Las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el estado Apure, al sur de Venezuela, han previsto el desmantelamiento de factores armados irregulares de Colombia que se han infiltrado en suelo venezolano.

La prolongación del conflicto colombiano en suelo venezolano, tanto como sus actores, son un componente clave en un cuadro de "guerra difusa" con proyección a Venezuela desde el sensible ángulo que consiste el trecho fronterizo binacional.

La frontera "porosa" y actores "difusos"

Un primer elemento indispensable a considerar sobre los eventos en la frontera es el marco de guerra difusa. De acuerdo a Pablo Bonavena y Flabián Nievas, sociólogos de la Universidad de Buenos Aires, en su trabajo "Las nuevas formas de la guerra, sus doctrinas y su impacto sobre los derechos humanos", los elementos de la guerra prolongada en Colombia guardan características particulares:

"La guerra, tal y como se conociera en el siglo XIX, ha dejado de ser un enfrentamiento entre ejércitos profesionales y regulares, para asumir características de irregularidad, una mayor crudeza y, en la actualidad, incluye un espectro de acciones inadmisibles desde el punto de vista jurídico y moral, menos aun en cuanto a la preservación de los derechos humanos".

De esta manera, los bandos difusos de la guerra en Colombia históricamente se han camuflado en la porosa frontera binacional y operan simultáneamente en ambos trechos del corredor fronterizo vulnerando los derechos humanos de la población fronteriza y, en ocasiones, sedimentando la posición de fuerza legítima de los Estados y la gestión de estos de los territorios, siendo esas fuerzas paramilitarizadas actores que imponen una autoridad de facto.

El caso de Apure es emblemático, precisamente por reconocer en ese territorio un eje geográfico estratégico para la operación de bandas paramilitarizadas y guerrilleras, y los factores en guerra en Colombia han ido con la intención de extender sus estructuras en ese flanco del lado venezolano.

Las autoridades venezolanas han tenido claridad sobre las intenciones tácticas y estratégicas de esos movimientos de piezas. Desde el mes de febrero se había venido preparando en Venezuela la Operación Escudo Bolivariano 2021 en el marco de los ejercicios militares conjuntos "Comandante Supremo Hugo Chávez Frías 2021", activados por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) a principios de marzo con el fin de "incrementar el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, combatir y expulsar las amenazas internas, externas y grupos armados colombianos que pudieran hallarse en la nación".

Los resultados anunciados dan cuenta de cuál es el objetivo de las operaciones militares, siendo el G/J Vladimir Padrino López el vocero estatal denunciante de los actores políticos que impulsan el esquema criminal que se encuentra en proceso de inserción en la frontera colombo-venezolana. El combate del Estado venezolano a Los Rastrojos y otros actores no estatales relacionados al narcotráfico y diversas actividades delictivas en el occidente del país es un precedente inmediato de las acciones que ha llevado a cabo la FANB y demás instituciones securitarias nacionales, tomando en cuenta la profunda relación existente entre el narco colombiano, el Estado hoy presidido por Iván Duque, los carteles mexicanos y la Administración de Control de Drogas (DEA, sus siglas en inglés)​, agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Esto ha implicado un despliegue a profundidad y con consistencia de la FANB en la frontera y, ahora, sus operaciones han ido en choque contra los actores difusos que han incursionado en suelo venezolano en el Alto Apure. Por sus características geográficas, las planicies del Alto Apure del lado venezolano y el estado de Arauca del lado colombiano han sido empleadas para la instalación de campamentos y pistas que son operadas por estos grupos para facilitar el despacho de drogas, por uso de la logística de los carteles mexicanos.

La posición ahora de los operadores colombianos puede resumirse en una modalidad "tercerizada", en la que se desarrollan los eslabones inferiores en la industria del narcotráfico, lo cual implica el desarrollo expansivo de la infraestructura territorial de los narcos.

