El convenio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos ha abierto un nuevo capítulo en la relación entre ambos países y, al mismo tiempo, una disputa por la interpretación de sus alcances.
En medio de esto, nuestro analista Franco Vielma fue consultado por Ciudad CCS para examinar el acuerdo desde una lectura que parte de la siguiente premisa: Venezuela y Estados Unidos llegan a esta negociación desde posiciones de poder diferentes, pero también con intereses que convergen en torno al petróleo. De allí que el convenio debe ser entendido dentro de una relación marcada por la “coerción asimétrica” como señala Vielma y, al mismo tiempo, por la necesidad de ambos países de encontrar mecanismos para hacer viable la actividad petrolera.
A partir de esa mirada, la entrevista aborda algunas de las principales interrogantes que han acompañado el anuncio: qué gana Venezuela con la llegada de nuevas inversiones, qué significan realmente las condiciones fiscales del acuerdo, cuál puede ser su impacto sobre la producción y las finanzas públicas, por qué determinados sectores opositores reaccionaron negativamente antes de conocer sus términos y, sobre todo, hasta dónde llega la soberanía venezolana dentro de los nuevos contratos.
Un acuerdo petrolero que puede reinsertar a Venezuela en el mercado energético
Uno de los principales efectos es que Venezuela comienza a recuperar un espacio que las sanciones estadounidenses habían cerrado durante años, el del acceso al sistema internacional de inversiones. Vielma indica que el llamado "veto" impuesto por Washington no solo afectó directamente las operaciones de la industria petrolera, sino que también deterioró el clima general de negocios del país. La nueva participación de empresas estadounidenses en proyectos venezolanos representa, desde esta perspectiva, una señal de que el país vuelve a ser considerado un espacio de inversión con potencial dentro del mercado energético internacional. "Muchas empresas en el sector de hidrocarburos, pero también más allá de este, ahora ven a Venezuela como un espacio comercial que estaba cautivo y relegado", dice.
El segundo elemento está directamente relacionado con la magnitud de los recursos que pueden movilizarse. El convenio contempla una inversión superior a los mil millones de dólares para el desarrollo de 17 campos productores y una proyección de elevar la producción hasta 1,5 millones de barriles diarios en esos yacimientos. Esto debe leerse dentro de un contexto energético internacional marcado por la inestabilidad y por la búsqueda de nuevas fuentes de suministro. Venezuela vuelve así a colocarse en una posición que corresponde a su dimensión como potencia petrolera: "ser un gran productor, modulador del mercado, factor relevante en el contexto internacional". La inversión estadounidense es, en este sentido, parte de un movimiento más amplio de empresas hacia una industria que vuelve a adquirir relevancia estratégica.
Vielma también pone el foco en las condiciones bajo las cuales se desarrollarán estos proyectos. Los contratos se encuentran sujetos a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y contemplan un régimen fiscal de 16 % de regalías, 32 % de Impuesto Sobre la Renta y participación productiva en los campos. Su valoración es que estas condiciones se encuentran dentro de los parámetros internacionales para proyectos upstream de crudos no convencionales. Por eso insiste en la necesidad de evitar lecturas maximalistas. El convenio, afirma, "ni es excesivamente beneficioso para Venezuela, ni es desproporcionadamente beneficioso para Estados Unidos". Su importancia estaría precisamente en el equilibrio alcanzado entre las necesidades de inversión de los proyectos y las condiciones que permiten al Estado venezolano obtener ingresos de la actividad.
Los beneficios en el corto plazo se traducirán en la llegada de inversión y divisas como un factor que podría contribuir a reducir la volatilidad cambiaria. En el mediano plazo, apunta a la recuperación de infraestructura, tecnología, servicios especializados, equipos y capacidades para trabajar con crudos pesados y extrapesados. Se trata de recuperar capacidades productivas que requieren inversiones importantes y que fueron deteriorándose durante los años de sanciones y restricciones financieras. A más largo plazo aparece el componente fiscal: una mayor producción significa potencialmente mayores ingresos para el Estado y una mejora de las condiciones financieras y operativas de la industria nacional de hidrocarburos.
