Durante años, el discurso hegemónico intentó reducir la crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a una supuesta "falta de inversión" o "mala gestión". Sin embargo, un análisis riguroso de la ingeniería eléctrica y de las cadenas de suministro globales revela una realidad muy distinta: Venezuela fue sometida a un bloqueo tecnológico y financiero sin precedentes que impidió la compra de repuestos y pervirtió la lógica misma del mantenimiento, la contratación y la automatización de la infraestructura crítica del país.

Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. Esta movida legislativa es la respuesta institucional a una década de sabotaje estructural y la materialización de una nueva doctrina de supervivencia y expansión energética frente a las medidas coercitivas unilaterales.

La reforma contempla la apertura a la inversión privada, lo que permitiría la participación de capital nacional e internacional en la generación, comercialización y gestión del servicio, autorizando nuevos modelos mixtos y operadores independientes.

Pero ello depende justamente de la confianza que puedan sentir los inversores nacionales e internacionales respecto a Venezuela, encarcelada desde hace una década por medidas coercitivas de carácter económico, financiero y comercial que no han permitido siquiera suavizar la crisis eléctrica.

Asimismo, se prevé una revisión del esquema tarifario para el consumidor, la compensación por daños a los usuarios producto de apagones y fluctuaciones severas, el impulso a la producción de energías renovables bajo la incorporación de fuentes alternativas (energía solar y eólica) y un esquema de descentralización y modernización del SEN, teniendo en cuenta los riesgos sistémicos de la dependencia nacional en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri).

Pero todo esto está supeditado a una lógica de sanciones que durante varios años reconfiguró, a la fuerza, el funcionamiento del SEN. Recordemos que los impactos han sido documentados en un reporte especial de la ONU en 2021, a cargo de Alena Douhan, donde señala explícitamente cómo las sanciones impidieron el acceso a repuestos, tecnologías de vanguardia y mantenimiento de infraestructura eléctrica, afectando el derecho al desarrollo y la salud.

La ingeniería del asedio no fue una excepción venezolana, sino la aplicación deliberada de vulnerabilidades globales sobre infraestructura crítica: el fenómeno del overcompliance corporativo fue documentado por la misma Douhan; la operación de los sistemas SCADA es una vulnerabilidad crítica ampliamente estudiada en ciberseguridad industrial; y el mercado de la triangulación forzada es reconocido por la industria de defensa como una de las mayores amenazas para la integridad de los sistemas eléctricos.

Así, Venezuela fue utilizada como laboratorio de una guerra tecnológica moderna, cuyos mecanismos están perfectamente documentados en la literatura técnica internacional.

El bloqueo financiero y la muerte de la cadena de suministro directa

En la operación normal de un sistema eléctrico de la magnitud del venezolano, la relación con los Fabricantes de Equipos Originales (OEM, por sus siglas en inglés) como Siemens, General Electric o Alstom es directa, continua y regida por contratos de mantenimiento a largo plazo.

Las sanciones, y particularmente el despliegue de sanciones secundarias, destruyeron este ecosistema. El bloqueo de cuentas estatales en el sistema financiero internacional no solo dificultó las compras; también las hizo ilegales para cualquier corporación transnacional que opere en Occidente.

Los departamentos de compliance (cumplimiento normativo) de estas multinacionales, bajo la amenaza de ser excluidos del mercado estadounidense o europeo, cortaron de tajo los contratos de servicio.

El resultado fue un proceso continuo de mantenimiento pospuesto. Centrales neurálgicas como el Complejo Hidroeléctrico del Guri o las termoeléctricas del occidente del país vieron paralizadas sus revisiones mayores.

Sin acceso a repuestos originales, la red fue forzada a una sobreexplotación que aceleró exponencialmente la fatiga de los materiales y el deterioro de la maquinaria.

La trampa de la triangulación

Al cerrar las puertas de la compra directa, el Estado venezolano se vio obligado a entrar en las sombras del comercio internacional para mantener encendido el país. Aquí es donde las sanciones pervirtieron la contratación pública y el mantenimiento industrial.

Para sortear el bloqueo, fue necesario recurrir a la triangulación a través de intermediarios opacos en terceros países. Esta dinámica generó un doble daño al erario y a la infraestructura porque Venezuela tuvo que empezar a pagar sobrecostos como impuestos del asedio.

