Mar. 03 Agosto 2021 Actualizado 10:57 am

Guaidó delega en dos empresas de un paraíso fiscal la gestión del dinero robado a Venezuela

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La política de despojo del patrimonio público de Venezuela orquestado por el gobierno estadounidense y encubierto bajo la apariencia “legítima” del gobierno fake de Juan Guaidó, adquiere ahora forma “legal” mediante vías tercerizadas.

En nueva sesión sin quórum, por vías digitales y con la sola participación de diputados afines a Juan Guaidó, la Asamblea Nacional (AN) fake de Venezuela convino el pasado jueves la aprobación de un proceso de contratación de dos firmas registradas en EEUU para la gestión y manejo de los “fondos recuperados” por el “gobierno de transición”.

La fuente de recursos serían unos 80 millones de dólares que son parte de los haberes del estado venezolano en cuentas del Citibank estadounidense y que fueron retenidos, unos 342 millones de dólares, que han sido transferidos por el gobierno estadounidense a una cuenta en la Reserva Federal de Nueva York.

Estos 80 millones de dólares que forman parte ahora del llamado “Fondo de Liberación Nacional” creado por Guaidó, serían gestionados y ejecutados por las compañías BRV Disbursement Co. LLC y BRV Administrator Co. LLC., ambas registradas en EEUU como firmas privadas.

El anuncio indica que dichas empresas tendrán un beneficio de 1,3 millones de dólares, de acuerdo con el contrato aprobado por el ala de diputados de la AN que rodean a Guaidó.

Este evento sienta un precedente de uso discrecional y delegado a firmas privadas, no registradas, ni vinculadas, ni subordinadas a la nación, con respecto a los bienes del estado venezolano.

Esto da por sentado la inexistencia jurídica del proto-estado puertas fuera de Venezuela abanderado por Guaidó, que no tiene una representación jurídica ni una estructura financiera propia para ejecutar los recursos de los cuales son beneficiarios por arbitraje estadounidense.

Recursos sin contraloría y con destinos difusos

La modalidad de despojo que se ejecuta con estas acciones pasa por la delegación de recursos venezolanos a dos instancias, una difusa o inexistente y otra de tipo privada.

La primera de ellas es el mismo “gobierno” de Guaidó, el cual dispone de recursos de la nación sin estar sujetos a ninguno de los poderes contralores en suelo venezolano.

Es decir, que no está sujeto ni a la Contraloría General de la República, ni al propio parlamento venezolano más allá del séquito minoritario que rodea al “presidente encargado”, lo cual implica la ausencia de todos los mecanismos de transparencia y se omiten todos los canales regulares previstos en la legislación venezolana.

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Seguidamente, tiene lugar la tercerización y privatización en la ejecución de los recursos venezolanos mediante estas acciones, que están erigidas sobre un “contrato” para el cual el parlamento no tiene atribuciones de aplicar, adicionalmente, con empresas que no están subordinadas a las instituciones contraloras de Venezuela y que, de hecho, no reconocen al gobierno legítimo en funciones.

Todo esto parece dar forma a una sofisticada modalidad de despojo de bienes financieros nacionales, con destino a un caldo de corrupción.

El supuesto destino planteado para los recursos sería el reforzamiento de “diversos programas” para la “liberación de Venezuela”.

Aunque en teoría unos 35 millones se emplearían para dotar de equipamiento médico al país, también ha sido pública la intención de usar esos recursos para el “apoyo” a los diputados, el financiamiento de propaganda del “gobierno de transición” y el financiamiento en la “lucha por la democracia”, entre otros.

Es indispensable destacar que en este manejo doloso y sin regulación de recursos abre también las posibilidades de financiamiento a actividades terroristas en Venezuela, como las que fueron frustradas en meses pasados mediante las inserciones mercenarias en varios flancos de las costas venezolanas.

Empresas registradas en un paraíso fiscal en suelo estadounidense

Recientemente el sitio de investigación venezolano La Tabla, reveló mediante el uso de información abierta que las empresas BRV Disbursement Co. LLC y BRV Administrator Co. LLC (Limited Liability Company o Sociedad de Responsabilidad Limitada) fueron registradas recientemente en Delaware, EEUU.

Delaware es un reconocido santuario fiscal y del lavado internacional de capitales en dicho país.

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Según La Tabla, estas empresas solo necesitaron para su registro nombrar a un administrador (agente autorizado) en representación de los directivos para garantizar absoluto anonimato, aprovechando todos los incentivos jurídicos de Delaware que le han dado fama de paraíso fiscal, pues protege las identidades de los representados.

En consecuencia, tales preferencias jurídicas dejan en situación difusa las responsabilidades sobre la administración de ese dinero.

El medio especializado en economía Expansión refiere a Delaware como enclave financiero en el que se encuentran registradas más de 1,3 millones de entidades, frente a una población que no llega a alcanzar el millón de habitantes.

La dimensión de este paraíso fiscal da cuenta de la existencia de cientos de miles de sociedades off shore allí registradas. Un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de España, que analiza el desempeño de empresas españolas y sus prácticas evasivas, encontró en Delaware un lugar idóneo para estos ilícitos, solo posibles por su legislación estadal.

Para ilustrar este ejemplo de manera más precisa, en un solo edificio de Delaware de una sola planta, es decir en un mismo domicilio fiscal, estaban registradas 285 mil empresas.

El 60% de los grupos del listado Forbes 500 tenían allí domiciliada alguna sociedad. Entre ellos se encontraba American Airlines, Apple, Bank of America, Google o Coca-Cola, refiere el Observatorio.

Como dato adicional, vale señalar que la conformación de una estructura de saqueo y corrupción abierta de los recursos financieros y demás activos venezolanos en el extranjero, no tiene lugar sólo por la discrecionalidad del diputado Juan Guaidó. Este nuevo marco de situaciones solo es posible por el andamiaje jurídico e institucional estadounidense.

Esta estructura de poder, que facilitó la ejecución de medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela, continua evolucionando y favoreciendo la construcción de un para-estado.

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