Las disidencias de las FARC "Gentil Duarte", el Frente 10, el Frente 28, el Frente 33, son algunos de los operadores que del lado de las FARC (luego del fracaso de los acuerdos de paz de 2016) estarían en el uso de las armas, y las llamadas "disidencias" del Frente 10 y Frente 28 son las que se habrían enfrentado a la FANB en el estado Apure.

Estas fuerzas, según los otros frentes activos de las FARC, estarían en colaboración con el gobierno de Iván Duque y funcionarían como operadores tercerizados de la estructura narcotraficante.

En un cuadro de guerra difusa, el frente informativo y comunicacional es tan difuso como los actores. El gobierno de Iván Duque señaló a las autoridades venezolanas como "responsables" de los eventos por supuestamente colaborar con las guerrillas. De la misma manera en simultáneo a estos eventos, tuvo lugar el atentado en el Cauca (Colombia) mediante un vehículo bomba, lugar al cual luego iría Iván Duque en un acto claramente propagandístico, precisamente por aparecer (a expensas de "riesgos" a su seguridad) en una zona de conflicto armado sin que las circunstancias lo ameritaran.

Tanto el evento de Apure, incluyendo el desplazamiento circunstancial de venezolanos y colombianos habitantes del lado venezolano a Arauquita (Colombia) como el evento en El Cauca, sirvieron de cortina de humo para encubrir comunicacionalmente los embates que sufre el uribismo, recientemente, por las denuncias de Salvatore Mancuso (otrora máximo jefe militar de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-), quien denunció a militares colombianos del uribismo de crear los ejércitos paramilitares.

En efecto, por sus características es muy probable que el evento de la explosión de un carro bomba en el Cauca, el día 26 de marzo, pudo tratarse de una operación de bandera falsa, de ahí que este es otro componente de la guerra difusa; los métodos y las acciones en el terreno son también difusos.

Quieren escalar una confrontación directa entre las fuerzas militares de Colombia y las de Venezuela

Objetivos del apuntalamiento de este frente bélico

Los eventos recientes en el estado Apure se han dado a conocer por las autoridades venezolanas como acciones de aseguramiento del territorio nacional una vez que, en clara congruencia con los eventos de 2020 en el marco de la fallida Operación Gedeón, el suelo colombiano sirviera para proyectar el desarrollo de un conflicto armado en suelo venezolano mediante actores difusos.

Aunque los eventos concurren en el sur del país, el blanco fundamental de estas operaciones es la estructura de poder en Caracas.

El Ministerio de Defensa de Colombia dio la orden de enviar 2 mil soldados a lo largo del año para reforzar el Escuadrón Adelantado de Observación Fronteriza. El Ministro de la Defensa G/J Vladimir Padrino denunció que, luego del abandono de sus fronteras, ahora Iván Duque enviaba tropas a Arauquita para "proteger la huida" de los grupos armados.

Entretanto, al más alto nivel en Caracas, las intenciones de los movimientos de las fuerzas gubernamentales de Colombia serían más escabrosas.

"Quieren escalar un ataque poderoso a la unidad militar, una masacre contra nuestra Fuerza Armada (que genere) una respuesta contundente y comience entonces una confrontación directa entre las fuerzas militares de Colombia y las fuerzas de Venezuela", señaló el presidente Nicolás Maduro en una alocución.

El mandatario venezolano ha señalado en diferentes ocasiones que existen planes gestándose desde la frontera colombiana para llevar a cabo un ataque armado e incluso una invasión para poner fin al gobierno chavista.

La situación que se da actualmente en Apure sería parte de este mismo plan. Tras darse a conocer los sucesos del pasado 21 de marzo, el presidente Maduro acusó a Duque y al Comando Sur de Estados Unidos de apoyar a estos grupos armados que entraron de manera ilegal.

"Estos son grupos (...) que coordinan una estrategia de la oligarquía colombiana y el Comando Sur [de Estados Unidos] para traer la guerra en la frontera con Venezuela contra la Fuerza Armada y el pueblo de Venezuela", afirmó.

