Las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro, y la interposición de un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dibujan un mapa de resolución del conflicto inducido por la oposición mediante el desconocimiento de los resultados del Centro Nacional Electoral (CNE) el pasado domingo 28J.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vuelve a ser protagonista al ser invocada como herramienta de mediación, canalización institucional y desactivación del escenario de confrontación planteado por Edmundo González y María Corina Machado.

"Es fundamental que la Sala Electoral establezca con absoluta claridad y legalidad los resultados definitivos de la elección del 28 de julio, incluidos todos los pasos y auditorías realizadas".

El Jefe de Estado, como corredactor de la Carta Magna del país, reiteró en las declaraciones en el TSJ y en la rueda de prensa internacional que vino después su confianza en la legalidad venezolana y el máximo tribunal del país, exponiendo a detalle los protocolos y procedimientos establecidos para dirimir todo lo relacionado al evento comicial del 28J.  

La introducción de este recurso contencioso implica la realización de un peritaje de alto nivel —jurídico, técnico e institucional— en torno a la elección, marcada por un ataque a la infraestructura de transimisión y totalización del CNE y la publicación ilegal de "resultados" que realizaron Edmundo González y María Corina Machado, en violación abierta a la legislación electoral vigente en el país. 

Uno de los elementos principales de este recurso consiste en la convocatoria de los candidatos y responsables de partidos ante la instancia judicial, que mediante la presentación de las actas en poder de cada sector facilitará el esclarecimiento de la situación.

En la historia reciente de Venezuela, la Constitución ha permitido metabolizar y encauzar momentos de alta tensión política, y ha mostrado capacidad para desactivar por la vía institucional operaciones de cambio de régimen.

"Un día como hoy 31 de Julio de 2017, hace exactamente 7 años, la paz llegaba a Venezuela luego de 120 días de violencia insurreccional, de llamados a asesinarme, quemaron, mataron; lo que se conoció como la guarimba”.

El recurso interpuesto por Maduro, en resumen, activa un marco para digerir constitucionalmente el conflicto postelectoral. Por un lado, enfatiza la transparencia entre los sectores políticos y configura una vía institucional para descomprimir la tensión, factores que van en contradicción con la intención de escalar el conflicto y agudizar el desconocimiento para llevar a límites extremos el escenario de violencia y caos.

Este paso tiene, a su vez, una premisa de construcción de consenso, retroalimentada con posturas de infuencia geopolítica en la región. El gobierno de Lula da Silva se ha mostrado a favor de que la disputa se canalice por los marcos institucionales del país, una declaración que apunta a contener la presión internacional orientada a la deslegitimación del Estado venezolano y a incidir a favor de la agenda de golpe liderada por González y Machado.

Este nuevo panorama obliga a este sector de la oposición a recalibrar sus cálculos y a redefinir su estrategia. La entrada en escena de la Constitución encarece los costos políticos de sostener la narrativa del "triunfo" de González, si terminan negándose a demostrarlo ante el TSJ. Para este grupo se podría estar abriendo un encrucijada: asistir al TSJ sería un mensaje de debilidad hacia sus seguidores, ya convencidos de la "victoria", pero no asistir generaría dudas en Venezuela y en el plano internacional sobre la verosimilitud de sus actas que prueban el "triunfo". 

La Constitución ha demostrado tener la capacidad de resistir y adapatarse a los escenarios de conflicto y fractura institucional. Esa capacidad está nuevamente a prueba.