En una entrevista concedida a The Washington Post, el presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó de manera frontal la estrategia antidrogas impulsada por la administración Trump en el Caribe. Sus declaraciones ponen en relieve la dimensión política de una guerra contra las drogas que, tras varias décadas de aplicación, ha fracasado en sus objetivos declarados y se ha convertido en un instrumento de presión geopolítica.

En sus palabras, los ataques navales recientes constituyen un espectáculo mediático con consecuencias letales, mientras que la descertificación de Colombia refleja un uso ideológico de las certificaciones que Washington aplica según su conveniencia.

Militarización para la televisión

Durante la entrevista, Gustavo Petro fue categórico al calificar los ataques navales de la administración Trump como un espectáculo mediático que termina en la muerte de jóvenes pobres sin armas ni responsabilidad real en el negocio de la cocaína. Para el presidente colombiano, estas operaciones, presentadas por Washington como logros en la lucha contra las drogas, no constituyen una estrategia efectiva, sino ejecuciones extralegales que en nada afectan a las redes de poder que dominan el narcotráfico.

Los datos reseñados por el propio medio refuerzan la crítica: al menos 17 personas habrían muerto en los tres ataques unilaterales e ilegales contra embarcaciones en el Caribe, sin que la Casa Blanca haya presentado pruebas concluyentes sobre la identidad de las víctimas ni sobre la carga que transportaban. La insistencia de funcionarios estadounidenses en justificar estas acciones bajo el "derecho de los conflictos armados" pone en evidencia un patrón de legitimación de la fuerza militar frente a un problema que, como ha insistido Petro, requiere de inteligencia policial y cooperación judicial.

En este marco, la recurrencia de Washington a operaciones de alto impacto mediático responde a la necesidad de sostener la narrativa de una supuesta guerra contra el narcotráfico. Una narrativa que, más allá de su ineficacia práctica, cumple un objetivo político concreto: criminalizar a Venezuela y preparar el terreno para nuevas formas de agresión en la región.

El mito del Cartel de los Soles

La acusación de que en Venezuela opera un supuesto Cartel de los Soles ha sido uno de los principales recursos de Washington para asociar al país con el narcotráfico. Petro lo desestimó en su entrevista, al afirmar que esa organización simplemente no existe.

La genealogía de esta narrativa revela su carácter de propaganda. A comienzos de los 90, la CIA dirigió la llamada Operación Norte, con la que facilitó el ingreso de decenas de toneladas de cocaína a territorio estadounidense bajo el pretexto de infiltrar a los carteles colombianos. El reconocimiento posterior de la agencia sobre la magnitud de aquel error abrió un precedente: por primera vez se admitía oficialmente que una operación encubierta había contribuido directamente al narcotráfico. Ese antecedente fue luego utilizado como base para instalar la figura del Cartel de los Soles.

Desde entonces, informes y publicaciones carentes de verificación independiente —como los impulsados por Emili Blasco desde 2015— consolidaron el relato, ubicando a funcionarios estatales venezolanos como supuestos capos regionales. Estas acusaciones, amplificadas en medios internacionales, coincidieron con nuevas rondas de sanciones unilaterales contra programas sociales venezolanos, mostrando así su función política más que probatoria.

Las cifras oficiales contradicen de raíz esa construcción. La DEA establece que el 97% de la cocaína que circula en Estados Unidos tiene origen colombiano y el resto proviene de Perú y Bolivia. Venezuela no aparece ni como productor ni como ruta relevante en los reportes forenses ni en la evaluación nacional de amenazas de drogas 2024-2025. Pese a ello, el mito del Cartel de los Soles sigue siendo instrumentalizado como pieza central en la estrategia de propaganda contra el país.

La descertificación como arma política

La decisión de Washington de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico fue presentada como un castigo al "liderazgo errático" de Gustavo Petro, pero en realidad constituye un gesto simbólico con alto contenido ideológico. Pese a la exención que mantiene la cooperación bilateral, lo que transmite esa medida es que cualquier intento de apartarse del guion de la guerra contra las drogas será penalizado.

Petro señaló la contradicción de que Estados Unidos, principal consumidor de cocaína y epicentro de la crisis del fentanilo, sea quien califique a otros en materia antidrogas. El politólogo Federico García explicó en diálogo con Sputnik que la certificación se ha utilizado como "herramienta geopolítica de control contra países periféricos" y que, en la medida en que Colombia intenta trazar un camino propio, Washington recurre a la descertificación como recordatorio de su capacidad de presión.

En los hechos, la política antidrogas del gobierno de Petro ha mostrado resultados concretos. En 2024, Colombia incautó 960 toneladas de cocaína y base de cocaína, un aumento del 14% respecto al año anterior, la cifra más alta en la historia del país. En lo que va de 2025, las fuerzas de seguridad han erradicado de manera voluntaria 11 mil hectáreas de coca, frente a una meta oficial de 30 mil. Petro ha insistido en que ese enfoque evita poner en riesgo tanto a campesinos como a policías, en contraste con la erradicación forzada que demanda Washington.

En este marco, las tensiones actuales entre Washington y Bogotá se explican en la negativa de Petro a alinearse con la estrategia estadounidense de criminalizar a Venezuela. La cocaína y las redes que la distribuyen son un problema histórico en Colombia, como lo reconoce incluso Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Bogotá, al admitir a The Washington Post que la expansión de los cultivos y los intentos por contenerlos son anteriores al actual gobierno. Pero esa admisión funciona para desestimar la política de Petro y reforzar la idea de que los gobiernos anteriores habían llevado adelante la "verdadera" lucha, precisamente porque respondían con mayor docilidad a los intereses de Estados Unidos.

La descertificación aplicada contra Bogotá se inserta en la campaña del gobierno estadounidense para criminalizar a Venezuela. Bajo el argumento de la "guerra contra las drogas", Estados Unidos busca legitimar sanciones y preparar el terreno para eventuales agresiones militares. Colombia aparece ahora en la línea de fuego porque su gobierno no se suma a esa estrategia, mientras Venezuela permanece como el objetivo central.