Pete Hegseth podría enfrentar un proceso de destitución como secretario de Guerra de Estados Unidos tras una iniciativa impulsada por el congresista republicano Thomas Massie. La solicitud se sustenta en una serie de acusaciones que abarcan desde la conducción de la guerra contra Irán hasta las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental. Entre los señalamientos también figura el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, una operación que, como bien se sabe y según los cargos presentados, se habría ejecutado sin autorización del Congreso.

La controversia ha comenzado a generar movimientos dentro del propio aparato de Guerra. En un reportaje publicado el 6 de noviembre, The Intercept reveló que funcionarios actuales y antiguos del Pentágono ya mencionan posibles sustitutos para Hegseth, entre ellos el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz. El artículo describe un secretario cada vez más cuestionado por su gestión militar, las decisiones tomadas durante los conflictos recientes y su relación con los mandos de las Fuerzas Armadas.

Los señalamientos contra Hegseth ponen bajo escrutinio algunas de las actuaciones más agresivas de la política exterior de Donald Trump. Las operaciones desarrolladas en aguas próximas a Venezuela, el uso de fuerza letal contra embarcaciones bajo la excusa del combate al narcotráfico y la guerra contra Irán comprometen intereses y vidas fuera de las fronteras estadounidenses, mientras alimentan una disputa política e institucional en Washington.

Venezuela en el expediente contra Hegseth

La dimensión venezolana ocupa un lugar directo en las acusaciones contra Pete Hegseth. Entre los ocho artículos de destitución impulsados por el congresista republicano Thomas Massie figura el señalamiento de que el secretario de Guerra dirigió el secuestro del presidente Nicolás Maduro sin una declaración de guerra ni autorización del Congreso. La inclusión de este episodio en el expediente introduce una cuestión de fondo: la operación ejecutada por Washington en territorio venezolano también está siendo cuestionada desde las propias instituciones estadounidenses por el alcance de las facultades que asumió el Ejecutivo para llevarla a cabo.

El caso está vinculado con otra de las acusaciones centrales de la iniciativa: el de la conducción de los ataques militares contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental, justificadas por la administración de Donald Trump como parte de su campaña contra el narcotráfico. En Naked Capitalism se detallan los señalamientos contenidos en la resolución de Massie, que atribuye a Hegseth responsabilidad por una campaña que habría dejado al menos 243 personas muertas en 69 incidentes. El documento sostiene que el Pentágono recurrió a la fuerza letal contra personas presuntamente sospechosas de actividades delictivas sin someterlas a procedimientos judiciales ni establecer una base legal que permitiera considerarlas objetivos militares.

Uno de los episodios descritos en la resolución ocurrió el 2 de septiembre de 2025, durante el primer ataque de esta campaña. Después de que el impacto inicial destruyera la embarcación, dos sobrevivientes permanecieron aferrados a los restos. Aproximadamente 45 minutos más tarde, un segundo ataque acabó con sus vidas. La acusación sostiene que la orden de atacar nuevamente a personas que ya se encontraban fuera de combate constituye una ejecución extrajudicial. El texto también recoge otros casos en los que sobrevivientes de los primeros impactos murieron antes de recibir asistencia. La cifra de víctimas y la descripción de estos episodios forman parte de los cargos presentados contra el secretario.

La resolución acusa a Hegseth de arrogarse las funciones de "juez, jurado y verdugo" al someter a personas sospechosas de delitos a fuerza militar letal sin proceso judicial. Con esta formulación queda expuesto el cuestionamiento jurídico de fondo, pues la administración estadounidense habría utilizado una campaña antidrogas como cobertura para ejecutar ataques militares contra personas sospechosas de cometer delitos, sin someterlas a las garantías de un proceso judicial.

En el caso venezolano, el expediente añade el secuestro de Maduro a este conjunto de actuaciones. La resolución sostiene que la operación en Caracas fue ejecutada sin autorización legislativa y bajo el argumento de combatir actividades relacionadas con el narcotráfico, aunque atribuye a la acción otros objetivos, entre ellos el control de los recursos petroleros del país.

