El gobierno venezolano develó una trama de corrupción que triangulaba recursos públicos cuyo fin último era financiar irregularmente al partido Primero Justicia, así como a grupos violentos con planes para generar caos en el país.

Los detalles fueron dados a conocer este 22 de octubre por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en rueda de prensa.

De antemano se refirió a la suspicacia que había causado el hecho de que algunos políticos opositores salieran en defensa de los imputados basados en el argumento de que se trataba de una supuesta persecución política y no de hechos delictivos comprobados.

También dijo que la investigación se llevó a cabo con un "altísimo nivel técnico", lo que permite exponer ante el país una serie de evidencias para formalizar la judicializacíon de los responsables. 

El Ministro amplió los detalles sobre esta trama de corrupción que implicaba a funcionarios de la alcaldía de Maracaibo, detenidos a principios de octubre, incluido el propio alcalde Rafael Ramírez Colina, de las filas de Primero Justicia.

Durante la cruzada resultaron detenidos:

• El alcalde de Maracaibo.
•  Juan Manuel Lara Villalobos, presidente del Instituto Municipal de Aseo urbano.
• Alberto Silva, que ejercía un cargo dudoso en relación con la administración de recursos.
• Pedro Guanipa, quien fungía como director de despacho de la alcaldía.
• Alberto Buchi, un enlace para movilizar el dinero.
• Margarita Asenza, directora general de la secretaría del alcalde.
• Diana Berrío, directora de Recursos Humanos.

Pedro Guanipa es hermano de Tomás y Juan Pablo Guanipa, quien recibiría recursos millonarios provenientes de la alcaldía.

Cabello resaltó que todos los implicados son de Primero Justicia, aunque hay que aclarar que el partido opositor está dividido entre quienes respaldan a María Corina Machado, como Julio Borges, y los que buscan un escenario de negociación con el gobierno, alineados con Henrique Capriles Radonski. Juan Pablo pertenece al ala radical que ha estado más implicada en hechos violentos post 28J.

El también vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz señaló que la investigación inició porque se atendieron múltiples denuncias de ciudadanos que reclamaban por la falta de recolección de basura en Maracaibo.

método de desfalco

La pesquisa arrojó que los recursos destinados a la limpieza de la ciudad fueron desviados por funcionarios de la alcaldía para financiar actos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el contexto de la campaña presidencial de Edmundo González Urrutia. 

Durante la rueda de prensa se proyectó un material audiovisual en el que una de las detenidas detalla cómo Alberto Silva manejaba todos los recursos financieros de la alcaldía. "Durante dos años pude observar cómo las movilizaciones políticas eran pagadas por Alberto Silva", confesó Margarita Asenza. 

La trama incluye la contratación de siete empresas de recolección de basura, que nunca llegaron a prestar servicio aun y cuando los ciudadanos pagaban por ello. Que en Maracaibo se acumularan enormes cantidades de desechos, causantes de problemas de salud pública, era un indicativo de que las compañías "contratadas" eran fachadas para desviar los recursos públicos.

El Ministro informó que el desfalco asciende a 2 millones 700 mil dólares, que incluyen la contratación de empresas para remodelar oficinas con precios inflados. En su defensa el alcalde Rafael Ramírez Colina dijo que había una suerte de caja chica de donde sacaban dinero para el pago de diferentes servicios y compras.

En cuanto al financiamiento de Primero Justicia, el exalcalde mencionó que se trataba de aportes que no pasaban de cinco mil dólares. No obstante, el ministro detalló que la alcaldía entregaba unos 50 mil dólares semanales, dinero que recibía directamente el exdiputado Juan Pablo Guanipa. 

Por su parte, Pedro Guanipa confirmó que el manejo fraudulento de los recursos estaba a cargo de Alberto Silva, aunque no precisó cómo hacía para movilizar el dinero hasta su hermano Juan. "No sé si él hacía una factura y por medio de ella sacaba el dinero en efectivo", dijo. 

Según las confesiones, los recursos desviados de la alcaldía, con anuencia de su máxima autoridad, se usaron para la movilización de votantes, comida, sonido y logística durante la campaña presidencial de julio. 

FACTOR DE IMPORTANCIA

Es de conocimiento público que en los sufragios presidenciales del 28 de julio Rafael Ramírez Colina respaldó la candidatura de González Urrutia. Ahora se descubrió que detrás de ese apoyo hay un entramado de corrupción orquestado para financiar tal carrera electoral con recursos destinados a un servicio público vital para los habitantes de Maracaibo.

Para el ministro de Interior, Justicia y Paz, los datos ofrecidos este 22 de octubre constituyen un primer balance de una investigación que sigue en curso. "Hay una cantidad de funcionarios de la alcaldía involucrados, incluidos varios concejales, en esta mafia", refirió, y añadió que se hizo esta primera entrega para mantener informados a los ciudadanos de Maracaibo, los principales afectados por las acciones del alcalde y actores políticos regionales. 

Ya en la ronda de preguntas sostuvo que la malversación de dinero de la alcaldía pudiera estar conectada con la reciente incautación de armas que se realizó en Zulia. Sobre este particular dijo que las averiguaciones están en pleno desarrollo y resaltó que todos los movimientos con miras a dar un golpe de Estado siempre conducen al mismo sector extremista de la oposición.

En aquella oportunidad, el 17 de octubre, el ministro Cabello informó sobre la detención de un grupo de mercenarios en el país, entre ellos un estadounidense aprehendido en el estado Zulia. Durante el operativo se incautaron 71 armas de guerra, la mayor parte en Zulia, lo cual expone el carácter estratégico del estado fronterizo para perfilar operaciones de sabotaje y desestabilización.

Frente a esto, una dinámica de corrupción y desviación de recursos enquistada en la alcaldía de Maracaibo representa un agravante ya que la combinación de la participación institucional con el uso de dinero público para fines políticos alimenta la vulnerabilidad de una región que ha sido establecida como el corredor territorial más importante en el objetivo de engranar operaciones mercenarias contra el país, todas fallidas hasta el momento.