Equipos que antes tenían un precio de mercado, ahora debían ser adquiridos a través de redes de intermediación que inflaban las facturas, asumiendo el "riesgo" de operar con un país sancionado. Este marco de operaciones estaba directamente conectado con lo que técnicamente se llama over-compliance, ya que la amenaza de las sanciones unilaterales podían caer directa con cualquier empresa que hiciera negocios con el Estado venezolano.

Pero al mismo tiempo se corrían riesgos propios de entrar a negociar bajo este esquema con la pérdida de garantías y la falsificación de los productos importados. En el mercado gris de la triangulación, es casi imposible certificar la procedencia de los componentes. Venezuela fácilmente pudo haber sido víctima de la venta de piezas falsificadas, reacondicionadas o de menor calidad, vendidas como originales; existe un largo expediente de este tipo de estafas en el mundo.

Esta realidad probablemente empujó al SEN a una práctica propia de las economías de guerra: la canibalización, una práctica usual en Estados y corporaciones ante dificultades técnicas de generación de energía. Ante la imposibilidad de importar un repuesto crítico, los ingenieros se habrían visto en la necesidad de desmantelar generadores operativos para extraer sus piezas, o en el mejor de los casos adaptar piezas bajo la lógica de la reingeniería, para así reparar otras unidades fuera de servicio.

Un parche temporal que, a la larga, compromete la redundancia y seguridad de todo el sistema.

Ceguera tecnológica

El sabotaje internacional a través de sanciones tuvo un componente mecánico, como hemos reseñado, pero asimismo digital. El sistema eléctrico moderno no funciona solo con cobre y acero: es una red nerviosa controlada por software. Las plataformas SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos) son el cerebro que permite monitorear, equilibrar la carga y aislar fallas en milisegundos; recordemos el mega-apagón de 2019, cuando se vio afectado este sistema en el Guri (estado Bolívar) y provocó la penumbra energética durante varios días en todo el país.

Las medidas coercitivas bloquearon las actualizaciones de software, los parches de ciberseguridad y los contratos de soporte técnico con las empresas tecnológicas estadounidenses y europeas que proveen estas plataformas.

El vencimiento de licencias fue clave: al no poder pagar las suscripciones anuales, muchas subestaciones y plantas vieron cómo sus interfaces de control quedaban obsoletas.

Además, la pérdida de automatización implicó que la falta de soporte técnico obligó a los operadores a trabajar "a ciegas" o de manera manual. En un sistema donde el equilibrio entre generación y demanda debe ser prácticamente perfecto, la pérdida de control remoto y automatización incrementó drásticamente el riesgo de errores humanos y de fallas en cascada, vulnerando la estabilidad de la red troncal.

Una respuesta estratégica

Frente a esta confluencia de factores, la narrativa del colapso fue derrotada por la capacidad de resiliencia nacional. El bloqueo intentó asfixiar al país, pero se topó con la inventiva venezolana a través de un agresivo plan de sustitución de importaciones.

Los técnicos del SEN lograron parcialmente la capacidad de aplicar la ingeniería inversa (reverse-engineering), así como innovar en la fabricación local y en la adaptación de piezas para recuperar unidades de generación que el mercado internacional se negaba a reparar.

Sin embargo, la soberanía energética requiere dar un salto cualitativo. Por ello la reciente aprobación de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico establece los ejes para blindar el sistema y dejar atrás la vulnerabilidad heredada.

El impacto de las sanciones en el SEN venezolano es un caso de estudio global sobre cómo la guerra financiera moderna busca destruir el metabolismo industrial de una nación: pervirtieron las compras, encarecieron el mantenimiento y atacaron el cerebro digital de la red.

No obstante, la reforma legislativa abriría una puerta que marcaría un punto de inflexión en este asunto. Venezuela ha denunciando ante el mundo el carácter criminal de las sanciones; mientras tanto, comienza a reconfigurar su matriz energética. El SEN debe avanzar hacia una estabilidad que servirá de pilar fundamental para el resurgimiento económico de la nación. Y para ello también debe sanear los factores que permitieron la desinversión y la corrupción que las sanciones permitieron y agravaron a una crisis eléctrica que la población quiere dejar atrás.

El asedio fue diseñado para apagar la luz; la respuesta venezolana ha sido encender una nueva era energética.