Ignacio Hernández, vulneró la defensa jurídica del país y abrió paso al desguace de las propiedades de la nación venezolana fronteras afuera.
La noticia representa un balde de agua fría para el país en medio de la pandemia de Covid-19 y de la escasez de gasolina, generada, principalmente, por las sanciones estadounidenses y las gestiones de Guaidó, que han bloqueado el envío de combustible y repuestos para las refinerías a Venezuela utilizando a la filial Citgo, como solía hacerse hace pocos años atrás.
Guaidó le ha entregado el país a instituciones dedicadas a la piratería y al saqueo. ¿Qué podría salir mal?