El pasado sábado 14 de septiembre el ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acusó a un grupo de mercenarios extranjeros de intentar asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y a otros altos funcionarios del gobierno durante el proceso electoral realizado el pasado 28 de julio.

Tal operación fallida, aunque no es inédita en el marco de las iniciativas de intervención en Venezuela, marca un hito significativo al ser liderada directamente por un militar activo estadounidense, lo que introduce nuevos elementos sobre la urgencia de precipitar una escalada en el conflicto. 

Además, proporciona una visión más clara sobre las verdaderas dimensiones de los planes concebidos para cristalizar el cambio de régimen, lo que refleja la complejidad y la premeditación de las estrategias y cálculos que han ido tomando forma antes, durante y después del proceso electoral en el país.

Cabello informó sobre este plan conspirativo en el marco de la incautación de más de 400 fusiles durante una operación de inteligencia. Las armas llevaban una inscripción que decía que solo podían ser utilizadas por el ejército de Estados Unidos y que estaba prohibida su venta. 

En su rueda de prensa, detalló los mecanismos utilizados para intentar ingresar el armamento a Venezuela, especificando que fue transportado a través de varios contenedores en servicios regulares de encomienda enviados desde Orlando, Florida. Agregó que recopilaron evidencias de que el FBI permitió y supervisó el envío ilegal del material. 

Catorce ciudadanos de diversas nacionalidades fueron detenidos, entre los que se encuentran estadounidenses, españoles y un checo.

Cabello apuntó específicamente contra Iván Simonovis —que participa en la campaña "Ya Casi Venezuela"—, a quien acusó de estar detrás de la orquestación de este tráfico de armas, y mencionó a dirigentes opositores venezolanos que estarían al tanto de la conspiración: Juan Pablo Guanipa, Carlos Vecchio, Julio Borges y María Corina Machado.

Relató que la operación de inteligencia comenzó con la detención de varias personas que tenían planes de ejecutar un falso positivo empleando granadas y explosivos en la embajada argentina en Caracas, donde se encuentran seis asesores cercanos a Machado.

El lunes 16 de septiembre se reportó un nuevo decomiso de armas, esta vez fabricadas por Century Arms, una empresa estadounidense especializada en la producción de réplicas de armas de tecnología rusa, incluidos rifles AKA 47. 

Actores extranjeros

El plan contemplaba la toma del Palacio de Miraflores con el objetivo de perpetrar los magnicidios. Además, incluía la ocupación de otras instalaciones estratégicas, como el aeropuerto de Maiquetía, y ataques a servicios básicos esenciales para afectar de manera masiva a la población. La operación involucraba a mercenarios franceses que actuaban en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia español (CNI).

Cabello comunicó la captura de quien dirigía la operación, el militar estadounidense en servicio activo, Wilbert Joseph Castañeda Gómez, integrante del cuerpo de élite Navy SEAL, individuo descrito como un especialista con formación en operaciones aéreas, marítimas y terrestres, quien posee una trayectoria militar que incluye misiones en Afganistán en 2010 y en Irak en 2014.

Siendo parte de los Navy SEAL, su experiencia abarca áreas críticas como el sabotaje, el manejo de explosivos, el combate urbano y el paracaidismo.

La detención de Castañeda ocurrió el 1 de septiembre en la zona montañosa de la Colonia Tovar, tras haber ingresado al país con el apoyo de una persona vinculada al Tren de Aragua. Su llegada a Venezuela apunta a establecer una red de contactos con grupos criminales y políticos de sectores de oposición afiliados a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. 

El militar estadounidense ingresó al país desde Colombia en varias ocasiones con la ayuda de ese contacto del Tren. Durante este período orquestó operaciones encubiertas en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando se puso en contacto con el "Niño Guerrero", según el material encontrado en su teléfono. 

Se encontraron conversaciones entre Castañeda y un delincuente venezolano conocido como "El Flaco", quien reside en EE.UU. y, según lo denunciado por el presidente Maduro, "está protegido por el gobierno de los Estados Unidos".

