La presidenta Delcy Rodríguez llamó a María Corina Machado a rectificar su conducta política tras su regreso a Venezuela, quien encabezó una caravana desde Barquisimeto hasta Caracas. "Ojalá haya arrepentimiento, remordimiento, rectificación y pueda aportar algo al país", expresó Rodríguez al ser consultada sobre la vuelta de Machado, en declaraciones ofrecidas desde el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo.

Rodríguez puso el foco en la responsabilidad política de quienes han promovido sanciones contra Venezuela, alentando acciones de presión internacional y apostando por salidas de fuerza para desplazar al Gobierno Bolivariano. La presidenta también cuestionó la puesta en escena que acompañó el retorno de Machado y sostuvo que la política debe orientarse a aportar soluciones al país. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que pueda participar en el diálogo político, un proceso que requiere seriedad y disposición para contribuir a la estabilidad nacional.

Un prontuario antipolítico

La trayectoria de Machado está marcada por una estrategia de confrontación que combina el desconocimiento de las instituciones venezolanas, la presión internacional, el respaldo a sanciones económicas y la promoción de salidas de fuerza contra el Gobierno Bolivariano. Desde sus primeros años de actividad política, su proyecto ha estado vinculado a redes de financiamiento y promoción internacional que han contribuido a posicionarla como una de las principales figuras de la oposición venezolana. Su regreso al país obliga a revisar ese recorrido.

Machado comenzó a adquirir protagonismo nacional a través de Súmate, organización fundada en 2002 que recibió financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED), entidad estadounidense dedicada a financiar iniciativas de promoción democrática en otros países. En 2004, Súmate desempeñó un papel central en la campaña para convocar el referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez, cuyo resultado fue favorable a la continuidad del mandatario. La organización también fue objeto de investigaciones judiciales por la recepción de fondos extranjeros.

En 2005, Machado se reunió con el entonces presidente estadounidense George W. Bush en la Casa Blanca, un encuentro que consolidó su proyección en los círculos políticos de Washington. Desde entonces, su carrera ha mantenido vínculos con redes internacionales de financiamiento, formación de dirigentes y promoción política, entre ellas la NED y organizaciones vinculadas al pensamiento conservador estadounidense.

La confrontación adquirió una nueva dimensión en 2014, cuando Machado se alineó con Leopoldo López y Antonio Ledezma en la estrategia conocida como La Salida, que buscaba destituir al presidente Nicolás Maduro del poder mediante la violencia callejera. Las protestas y guarimbas de aquel año dejaron más de 40 muertos y numerosos heridos, en medio de enfrentamientos, barricadas y acciones violentas.

Cinco años después, Machado respaldó la ofensiva opositora que desembocó en el intento de levantamiento militar del 30 de abril de 2019, presentado por sus promotores como la Operación Libertad. En paralelo, sostuvo posiciones favorables a una mayor presión internacional y a la consideración de mecanismos de intervención, incluidos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la llamada Responsabilidad de Proteger (R2P). En diciembre de 2018, además, dirigió una comunicación al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la que solicitó apoyo para una intervención en Venezuela.

El recurso a la presión extranjera tiene también una dimensión económica. Machado ha defendido el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y ha solicitado nuevas medidas contra el Gobierno venezolano, mientras ha respaldado iniciativas dirigidas a restringir sus ingresos y sus relaciones comerciales. En 2017, calificó las sanciones estadounidenses como "quirúrgicas y efectivas" y pidió ampliar la presión; en años posteriores apoyó medidas contra empresas y activos vinculados al Estado venezolano. En 2025, respaldó la estrategia de Donald Trump contra Venezuela y celebró decisiones dirigidas contra el sector petrolero, incluida la revocación de la licencia que permitía operar a Chevron bajo condiciones específicas. 

La disputa por las instituciones electorales es otra constante. Después de imponerse en las primarias opositoras de 2023, Machado mantuvo su aspiración presidencial pese a la inhabilitación administrativa que le impedía postularse, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en enero de 2024. La Plataforma Unitaria terminó respaldando a Edmundo González Urrutia como candidato en las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año.

Tras la proclamación del resultado oficial, Machado y su entorno desconocieron la victoria anunciada por el Consejo Nacional Electoral y difundieron actas que, según la oposición, demostraban un resultado distinto. La discusión pública estuvo atravesada por declaraciones contradictorias de distintos dirigentes opositores sobre la cantidad de actas disponibles y el porcentaje de votos que podían acreditar. En una publicación anterior reconstruimos esas divergencias que muestran cómo el manejo de los registros electorales formó parte de una estrategia para cuestionar la legitimidad institucional y mantener la presión política después de los comicios.

