Durante la jornada de entrega de vehículos y equipamiento a los cuerpos de seguridad del Estado en el Poliedro de Caracas, el presidente Nicolás Maduro advirtió que las facciones extremistas de la oposición invierten actualmente muchísimo dinero en entrenar migrantes en el exterior con el objetivo de "repetir eventos similares al 29 y 30 de julio de 2024".
El primer mandatario aseguró el pasado viernes que casi 80% de los capturados durante la escalada violenta postelectoral había migrado a Venezuela aproximadamente un mes antes. Agregó que algunos se habían ido del país, volvieron 15 días antes de las elecciones y no votaron.
Todos tenían órdenes operacionales de atacar objetivos como cuarteles policiales, estatuas simbólicas, los CDI y escuelas inauguradas en el transcurso de la campaña electoral, así lo afirmó luego de hacer un repaso de la violencia ejercida en los días previos y posteriores a los comicios presidenciales.
La oposición vinculada a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia parece haber entrado en una fase de estancamiento, por lo menos así lo indica su cada vez menor capacidad de convocatoria pública. Sin embargo, se han detectado elementos que muestran el verdadero guion asignado en el marco del plan golpista: enmascarar acciones violentas y armadas.
A medida en que la agenda estrictamente política se desvanece, han buscado reactivar otros frentes que involucran la violencia armada. Operaciones encubiertas, ante las cuales los cuerpos de seguridad han actuado para detener el plan golpista.
La criminalidad como factor clave
La escalada postelectoral tuvo un componente "ciber-fascista criminal", como lo denominó el presidente Maduro en su momento: una serie de ataques cibernéticos al sistema electoral y una intensa campaña de odio vía redes digitales. Pero también contó con la actuación de grupos delincuenciales que estaban sumados a crear condiciones de enfrentamiento y desestabilización.
Las acciones violentas postelectorales en distintos sectores populares derivaron en homicidios que involucraron grupos armados. El mayor número de casos aconteció en Caracas y en el estado Aragua, aunque también en Bolívar, Yaracuy, Miranda y Zulia.
Se trató de un plan organizado a detalle, tanto en lo geográfico como en el método bélico, que conjugó la simulación de protestas con acciones terroristas protagonizadas por bandas como el Tren del Llano, El Wilexis, Bataneros del 70, El Macua, y Los Chevrolet —socios del extinto Tren de Aragua—.
Estas se desplegaron en zonas "netamente chavistas" como El Valle, Petare, El Guarataro, Maracay, valles del Tuy, región de Barlovento y oriente de Guárico, entre otros.
Los cuerpos de inteligencia interrogaron a varios pranes de distintas cárceles ya que estas eran el epicentro del plan violento. Las confesiones implicaron a Gilber Caro, Leopoldo López y María Corina Machado.
Agotado el recurso de la violencia, la coordinadora del movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado, recurrió a la convocatoria de marchas y concentraciones cuya debacle se hizo oficial con la huída del excandidato González Urrutia.
De allí apeló a una "nueva" táctica: el enjambramiento (o swarming), que consistiría en organizar supuestas manifestaciones sin dirección centralizada, apuntando más a escenarios de guerra asimétrica que a movilización social con una demanda concreta.
Con poco margen de maniobra en lo discursivo, dispersión crónica de su militancia y un liderazgo dividido, Machado mantuvo sus ofertas ambiciosas de seguir "hasta el final" en su plan de cambio de régimen.
La realidad la alcanzó cuando la poca acumulación de fuerzas y masa crítica apagó ese frente del plan. También creó un marco entre la desesperanza y la urgencia por delegar cualquier "solución" a terceros.
Sabotaje energético y económico
A un mes de las elecciones, el 27 de agosto, los operadores encubiertos repitieron el recurso del sabotaje eléctrico a sabiendas de lo infructuoso que ha resultado en los últimos años. Esto ocurría en medio de la debacle de la convocatoria opositora y la desarticulación de grupos delincuenciales en regiones estratégicas como el Zulia.
Ya días antes de los sufragios hubo un ataque eléctrico en Miranda y una banda de paramilitares fue capturada en el estado Táchira mientras buscaban realizar acciones similares.
Luego, el 30 de agosto, 20 estados del país amanecieron sin electricidad debido a otro ataque que el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, atribuyó a sectores de la oposición. Por este hecho hubo 11 detenidos, lo que revela el seguimiento estricto a ese frente de desestabilización.
Por otra parte, desde septiembre se ha ensanchado la brecha cambiaria. El dólar paralelo se ha alejado del valor promediado por el Banco Central de Venezuela (BCV), hasta alcanzar niveles máximos de disparidad en lo que va de 2024. El diferencial ha superado 25%, muy por encima del tope de 2023, que fue de 9,48%.