En estos mensajes se muestra cómo monitoreaban en tiempo real las acciones que se llevaron a cabo los días 28, 29 y 30 de julio, así como su intención de ejecutar una masacre si fuera necesario para desencadenar un cambio violento de gobierno. 

Durante la transmisión del programa Con Maduro+ fueron mostradas imágenes en las que Castañeda participa en una manifestación en apoyo a María Corina Machado en Dallas, Texas.

Cabello también reveló que otros dos estadounidenses fueron detenidos: David Estrella y Aaron Barrett Logan, y mencionó que el grupo tiene experiencia en hackeo cibernético.

A este caso se suma la implicación de España, país que ha actuado como proveedor de mercenarios extranjeros, lo cual es constatable en la detención de dos ciudadanos de ese origen: José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia español, capturados en Puerto Ayacucho. 

De acuerdo con la información suministrada a medios por sus familias, Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35, "viajaron por turismo" a Colombia y Venezuela. Salieron de España el 17 de agosto y su última comunicación, registrada el 2 de septiembre, ocurrió cuando se desplazaban desde la ciudad colombiana de Inírida hacia Puerto Ayacucho, en Venezuela.

Yorman Barillas, miembro del partido Primero Justicia y prófugo de la justicia, fue el responsable de gestionar el alojamiento en un hotel de Colombia, tanto de los españoles como de Castañeda, que llegaban allí antes de ingresar a Venezuela.

En Venezuela, Basoa y Adasme establecieron contacto con el exalcalde del municipio Sifontes en el estado Bolívar, Carlos Chancellor, así como con el dirigente de oposición Américo De Grazia, con el objetivo de asesinar a la alcaldesa del municipio Piar (Upata), Yulibeth "Tata" García. 

Hay que agregar que, en esos mismos días y en la misma región, una dirigente chavista fue brutalmente asesinada en El Callao.

Tanto Estados Unidos como España respondieron desmarcándose de estos hechos.

El Departamento de Estado declaró que "cualquier afirmación sobre la participación de EE.UU. en un complot para derrocar a Maduro es categóricamente falsa", y aseguró que su esfuerzo está dirigido hacia "una solución democrática a la crisis política en Venezuela". No obstante, no logró refutar la noticia sobre la captura de un militar estadounidense activo.

Esta misma línea fue adoptada por Madrid. La cancillería española negó "rotundamente cualquier insinuación" sobre su participación en una operación para desestabilizar políticamente Venezuela. 

"España desmiente y rechaza cualquier insinuación de estar implicada en una operación política en Venezuela. El gobierno ha constatado que los detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal. España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela".

Un artículo de El Mundo de 2013 destaca la colaboración entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos y varios países, con España ocupando un lugar relevante. 

Según un documento desclasificado de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés), titulado "Intercambio de información criptológica sobre operaciones de redes informáticas con socios extranjeros", la cooperación se divide en dos niveles: cooperación integral y cooperación focalizada.

España se encuentra en el segundo, junto a otros 19 países. La NSA, enfocada en espionaje electrónico e inteligencia de señales, enfatiza la necesidad de evaluar cuidadosamente estas colaboraciones para asegurar que beneficien los intereses estadounidenses. 

Por otra parte, se capturó a un mercenario checo, Jan Darmovrzal, vinculado al grupo europeo "Comando AZ", que también lo integran los mercenarios franceses. 

Según Neovlivní, revista de investigación checa, Darmovrzal, de 33 años, es reservista activo del 43 Regimiento de Paracaidistas de Chrudim, localidad de la República Checa.

En una libreta confiscada se detalla su acercamiento con políticos venezolanos y su relación con los acontecimientos posteriores al 28 de julio. Además, se mencionó a Ecuador como un centro de operaciones, lo cual refleja un cambio en los puntos neurálgicos de las acciones de violencia, particularmente ante las dificultades que presenta operar desde Colombia tras la llegada del gobierno de Gustavo Petro. 

