Venezuela rechazó la orden emitida desde la Corte de Delaware que autoriza la venta de las acciones de PDV Holding, matriz de Citgo Petroleum, a la filial de Elliott Investment Management. La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que la decisión constituye "una acción criminal y un acto de piratería judicial diseñado para consumar el robo de Citgo", reafirmando que el país no reconoce autoridad alguna de tribunales extranjeros sobre sus activos estratégicos.

La declaración llegó poco después de que el juez estadounidense Leonard Stark confirmara la oferta de 5.900 millones de dólares presentada por Elliott en la subasta que, desde hace dos años, opera como mecanismo para repartir Citgo entre fondos buitre, corporaciones energéticas y acreedores que se amparan en el andamiaje legal construido durante el "interinato".

Decisión judicial fabricada para consumar el despojo

La orden emitida por el juez Leonard Stark, que autoriza la venta de las acciones de PDV Holding a la filial energética de Elliott Investment Management es la culminación de una arquitectura jurídica construida deliberadamente desde 2019, cuando Washington reconoció a Juan Guaidó y le cedió el control de los activos venezolanos en Estados Unidos. Ese andamiaje permitió que tribunales federales consideraran a Citgo como un "alter ego" del Estado venezolano, abriendo la puerta a la subasta actual.

Desde Caracas, Delcy Rodríguez denunció:

(...) "el juez Stark cumple órdenes políticas para consumar un robo que comenzó con el interinato y fue ejecutado por Washington mediante sanciones, extorsión y un sistema judicial convertido en instrumento corporativo".

La vicepresidenta insistió en que el fallo constituye "la expresión más grotesca del lawfare energético contra Venezuela" y recordó que la Constitución prohíbe expresamente la enajenación unilateral de activos estratégicos del Estado.

Esta ruta de despojo tiene antecedentes profundos:

• la designación ilegal de directivas "ad hoc" bajo control de la oposición extremista,

• el respaldo político y logístico de figuras como Marco Rubio y Mike Pompeo,

• y la acumulación de decisiones judiciales que ignoraron sistemáticamente el derecho internacional.

La sentencia de Stark, presentada como un trámite técnico, consolida la entrega de Citgo a fondos buitre y corporaciones petroleras que llevan años presionando para apropiarse del activo más valioso de Venezuela en el exterior. Los beneficiarios incluyen a ConocoPhillips, Crystallex, Rusoro Mining, OI Glass y el conglomerado Koch Industries, todos alineados con el lobby energético que empujó las sanciones contra Caracas.

Rodríguez subrayó en su declaración que "Estados Unidos no solo permitió esta operación, la alentó, la diseñó y ahora la ejecuta. Es un robo en fase terminal". La subasta expresa la fase final de una operación política de asfixia económica dirigida a quebrar la capacidad soberana del Estado.

La ruta delictiva que permitió el colapso

La autorización judicial para vender Citgo no puede entenderse sin revisar la cadena de decisiones tomadas por el interinato de Juan Guaidó y sus operadores, quienes construyeron el andamiaje legal que hoy facilita el despojo. Lo que Delcy Rodríguez llamó "la más grande operación de saqueo jamás ejecutada contra un país latinoamericano desde el siglo XX" se articuló bajo dos ejes: el reconocimiento político de Washington y la acción deliberada de juntas “ad hoc” sin legitimidad ni control público.

Uno de los puntos más críticos fue la admisión del concepto de "alter ego", impulsado por el abogado José Ignacio Hernández, pieza clave para que los tribunales estadounidenses declararan que PDV Holding podía responder por deudas del Estado venezolano. Según expuso Hernández en múltiples litigios, el falso "gobierno interino"ejercía control directo sobre Citgo, una afirmación que los acreedores transformaron en un arma judicial para justificar embargos.

