La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró una plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de Economía Productiva enfocada en articular el esfuerzo de reconstrucción nacional tras el destructivo doble terremoto del pasado 24 de junio. Al encuentro realizado en Caracas asistieron más de 600 representantes de los 14 motores productivos del país, abarcando sectores tanto públicos como privados.

En el evento, se anunció el despliegue del plan "Venezuela Renace", que busca asegurar la continuidad operativa y logística de las principales actividades económicas en el contexto post-emergencia.

A la plenaria asistieron líderes empresariales del sector privado, entre ellos Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras; Gustavo García, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción; Orlando Camacho, presidente de Fedeindustria; Tito López, presidente de Conindustria; y Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

El contexto posterior a los terremotos impone nuevos dilemas. Justo antes del desastre, el gobierno avanzaba en el proceso de negociación de una cuantiosa deuda soberana nacional que se ha incrementado por recargos de intereses por impagos, como consecuencia directa del bloqueo de Venezuela al mercado financiero internacional.

Si bien Venezuela ha contado con algunas licencias para ejecutar sus actividades comerciales, especialmente petroleras, las sanciones siguen siendo una realidad y un factor de peso que condiciona la economía nacional.

Venezuela, ha dicho la presidenta encargada, ha superado el hito de producción de 1.200.000 barriles de petróleo al día (bpd) y también comentó que los indicadores de la economía real registraron un crecimiento superior al 9% durante el segundo trimestre de 2026.

Sobre los terremotos, convergen diversas estimaciones sobre el posible costo total de la reconstrucción. Las estimaciones preliminares oscilan entre los $6.700 millones y los $37.000 millones. La ONU calcula un daño directo de $24.000 millones en edificaciones y $13.000 millones en infraestructura crítica, mientras que algunos economistas proyectan cifras de entre $12.000 y $15.000 millones considerando la reactivación integral.

El país enfrenta una encrucijada compleja: lidiar con el proceso de recuperación impondrá una dinámica de articulación y trabajo de todos los factores económicos nacionales.

ANUNCIOS Y ELEMENTOS DE INTERÉS

La presidenta encargada anunció la activación prioritaria de los sectores inmobiliario y de la construcción como los ejes centrales para levantar las zonas afectadas, especialmente en el estado La Guaira.

Mencionó que la palanca fundamental para financiar el proceso de construcción vendrá de recursos nacionales desde diversas fuentes. Ello incluye las actividades económicas fundamentales, como los hidrocarburos, cuya infraestructura no resultó afectada de manera significativa por el desastre.

Se coordinó con el sector bancario (bajo la rectoría del Banco Central de Venezuela) la activación de una cartera crediticia especial para la pequeña y mediana industria afectada, con tasas preferenciales del 12% anual y 180 días de gracia.

Asimismo, se está afinando una cartera hipotecaria que contempla subsidios de hasta el 80% para la adquisición o reparación de soluciones habitacionales a beneficio de las familias damnificadas de manera parcial o total. Este punto sugiere que el mercado inmobiliario secundario se verá estimulado en la gran región metropolitana, pero lidiará con una oferta de inmuebles limitada con edificaciones que sufrieron leves daños, creando convergencia y presión, especialmente en la región capital.

También se refirió a las leyes en materia inmobiliaria y de inquilinato que se discutían en el parlamento nacional antes de los eventos sísmicos. Enfatizó acelerar el proceso legislativo y actualizar la norma para poner a disposición del mercado inmobiliario viviendas para la compra-venta y arrendamiento.

El vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, intervino en el evento y aseguró que la capacidad productiva del país "ha demostrado una resiliencia superior a la prevista" luego de los eventos naturales.

Ortega aseguró que el gobierno nacional ha planteado prioridades de acción para avanzar en la recuperación económica. En primer lugar, la movilización del apoyo de los socios internacionales, acompañamiento que es esencial para "financiar la reconstrucción y acelerar la recuperación económica del país".

Señaló que el Estado busca "mantener el objetivo de la reestructuración de la deuda" de forma paralela a la atención de la emergencia, por lo que se ha mantenido el intercambio técnico con socios e instituciones financieras internacionales, para avanzar en el proceso de reestructuración ordenado, transparente y creíble.

"La recuperación sería más difícil sin la movilización de nuevos financiamientos, lo que requiere normalizar progresivamente la relación con socios financieros internacionales", recalcó.

Rodríguez refirió la canalización de fondos venezolanos retenidos en instancias internacionales, instando a su descongelamiento para ser empleados en la reconstrucción. Subrayó que solo el Estado venezolano estaba facultado y en ejercicio de tales atribuciones. Afirmó categóricamente que "aquí hay Gobierno, aquí hay país, aquí hay Estado", resaltando la soberanía de la nación en tiempos difíciles y su capacidad para actuar y coordinar la reconstrucción tras el doble terremoto.

Entretanto, el sector privado en el Consejo, representado, entre otros, por Fedecámaras bajo la dirección de Felipe Capozzolo, enfoca su propuesta económica en la articulación económica, la reactivación del empleo, los incentivos fiscales y políticas focalizadas para alentar al sector de la construcción.

Como propuesta formal, los gremios destacaron la necesidad de fundar un Comité de Seguimiento Mixto, o comisión o comité permanente junto al Estado, asegurando que tanto el sector público como el privado actúen bajo un solo plan y una misma visión estructural.

También aludieron al fortalecimiento de las cadenas de valor. En el marco de "Venezuela Renace", se habló de la reactivación con rapidez de los sectores productivos adyacentes a la emergencia —como la construcción, cemento, textiles y confección— para acelerar el suministro y la generación de una "reinserción laboral rápida" de los damnificados.

Propusieron el impulso de la actividad microempresarial y los tejidos comerciales. Hicieron la petición, a modo urgente, de amparar no solo el plano residencial, sino también restablecer a las pequeñas empresas locales afectadas en las regiones costeras y centrales, con el propósito de devolver la normalidad económica a las familias a corto plazo, en coherencia con anuncios previos del Ejecutivo, como la creación de líneas de crédito especiales en la banca pública y privada para atender las actividades económicas afectadas.

Capozzolo también habló sobre la continuidad de las sanciones a Venezuela, criticando su vigencia e instando a su levantamiento en el contexto actual.

La hoja de ruta para la recuperación sugiere que la viabilidad de la reconstrucción a largo plazo dependerá directamente de la capacidad del país para reordenar los territorios, construir políticas públicas sólidas y organizar un flujo oportuno de recursos para tal fin.

Ello dependerá de dinamizar la industria petrolera (como principal motor de financiamiento), la relajación del encaje legal bancario para fortalecer el financiamiento hipotecario, el nivel de flexibilización de sanciones ilegales, el retorno a Venezuela de recursos congelados, las reestructuraciones de deuda, el financiamiento externo y la entrada fluida y continua de ayuda humanitaria internacional.

Todos estos elementos podrían confluir no solo para alcanzar un nivel de recuperación y reconstrucción óptimo; en realidad, podrían abordar la economía venezolana en su conjunto desde un enfoque de integralidad y gradualidad, con el potencial de que la estrategia de "Venezuela Renace" irradie efectos positivos, mucho más allá de los territorios afectados.