Por su parte, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, señaló que desde Colombia se protege a estos grupos militares, al contrario de lo que ellos mismos afirman.

"Veamos: la FANB enfrenta y expulsa de Venezuela a grupos irregulares armados colombianos. Huyen a Colombia. Nadie los detiene o enfrenta allá. Bogotá manda tropas militares al sitio. No los persiguen, ni capturan. Movilizan tropas para protegerlos. ¡Alerta! Que nadie se engañe", advirtió Arreaza.

La pretendida construcción de un arco de conflicto armado abierto y escalonado, en apariencia, para sólo socavar la seguridad fronteriza, consiste en la realidad en la construcción de un frente bélico para comprometer toda la seguridad nacional y estabilidad.

Los eventos en el ámbito institucional reafirman la posibilidad de consolidar en este nudo crítico un punto de atención internacional. Colombia, país con más de 8 millones de desplazados internos por su guerra, tiene ahora a sus instituciones clamando por una "intervención internacional" en la zona. La Procuraduría de Colombia instó al gobierno de Iván Duque a solicitar a organismos internacionales acompañamiento y veeduría en la situación de "desplazamiento masivo" de migrantes venezolanos hacia Arauca debido a los enfrentamientos en el estado Apure.

Aunque el desplazamiento en Arauca fue decretado calamidad pública, la Procuraduría colombiana insiste en que deben brindárseles las garantías de atención humanitaria a los supuestos 4 mil 700 venezolanos que han salido de la nación a causa de los últimos enfrentamientos ocurridos, refiere el medio colombiano El Tiempo.

La Procuraduría de Colombia también pidió el cese de los enfrentamientos que están ocurriendo en territorio venezolano. "Es necesario poner fin a los hechos que están obligando a la población civil a desplazarse, por eso necesitamos un análisis profundo en materia de seguridad", argumentó la Procuraduría, en un alarde de evidente cinismo, dado que las autoridades de Colombia no han logrado hacer cumplir los acuerdos de paz que habrían puesto fin a la guerra en Colombia que permea en Venezuela.

La procuradora general Margarita Cabello aseveró que no es suficiente la acción del gobierno de Duque. A su juicio es necesaria "la intervención de organismos internacionales" y que el problema debe atenderse de manera "profunda e inmediata".

Más allá de las aparentes "preocupaciones" del gobierno de Colombia, están los hechos que las desmienten. Quizá el elemento más congruente con la construcción de este arco bélico está refrendada por la posición unilateral del gobierno colombiano en plegarse al intencionado aislamiento político de Venezuela, que se materializa con el cese de las relaciones binacionales. Este hito implica en los hechos la ausencia de mecanismos de reconocimiento, colaboración e interlocución gubernamental para asumir las realidades fronterizas y adecuar en una medida mínima políticas de aseguramiento fronterizo.

Sin embargo, más allá de las pretensiones superfluamente políticas que tendría el gobierno colombiano para ello, podrían ser otras las razones de fondo; podría consistir en favorecer la ampliación de las estructuras narcotraficantes, para desde ellas mantener el flujo de recursos al desarrollo de la guerra perpetua en Colombia. Pero adicionalmente y como fin estratégico, la construcción de una guerra en la frontera binacional que desemboque en el escalamiento de las presiones contra Venezuela a nuevos niveles de violencia armada.

Los señalamientos desde Venezuela sobre la DEA, de igual manera el Comando Sur y seguidamente el mismo gobierno colombiano y sus estructuras tercerizadas armadas, como actores en el terreno en medio de operaciones de bandera falsa, actores y narrativas difusas, son sumamente serias.

Adicionalmente, este tipo de operaciones parecen tener la marca de distinción de los demócratas en el poder estadounidense, quienes en sus últimos ocho años de gobierno durante la gestión de Barack Obama emplearon los métodos de guerras mercenarizadas para desmantelar Libia y Siria, sin conseguir su objetivo en el país árabe.