La guerra contra Irán y el uso discrecional del poder militar estadounidense

La ofensiva militar estadounidense del 28 de febrero de 2026 también se encuentra entre los motivos por los que el congresista republicano Thomas Massie promovió la destitución de Pete Hegseth. Los cargos sostienen que el secretario de Guerra involucró a las fuerzas estadounidenses en hostilidades sin una declaración de guerra ni una autorización específica del Congreso, y que mantuvo las operaciones incluso después de que ambas cámaras exigieran la retirada de las tropas.

El artículo de Naked Capitalism, que reproduce partes de la iniciativa, señala que la Cámara de Representantes aprobó la Resolución Concurrente 86 el 3 de junio de 2026 y el Senado hizo lo propio el 23 de junio. La medida exigía retirar a las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán que no contaran con autorización legislativa. La acusación sostiene que Hegseth continuó dirigiendo operaciones después de esa decisión, profundizando el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso por las facultades para conducir una guerra.

El expediente también cuestiona la interpretación de la Casa Blanca sobre los límites temporales establecidos por la Ley de Poderes de Guerra de 1973. Esta legislación contempla un plazo de 60 días para que el presidente obtenga autorización del Congreso o ponga fin a las operaciones militares iniciadas sin ella, con un período adicional de hasta 30 días para retirar de forma segura a las tropas. La administración Trump comunicó al Congreso que las hostilidades habían terminado y sostuvo que el alto el fuego interrumpía el cómputo de ese plazo. Massie rechaza esa interpretación y acusa a Hegseth de haber mantenido las operaciones más allá de los límites legales. La disputa pone en evidencia el alcance de las facultades que el Ejecutivo estadounidense se atribuye para iniciar y prolongar conflictos armados sin un respaldo legislativo explícito.

Otro grupo de cargos se concentra en las consecuencias de la guerra para la población civil iraní. La resolución acusa a Hegseth de debilitar las estructuras del Pentágono encargadas de prevenir y reducir las bajas civiles. Entre las medidas señaladas figuran la reducción del personal especializado, el desmantelamiento de mecanismos de seguimiento de víctimas y el debilitamiento de los organismos responsables de evaluar los daños causados por las operaciones militares. Massie sostiene que estas decisiones comprometieron las salvaguardas destinadas a proteger a la población no combatiente.

Uno de los episodios más graves mencionados en el expediente es el bombardeo de una escuela primaria para niñas en Minab, durante la primera oleada de ataques contra Irán, el 28 de febrero, donde el impacto de un misil Tomahawk provocó alrededor de 170 muertes, en su mayoría niñas. La resolución atribuye a las decisiones de Hegseth responsabilidad por el deterioro de los mecanismos de protección civil que debían contribuir a evitar una tragedia de esta magnitud.

El reportaje de The Intercept, publicado el 6 de noviembre bajo el título "Funcionarios del Pentágono barajan nombres para el reemplazo de Hegseth", aporta otra dimensión a esta controversia. Funcionarios actuales y antiguos del Departamento de Guerra mencionaron la conducción de la guerra contra Irán entre los motivos de descontento con el secretario. El medio también recoge críticas por la gestión de la campaña contra Ansarolá en Yemen durante 2025, la purga de altos mandos militares y el debilitamiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La guerra contra Irán aparece así dentro de un cuadro más amplio de cuestionamientos a la dirección política y militar del Pentágono.

La controversia tiene un alcance que excede la disputa por el cargo de Hegseth. La prolongación de las hostilidades ha comprometido recursos militares y financieros de gran magnitud y ha profundizado la incertidumbre sobre la estabilidad de una región estratégica para el suministro energético mundial. A esto se suman las consecuencias humanas, la destrucción de infraestructura y los riesgos de una escalada que puede involucrar a otros países.

