El pasado 19 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la reprogramación de las elecciones parlamentarias, de gobernadores y consejos legislativos regionales en Venezuela, trasladando la fecha del 27 de abril al 25 de mayo. Elvis Amoroso, presidente del ente electoral, explicó que esta decisión atiende a solicitudes de diversos actores políticos y responde a la necesidad de garantizar la participación de todos los sectores.

Este anuncio se produjo en un momento de profunda crisis dentro de la oposición tradicional venezolana, evidenciada especialmente en el seno de Primero Justicia (PJ) -sin tarjeta-, donde la división entre sus facciones se ha hecho insostenible.

La pugna interna en PJ no solo refleja el colapso de la organización, sino que también expone la ausencia de una estrategia coherente en el bloque opositor desde el espectro electoral.

La fractura

La crisis en el partido opositor se agudizó el 21 de febrero con la publicación de un comunicado del Comité Político Nacional, respaldado por Henrique Capriles, en el que se ratificaba la intención de participar en los comicios, "la abstención ha fracasado cada vez que se ha intentado como estrategia", afirma la tolda.

Esta decisión confronta abiertamente a la Dirección Nacional, encabezada por María Beatriz Martínez, que insiste en la abstención como única estrategia.

Según Martínez, dicho acto no contaba con el respaldo de la Dirección Nacional del partido aurinegro y "se alinea con la estrategia de quienes están en el poder". Además, el documento sostiene que, con esta decisión, "se han apartado de la Unidad y de Primero Justicia".

Pero más que una simple discrepancia táctica, el quiebre expone el estado de una facción política desarticulada, atrapada en disputas internas y dominada por intereses personales. La pugna entre Capriles y Julio Borges, este último con estrechos vínculos con los financiamientos de la USAID, es reflejo de una estructura que, tras haber llevado a un candidato a disputar la presidencia (Capriles 2012 y 2013), hoy carece de liderazgo y capacidad de incidencia real, encontrándose en caída libre, muy lejos de la imagen de alternativa de poder sólida que alguna vez intentó proyectar.

El sector de Capriles, que agrupa a figuras como Tomás Guanipa y José Guerra, defiende la participación electoral como un mecanismo para preservar espacios políticos y mantener presencia en el paisaje pol´tico.

En el bando opuesto, Borges y María Corina Machado promueven el desconocimiento absoluto del proceso electoral, apostando por la abstención como vía para deslegitimar al Estado venezolano.

De hecho, la renuncia de Capriles a la junta directiva en septiembre 2024 ya había marcado una señal de agotamiento, denunciando la falta de visión y cohesión interna.

Su distanciamiento de Borges responde a dinámicas claras, debido a que mientras el exgobernador busca conservar cierto margen de maniobra dentro del país, Borges se ha dedicado a operar como pieza clave en la estrategia de presión internacional contra Venezuela.

Sus manejos financieros poco transparentes y su alineación con agendas foráneas lo han convertido en una figura cada vez más cuestionada dentro de su propio entorno. Sin embargo, Borges no actúa solo, ya que su coincidencia con María Corina Machado no es fortuita, sino parte de una estrategia coordinada que responde a intereses externos y apuesta por la desestabilización total.

Y sabotear el proceso electoral es un eje central de esa agenda, donde la abstención trasciende una simple postura política y se convierte en un instrumento calculado para erosionar la legitimidad institucional y justificar intervenciones de mayor escala.

Además, el historial de Borges en la administración de activos venezolanos en el exterior durante el llamado "proyecto Guaidó" lo convierte en una figura clave en la arquitectura del bloqueo económico.

El conflicto expone una oposición que, más que recomponerse, se diluye en su propia incoherencia, atrapada entre la incapacidad de ofrecer una alternativa real y la dependencia de factores externos para sostener su discurso.

Por el lado de Capriles, la presidenta del partido en cuestión Beatriz Martínez afirmó que Capriles y Guanipa se apartaban del bando para formar un comando de campaña diferente enfocado en las próximas elecciones.

La estrategia fallida

Lejos de representar una alternativa viable, la estrategia de María Corina ha sumido a sus seguidores en un laberinto de fracasos. Su postura intransigente, basada en el rechazo sistemático a cualquier proceso electoral y en la apuesta por la presión internacional, ha debilitado aún más a una oposición tradiciona ya de por sí fragmentada.

Su insistencia en la abstención como herramienta política ha marginado a las fuerzas opositoras de los espacios institucionales.

La historia reciente demuestra que el boicot electoral ha sido un arma de doble filo para ese sector. Las elecciones legislativas de 2005 y 2020 son ejemplos claros de cómo la autoexclusión solo ha conducido a la irrelevancia política.

