El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó el domingo 18 de agosto que finalizó el peritaje técnico de las actas electorales de los comicios presidenciales del 28 de julio.

Este mecanismo fue iniciado luego de que el presidente Nicolás Maduro presentó un recurso contencioso electoral con el fin de que se revisaran exhaustivamente los sufragios, y solicitó la investigación de pruebas sobre el ataque cibernético dirigido a las plataformas del Consejo Nacional Electoral (CNE), un incidente de gravedad que contribuyó al retraso en la divulgación de los resultados de los comicios. 

El mandatario venezolano decidió acudir a la Sala Electoral del TSJ en respuesta a la situación excepcional de violencia y desestabilización que se desató después del 28 de julio. Dicha instancia tiene la facultad de investigar y evaluar la validez de los resultados, lo que la convierte en el órgano pertinente, constitucionalmente hablando, para abordar esta especie de controversias.

Previamente, se llevaron a cabo una serie de audiencias en las que el CNE compareció en su totalidad ante la Sala, presentando todos los documentos solicitados sobre el proceso. Además, participaron 38 organizaciones políticas que intervinieron en los comicios, de las cuales 33 proporcionaron material electoral. De los diez excandidatos, nueve asistieron para ofrecer información relevante al caso.

La notable falta de Edmundo González Urrutia en la audiencia ante la Sala, y la negativa a consignar los recaudos exigidos, contrasta de manera significativa con las denuncias de supuesto fraude que han sido promovidas por el excandidato, por María Corina Machado y por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). 

La ausencia de estos factores ante la máxima instancia judicial del país ha demostrado su voluntad de fracturar los puentes que permitan la resolución pacífica de la controversia postelectoral inducida.

Su renuencia a participar en el proceso de verificación de los resultados también revela que la declaración unilateral y no validada del triunfo no es un fin en sí mismo sino un medio de conflicto destinado a justificar un nuevo escenario de perturbación.

Peritaje con enfoque técnico 

Al finalizar las audiencias, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, anunció que se analizaría el material presentado por las organizaciones políticas que participaron en dicho proceso, con el objetivo de emitir una sentencia definitiva. 

La Sala Electoral, en el ejercicio de sus facultades, desarrolló el peritaje de manera personal y continua. La sentencia conclusiva, que se emitirá una vez finalizado el examen en el plazo establecido por el órgano, estará basada en los análisis del peritaje y tendrá carácter de "cosa juzgada", es decir, será inapelable. 

El proceso comprende la transcripción de los resultados reflejados en las actas de escrutinio de cada organización política bajo una meticulosa evaluación del material electoral, que está resguardado en diversas cajas selladas. Los peritos autorizados, respetando los protocolos para garantizar la integridad del material, fueron los encargados de abrir estas cajas y realizar el análisis correspondiente.

El equipo de peritos está compuesto por profesionales, tanto nacionales como internacionales, con formación en estadística e informática. El mecanismo cuenta con la participación de veedores nacionales e internacionales, pertenecientes a organizaciones como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional.

TSJ se aproxima a la sentencia definitiva

Desde un sector de la oposición se ha intentado socavar la legitimidad de la evaluación realizada por la Sala Electoral, cuestionando su imparcialidad y los métodos empleados en el peritaje.

Sin embargo, es importante señalar que este mismo sector optó por no participar activamente en la experiencia, decisión que contradice su reclamo. Su inasistencia a este espacio institucional resalta una postura que, desde el inicio, ha sido contraria al camino establecido para abordar y resolver el conflicto electoral.

A su vez, manifiestan una estrategia deliberada con vistas a difundir la narrativa del "fraude". Análisis recientes revelan que alrededor de 80% de los comprobantes presentados como "actas" para justificar la supuesta victoria de Edmundo González ha sido modificado o alterado digitalmente.

La examinación siguió a la etapa de validación, en la que se comparan las actas físicas transcritas con aquellas que figuran en la base de datos del Centro Nacional de Totalización del Poder Electoral. Esto asegura que la integridad de los datos se preserve en todo momento.

Magistrados del TSJ visitaron el CNE, liderados por la doctora Beatriz Rodríguez, Fanny Márquez e Inocencio Figueroa. Junto a ellos, los peritos y veedores internacionales ingresaron al centro de datos, conocido como la "burbuja electoral", donde se encuentra toda la infraestructura tecnológica relacionada con el proceso.

En esta área también se gestiona la recepción de las actas transmitidas por las máquinas de votación, siguiendo estrictos protocolos de seguridad. La verificación se realiza en tiempo real, lo cual permite que los testigos de distintas organizaciones políticas presencien su desenvolvimiento. 

La Sala Electoral del TSJ, basada en un marco normativo claro, realiza su labor con transparencia y rigor técnico. La participación de expertos nacionales e internacionales, así como de veedores independientes, refuerza la confianza en el proceso y garantiza que los resultados reflejen la veracidad de los datos electorales.