El pasado 24 de junio, dos movimientos sísmicos de magnitudes 7.2 y 7.5 afectaron al país con una magnitud nunca antes vista, desencadenando una emergencia nacional. El evento ha dejado un saldo en aumento de víctimas fatales, heridos y una destrucción material significativa, con el estado La Guaira como el epicentro de la crisis humanitaria, donde colapsaron los servicios básicos, la conectividad y el acceso a alimentos y agua potable.

Según el balance presentado el 30 de junio por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el saldo letal es de 1.943 personas fallecidas, 10.571 heridas y 15.866 damnificadas.

Se trata de números que posiblemente aumenten durante los próximos días, a medida que los datos se vayan recabando y actualizando. Pero sin duda Venezuela está experimentando la peor catástrofe de su historia por el nivel de densidad trágica en todos los niveles de vida nacional en apenas un evento. Las consecuencias de un desastre natural de gran calado en un país sancionado y condicionado por una geopolítica de dominación como el nuestro han superado las expectativas.

La situación del país es de conmoción general, de sentimiento de tragedia colectiva, con pérdidas humanas insoslayables que trascienden lo material. Las imágenes devastadoras de La Guaira y unos pocos sectores de Caracas son apenas una ventana que expresa los daños humanos irreparables.

La coyuntura ha implicado una movilización extraordinaria de recursos humanos y materiales. Rodríguez ha informado que más de 30 mil funcionarios públicos de instituciones civiles y militares actúan en los estados afectados, priorizando el rescate de vidas y la salvaguarda de los sobrevivientes.

Según las cifras oficiales disponibles hasta la publicación de este balance, se habían aglutinado más de 7 millones de kilogramos de alimentos desde distintos centros de acopio, incluyendo más de 700 mil litros de agua (números con tendencia a subir). La atención se destina especialmente a unas 80.870 familias atendidas en las zonas afectadas. De ellas, más de 12 mil habían recibido cuidados médicos hasta el momento.

La activación de redes locales, regionales y nacionales de solidaridad y cooperación y el acompañamiento civil (a través de núcleos organizados de voluntarios) a las labores de las autoridades estatales y regionales como los bomberos, equipos técnicos de rescate, ejército, policías, etc, han estado en un nivel superior a pesar de las circunstancias, que han sobrepasado cualquier expectativa.

Numerosas instituciones, públicas y privadas, así como la misma población, se han organizado para ayudar tanto en los epicentros del desastre como en los centros de acopio, refugios, triajes, hospitales y demás sitios de emergencia y logística.

La movilización y cooperación internacional también ha sido claves durante esta situación, con una respuesta inmediata y multifacética, abarcando tanto el rescate especializado como el apoyo financiero.

El foco de atención son los casi 16 mil damnificados, una cifra que probablemente siga incrementándose con la consolidación detallada del balance de pérdidas totales, tanto en infraestructuras habitacionales como en edificaciones comerciales.

La población que ha perdido sus hogares ha sido organizada y alojada en campamentos temporales que demandarán un esfuerzo significativo en recursos para su atención. Para efectos inmediatos, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó optimizar el soporte médico y psicológico en los albergues provisorios y acelerar los planes de reparación y sustitución de viviendas.

Infraestructura destruida y gestión estatal

En ese sentido, los números muestran la dimensión cuantitativa. El diputado Rodríguez indicó que se han registrado 855 edificios afectados en todos los estados del país. Unos 189 de ellos se catalogaron como edificaciones en colapso total. En otro parte anterior también se registraron 666 como edificaciones en colapso parcial registradas.

De las colapsadas, se han registrado en el litoral central 158 estructuras, resaltando el hecho de que aproximadamente 30 mil personas se encontraban en las zonas de mayor riesgo (Caraballeda y Catia La Mar, en el estado La Guaira) al momento exacto de los sismos.

Asimismo, se ha anunciado oficialmente que 38 hospitales resultaron con daños y que 44 centros e instalaciones comerciales resultaron afectados con diversos niveles de daños estructurales o deterioros.

Según distintos reportes, el Puerto de La Guaira, el segundo más importante del país, también sufrió afectaciones serias, clausurando totalmente sus operaciones. Mientras que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal punto de conexión internacional aérea de Venezuela, fue cerrado y sometido a evaluaciones por daños evidentes.

Ante la contingencia, el gobierno nacional activó una serie de mecanismos de contención económica y evaluación estructural. Se anunció un fondo inicial de 200 millones de dólares para la reconstrucción de infraestructuras críticas (como hospitales y vialidad) y viviendas.

Pero también se establecieron créditos especiales (a través de la banca pública y privada) para afectados, asignaciones a través del Sistema Patria para quienes perdieron su empleo y la creación de una Comisión Presidencial para dictaminar la habitabilidad de los inmuebles.

Perspectiva mínima

Venezuela se encuentra en un momento de vulnerabilidad social aguda, sin precedentes en su historia tras una catástrofe natural, incluso mucho más trágico que las consecuencias de los deslaves en La Guaira de 1999.

El dato más alarmante de casi 16.000 desplazados, con una gran cantidad en situación de calle, se suma a la cantidad de refugios abarrotados, evidencia que la crisis en La Guaira ha trascendido el daño material para convertirse en una emergencia de protección humana y tejido social.

La tensión comunitaria podría aumentar considerablemente, aun con la respuesta estatal en altos niveles de coordinación y despliegue, junto con la ayuda internacional.

Así, el desafío de la infraestructura se está poniendo como prioridad en la gestión oficial. La creación de una Comisión Presidencial para evaluar la habitabilidad es un paso técnico necesario. Dado que Venezuela es un país con alta actividad sísmica en ciertas zonas, la evaluación de puentes, elevados y viviendas determinará no solo el costo de la reconstrucción, sino la viabilidad de reocupar las zonas urbanas costeras y montañosas más afectadas.

En este escenario, la demanda de un levantamiento total de las sanciones estadounidenses y europeas se hace más perentoria que nunca, más allá de la “licencia humanitaria”, debido a las perspectivas que se tienen de reconstrucción nacional (ello sin mencionar las fragilidades estructurales como consecuencia de casi una década de bloqueo). En un caso como este, lo cuantitativo repercute directamente en lo cualitativo: la vida de miles de venezolanas y venezolanos que están experimentando la situación más difícil y calamitosa de la historia nacional producto de un desastre natural.