La confrontación poselectoral se trasladó a las calles los días 29 y 30 de julio de 2024, cuando se registraron ataques contra instalaciones públicas, sedes políticas, servicios, monumentos y espacios asociados al chavismo. Las autoridades venezolanas reportaron 25 fallecidos y 192 heridos en el contexto de aquellos hechos.

Otros episodios que forman parte de las controversias políticas de Machado son la construcción de relatos de persecución, entre ellos la denuncia de una supuesta detención en enero de 2025, seguida por un video en el que afirmó encontrarse a salvo, y las acusaciones de que un incidente relacionado con su caravana de campaña en Barquisimeto en julio de 2024 habría sido escenificado.

Negociación y ruta institucional

El diálogo entre el Gobierno venezolano y sectores de la oposición constituye el espacio donde se discuten las condiciones políticas e institucionales para avanzar hacia la estabilidad política nacional. En estas conversaciones participan representantes del Gobierno y de sectores opositores vinculados a la Asamblea Nacional de 2015, en una agenda que contempla reformas institucionales y garantías para la participación política.

Entre los asuntos planteados está la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y, posteriormente, la reforma del Consejo Nacional Electoral. Estos pasos forman parte de una secuencia de reorganización institucional previa a la definición de un calendario electoral. Hasta ahora, no se ha anunciado una fecha definitiva para los comicios.

Estados Unidos ha expresado su respaldo a esta ruta y ha expuesto sus propias expectativas sobre los próximos pasos.

En este contexto, la exigencia de María Corina Machado y de sus seguidores de fijar una fecha electoral inmediata se aparta de la agenda que se viene discutiendo en el diálogo. La demanda pretende anteponer un calendario a una negociación que aborda primero las condiciones institucionales para avanzar hacia las elecciones, que, de acuerdo con la presidenta Rodríguez, en un reciente mensaje a la nación, no debe ser motivo para confrontaciones desestabilizadoras. La presión por acelerar esa convocatoria también contrasta con la posición actual de Washington, que respalda la secuencia de reformas y conversaciones en curso.

La contradicción adquiere mayor peso al considerar la trayectoria de Machado, marcada por su respaldo a sanciones contra Venezuela y por el impulso de estrategias de presión internacional. Resulta difícil justificar que pretenda imponer ahora sus exigencias al margen de un proceso de diálogo que cuenta con el respaldo del mismo Gobierno estadounidense que acompañó anteriores iniciativas de presión contra el país. La ruta política a seguir (incluidas unas elecciones), en definitiva, debe construirse mediante acuerdos entre los actores venezolanos, sin que haya una imposición unilateral de los tiempos o desconocimiento de los espacios de negociación abiertos por el Gobierno.

Los escenarios ante el regreso de Machado

La dinámica política venezolana se encuentra ante dos posibles cursos de acción frente a la presencia de María Corina Machado en el país.

Una sería su intento de incidir en los espacios de diálogo que ya están en marcha, buscando introducir sus planteamientos en una negociación conducida por el Gobierno nacional y sectores de la oposición. Esa eventual participación podría traducirse en una influencia indirecta sobre los acuerdos y las decisiones políticas que se construyan durante el proceso.

El segundo escenario, también muy probable a la luz de su trayectoria, es que Machado retome la estrategia de confrontación que ha caracterizado su actuación política. La exigencia de una convocatoria electoral inmediata, promovida por sus seguidores al margen de la agenda que se discute en la mesa de negociación, constituye una señal de esa posibilidad. La presión callejera podría convertirse nuevamente en una herramienta para intentar imponer sus tiempos y condicionar las decisiones institucionales.

Este segundo camino guarda relación con los antecedentes de una persona que ha respaldado sanciones económicas contra Venezuela, promovido mecanismos de presión internacional y acompañado iniciativas de fuerza e insurrección contra el Gobierno. Su retorno obliga, por tanto, a considerar la posibilidad de que esas prácticas vuelvan a ocupar un lugar central en la disputa política, con consecuencias para la estabilidad nacional y para los esfuerzos de diálogo que se desarrollan actualmente.

En última instancia, Machado tendría que asumir el costo de sacrificar los últimos márgenes de un "liderazgo" que ya se encuentra bastante mellado. Su proceder político ha demostrado de manera reiterada una marcada resistencia a encauzarse hacia objetivos institucionales y acuerdos concretos, decantándose sistemáticamente por tácticas de sabotaje, agitación y desestabilización que priorizan la confrontación y la fractura social.