Respecto a las distorsiones en el mercado que afectan el proceso de recuperación económica, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez manifestó que "ese precio que se ve en las páginas no es el oficial; hay un aprovechamiento político y financiero".
Aunque la recuperación económica exige divisas, hay un trasfondo político, como lo sugirió el presidente Maduro, quien denunció que los ataques contra la tasa de cambio provienen de sectores especulativos y agregó que "hoy por hoy no llamaría 'guerra económica' a esa agresión, sino 'guerrilla económica'".
Está claro cómo la reiteración de los mecanismos de desgaste utilizados durante los tiempos de "máxima presión" es parte de la estrategia del extremismo opositor. Como efecto del bloqueo económico, el país aun padece debilidades en el frente económico y energético, por lo que el constante ataque de baja intensidad funciona como táctica de largo aliento que apunta a minar lentamente la estabilidad social.
La "presión internacional" y su fase armada
Mientras transcurrían los eventos mencionados, el gobierno develó un plan terrorista mediante distintas detenciones e incautaciones. Un militar estadounidense, perteneciente desde el año 2009 al cuerpo de los Navy Seals de Estados Unidos, fue capturado por las autoridades cuando coordinaba planes de desestabilización en el país.
A mediados de septiembre el ministro Cabello informó que Wilbert Joseph Castañeda, quien llegó a Colombia en 2021 junto a otras diez personas, mantuvo contactos con el Tren de Aragua para infiltrarse en el país y ejecutar las acciones.
Otros dos ciudadanos españoles vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España fueron capturados junto a once mercenarios de distintas nacionalidades.
También fueron decomisados más de 400 fusiles y pistolas provenientes de Estados Unidos, como parte del armamento que se ha estado ingresando a Venezuela por distintas vías.
Una nota de prensa explica que "además de tomar militarmente diversas instalaciones, entre ellas el aeropuerto de Maiquetía —con participación de mercenarios franceses— y el Palacio de Miraflores, el plan comprendía atacar servicios vitales, básicos, para afectar sensiblemente a la población".
El gobierno nacional ha obtenido confesiones que develan nexos entre la inteligencia española y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense con planes de sabotaje, lo que deja evidencias de la participación —u omisión— de ambos gobiernos.
Las empresas informativas transnacionales respondieron con una campaña de noticias que intentaban vincular a Venezuela, y a su gobierno, con el narcotráfico. Algunas de ellas, como el cargamento incautado a un vuelo de Emtrasur, prefiguraban elementos de montaje. Otras fueron vinculaciones forzadas, como el caso de la aeronave mexicana detenida en Guinea-Bisáu.
El nivel de amenaza aumentó con la publicación por redes digitales de la llamada operación "Ya Casi Venezuela", la cual involucraba al contratista militar Erik Prince y al excomisario Iván Simonovis, prófugo de la justicia protegido por Estados Unidos. Ambos terminaron negando su participación directa en los planes; presumiblemente lo hicieron al ver develada parte de la trama.
En octubre las autoridades informaron de nuevas incautaciones y capturas: 71 armas de guerra y 19 mercenarios de Perú, Chile y Estados Unidos, contratados en este país y Europa, fueron presentados a la justicia venezolana.
Cabello declaró que "hay evidencias de un número mayor de fusiles que fueron ingresados desde el extranjero. Estamos tras la búsqueda de esas armas para neutralizar cualquier intento que pueda hacer la derecha por esa vía" y que la operación es dirigida por Álvaro Uribe Vélez, Iván Simonovis, Carlos Vecchio, Julio Borges y María Corina Machado.
Las autoridades estadounidenses, a través de la CIA, la DEA y con anuencia del FBI, han permitido el embarque marítimo de armas desde Florida hacia Venezuela, así lo develaron pruebas recabadas en torno a la más reciente incautación. Entre ellas está una carta de Interpol enviada a las autoridades venezolanas con fecha del 7 de octubre, luego de la primera incautación.
Cabello afirmó que la organización internacional actuó de forma tardía, posiblemente motivada por la revelación pública del caso en septiembre, por lo que la acusó de estar involucrada en la trama.
El presunto vacío en el frente "político" de la agenda postelectoral opositora pudiera ser un señuelo. Otros frentes de violencia armada y sabotaje a la cotidianidad social están activados, como lo muestran las evidencias recogidas.
Las distintas acciones del gobierno han buscado desarticular el sabotaje. Sin embargo, queda tiempo para el 10 de enero próximo, fecha de juramentación del presidente reelecto Nicolás Maduro.
Las declaraciones de voceros del extremismo opositor permiten deducir que el plan golpista no descansa mientras los hechos develan que la "presión internacional" no se trata solo de posicionamientos de gobiernos sino de apoyo logístico y material.
Las recientes declaraciones del presidente Maduro expresan la posibilidad de nuevos hechos y noticias vinculadas a la desesperación de un sector que cada vez menos asume el ejercicio de la política como opción para acceder al poder.