El intento de destitución tuvo una primera resolución parlamentaria el 10 de noviembre. La Cámara de Representantes votó 211-204 a favor de remitir los ocho artículos de impeachment a la Comisión Judicial, una decisión que bloqueó su avance inmediato y evitó que se sometieran a una votación de destitución en el pleno. Thomas Massie fue el único republicano que votó contra la remisión. La administración Trump había defendido a Hegseth y exhortado a los legisladores a respaldar esa salida, alegando que el secretario se había limitado a ejecutar las órdenes del presidente.

Una crisis del poder estadounidense que va más allá

Hegseth logró evitar que los artículos de destitución impulsados por Massie avanzaran en la Cámara de Representantes durante el actual período legislativo. Sin embargo, esa salida parlamentaria tiene un alcance limitado, puesto que el próximo 3 de enero concluirá el mandato del Congreso dominado por los republicanos y asumirán los nuevos legisladores, después de que el Partido Demócrata obtuviera el control de ambas cámaras en las elecciones de medio término.

Los demócratas tendrán capacidad para impulsar investigaciones sobre la gestión del Pentágono y podrían presentar una nueva iniciativa de destitución cuando comience el próximo período legislativo. La aprobación de los cargos en la Cámara requiere mayoría simple, mientras que una condena en el Senado y la consecuente separación del cargo necesitan el respaldo de dos tercios de los senadores. El resultado de las elecciones, por tanto, modifica las condiciones políticas en las que deberá desenvolverse el secretario y abre la posibilidad de que el procedimiento vuelva a ponerse en marcha.

El reportaje de The Intercept del 6 de noviembre ya daba cuenta de las señales de desgaste dentro del propio Departamento de Guerra. Según funcionarios actuales y antiguos citados por el medio, en el Pentágono se mencionaban posibles sustitutos para Hegseth, entre ellos el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz. También aparecían los nombres de Joni Ernst, Mike Rogers y Mike Pompeo. Aunque esas conversaciones no constituían un proceso oficial de sucesión, revelaban que la continuidad del secretario era objeto de discusión incluso antes del cambio de mayoría en el Congreso.

Las críticas recogidas por The Intercept abarcan la conducción de la guerra contra Irán, la campaña militar contra los hutíes en Yemen, los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, la destitución de altos mandos militares y las restricciones a los mecanismos de transparencia y supervisión. A ese conjunto se suman los ocho artículos de destitución reseñados por Naked Capitalism, que también incluyen el secuestro de Nicolás Maduro sin autorización del Congreso y las acusaciones por el debilitamiento de las medidas destinadas a proteger a la población civil iraní. El expediente reúne así actuaciones militares desarrolladas en distintos escenarios, pero vinculadas por el cuestionamiento a las facultades que asumió el Ejecutivo estadounidense y a la responsabilidad de quienes las ejecutaron.

La controversia tampoco puede reducirse a una disputa entre republicanos y demócratas por el control del Pentágono. Las operaciones señaladas involucran a poblaciones y países que quedan expuestos a las decisiones militares de Washington. La eventual salida de Hegseth podría modificar la conducción del Departamento de Guerra, aunque no supondría un cambio en las orientaciones que han guiado esas agresiones.

Para Venezuela, el caso tiene una importancia directa en el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores y las operaciones militares en aguas próximas al país, que forman parte de los señalamientos presentados contra el secretario; además del precedente que significó para la deriva política y geopolítica que ha tomado Venezuela y la región latinocaribeña en general. Para Irán, el expediente incorpora las consecuencias de una guerra que ha provocado graves daños humanos y amenaza con ampliar la inestabilidad regional.

La situación de Hegseth dependerá de cómo la nueva mayoría demócrata administre el desgaste de la actual gestión en el Pentágono y hasta dónde decida llevar el pulso político con la Casa Blanca. En el tablero estadounidense, la salida de figuras clave suele servir para descomprimir crisis y adjudicar responsabilidades puntuales sin tocar la estructura que sostiene las operaciones en el exterior. Así, aunque el cambio en la correlación de fuerzas pueda costarle el cargo a Hegseth, nada indica que el relevo de nombres modifique una conducta militar que ha sido constante en la política exterior de Washington bajo distintos gobiernos.