Todos estos elementos subrayan la complejidad transnacional de la operación en cuestión, las intrincadas conexiones con políticos de oposición y bandas criminales, y la articulación de recursos humanos y armamentísticos en un esfuerzo internacional y tercerizado, exceptuando el caso del militar estadounidense, para llevar a cabo un golpe armado contra el país. 

Componentes criminales 

La implicación del componente criminal en los episodios de violencia postelectoral se ve acentuada por la confirmación de que una gran parte de las armas traficadas al país estaban destinadas a organizaciones delictivas dentro de los centros penitenciarios.

La investigación reveló que, tras la contención de los eventos del 28 de julio, se estaba planeando la adquisición de explosivos C4 para ser introducidos en los reclusorios con el objetivo de provocar una insurrección.

En la actualidad, 14 líderes de bandas criminales recluidos en las cárceles son interrogados por su implicación en este plan.

Las indagaciones condujeron a José Miguel Estrada, encarcelado y condenado por el intento frustrado de magnicidio contra el presidente Maduro el 4 de agosto de 2018.

La incautación de dispositivos telefónicos permitió identificar redes sociales y grupos de WhatsApp a través de los cuales se comunicaban varios implicados en la planificación de actos terroristas, bajo la apariencia de organizaciones religiosas.

Además, se detectó la presencia de Luis Humberto Yánez Martínez en el Centro de Reclusión Rodeo II, vinculado a este entramado criminal. Se descubrió una conexión entre él y Gilbert Caro, exdiputado de Voluntad Popular, asociado al grupo político de Juan Guaidó y actualmente detenido en Estados Unidos por matar a una persona en un accidente de tránsito.

El presidente Maduro, en su programa "Con Maduro+", afirmó que el año pasado se llevó a cabo una ofensiva contra ocho cárceles tomadas por grupos violentos, después de que la inteligencia venezolana detectó planes para acciones delictivas en ocho ciudades durante 2023. 

Maduro argumentó que este elemento forma parte de un patrón de intervención estadounidense, estableciendo paralelismos con el golpe de Estado en Irán, donde la CIA contrató bandas criminales de Teherán, y los casos de Libia y Haití.

El plan detrás de la fachada electoral 

Las recientes revelaciones confirman una vez más que Vente Venezuela y otras organizaciones políticas de sectores radicales de la oposición operaron más allá del umbral de una campaña electoral, y se concentraron en la preparación de eventos de violencia armada y desestabilización.

Este hecho, junto a la evidente colaboración con elementos criminales, refuerza la percepción de un entramado que se organizó en función de la desestabilización más allá del resultado electoral.

Estas informaciones emergen en un momento crítico para los líderes de la oposición implicados, en particular para María Corina Machado, quien continúa promoviendo la narrativa del fraude electoral y la convocatoria a ejercer presión en múltiples niveles, a pesar de enfrentar una notable pérdida en lo que respecta a movilizaciones de calle.

La situación se complica aun más con la huida de Edmundo González a España, quien a pesar de seguir en público la estrategia de Machado estuvo gestionando su salida del país desde el día siguiente a las elecciones.

Pero el aspecto más revelador de lo informado en los últimos días es la implicación de factores internacionales, con el peso específico de Estados Unidos y España, en la coordinación de logística de alto nivel destinada a efectuar ataques terroristas y cibernéticos, con eje central en el magnicidio del presidente.

La inclusión de un militar activo estadounidense en estas operaciones pudiera exponer la escalada de la estrategia de cambio de régimen violento que intenta vulnerar la estabilidad y la seguridad del Estado en un sentido estratégico.

Este impulso fallido resalta una tendencia ya mencionada en un análisis anterior, relacionada con la preparación de falsos positivos en el narcotráfico y la propuesta de Eric Prince de derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Ante el inminente debilitamiento de las figuras políticas de oposición, se produce una transición que favorece el uso de la fuerza en lugar de la política.