Cuando analizamos la respuesta de un país ante una catástrofe natural, debemos dejar de lado la retórica política y fijarnos en la organización de sus instituciones y en los datos objetivos. Tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026, la agilidad con la que el Estado venezolano afrontó el golpe y gestionó la crisis revela un método de seguridad que contradice la idea de un colapso institucional o de un gobierno inactivo.
Cuando las capacidades logísticas y operativas de las alcaldías y gobernaciones en la Gran Caracas y el estado La Guaira se vieron inmediatamente desbordadas, la respuesta centralizada impidió la fragmentación de los esfuerzos sobre el terreno.
La respuesta institucional y el mando cívico-militar
La activación del Estado Mayor de Emergencia, apenas hora y media después de registrarse los sismos, se ejecutó bajo el amparo constitucional del Estado de Alarma, una estructura que centralizó la toma de decisiones. En la gestión de catástrofes de gran escala, la dispersión de directrices suele ser el principal vector de ineficiencia; el Estado Mayor anuló la autonomía de los componentes militares, policiales o de rescate, obligándolos a subordinar cada movimiento de maquinaria, tropas o insumos a una mesa técnica unificada.
La designación del mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero como Autoridad Única del Estado Mayor garantizó que la cadena de mando mantuviera un criterio operativo-militar en el terreno, mientras que la articulación macro de recursos quedó en manos del poder ejecutivo central. La estructura sectorial combinó áreas críticas del gabinete para evitar fisuras logísticas:
-
Dirección Ejecutiva y Presupuesto. Coordinada por la vicepresidenta encargada Delcy Rodríguez, asumiendo el enlace con ministerios y la gestión de la asistencia internacional.
-
Seguridad y Orden Interno. Dirigida por Diosdado Cabello, centralizando el despliegue de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), policías estadales, bomberos y Protección Civil.
-
Servicios, Infraestructura y Finanzas. Conducida por los vicepresidentes sectoriales Juan José Ramírez (Obras Públicas), Héctor Rodríguez (Atención Social) y Calixto Ortega (Economía), garantizando la viabilidad financiera de las operaciones de contingencia.
Esta concentración del mando permitió que los recursos pesados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (aeronaves, helicópteros, transporte y cocinas de campaña) se pusieran de inmediato a disposición de los cuerpos civiles de Protección Civil y Bomberos.
La gestión de las primeras 72 horas
La efectividad de un protocolo de emergencia se mide por la pertinencia de sus primeras decisiones. El Estado Mayor dictó tres líneas de acción verticales que determinaron la estabilización de la crisis en los focos más críticos de la capital y el litoral central:
-
Aseguramiento del canal logístico crítico. Ingeniería Militar y el Ministerio de Transporte priorizaron de forma exclusiva el despeje de los deslizamientos en la Autopista Caracas-La Guaira. Garantizar la conectividad entre el epicentro del desastre y la capital —donde se concentra la mayor densidad hospitalaria y de almacenamiento del país— era la condición obligatoria para el flujo de ambulancias y suministros pesados.
-
Sectorización territorial. La Guaira y los puntos afectados de Caracas fueron divididos en cuadrantes de contingencia, asignando a cada uno un jefe militar y un jefe civil. Este diseño técnico permitió el levantamiento de datos en tiempo real sobre las necesidades de búsqueda y salvamento, evitando la duplicidad de esfuerzos en sectores sobreexpuestos y el abandono de las zonas periféricas.
-
Fiscalización de los flujos de ayuda. Se centralizaron los centros de acopio estratégicos (como el Poliedro de Caracas y las instalaciones portuarias y aeroportuarias de La Guaira) bajo administración directa del Estado Mayor, registrando cada tonelada de insumo entrante para auditar su posterior distribución.
Métricas del despliegue en el terreno
El despliegue inicial partió de 4 mil funcionarios en las primeras 24 horas, ascendió a 11 mil a las 48 horas y actualmente supera los 29 mil efectivos cívico-militares concentrados principalmente en el estado La Guaira (declarado Zona de Desastre).
A la par de este contingente, los registros oficiales computan la inscripción de más de 19 mil voluntarios en la primera jornada y el despliegue de 151 perros especializados en búsqueda y salvamento urbanos.
En el ámbito de la atención social y los servicios públicos, la estabilización de los indicadores muestra el siguiente comportamiento:
-
Infraestructura de refugio. Instalación de 80 campamentos transitorios desde el 25 de junio, albergando actualmente a 17.642 personas en situación de damnificación, con cobertura de alimentación, camas y asistencia psicológica.
-
Servicios básicos. Restablecimiento del 90% del sistema eléctrico y de la red de distribución de agua potable en los cuadrantes afectados, complementado con el reparto de más de 5 millones de litros de agua a través de cisternas.
-
Seguridad ciudadana. Las estadísticas del Ministerio de Relaciones Interiores arrojaron un índice de pillaje y criminalidad del 0% en las zonas afectadas durante las primeras 72 horas. En la historia internacional de los eventos sísmicos de gran magnitud, el caos social y el saqueo inmediato suelen ser la norma; el sellado perimetral ejecutado por la FANB y los Cuadrantes de Paz ha operado como un factor de disuasión y protección para las víctimas.
El ejercicio de la soberanía en la cooperación internacional
La narrativa que sugiere que la ayuda humanitaria extranjera desplazó o sustituyó la autoridad local queda desmentida por los mecanismos de control migratorio, sanitario y logístico impuestos por el Estado venezolano. A pesar de los daños estructurales que sufrió inicialmente el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la administración central habilitó corredores aéreos de contingencia que permitieron el ingreso ordenado de rescatistas de nueve países en los primeros tres días, procesando formalmente la solidaridad de 147 naciones y 31 organismos internacionales.
El principal indicador de la vigencia del control estatal fue la activación del protocolo internacional CICOM (Célula de Información y Coordinación Médica), avalado por la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la OMS. A través de esta célula, el Ministerio de Salud venezolano asumió la dirección de las brigadas médicas internacionales y de los 11 hospitales de campaña extranjeros (incluyendo el módulo médico quirúrgico de alta complejidad enviado por Estados Unidos y las estructuras instaladas por la Federación Internacional de la Cruz Roja en el Estadio Jorge Luis García Carneiro). Cada componente médico externo recibió una asignación geográfica exacta sujeta al mapa de daños del Estado Mayor.
El flujo de auxilio técnico inicial —que incluyó los contingentes avanzados de El Salvador, las unidades INSARAG de la ONU (Chile, Colombia, México, Italia, Suiza, España y Francia), el puente humanitario de la Cruz Roja con 40 toneladas de suministros, la tecnología de alta precisión de Israel y el acceso a imágenes satelitales facilitado por Washington y Beijing— se insertó dentro de una planificación territorial preexistente diseñada por el comando unificado, concentrada prioritariamente en los más de 100 edificios colapsados en Catia La Mar y Tanaguarena.
La reacción estatal ante los sismos del 24 de junio prueba que hubo articulación de distintos organismos de manera unificada, un protocolo de defensa arraigado, el cual ha respondido con la rigurosidad técnica requerida por la catástrofe natural más grave en el país.