Mientras sectores más pragmáticos insisten en la necesidad de reconstruir una alternativa dentro del marco electoral, la inhabilitada ha impuesto una estrategia que no solo ha debilitado la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sino que también ha fracturado, precisamente, a Primero Justicia.

De hecho, se recuerda que la imposición de Edmundo González como candidato provisional y la negativa a considerar otras opciones marcaron un punto de no retorno en la relación con los partidos tradicionales. En aquella ocasión, su decisión de asumir un liderazgo de facto tras las primarias, sin abrir espacio para el debate interno, agravó las tensiones y dejó en evidencia la falta de una estrategia cohesionada.

En este contexto, la fragmentación de la oposición surge tanto de disputas tácticas como del empeño en una ruta que ha demostrado ser estéril. La crisis de PJ evidencia la falta de un consenso capaz de articular un proyecto político realista.

Más que un dilema entre radicalismo y pragmatismo, lo que realmente está en juego es la supervivencia de la oposición como una fuerza con capacidad de incidir en el escenario político venezolano, una posibilidad que María Corina socava constantemente, pues su agenda nunca ha sido electoral, sino de confrontación y desestabilización.

Cambiaron las reglas del juego

El 31 de enero, Caracas fue el escenario de un encuentro que cambiaría las reglas del juego político en Venezuela. Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump, se reunió con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.

Lo que comenzó como una conversación centrada en temas migratorios (prioridad para la administración Trump) terminó por convertirse en un reconocimiento tácito del gobierno venezolano y un golpe duro para la oposición, que quedó relegada a un segundo plano.

Este encuentro no solo consolidó un canal de diálogo directo entre Caracas y Washington, sino que también dejó en evidencia el error de cálculo de los sectores opositores que apostaron todo a la presión externa y al aislamiento institucional que finalmente, decantó en un estado de orfandad política.

Primero Justicia, cuya dirigencia estuvo marcada por esta visión, quedó atrapado en una encrucijada: mientras Capriles intenta adaptarse de alguna manera a la nueva realidad, Borges y sus aliados siguen aferrados a un esquema que ya no tiene cabida en la agenda internacional.

Ahora bien, según la periodista venezolana Karen Méndez, el presidente venezolano aceptó el encuentro bajo la condición de llevar a cabo una "agenda cero", lo que permitió abordar temas sensibles como la migración, las sanciones económicas y la situación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Esto implicó un reconocimiento implícito de su legitimidad como interlocutor, debilitando aún más a la oposición.

En una entrevista con The Epoch Times, el Enviado Especial afirmó: "Me pasé el día yendo a Caracas, me reuní con Maduro, intenté tener una conversación en la que tuviéramos una relación diferente con él. Donald Trump no quiere un cambio de régimen; quiere centrarse en fortalecer y hacer más próspero al pueblo estadounidense".

Más que una anécdota diplomática, esta declaración confirmó un giro sustancial en la política de Washington hacia Venezuela: la prioridad aparentemente no se dirige al derrocamiento de Maduro, sino un enfoque pragmático donde la estabilidad prevalece sobre la confrontación.

Para el sector tradicional de la oposición venezolana, especialmente para aquellos sectores que hicieron del enfrentamiento total su única hoja de ruta, este mensaje fue un golpe demoledor.

María Corina Machado y sus aliados apostaron todo a la idea de que la Casa Blanca jamás negociaría con el presidente Maduro y que cualquier salida política debía pasar por su remoción inmediata.

Queda en la memoria cómo Primero Justicia, bajo la influencia de Borges, se alineó con esta estrategia, sacrificando toda posibilidad de maniobra dentro del país. No obstante, las declaraciones de Grenell sugieren que ese capítulo podría haber llegado a su fin.

Todo indica que Washington ha reducido el papel de la dirigencia opositora en su agenda sobre Venezuela, lo que no hizo más que profundizar la crisis interna de PJ y acelerar su irrelevancia en el tablero político.

Mientras Capriles y su sector intentan mantenerse a flote apostando por la participación electoral, la facción de Borges, carente de respaldo internacional y sin una estrategia viable, ha quedado reducida a la denuncia sin resultados prácticos.

La oposición venezolana ha quedado atrapada en un ciclo de derrotas autoinfligidas. En el caso de Primero Justicia no solo se desmorona como estructura partidista, sino que también simboliza el fracaso de un paradigma que apostó más a la presión externa que a la construcción de una base política propia y sólida a lo interno.

Su implosión responde al desenlace natural de una crisis prolongada, donde la ausencia de liderazgo, la falta de cohesión y la dependencia de agendas foráneas terminaron por sepultarlo. En el escenario actual, su desaparición es menos una sorpresa que una confirmación: el tiempo de PJ ya pasó.