El verdadero valor del acuerdo está en convertir una parte de las enormes reservas venezolanas en producción efectiva y, por tanto, en ingresos y capacidad económica para el país. "Los barriles en reservas pasarán a una categoría de barriles con valor comercial, una vez extraídos", explica Vielma.
Realpolitik, soberanía y el nuevo mapa de poder
El convenio hay que situarlo dentro de una transformación en la relación de fuerzas entre Venezuela y Estados Unidos. El punto de partida es reconocer que Washington necesita petróleo y Venezuela necesita recuperar la capacidad de extraerlo y monetizarlo después de años de sanciones. Esa convergencia no elimina el conflicto entre ambos países, pero abre un espacio de negociación que antes parecía prácticamente imposible. "El panorama de la Venezuela actual es coerción asimétrica estadounidense y adaptación estratégica del chavismo", sostiene Vielma, añadiendo que el acuerdo es resultado de una negociación desarrollada durante meses y bajo condiciones de presión especialmente adversas para Caracas.
Desde esa perspectiva, uno de los aspectos políticos más significativos del convenio es el reconocimiento del chavismo como un actor con capacidad efectiva de negociación. Pese a la presión ejercida por Washington, el gobierno venezolano consiguió sentarse a negociar y alcanzar unas condiciones que resultarán fiscalmente más favorables que las de la Apertura Petrolera de los años noventa. Para Vielma esto demuestra que el poder puede expresarse mediante los recursos que cada Estado conserva para negociar. En este caso, el petróleo es una de las principales cartas de Venezuela. "El poder debe ejercerse, incluso en desventaja asimétrica", afirma.
Esto también sirve para interpretar las declaraciones de Donald Trump sobre los 65 mil millones de barriles de petróleo que, según el mandatario estadounidense, estarían ahora bajo control de Estados Unidos. Vielma recomienda no tomar literalmente ese tipo de afirmaciones y las ubica dentro de una estrategia política y electoral dirigida principalmente a la audiencia estadounidense. Existe una diferencia entre la retórica presidencial y el funcionamiento jurídico de los contratos. Las empresas que participen en los proyectos deberán operar dentro del marco establecido por la legislación venezolana y, particularmente, por la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Por ello, cuando se pasa de los discursos a los contratos, los términos jurídicos adquieren un peso mayor que las declaraciones políticas.
Es precisamente en ese terreno donde Vielma ubica la discusión sobre la soberanía. El analista no niega que existan riesgos ni contradicciones, reconoce que Venezuela continúa enfrentando una relación de poder profundamente desigual con Estados Unidos. Pero sostiene que la soberanía no puede analizarse como una condición abstracta o permanente, sino como una disputa en la que los Estados intentan preservar y ampliar sus márgenes de maniobra. En el caso petrolero, ese margen se expresa en el control que mantiene el Estado venezolano sobre las reservas del subsuelo y en la aplicación de su legislación sobre las operaciones. "Las reservas son del Estado y los inversionistas lo saben", remarca. De allí que el acuerdo no supone, por sí mismo, la desaparición de la soberanía venezolana, sino una negociación en la que cada parte ejerce poder en ámbitos diferentes.
Al final, la entrevista de Franco Vielma propone leer el convenio petrolero como el resultado de una disputa de poder prolongada. El acuerdo abre oportunidades concretas para la recuperación de la industria, pero también plantea desafíos que solo podrán evaluarse plenamente a medida que las inversiones se ejecuten y los proyectos comiencen a producir los resultados anunciados.
No se puede medir la soberanía solo en unas condiciones ideales de ausencia de presiones externas. En este caso, las reservas continúan perteneciendo a la nación y las operaciones se desarrollan bajo la legislación venezolana. Es allí donde el gobierno venezolano ejerce de manera efectiva su soberanía, estableciendo condiciones y preservando el control jurídico sobre el recurso estratégico del país.