El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado a la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, solicitó al parlamento realizar una investigación profunda sobre el crimen cometido contra Orlando Figuera.
Se trata de un joven que transitaba por las inmediaciones de la plaza Altamira, municipio Chacao del estado Miranda, durante las guarimbas de 2017. Fue abordado por un grupo opositor, apuñalado y quemado hasta un 80% de su cuerpo. Estuvo hospitalizado desde el 20 de mayo de ese año hasta que falleció el 4 de junio.
La entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, declaró que su linchamiento no fue un crimen de odio, tal como ha señalado el gobierno y varias organizaciones de derechos humanos hasta ahora. Como presunto responsable material del hecho fue acusado Enzo Franchini Oliveros, quien aparece en diversas imágenes mostradas por las redes sociales vestido de chaqueta y casco de motorizado prendiendo fuego a Figuera.
Franchini fue capturado en julio de 2019 por Interpol en Getafe (España) por los delitos de "instigación pública, homicidio intencional calificado y terrorismo". En noviembre de ese año, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española rechazó el procedimiento de extradición.
Durante la sesión ordinaria del martes 21 de mayo, Cabello recordó que en aquel entonces se increpó a la Fiscal y "la señora dijo que no podía actuar porque esos videos estaban manipulados. ¿Cuál manipulación había? Si eso fue grabado con la gente en la calle (...) se ve claramente lo que hace; eso habla de la complicidad de esa señora con los que ordenaron la violencia en Venezuela y debería ser investigada también por omisión, por negarle la justicia a una mujer madre, Inés, de ese joven".
El diputado advirtió a la oposición que hace vida en la AN que en estos tipos de hechos no se puede ser pasivo:
"Han saboreado algo de la maldad de esos otros sectores de la oposición, de lo que ellos son capaces. Yo les voy a decir algo: en el caso que ellos puedan, van primero por nosotros y después van por ustedes".
Una sola meta: Erradicar el fascismo
La propuesta de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, presentada por la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, el pasado 2 de abril, consta de cuatro capítulos y 30 artículos. Ese mismo día fue aprobada en primera discusión y generó la acostumbrada estigmatización por parte de la mediática corporativa.
Su objeto consiste en "establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela".
El instrumento se enfoca en la erradicación de cualquier tipo de postura ideológica o expresión de superioridad o discriminación, sea esta racial, étnica, social o nacional. En su alocución por la presentación del proyecto de ley, la Vicepresidenta rememoró cómo en los últimos 25 años sectores extremistas ejecutaron acciones de violencia contra el pueblo venezolano. Agregó que "realmente sabemos que quienes cometieron estos crímenes atroces reivindicaban, reivindican y son militantes del odio, de la muerte, de la intolerancia, del racismo, de la discriminación de toda índole. Fueron momentos muy duros que atravesó nuestro país".
Su contenido contempla diversas sanciones para quienes realicen actos fascistas, neofascistas o parecidos. Estas sanciones podrían ser penales —años de prisión—, administrativas —multas— o implican la disolución de organizaciones.
Señales de violencia postelectoral y sofisticación del odio "transicional"
Entre la estigmatización mediática transnacional y el purismo de las definiciones académicas, los distintos opinadores—ONG incluidas— obvian que casos como el de Figuera y muchos otros residen en la memoria histórica venezolana por sus efectos perjudiciales sobre el ejercicio de la política. Queda claro que, en el marco de varios intentos de revolución de color, la oposición venezolana recurrió al ejercicio de la violencia política y generó tanto muertes como destrucción, también la imposición de la antipolítica como noción.
Además del caso de Figuera, se registra la violencia postelectoral de abril de 2013: en aquel episodio uno de los candidatos perdedores, Henrique Capriles, llamó a sus electores a "descargar la arrechera", cuya consecuencia fue una ola de persecución política y violencia. El saldo fue de once asesinatos, dos menores de edad entre las víctimas y el ataque instalaciones públicas, centros de salud entre ellas.
Días después de la ola violenta se supo que desde octubre, noviembre y diciembre de 2012, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) había iniciado investigaciones para detectar una operación denominada "Conexión Abril" que buscaba generar situaciones caóticas en el país para atacar la gobernabilidad, con la creación de un escenario violento tras los comicios que se desarrollaran luego del fallecimiento del Comandante Hugo Chávez, entonces presidente.
Precisamente, la violencia postelectoral es uno de los escenarios avizorados en caso de que los resultados de los comicios presidenciales del próximo 28 de julio sean adversos a la expectativas de la oposición. Desde ese sector han demostrado que la política y el diálogo no son precisamente su fuerte, en otros escenarios electorales han dudado en aceptar los resultados y su descalificación al sistema del sufragio es permanente.
El sector opositor que es abiertamente dirigido desde Washington asumió la ruta electoral luego de que Trump fuera derrotado en 2020 y se instalaran los demócratas en la Casa Blanca. Aunque hablan de dicha ruta como si estuvieran haciéndole un favor a la sociedad, la realidad es que optaron por ella luego de que fracasara su estrategia de "máxima presión".
Una ley como la que se está discutiendo en la AN permitiría que no se repitieran experiencias como las de abril de 2013 o mayo de 2017, al establecer castigos ejemplares contra quienes han pedido sanciones económicas e intervención militar contra Venezuela, además que construiría un marco de referencia relacionado con las expresiones de fascismo, neofascismo e ideologías beligerantes de extrema derecha.
Por otra parte, la circulación de mensajes pretendidamente condescendientes respecto a una eventual transición de gobierno luego del 28J pareciera implicar mensajes de odio bajo otros códigos. El factor común de dichos discursos es que una "justicia transicional" evitaría la persecución al chavismo, se trataría de una sofisticación de las expresiones de odio con las que se busca "ablandar" la base votante del chavismo, y también a funcionarios, para la supuesta entrega del poder.
Estos dispositivos narrativos muestran la tensión existente entre distintos actores de la oposición respecto a la intención de disponer del derecho a existir del chavismo. Aunque algunos voceros y opinadores intentan trasladar dicha tensión al chavismo, frases como "¡Vamos a ganar y vamos a cobrar!" emitidas por María Corina Machado son elocuentes, denotan que la "justicia transicional" es, en realidad, un camino de revancha y fascismo.