La propia oposición reconoció el desastre. Informes de economistas que respaldaron al interinato, como Francisco Rodríguez, demostraron que la deuda reconocida por Citgo bajo su administración se multiplicó de 3 mil 400 millones a más de 23 mil 600 millones de dólares, una cifra que solo puede explicarse por acuerdos lesivos, negligencias deliberadas y el uso político de la empresa como caja chica para redes opositoras en Washington.

A esto se suman decisiones políticamente diseñadas para facilitar los litigios de los acreedores. La directiva nombrada por Guaidó jamás ejerció defensa activa, rechazó recursos como el Amicus Curiae que habría permitido a la Corte Suprema evaluar argumentos que podían frenar el proceso, ignoró advertencias de juristas venezolanos y actuó como representante de los intereses corporativos rivales del Estado venezolano.

Delcy Rodríguez lo sintetizó en su reciente declaración: “Lo que hicieron fue entregar un mapa completo del activo a los fondos buitre. No defendieron a Citgo, la ofrecieron.” La vicepresidenta recordó que el entonces “procurador especial” José Ignacio Hernández había sido asesor y abogado de empresas demandantes, un conflicto de interés evidente que sirvió para consolidar el despojo.

El esquema se agrava al observar quiénes se beneficiaron de estas maniobras. La investigación sobre la subasta muestra el rol decisivo del ejecutivo Carlos E. Jordá, quien pasó de ser CEO de Delek US Holdings (filial de la petrolera israelí Delek Group) a presidir la Citgo tomada por el interinato. Sus decisiones favorecieron directamente los intereses financieros de su antigua empresa, que hoy figura entre los potenciales beneficiarios de la subasta.

El efecto conjunto de estas maniobras terminó generando el escenario ideal para los acreedores, quienes lograron que Citgo fuera tratada como un apéndice del Estado venezolano. A partir de esa ficción jurídica, empresas como Crystallex, ConocoPhillips, Rusoro Mining, Siemens Energy y los conglomerados alineados con el lobby de Koch Industries pudieron escalar sus demandas dentro del sistema judicial estadounidense.

Hoy, con Elliott Investment Management posicionándose como ganador tras su propuesta de 5 mil 900 millones de dólares, el círculo se cierra. Tribunales estadounidenses, opositores que actuaron como apoderados corporativos y fondos buitre confluyen en un mismo resultado.

Un precedente hemisférico

Ningún país está a salvo cuando sus recursos estratégicos entran en la órbita de intereses corporativos norteamericanos. El desenlace del caso Citgo debe entenderse, por tanto, como una advertencia hemisférica.

La operación dejó al descubierto un mecanismo mediante el cual Washington redefine la soberanía de otros Estados desde sus propios tribunales, imponiendo la tesis del “alter ego” hasta convertirla en el engranaje central que permite transformar disputas políticas en embargos masivos. Esta reinterpretación legitima que fondos utilicen las sanciones como palanca para apropiarse de infraestructura energética extranjera sin necesidad de intervención militar.

Pero lo más relevante del precedente no se limita al caso venezolano. El mensaje que emana de Delaware es que cualquier país con inversiones estratégicas en Estados Unidos puede ver sus activos convertidos en instrumentos de presión si su política exterior no se alinea con Washington. Para los gobiernos de la región, esto abre un escenario donde la estabilidad jurídica no depende del derecho sino de la correlación política con la Casa Blanca.

Y así, Citgo, empresa construida con décadas de trabajo venezolano, queda convertida en una expresión directa de la capacidad del poder corporativo estadounidense para reescribir reglas globales y decidir qué países pueden o no conservar sus activos estratégicos.

Frente a ello, Venezuela ha reiterado que ninguna transferencia será reconocida y que el litigio continuará en todas las instancias disponibles. Porque lo que se disputa es el principio fundamental según el cual un país tiene derecho a gestionar sus recursos sin ser desmantelado mediante sanciones, ficciones jurídicas y operadores internos al servicio de agendas extranjeras.