Washington ha respaldado durante más de un año la actual campaña israelí de genocidio y limpieza étnica sobre Palestina, en abierta evidencia de complicidad.

La administración de Joe Biden permite que los contratos de Israel con el complejo industrial-militar estadounidense fluyan sin la menor restricción, armas y tecnologías usadas contra la población palestina, en un contexto donde el gabinete de Benjamín Netanyahu da rienda suelta a múltiples crímenes que violan las leyes internacionales, e incluso las propias de Estados Unidos.

Un ejemplo exacto de esta conducta es el reporte de ProPublica del 24 de septiembre, que cita informes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, el cual concluyó que "Israel había bloqueado deliberadamente el suministro de alimentos y medicinas a Gaza".

A pesar de que el secretario de Estado, Antony Blinken, está al tanto de que Israel había cometido "asesinatos de trabajadores humanitarios, demolición de estructuras agrícolas, bombardeo de ambulancias y hospitales, bloqueos de depósitos de suministros y rechazo sistemático de camiones llenos de alimentos y medicinas", el principal diplomático estadounidense no reconoció los hechos y emitió la siguiente declaración:

"Actualmente no evaluamos que el gobierno israelí esté prohibiendo o restringiendo de otra manera el transporte o la entrega de asistencia humanitaria estadounidense".

Es más, según un informe de Drop Site News, Blinken dio luz verde a Israel para lanzar ataques contra convoyes de ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza en los primeros días de la campaña genocida. El medio cita a periodistas y medios de comunicación israelíes, quienes también informaron que durante las visitas del Secretario de Estado y del presidente Biden a Tel Aviv en 2023 se acordó la táctica de negar cualquier tipo de asistencia humanitaria a la población palestina:

"Esa política aprobada por Estados Unidos se implementó luego utilizando armas fabricadas en Estados Unidos, con el respaldo de las sanciones impuestas por Estados Unidos, bajo el velo de una narrativa construida por Estados Unidos".

Números de sangre

Las palabras de Blinken contrarían los informes de sus propias agencias y las medidas que estas propusieron, como la activación de la Ley de Asistencia Extranjera "para congelar casi 830 millones de dólares de los contribuyentes destinados a armas y bombas para Israel, según correos electrónicos obtenidos por ProPublica".

El reporte coincide con las sumas récord que ha gastado Estados Unidos en ayuda militar a Israel desde que comenzó la campaña contra Gaza, de acuerdo con un informe del proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown: al menos 17 mil 900 millones de dólares.

A ello se suman 4 mil 860 millones de dólares para intensificar las operaciones estadounidenses en Asia Occidental, según AP.

En una entrevista con Foreign Policy publicada el 7 de octubre Adam Tooze, profesor de historia económica y director del Instituto Europeo de la Universidad de Columbia en Nueva York, reveló que, según el Banco Central de Israel, la factura total de la guerra contra Gaza y Líbano a lo largo de varios años ascenderá a unos 66 mil millones de dólares, aproximadamente entre 11% y 12% del PIB de Israel antes de la guerra.

Tooze estima que la ayuda estadounidense es de aproximadamente 14 mil a 15 mil millones de dólares al año.

No en balde los fabricantes de armas estadounidenses, empresas como Boeing, Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Northrop Grumman y L3Harris, vieron sus ganancias dispararse más allá de las expectativas este año, y superaron el índice S&P 500. Un artículo de Responsible Statecraft así lo determina, con la siguiente aseveración:

"Esa entrega de fondos de los contribuyentes a Israel, sumada a la creciente demanda israelí y mundial de armas en un periodo de inestabilidad, ha servido como combustible para los precios de las acciones".

Fuego en Líbano

Pero el apoyo no solo se reserva a las acciones contra Gaza: el medio Politico divulgó el 30 de septiembre que la administración Biden había dado el visto bueno a los ataques israelíes en Líbano antes de que empezaran. En este país ha bombardeado de manera indiscriminada infraestructuras civiles y ha asesinado a importantes líderes de Hezbolá, incluido el secretario general Hasán Nasralá.

Esto es permitido por Estados Unidos a pesar de que en los cuerpos militares del Pentágono conocen bien la doctrina israelí de "tierra arrasada", como lo demuestra un reciente artículo del Comandante Graham Scarbro, de la Marina:

"El ejército de Israel, por otro lado, parece tener un umbral más alto de daños colaterales en las operaciones actuales contra Hamás y Hezbolá, lo que significa que atacan incluso cuando hay mayores posibilidades de víctimas civiles".

Pero los funcionarios estadounidenses se cuidan de hacer control de daños con fórmulas narrativas. Cuando Netanyahu dio su discurso de que empezaban las operaciones en Líbano, el mismo día la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, confirmó que "apoyamos a Israel en sus ataques contra el Hezbolá libanés", y añadió que "tiene derecho a responder y atacar al Hezbolá libanés (…) de una manera que, por supuesto, tenga en cuenta a los civiles en la zona".

La declaración del Pentágono se produjo un día después de que CNN informara que la Casa Blanca "no está tratando activamente de revivir un acuerdo [de alto el fuego] y se ha resignado a tratar de dar forma y limitar las operaciones israelíes en Líbano y contra Irán en lugar de detener las hostilidades".

Y un informe publicado por el diario libanés Al Akhbar reveló que funcionarios de Estados Unidos y de la Unión Europea habían "cerrado la puerta" a cualquier negociación diplomática que pudiera poner fin al ataque en Líbano.

Es por ello que el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, acusó el 9 de octubre a Washington de "no hacer nada" para detener la guerra israelí contra Líbano durante una entrevista con el medio de comunicación saudí Asharq al-Awsat.

Statu Quo

Tras el contraataque de Irán sobre objetivos militares en territorios ocupados israelíes, se produjo una llamada telefónica entre el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y Netanyahu para lograr un consenso sobre la respuesta conjunta de Washington y Tel Aviv contra Teherán. Sin embargo, medios israelíes afirman que aun no se ha llegado a ninguna resolución importante.

Sí continúa la campaña contra Gaza y Líbano, además de todo el despliegue que tiene el Pentágono en la región. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha reportado haber atacado "objetivos hutíes en áreas de Yemen controladas por los hutíes respaldadas por Irán", mientras prosigue la ocupación militar estadounidense de Siria y hace lo propio en Irak con la excusa de combatir el terrorismo.

Todo ello forma parte de los esfuerzos infructuosos de Washington para disuadir las operaciones de los distintos grupos del Eje de la Resistencia en apoyo a Palestina y Líbano.

Un escenario de guerra regional que tiene el aval estadounidense. El apoyo consiste en el mantenimiento del statu quo en las relaciones entre Washington y Tel Aviv, una situación que tiene el amparo de los partidos Demócrata y Republicano. El discurso de Donald Trump o de Harris en torno a la situación en Palestina y Líbano poco importa cuando la política de la Casa Blanca y del Congreso tienen una estrategia claramente a favor de Israel, principal pivote de los intereses de Estados Unidos en Asia Occidental.